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Cortes Generales \u00abBOE\u00bb n\u00fam. 311, de 29 de diciembre de 1978 Referencia: BOE-A-1978-31229<\/p>\n\n\n\nTEXTO CONSOLIDADO \u00daltima modificaci\u00f3n: 17 de febrero de 2024 DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPA\u00d1A, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPA\u00d1OL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCI\u00d3N: PRE\u00c1MBULO La Naci\u00f3n espa\u00f1ola, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberan\u00eda, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democr\u00e1tica dentro de la Constituci\u00f3n y de las leyes conforme a un orden econ\u00f3mico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresi\u00f3n de la voluntad popular. Proteger a todos los espa\u00f1oles y pueblos de Espa\u00f1a en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la econom\u00eda para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democr\u00e1tica avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pac\u00edficas y de eficaz cooperaci\u00f3n entre todos los pueblos de la Tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo espa\u00f1ol ratifica la siguiente CONSTITUCI\u00d3N T\u00cdTULO PRELIMINAR Art\u00edculo 1.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Espa\u00f1a se constituye en un Estado social y democr\u00e1tico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur\u00eddico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol\u00edtico.<\/li>\n\n\n\n<li>La soberan\u00eda nacional reside en el pueblo espa\u00f1ol, del que emanan los poderes del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>La forma pol\u00edtica del Estado espa\u00f1ol es la Monarqu\u00eda parlamentaria. Art\u00edculo 2. La Constituci\u00f3n se fundamenta en la indisoluble unidad de la Naci\u00f3n espa\u00f1ola, patria com\u00fan e indivisible de todos los espa\u00f1oles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonom\u00eda de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Art\u00edculo 3.<\/li>\n\n\n\n<li>El castellano es la lengua espa\u00f1ola oficial del Estado. Todos los espa\u00f1oles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.<\/li>\n\n\n\n<li>Las dem\u00e1s lenguas espa\u00f1olas ser\u00e1n tambi\u00e9n oficiales en las respectivas Comunidades Aut\u00f3nomas de acuerdo con sus Estatutos.<\/li>\n\n\n\n<li>La riqueza de las distintas modalidades ling\u00fc\u00edsticas de Espa\u00f1a es un patrimonio cultural que ser\u00e1 objeto de especial respeto y protecci\u00f3n. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 3 Art\u00edculo 4.<\/li>\n\n\n\n<li>La bandera de Espa\u00f1a est\u00e1 formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Estatutos podr\u00e1n reconocer banderas y ense\u00f1as propias de las Comunidades Aut\u00f3nomas. Estas se utilizar\u00e1n junto a la bandera de Espa\u00f1a en sus edificios p\u00fablicos y en sus actos oficiales. Art\u00edculo 5. La capital del Estado es la villa de Madrid. Art\u00edculo 6. Los partidos pol\u00edticos expresan el pluralismo pol\u00edtico, concurren a la formaci\u00f3n y manifestaci\u00f3n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participaci\u00f3n pol\u00edtica. Su creaci\u00f3n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constituci\u00f3n y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deber\u00e1n ser democr\u00e1ticos. Art\u00edculo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoci\u00f3n de los intereses econ\u00f3micos y sociales que les son propios. Su creaci\u00f3n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constituci\u00f3n y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deber\u00e1n ser democr\u00e1ticos. Art\u00edculo 8.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ej\u00e9rcito de Tierra, la Armada y el Ej\u00e9rcito del Aire, tienen como misi\u00f3n garantizar la soberan\u00eda e independencia de Espa\u00f1a, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 las bases de la organizaci\u00f3n militar conforme a los principios de la presente Constituci\u00f3n. Art\u00edculo 9.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ciudadanos y los poderes p\u00fablicos est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico.<\/li>\n\n\n\n<li>Corresponde a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social.<\/li>\n\n\n\n<li>La Constituci\u00f3n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. T\u00cdTULO I De los derechos y deberes fundamentales Art\u00edculo 10.<\/li>\n\n\n\n<li>La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los dem\u00e1s son fundamento del orden pol\u00edtico y de la paz social.<\/li>\n\n\n\n<li>Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci\u00f3n reconoce se interpretar\u00e1n de conformidad con la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa\u00f1a. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 4 CAP\u00cdTULO PRIMERO De los espa\u00f1oles y los extranjeros Art\u00edculo 11.<\/li>\n\n\n\n<li>La nacionalidad espa\u00f1ola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Ning\u00fan espa\u00f1ol de origen podr\u00e1 ser privado de su nacionalidad.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado podr\u00e1 concertar tratados de doble nacionalidad con los pa\u00edses iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a. En estos mismos pa\u00edses, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho rec\u00edproco, podr\u00e1n naturalizarse los espa\u00f1oles sin perder su nacionalidad de origen. Art\u00edculo 12. Los espa\u00f1oles son mayores de edad a los dieciocho a\u00f1os. Art\u00edculo 13.<\/li>\n\n\n\n<li>Los extranjeros gozar\u00e1n en Espa\u00f1a de las libertades p\u00fablicas que garantiza el presente T\u00edtulo en los t\u00e9rminos que establezcan los tratados y la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Solamente los espa\u00f1oles ser\u00e1n titulares de los derechos reconocidos en el art\u00edculo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.<\/li>\n\n\n\n<li>La extradici\u00f3n s\u00f3lo se conceder\u00e1 en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradici\u00f3n los delitos pol\u00edticos, no consider\u00e1ndose como tales los actos de terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley establecer\u00e1 los t\u00e9rminos en que los ciudadanos de otros pa\u00edses y los ap\u00e1tridas podr\u00e1n gozar del derecho de asilo en Espa\u00f1a. CAP\u00cdTULO SEGUNDO Derechos y libertades Art\u00edculo 14. Los espa\u00f1oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci\u00f3n alguna por raz\u00f3n de nacimiento, raza, sexo, religi\u00f3n, opini\u00f3n o cualquier otra condici\u00f3n o circunstancia personal o social. Secci\u00f3n 1.\u00aa De los derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas Art\u00edculo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad f\u00edsica y moral, sin que, en ning\u00fan caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Art\u00edculo 16.<\/li>\n\n\n\n<li>Se garantiza la libertad ideol\u00f3gica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin m\u00e1s limitaci\u00f3n, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden p\u00fablico protegido por la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Nadie podr\u00e1 ser obligado a declarar sobre su ideolog\u00eda, religi\u00f3n o creencias.<\/li>\n\n\n\n<li>Ninguna confesi\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter estatal. Los poderes p\u00fablicos tendr\u00e1n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa\u00f1ola y mantendr\u00e1n las consiguientes relaciones de cooperaci\u00f3n con la Iglesia Cat\u00f3lica y las dem\u00e1s confesiones. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 5 Art\u00edculo 17.<\/li>\n\n\n\n<li>Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este art\u00edculo y en los casos y en la forma previstos en la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>La detenci\u00f3n preventiva no podr\u00e1 durar m\u00e1s del tiempo estrictamente necesario para la realizaci\u00f3n de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo m\u00e1ximo de setenta y dos horas, el detenido deber\u00e1 ser puesto en libertad o a disposici\u00f3n de la autoridad judicial.<\/li>\n\n\n\n<li>Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detenci\u00f3n, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los t\u00e9rminos que la ley establezca.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 un procedimiento de \u00abhabeas corpus\u00bb para producir la inmediata puesta a disposici\u00f3n judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinar\u00e1 el plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de la prisi\u00f3n provisional. Art\u00edculo 18.<\/li>\n\n\n\n<li>Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.<\/li>\n\n\n\n<li>El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr\u00e1 hacerse en \u00e9l sin consentimiento del titular o resoluci\u00f3n judicial, salvo en caso de flagrante delito.<\/li>\n\n\n\n<li>Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegr\u00e1ficas y telef\u00f3nicas, salvo resoluci\u00f3n judicial.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley limitar\u00e1 el uso de la inform\u00e1tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Art\u00edculo 19. Los espa\u00f1oles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de Espa\u00f1a en los t\u00e9rminos que la ley establezca. Este derecho no podr\u00e1 ser limitado por motivos pol\u00edticos o ideol\u00f3gicos. Art\u00edculo 20.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci\u00f3n. b) A la producci\u00f3n y creaci\u00f3n literaria, art\u00edstica, cient\u00edfica y t\u00e9cnica. c) A la libertad de c\u00e1tedra. d) A comunicar o recibir libremente informaci\u00f3n veraz por cualquier medio de difusi\u00f3n. La ley regular\u00e1 el derecho a la cl\u00e1usula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.<\/li>\n\n\n\n<li>El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ning\u00fan tipo de censura previa.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n y el control parlamentario de los medios de comunicaci\u00f3n social dependientes del Estado o de cualquier ente p\u00fablico y garantizar\u00e1 el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol\u00edticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li>Estas libertades tienen su l\u00edmite en el respeto a los derechos reconocidos en este T\u00edtulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci\u00f3n de la juventud y de la infancia.<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00f3lo podr\u00e1 acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci\u00f3n en virtud de resoluci\u00f3n judicial. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 6 Art\u00edculo 21.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitar\u00e1 autorizaci\u00f3n previa.<\/li>\n\n\n\n<li>En los casos de reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y manifestaciones se dar\u00e1 comunicaci\u00f3n previa a la autoridad, que s\u00f3lo podr\u00e1 prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, con peligro para personas o bienes. Art\u00edculo 22.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho de asociaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.<\/li>\n\n\n\n<li>Las asociaciones constituidas al amparo de este art\u00edculo deber\u00e1n inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Las asociaciones s\u00f3lo podr\u00e1n ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resoluci\u00f3n judicial motivada.<\/li>\n\n\n\n<li>Se proh\u00edben las asociaciones secretas y las de car\u00e1cter paramilitar. Art\u00edculo 23.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos p\u00fablicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones peri\u00f3dicas por sufragio universal.<\/li>\n\n\n\n<li>Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p\u00fablicos, con los requisitos que se\u00f1alen las leyes. Art\u00edculo 24.<\/li>\n\n\n\n<li>Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, sin que, en ning\u00fan caso, pueda producirse indefensi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusaci\u00f3n formulada contra ellos, a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas y con todas las garant\u00edas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra s\u00ed mismos, a no confesarse culpables y a la presunci\u00f3n de inocencia. La ley regular\u00e1 los casos en que, por raz\u00f3n de parentesco o de secreto profesional, no se estar\u00e1 obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Art\u00edculo 25.<\/li>\n\n\n\n<li>Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracci\u00f3n administrativa, seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente en aquel momento.<\/li>\n\n\n\n<li>Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estar\u00e1n orientadas hacia la reeducaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social y no podr\u00e1n consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisi\u00f3n que estuviere cumpliendo la misma gozar\u00e1 de los derechos fundamentales de este Cap\u00edtulo, a excepci\u00f3n de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendr\u00e1 derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, as\u00ed como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.<\/li>\n\n\n\n<li>La Administraci\u00f3n civil no podr\u00e1 imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privaci\u00f3n de libertad. Art\u00edculo 26. Se proh\u00edben los Tribunales de Honor en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n civil y de las organizaciones profesionales. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 7 Art\u00edculo 27.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos tienen el derecho a la educaci\u00f3n. Se reconoce la libertad de ense\u00f1anza.<\/li>\n\n\n\n<li>La educaci\u00f3n tendr\u00e1 por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democr\u00e1ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci\u00f3n religiosa y moral que est\u00e9 de acuerdo con sus propias convicciones.<\/li>\n\n\n\n<li>La ense\u00f1anza b\u00e1sica es obligatoria y gratuita.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos garantizan el derecho de todos a la educaci\u00f3n, mediante una programaci\u00f3n general de la ense\u00f1anza, con participaci\u00f3n efectiva de todos los sectores afectados y la creaci\u00f3n de centros docentes.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas la libertad de creaci\u00f3n de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.<\/li>\n\n\n\n<li>Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendr\u00e1n en el control y gesti\u00f3n de todos los centros sostenidos por la Administraci\u00f3n con fondos p\u00fablicos, en los t\u00e9rminos que la ley establezca.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos inspeccionar\u00e1n y homologar\u00e1n el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos ayudar\u00e1n a los centros docentes que re\u00fanan los requisitos que la ley establezca.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce la autonom\u00eda de las Universidades, en los t\u00e9rminos que la ley establezca. Art\u00edculo 28.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podr\u00e1 limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los dem\u00e1s Cuerpos sometidos a disciplina militar y regular\u00e1 las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios p\u00fablicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elecci\u00f3n, as\u00ed como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podr\u00e1 ser obligado a afiliarse a un sindicato.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecer\u00e1 las garant\u00edas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Art\u00edculo 29.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos los espa\u00f1oles tendr\u00e1n el derecho de petici\u00f3n individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podr\u00e1n ejercer este derecho s\u00f3lo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislaci\u00f3n espec\u00edfica. Secci\u00f3n 2.\u00aa De los derechos y deberes de los ciudadanos Art\u00edculo 30.<\/li>\n\n\n\n<li>Los espa\u00f1oles tienen el derecho y el deber de defender a Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley fijar\u00e1 las obligaciones militares de los espa\u00f1oles y regular\u00e1, con las debidas garant\u00edas, la objeci\u00f3n de conciencia, as\u00ed como las dem\u00e1s causas de exenci\u00f3n del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestaci\u00f3n social sustitutoria.<\/li>\n\n\n\n<li>Podr\u00e1 establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inter\u00e9s general.<\/li>\n\n\n\n<li>Mediante ley podr\u00e1n regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, cat\u00e1strofe o calamidad p\u00fablica. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 8 Art\u00edculo 31.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio.<\/li>\n\n\n\n<li>El gasto p\u00fablico realizar\u00e1 una asignaci\u00f3n equitativa de los recursos p\u00fablicos, y su programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n responder\u00e1n a los criterios de eficiencia y econom\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00f3lo podr\u00e1n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de car\u00e1cter p\u00fablico con arreglo a la ley. Art\u00edculo 32.<\/li>\n\n\n\n<li>El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jur\u00eddica.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los c\u00f3nyuges, las causas de separaci\u00f3n y disoluci\u00f3n y sus efectos. Art\u00edculo 33.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.<\/li>\n\n\n\n<li>La funci\u00f3n social de estos derechos delimitar\u00e1 su contenido, de acuerdo con las leyes.<\/li>\n\n\n\n<li>Nadie podr\u00e1 ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, mediante la correspondiente indemnizaci\u00f3n y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Art\u00edculo 34.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho de fundaci\u00f3n para fines de inter\u00e9s general, con arreglo a la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Regir\u00e1 tambi\u00e9n para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del art\u00edculo 22. Art\u00edculo 35.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos los espa\u00f1oles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elecci\u00f3n de profesi\u00f3n u oficio, a la promoci\u00f3n a trav\u00e9s del trabajo y a una remuneraci\u00f3n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ning\u00fan caso pueda hacerse discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 un estatuto de los trabajadores. Art\u00edculo 36. La ley regular\u00e1 las peculiaridades propias del r\u00e9gimen jur\u00eddico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deber\u00e1n ser democr\u00e1ticos. Art\u00edculo 37.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley garantizar\u00e1 el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, as\u00ed como la fuerza vinculante de los convenios.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluir\u00e1 las garant\u00edas precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Art\u00edculo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la econom\u00eda de mercado. Los poderes p\u00fablicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la econom\u00eda general y, en su caso, de la planificaci\u00f3n. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 9 CAP\u00cdTULO TERCERO De los principios rectores de la pol\u00edtica social y econ\u00f3mica Art\u00edculo 39.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos aseguran la protecci\u00f3n social, econ\u00f3mica y jur\u00eddica de la familia.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos aseguran, asimismo, la protecci\u00f3n integral de los hijos, iguales \u00e9stos ante la ley con independencia de su filiaci\u00f3n, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitar\u00e1 la investigaci\u00f3n de la paternidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minor\u00eda de edad y en los dem\u00e1s casos en que legalmente proceda.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ni\u00f1os gozar\u00e1n de la protecci\u00f3n prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Art\u00edculo 40.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n las condiciones favorables para el progreso social y econ\u00f3mico y para una distribuci\u00f3n de la renta regional y personal m\u00e1s equitativa, en el marco de una pol\u00edtica de estabilidad econ\u00f3mica. De manera especial realizar\u00e1n una pol\u00edtica orientada al pleno empleo.<\/li>\n\n\n\n<li>Asimismo, los poderes p\u00fablicos fomentar\u00e1n una pol\u00edtica que garantice la formaci\u00f3n y readaptaci\u00f3n profesionales; velar\u00e1n por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar\u00e1n el descanso necesario, mediante la limitaci\u00f3n de la jornada laboral, las vacaciones peri\u00f3dicas retribuidas y la promoci\u00f3n de centros adecuados. Art\u00edculo 41. Los poderes p\u00fablicos mantendr\u00e1n un r\u00e9gimen p\u00fablico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias ser\u00e1n libres. Art\u00edculo 42. El Estado velar\u00e1 especialmente por la salvaguardia de los derechos econ\u00f3micos y sociales de los trabajadores espa\u00f1oles en el extranjero y orientar\u00e1 su pol\u00edtica hacia su retorno. Art\u00edculo 43.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce el derecho a la protecci\u00f3n de la salud.<\/li>\n\n\n\n<li>Compete a los poderes p\u00fablicos organizar y tutelar la salud p\u00fablica a trav\u00e9s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecer\u00e1 los derechos y deberes de todos al respecto.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos fomentar\u00e1n la educaci\u00f3n sanitaria, la educaci\u00f3n f\u00edsica y el deporte. Asimismo facilitar\u00e1n la adecuada utilizaci\u00f3n del ocio. Art\u00edculo 44.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n y tutelar\u00e1n el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n la ciencia y la investigaci\u00f3n cient\u00edfica y t\u00e9cnica en beneficio del inter\u00e9s general. Art\u00edculo 45.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as\u00ed como el deber de conservarlo. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 10<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos velar\u00e1n por la utilizaci\u00f3n racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy\u00e1ndose en la indispensable solidaridad colectiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los t\u00e9rminos que la ley fije se establecer\u00e1n sanciones penales o, en su caso, administrativas, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de reparar el da\u00f1o causado. Art\u00edculo 46. Los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n la conservaci\u00f3n y promover\u00e1n el enriquecimiento del patrimonio hist\u00f3rico, cultural y art\u00edstico de los pueblos de Espa\u00f1a y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su r\u00e9gimen jur\u00eddico y su titularidad. La ley penal sancionar\u00e1 los atentados contra este patrimonio. Art\u00edculo 47. Todos los espa\u00f1oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n las condiciones necesarias y establecer\u00e1n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci\u00f3n del suelo de acuerdo con el inter\u00e9s general para impedir la especulaci\u00f3n. La comunidad participar\u00e1 en las plusval\u00edas que genere la acci\u00f3n urban\u00edstica de los entes p\u00fablicos. Art\u00edculo 48. Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n las condiciones para la participaci\u00f3n libre y eficaz de la juventud en el desarrollo pol\u00edtico, social, econ\u00f3mico y cultural. Art\u00edculo 49.<\/li>\n\n\n\n<li>Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este T\u00edtulo en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regular\u00e1 por ley la protecci\u00f3n especial que sea necesaria para dicho ejercicio.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos impulsar\u00e1n las pol\u00edticas que garanticen la plena autonom\u00eda personal y la inclusi\u00f3n social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentar\u00e1n la participaci\u00f3n de sus organizaciones, en los t\u00e9rminos que la ley establezca. Se atender\u00e1n particularmente las necesidades espec\u00edficas de las mujeres y los menores con discapacidad. Art\u00edculo 50. Los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n, mediante pensiones adecuadas y peri\u00f3dicamente actualizadas, la suficiencia econ\u00f3mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promover\u00e1n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender\u00e1n sus problemas espec\u00edficos de salud, vivienda, cultura y ocio. Art\u00edculo 51.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg\u00edtimos intereses econ\u00f3micos de los mismos.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n la informaci\u00f3n y la educaci\u00f3n de los consumidores y usuarios, fomentar\u00e1n sus organizaciones y oir\u00e1n a \u00e9stas en las cuestiones que puedan afectar a aqu\u00e9llos, en los t\u00e9rminos que la ley establezca.<\/li>\n\n\n\n<li>En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regular\u00e1 el comercio interior y el r\u00e9gimen de autorizaci\u00f3n de productos comerciales. Art\u00edculo 52. La ley regular\u00e1 las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses econ\u00f3micos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deber\u00e1n ser democr\u00e1ticos. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 11 CAP\u00cdTULO CUARTO De las garant\u00edas de las libertades y derechos fundamentales Art\u00edculo 53.<\/li>\n\n\n\n<li>Los derechos y libertades reconocidos en el Cap\u00edtulo segundo del presente T\u00edtulo vinculan a todos los poderes p\u00fablicos. S\u00f3lo por ley, que en todo caso deber\u00e1 respetar su contenido esencial, podr\u00e1 regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelar\u00e1n de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 161, 1, a).<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier ciudadano podr\u00e1 recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art\u00edculo 14 y la Secci\u00f3n primera del Cap\u00edtulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a trav\u00e9s del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este \u00faltimo recurso ser\u00e1 aplicable a la objeci\u00f3n de conciencia reconocida en el art\u00edculo 30.<\/li>\n\n\n\n<li>El reconocimiento, el respeto y la protecci\u00f3n de los principios reconocidos en el Cap\u00edtulo tercero informar\u00e1n la legislaci\u00f3n positiva, la pr\u00e1ctica judicial y la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos. S\u00f3lo podr\u00e1n ser alegados ante la Jurisdicci\u00f3n ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Art\u00edculo 54. Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 la instituci\u00f3n del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por \u00e9stas para la defensa de los derechos comprendidos en este T\u00edtulo, a cuyo efecto podr\u00e1 supervisar la actividad de la Administraci\u00f3n, dando cuenta a las Cortes Generales. CAP\u00cdTULO QUINTO De la suspensi\u00f3n de los derechos y libertades Art\u00edculo 55.<\/li>\n\n\n\n<li>Los derechos reconocidos en los art\u00edculos 17, 18, apartados 2 y 3, art\u00edculos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, art\u00edculos 21, 28, apartado 2, y art\u00edculo 37, apartado 2, podr\u00e1n ser suspendidos cuando se acuerde la declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n o de sitio en los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n. Se except\u00faa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del art\u00edculo 17 para el supuesto de declaraci\u00f3n de estado de excepci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica podr\u00e1 determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervenci\u00f3n judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los art\u00edculos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relaci\u00f3n con las investigaciones correspondientes a la actuaci\u00f3n de bandas armadas o elementos terroristas. La utilizaci\u00f3n injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley org\u00e1nica producir\u00e1 responsabilidad penal, como violaci\u00f3n de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. T\u00cdTULO II De la Corona Art\u00edculo 56.<\/li>\n\n\n\n<li>El Rey es el Jefe del Estado, s\u00edmbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la m\u00e1s alta representaci\u00f3n del Estado espa\u00f1ol en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad hist\u00f3rica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constituci\u00f3n y las leyes.<\/li>\n\n\n\n<li>Su t\u00edtulo es el de Rey de Espa\u00f1a y podr\u00e1 utilizar los dem\u00e1s que correspondan a la Corona. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 12<\/li>\n\n\n\n<li>La persona del Rey es inviolable y no est\u00e1 sujeta a responsabilidad. Sus actos estar\u00e1n siempre refrendados en la forma establecida en el art\u00edculo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art\u00edculo 65, 2. Art\u00edculo 57.<\/li>\n\n\n\n<li>La Corona de Espa\u00f1a es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borb\u00f3n, leg\u00edtimo heredero de la dinast\u00eda hist\u00f3rica. La sucesi\u00f3n en el trono seguir\u00e1 el orden regular de primogenitura y representaci\u00f3n, siendo preferida siempre la l\u00ednea anterior a las posteriores; en la misma l\u00ednea, el grado m\u00e1s pr\u00f3ximo al m\u00e1s remoto; en el mismo grado, el var\u00f3n a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de m\u00e1s edad a la de menos.<\/li>\n\n\n\n<li>El Pr\u00edncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendr\u00e1 la dignidad de Pr\u00edncipe de Asturias y los dem\u00e1s t\u00edtulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li>Extinguidas todas las l\u00edneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveer\u00e1n a la sucesi\u00f3n en la Corona en la forma que m\u00e1s convenga a los intereses de Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li>Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesi\u00f3n en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibici\u00f3n del Rey y de las Cortes Generales, quedar\u00e1n excluidas en la sucesi\u00f3n a la Corona por s\u00ed y sus descendientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesi\u00f3n a la Corona se resolver\u00e1n por una ley org\u00e1nica. Art\u00edculo 58. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podr\u00e1n asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Art\u00edculo 59.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad m\u00e1s pr\u00f3ximo a suceder en la Corona, seg\u00fan el orden establecido en la Constituci\u00f3n, entrar\u00e1 a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercer\u00e1 durante el tiempo de la minor\u00eda de edad del Rey.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrar\u00e1 a ejercer inmediatamente la Regencia el Pr\u00edncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se proceder\u00e1 de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Pr\u00edncipe heredero alcance la mayor\u00eda de edad.<\/li>\n\n\n\n<li>Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, \u00e9sta ser\u00e1 nombrada por las Cortes Generales, y se compondr\u00e1 de una, tres o cinco personas.<\/li>\n\n\n\n<li>Para ejercer la Regencia es preciso ser espa\u00f1ol y mayor de edad.<\/li>\n\n\n\n<li>La Regencia se ejercer\u00e1 por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Art\u00edculo 60.<\/li>\n\n\n\n<li>Ser\u00e1 tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y espa\u00f1ol de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, ser\u00e1 tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrar\u00e1n las Cortes Generales, pero no podr\u00e1n acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.<\/li>\n\n\n\n<li>El ejercicio de la tutela es tambi\u00e9n incompatible con el de todo cargo o representaci\u00f3n pol\u00edtica. Art\u00edculo 61.<\/li>\n\n\n\n<li>El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestar\u00e1 juramento de desempe\u00f1ar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constituci\u00f3n y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/li>\n\n\n\n<li>El Pr\u00edncipe heredero, al alcanzar la mayor\u00eda de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestar\u00e1n el mismo juramento, as\u00ed como el de fidelidad al Rey. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 13 Art\u00edculo 62. Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n. c) Convocar a refer\u00e9ndum en los casos previstos en la Constituci\u00f3n. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, as\u00ed como poner fin a sus funciones en los t\u00e9rminos previstos en la Constituci\u00f3n. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petici\u00f3n del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podr\u00e1 autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. Art\u00edculo 63.<\/li>\n\n\n\n<li>El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplom\u00e1ticos. Los representantes extranjeros en Espa\u00f1a est\u00e1n acreditados ante \u00e9l.<\/li>\n\n\n\n<li>Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constituci\u00f3n y las leyes.<\/li>\n\n\n\n<li>Al Rey corresponde, previa autorizaci\u00f3n de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Art\u00edculo 64.<\/li>\n\n\n\n<li>Los actos del Rey ser\u00e1n refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disoluci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 99, ser\u00e1n refrendados por el Presidente del Congreso.<\/li>\n\n\n\n<li>De los actos del Rey ser\u00e1n responsables las personas que los refrenden. Art\u00edculo 65.<\/li>\n\n\n\n<li>El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.<\/li>\n\n\n\n<li>El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. T\u00cdTULO III De las Cortes Generales CAP\u00cdTULO PRIMERO De las C\u00e1maras Art\u00edculo 66.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Cortes Generales representan al pueblo espa\u00f1ol y est\u00e1n formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acci\u00f3n del Gobierno y tienen las dem\u00e1s competencias que les atribuya la Constituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Cortes Generales son inviolables. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 14 Art\u00edculo 67.<\/li>\n\n\n\n<li>Nadie podr\u00e1 ser miembro de las dos C\u00e1maras simult\u00e1neamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Aut\u00f3noma con la de Diputado al Congreso.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros de las Cortes Generales no estar\u00e1n ligados por mandato imperativo.<\/li>\n\n\n\n<li>Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincular\u00e1n a las C\u00e1maras, y no podr\u00e1n ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Art\u00edculo 68.<\/li>\n\n\n\n<li>El Congreso se compone de un m\u00ednimo de 300 y un m\u00e1ximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los t\u00e9rminos que establezca la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>La circunscripci\u00f3n electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estar\u00e1n representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuir\u00e1 el n\u00famero total de Diputados, asignando una representaci\u00f3n m\u00ednima inicial a cada circunscripci\u00f3n y distribuyendo los dem\u00e1s en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La elecci\u00f3n se verificar\u00e1 en cada circunscripci\u00f3n atendiendo a criterios de representaci\u00f3n proporcional.<\/li>\n\n\n\n<li>El Congreso es elegido por cuatro a\u00f1os. El mandato de los Diputados termina cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de su elecci\u00f3n o el d\u00eda de la disoluci\u00f3n de la C\u00e1mara.<\/li>\n\n\n\n<li>Son electores y elegibles todos los espa\u00f1oles que est\u00e9n en pleno uso de sus derechos pol\u00edticos. La ley reconocer\u00e1 y el Estado facilitar\u00e1 el ejercicio del derecho de sufragio a los espa\u00f1oles que se encuentren fuera del territorio de Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li>Las elecciones tendr\u00e1n lugar entre los treinta d\u00edas y sesenta d\u00edas desde la terminaci\u00f3n del mandato. El Congreso electo deber\u00e1 ser convocado dentro de los veinticinco d\u00edas siguientes a la celebraci\u00f3n de las elecciones. Art\u00edculo 69.<\/li>\n\n\n\n<li>El Senado es la C\u00e1mara de representaci\u00f3n territorial.<\/li>\n\n\n\n<li>En cada provincia se elegir\u00e1n cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale una ley org\u00e1nica.<\/li>\n\n\n\n<li>En las provincias insulares, cada isla o agrupaci\u00f3n de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituir\u00e1 una circunscripci\u00f3n a efectos de elecci\u00f3n de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores \u2013Gran Canaria, Mallorca y Tenerife\u2013 y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.<\/li>\n\n\n\n<li>Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegir\u00e1n cada una de ellas dos Senadores.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas designar\u00e1n adem\u00e1s un Senador y otro m\u00e1s por cada mill\u00f3n de habitantes de su respectivo territorio. La designaci\u00f3n corresponder\u00e1 a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al \u00f3rgano colegiado superior de la Comunidad Aut\u00f3noma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurar\u00e1n, en todo caso, la adecuada representaci\u00f3n proporcional.<\/li>\n\n\n\n<li>El Senado es elegido por cuatro a\u00f1os. El mandato de los Senadores termina cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de su elecci\u00f3n o el d\u00eda de la disoluci\u00f3n de la C\u00e1mara. Art\u00edculo 70.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley electoral determinar\u00e1 las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprender\u00e1n, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administraci\u00f3n del Estado que determine la ley, con la excepci\u00f3n de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Polic\u00eda en activo. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 15 f) A los miembros de las Juntas Electorales.<\/li>\n\n\n\n<li>La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas C\u00e1maras estar\u00e1 sometida al control judicial, en los t\u00e9rminos que establezca la ley electoral. Art\u00edculo 71.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Diputados y Senadores gozar\u00e1n de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Durante el per\u00edodo de su mandato los Diputados y Senadores gozar\u00e1n asimismo de inmunidad y s\u00f3lo podr\u00e1n ser detenidos en caso de flagrante delito. No podr\u00e1n ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci\u00f3n de la C\u00e1mara respectiva.<\/li>\n\n\n\n<li>En las causas contra Diputados y Senadores ser\u00e1 competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Diputados y Senadores percibir\u00e1n una asignaci\u00f3n que ser\u00e1 fijada por las respectivas C\u00e1maras. Art\u00edculo 72.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras establecen sus propios Reglamentos, aprueban aut\u00f3nomamente sus presupuestos y, de com\u00fan acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma ser\u00e1n sometidos a una votaci\u00f3n final sobre su totalidad, que requerir\u00e1 la mayor\u00eda absoluta.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras eligen sus respectivos Presidentes y los dem\u00e1s miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas ser\u00e1n presididas por el Presidente del Congreso y se regir\u00e1n por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayor\u00eda absoluta de cada C\u00e1mara.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Presidentes de las C\u00e1maras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de polic\u00eda en el interior de sus respectivas sedes. Art\u00edculo 73.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras se reunir\u00e1n anualmente en dos per\u00edodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras podr\u00e1n reunirse en sesiones extraordinarias a petici\u00f3n del Gobierno, de la Diputaci\u00f3n Permanente o de la mayor\u00eda absoluta de los miembros de cualquiera de las C\u00e1maras. Las sesiones extraordinarias deber\u00e1n convocarse sobre un orden del d\u00eda determinado y ser\u00e1n clausuradas una vez que \u00e9ste haya sido agotado. Art\u00edculo 74.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras se reunir\u00e1n en sesi\u00f3n conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el T\u00edtulo II atribuye expresamente a las Cortes Generales.<\/li>\n\n\n\n<li>Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los art\u00edculos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptar\u00e1n por mayor\u00eda de cada una de las C\u00e1maras. En el primer caso, el procedimiento se iniciar\u00e1 por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentar\u00e1 obtener por una Comisi\u00f3n Mixta compuesta de igual n\u00famero de Diputados y Senadores. La Comisi\u00f3n presentar\u00e1 un texto que ser\u00e1 votado por ambas C\u00e1maras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidir\u00e1 el Congreso por mayor\u00eda absoluta. Art\u00edculo 75.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras funcionar\u00e1n en Pleno y por Comisiones.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras podr\u00e1n delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobaci\u00f3n de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podr\u00e1, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votaci\u00f3n de cualquier proyecto o proposici\u00f3n de ley que haya sido objeto de esta delegaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes org\u00e1nicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 16 Art\u00edculo 76.<\/li>\n\n\n\n<li>El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas C\u00e1maras conjuntamente, podr\u00e1n nombrar Comisiones de investigaci\u00f3n sobre cualquier asunto de inter\u00e9s p\u00fablico. Sus conclusiones no ser\u00e1n vinculantes para los Tribunales, ni afectar\u00e1n a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigaci\u00f3n sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.<\/li>\n\n\n\n<li>Ser\u00e1 obligatorio comparecer a requerimiento de las C\u00e1maras. La ley regular\u00e1 las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligaci\u00f3n. Art\u00edculo 77.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentaci\u00f3n directa por manifestaciones ciudadanas.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno est\u00e1 obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las C\u00e1maras lo exijan. Art\u00edculo 78.<\/li>\n\n\n\n<li>En cada C\u00e1mara habr\u00e1 una Diputaci\u00f3n Permanente compuesta por un m\u00ednimo de veinti\u00fan miembros, que representar\u00e1n a los grupos parlamentarios, en proporci\u00f3n a su importancia num\u00e9rica.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Diputaciones Permanentes estar\u00e1n presididas por el Presidente de la C\u00e1mara respectiva y tendr\u00e1n como funciones la prevista en el art\u00edculo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las C\u00e1maras, de acuerdo con los art\u00edculos 86 y 116, en caso de que \u00e9stas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las C\u00e1maras cuando \u00e9stas no est\u00e9n reunidas.<\/li>\n\n\n\n<li>Expirado el mandato o en caso de disoluci\u00f3n, las Diputaciones Permanentes seguir\u00e1n ejerciendo sus funciones hasta la constituci\u00f3n de las nuevas Cortes Generales.<\/li>\n\n\n\n<li>Reunida la C\u00e1mara correspondiente, la Diputaci\u00f3n Permanente dar\u00e1 cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Art\u00edculo 79.<\/li>\n\n\n\n<li>Para adoptar acuerdos, las C\u00e1maras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayor\u00eda de sus miembros.<\/li>\n\n\n\n<li>Dichos acuerdos, para ser v\u00e1lidos, deber\u00e1n ser aprobados por la mayor\u00eda de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayor\u00edas especiales que establezcan la Constituci\u00f3n o las leyes org\u00e1nicas y las que para elecci\u00f3n de personas establezcan los Reglamentos de las C\u00e1maras.<\/li>\n\n\n\n<li>El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Art\u00edculo 80. Las sesiones plenarias de las C\u00e1maras ser\u00e1n p\u00fablicas, salvo acuerdo en contrario de cada C\u00e1mara, adoptado por mayor\u00eda absoluta o con arreglo al Reglamento. CAP\u00cdTULO SEGUNDO De la elaboraci\u00f3n de las leyes Art\u00edculo 81.<\/li>\n\n\n\n<li>Son leyes org\u00e1nicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas, las que aprueben los Estatutos de Autonom\u00eda y el r\u00e9gimen electoral general y las dem\u00e1s previstas en la Constituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o derogaci\u00f3n de las leyes org\u00e1nicas exigir\u00e1 mayor\u00eda absoluta del Congreso, en una votaci\u00f3n final sobre el conjunto del proyecto. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 17 Art\u00edculo 82.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Cortes Generales podr\u00e1n delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el art\u00edculo anterior.<\/li>\n\n\n\n<li>La delegaci\u00f3n legislativa deber\u00e1 otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formaci\u00f3n de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.<\/li>\n\n\n\n<li>La delegaci\u00f3n legislativa habr\u00e1 de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijaci\u00f3n del plazo para su ejercicio. La delegaci\u00f3n se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicaci\u00f3n de la norma correspondiente. No podr\u00e1 entenderse concedida de modo impl\u00edcito o por tiempo indeterminado. Tampoco podr\u00e1 permitir la subdelegaci\u00f3n a autoridades distintas del propio Gobierno.<\/li>\n\n\n\n<li>Las leyes de bases delimitar\u00e1n con precisi\u00f3n el objeto y alcance de la delegaci\u00f3n legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.<\/li>\n\n\n\n<li>La autorizaci\u00f3n para refundir textos legales determinar\u00e1 el \u00e1mbito normativo a que se refiere el contenido de la delegaci\u00f3n, especificando si se circunscribe a la mera formulaci\u00f3n de un texto \u00fanico o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.<\/li>\n\n\n\n<li>Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegaci\u00f3n podr\u00e1n establecer en cada caso f\u00f3rmulas adicionales de control. Art\u00edculo 83. Las leyes de bases no podr\u00e1n en ning\u00fan caso: a) Autorizar la modificaci\u00f3n de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con car\u00e1cter retroactivo. Art\u00edculo 84. Cuando una proposici\u00f3n de ley o una enmienda fuere contraria a una delegaci\u00f3n legislativa en vigor, el Gobierno est\u00e1 facultado para oponerse a su tramitaci\u00f3n. En tal supuesto, podr\u00e1 presentarse una proposici\u00f3n de ley para la derogaci\u00f3n total o parcial de la ley de delegaci\u00f3n. Art\u00edculo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislaci\u00f3n delegada recibir\u00e1n el t\u00edtulo de Decretos Legislativos. Art\u00edculo 86.<\/li>\n\n\n\n<li>En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podr\u00e1 dictar disposiciones legislativas provisionales que tomar\u00e1n la forma de Decretos-leyes y que no podr\u00e1n afectar al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I, al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas ni al Derecho electoral general.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Decretos-leyes deber\u00e1n ser inmediatamente sometidos a debate y votaci\u00f3n de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta d\u00edas siguientes a su promulgaci\u00f3n. El Congreso habr\u00e1 de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidaci\u00f3n o derogaci\u00f3n, para lo cual el Reglamento establecer\u00e1 un procedimiento especial y sumario.<\/li>\n\n\n\n<li>Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podr\u00e1n tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Art\u00edculo 87.<\/li>\n\n\n\n<li>La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constituci\u00f3n y los Reglamentos de las C\u00e1maras.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Asambleas de las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n solicitar del Gobierno la adopci\u00f3n de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposici\u00f3n de ley, BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 18 delegando ante dicha C\u00e1mara un m\u00e1ximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentaci\u00f3n de proposiciones de ley. En todo caso se exigir\u00e1n no menos de 500.000 firmas acreditadas. No proceder\u00e1 dicha iniciativa en materias propias de ley org\u00e1nica, tributarias o de car\u00e1cter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Art\u00edculo 88. Los proyectos de ley ser\u00e1n aprobados en Consejo de Ministros, que los someter\u00e1 al Congreso, acompa\u00f1ados de una exposici\u00f3n de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Art\u00edculo 89.<\/li>\n\n\n\n<li>La tramitaci\u00f3n de las proposiciones de ley se regular\u00e1 por los Reglamentos de las C\u00e1maras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los t\u00e9rminos regulados por el art\u00edculo 87.<\/li>\n\n\n\n<li>Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art\u00edculo 87, tome en consideraci\u00f3n el Senado, se remitir\u00e1n al Congreso para su tr\u00e1mite en \u00e9ste como tal proposici\u00f3n. Art\u00edculo 90.<\/li>\n\n\n\n<li>Aprobado un proyecto de ley ordinaria u org\u00e1nica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dar\u00e1 inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someter\u00e1 a la deliberaci\u00f3n de \u00e9ste.<\/li>\n\n\n\n<li>El Senado en el plazo de dos meses, a partir del d\u00eda de la recepci\u00f3n del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deber\u00e1 ser aprobado por mayor\u00eda absoluta. El proyecto no podr\u00e1 ser sometido al Rey para sanci\u00f3n sin que el Congreso ratifique por mayor\u00eda absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayor\u00eda simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposici\u00f3n del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, acept\u00e1ndolas o no por mayor\u00eda simple.<\/li>\n\n\n\n<li>El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducir\u00e1 al de veinte d\u00edas naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Art\u00edculo 91. El Rey sancionar\u00e1 en el plazo de quince d\u00edas las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgar\u00e1 y ordenar\u00e1 su inmediata publicaci\u00f3n. Art\u00edculo 92.<\/li>\n\n\n\n<li>Las decisiones pol\u00edticas de especial trascendencia podr\u00e1n ser sometidas a refer\u00e9ndum consultivo de todos los ciudadanos.<\/li>\n\n\n\n<li>El refer\u00e9ndum ser\u00e1 convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de refer\u00e9ndum previstas en esta Constituci\u00f3n. CAP\u00cdTULO TERCERO De los Tratados Internacionales Art\u00edculo 93. Mediante ley org\u00e1nica se podr\u00e1 autorizar la celebraci\u00f3n de tratados por los que se atribuya a una organizaci\u00f3n o instituci\u00f3n internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constituci\u00f3n. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, seg\u00fan los casos, la garant\u00eda del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesi\u00f3n. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 19 Art\u00edculo 94.<\/li>\n\n\n\n<li>La prestaci\u00f3n del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerir\u00e1 la previa autorizaci\u00f3n de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de car\u00e1cter pol\u00edtico. b) Tratados o convenios de car\u00e1cter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el T\u00edtulo I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda P\u00fablica. e) Tratados o convenios que supongan modificaci\u00f3n o derogaci\u00f3n de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El Congreso y el Senado ser\u00e1n inmediatamente informados de la conclusi\u00f3n de los restantes tratados o convenios. Art\u00edculo 95.<\/li>\n\n\n\n<li>La celebraci\u00f3n de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constituci\u00f3n exigir\u00e1 la previa revisi\u00f3n constitucional.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno o cualquiera de las C\u00e1maras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicci\u00f3n. Art\u00edculo 96.<\/li>\n\n\n\n<li>Los tratados internacionales v\u00e1lidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espa\u00f1a, formar\u00e1n parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones s\u00f3lo podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.<\/li>\n\n\n\n<li>Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizar\u00e1 el mismo procedimiento previsto para su aprobaci\u00f3n en el art\u00edculo 94. T\u00cdTULO IV Del Gobierno y de la Administraci\u00f3n Art\u00edculo 97. El Gobierno dirige la pol\u00edtica interior y exterior, la Administraci\u00f3n civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la funci\u00f3n ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constituci\u00f3n y las leyes. Art\u00edculo 98.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los dem\u00e1s miembros que establezca la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>El Presidente dirige la acci\u00f3n del Gobierno y coordina las funciones de los dem\u00e1s miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de \u00e9stos en su gesti\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Gobierno no podr\u00e1n ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra funci\u00f3n p\u00fablica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Art\u00edculo 99.<\/li>\n\n\n\n<li>Despu\u00e9s de cada renovaci\u00f3n del Congreso de los Diputados, y en los dem\u00e1s supuestos constitucionales en que as\u00ed proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos pol\u00edticos con representaci\u00f3n parlamentaria, y a trav\u00e9s del Presidente del Congreso, propondr\u00e1 un candidato a la Presidencia del Gobierno. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 20<\/li>\n\n\n\n<li>El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondr\u00e1 ante el Congreso de los Diputados el programa pol\u00edtico del Gobierno que pretenda formar y solicitar\u00e1 la confianza de la C\u00e1mara.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayor\u00eda absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrar\u00e1 Presidente. De no alcanzarse dicha mayor\u00eda, se someter\u00e1 la misma propuesta a nueva votaci\u00f3n cuarenta y ocho horas despu\u00e9s de la anterior, y la confianza se entender\u00e1 otorgada si obtuviere la mayor\u00eda simple.<\/li>\n\n\n\n<li>Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitar\u00e1n sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.<\/li>\n\n\n\n<li>Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votaci\u00f3n de investidura, ning\u00fan candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolver\u00e1 ambas C\u00e1maras y convocar\u00e1 nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Art\u00edculo 100. Los dem\u00e1s miembros del Gobierno ser\u00e1n nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. Art\u00edculo 101.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno cesa tras la celebraci\u00f3n de elecciones generales, en los casos de p\u00e9rdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constituci\u00f3n, o por dimisi\u00f3n o fallecimiento de su Presidente.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno cesante continuar\u00e1 en funciones hasta la toma de posesi\u00f3n del nuevo Gobierno. Art\u00edculo 102.<\/li>\n\n\n\n<li>La responsabilidad criminal del Presidente y los dem\u00e1s miembros del Gobierno ser\u00e1 exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.<\/li>\n\n\n\n<li>Si la acusaci\u00f3n fuere por traici\u00f3n o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, s\u00f3lo podr\u00e1 ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda absoluta del mismo.<\/li>\n\n\n\n<li>La prerrogativa real de gracia no ser\u00e1 aplicable a ninguno de los supuestos del presente art\u00edculo. Art\u00edculo 103.<\/li>\n\n\n\n<li>La Administraci\u00f3n P\u00fablica sirve con objetividad los intereses generales y act\u00faa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.<\/li>\n\n\n\n<li>Los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 el estatuto de los funcionarios p\u00fablicos, el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica de acuerdo con los principios de m\u00e9rito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicaci\u00f3n, el sistema de incompatibilidades y las garant\u00edas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Art\u00edculo 104.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendr\u00e1n como misi\u00f3n proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica determinar\u00e1 las funciones, principios b\u00e1sicos de actuaci\u00f3n y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Art\u00edculo 105. La ley regular\u00e1: BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 21 a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a trav\u00e9s de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboraci\u00f3n de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguaci\u00f3n de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a trav\u00e9s del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Art\u00edculo 106.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa, as\u00ed como el sometimiento de \u00e9sta a los fines que la justifican.<\/li>\n\n\n\n<li>Los particulares, en los t\u00e9rminos establecidos por la ley, tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados por toda lesi\u00f3n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento de los servicios p\u00fablicos. Art\u00edculo 107. El Consejo de Estado es el supremo \u00f3rgano consultivo del Gobierno. Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 su composici\u00f3n y competencia. T\u00cdTULO V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales Art\u00edculo 108. El Gobierno responde solidariamente en su gesti\u00f3n pol\u00edtica ante el Congreso de los Diputados. Art\u00edculo 109. Las C\u00e1maras y sus Comisiones podr\u00e1n recabar, a trav\u00e9s de los Presidentes de aqu\u00e9llas, la informaci\u00f3n y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Aut\u00f3nomas. Art\u00edculo 110.<\/li>\n\n\n\n<li>Las C\u00e1maras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las C\u00e1maras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse o\u00edr en ellas, y podr\u00e1n solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos. Art\u00edculo 111.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno y cada uno de sus miembros est\u00e1n sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las C\u00e1maras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecer\u00e1n un tiempo m\u00ednimo semanal.<\/li>\n\n\n\n<li>Toda interpelaci\u00f3n podr\u00e1 dar lugar a una moci\u00f3n en la que la C\u00e1mara manifieste su posici\u00f3n. Art\u00edculo 112. El Presidente del Gobierno, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuesti\u00f3n de confianza sobre su programa o sobre una declaraci\u00f3n de pol\u00edtica general. La confianza se entender\u00e1 otorgada cuando vote a favor de la misma la mayor\u00eda simple de los Diputados. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 22 Art\u00edculo 113.<\/li>\n\n\n\n<li>El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad pol\u00edtica del Gobierno mediante la adopci\u00f3n por mayor\u00eda absoluta de la moci\u00f3n de censura.<\/li>\n\n\n\n<li>La moci\u00f3n de censura deber\u00e1 ser propuesta al menos por la d\u00e9cima parte de los Diputados, y habr\u00e1 de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n<li>La moci\u00f3n de censura no podr\u00e1 ser votada hasta que transcurran cinco d\u00edas desde su presentaci\u00f3n. En los dos primeros d\u00edas de dicho plazo podr\u00e1n presentarse mociones alternativas.<\/li>\n\n\n\n<li>Si la moci\u00f3n de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podr\u00e1n presentar otra durante el mismo per\u00edodo de sesiones. Art\u00edculo 114.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, \u00e9ste presentar\u00e1 su dimisi\u00f3n al Rey, procedi\u00e9ndose a continuaci\u00f3n a la designaci\u00f3n de Presidente del Gobierno, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 99.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el Congreso adopta una moci\u00f3n de censura, el Gobierno presentar\u00e1 su dimisi\u00f3n al Rey y el candidato incluido en aqu\u00e9lla se entender\u00e1 investido de la confianza de la C\u00e1mara a los efectos previstos en el art\u00edculo 99. El Rey le nombrar\u00e1 Presidente del Gobierno. Art\u00edculo 115.<\/li>\n\n\n\n<li>El Presidente del Gobierno, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podr\u00e1 proponer la disoluci\u00f3n del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que ser\u00e1 decretada por el Rey. El decreto de disoluci\u00f3n fijar\u00e1 la fecha de las elecciones.<\/li>\n\n\n\n<li>La propuesta de disoluci\u00f3n no podr\u00e1 presentarse cuando est\u00e9 en tr\u00e1mite una moci\u00f3n de censura.<\/li>\n\n\n\n<li>No proceder\u00e1 nueva disoluci\u00f3n antes de que transcurra un a\u00f1o desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art\u00edculo 99, apartado 5. Art\u00edculo 116.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 los estados de alarma, de excepci\u00f3n y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.<\/li>\n\n\n\n<li>El estado de alarma ser\u00e1 declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo m\u00e1ximo de quince d\u00edas, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinar\u00e1 el \u00e1mbito territorial a que se extienden los efectos de la declaraci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El estado de excepci\u00f3n ser\u00e1 declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorizaci\u00f3n del Congreso de los Diputados. La autorizaci\u00f3n y proclamaci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n deber\u00e1 determinar expresamente los efectos del mismo, el \u00e1mbito territorial a que se extiende y su duraci\u00f3n, que no podr\u00e1 exceder de treinta d\u00edas, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.<\/li>\n\n\n\n<li>El estado de sitio ser\u00e1 declarado por la mayor\u00eda absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinar\u00e1 su \u00e1mbito territorial, duraci\u00f3n y condiciones.<\/li>\n\n\n\n<li>No podr\u00e1 procederse a la disoluci\u00f3n del Congreso mientras est\u00e9n declarados algunos de los estados comprendidos en el presente art\u00edculo, quedando autom\u00e1ticamente convocadas las C\u00e1maras si no estuvieren en per\u00edodo de sesiones. Su funcionamiento, as\u00ed como el de los dem\u00e1s poderes constitucionales del Estado, no podr\u00e1n interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso ser\u00e1n asumidas por su Diputaci\u00f3n Permanente.<\/li>\n\n\n\n<li>La declaraci\u00f3n de los estados de alarma, de excepci\u00f3n y de sitio no modificar\u00e1n el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constituci\u00f3n y en las leyes. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 23 T\u00cdTULO VI Del Poder Judicial Art\u00edculo 117.<\/li>\n\n\n\n<li>La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos \u00fanicamente al imperio de la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Jueces y Magistrados no podr\u00e1n ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garant\u00edas previstas en la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, seg\u00fan las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Juzgados y Tribunales no ejercer\u00e1n m\u00e1s funciones que las se\u00f1aladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garant\u00eda de cualquier derecho.<\/li>\n\n\n\n<li>El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organizaci\u00f3n y funcionamiento de los Tribunales. La ley regular\u00e1 el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n militar en el \u00e1mbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Se proh\u00edben los Tribunales de excepci\u00f3n. Art\u00edculo 118. Es obligado cumplir las sentencias y dem\u00e1s resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, as\u00ed como prestar la colaboraci\u00f3n requerida por \u00e9stos en el curso del proceso y en la ejecuci\u00f3n de lo resuelto. Art\u00edculo 119. La justicia ser\u00e1 gratuita cuando as\u00ed lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Art\u00edculo 120.<\/li>\n\n\n\n<li>Las actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>El procedimiento ser\u00e1 predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.<\/li>\n\n\n\n<li>Las sentencias ser\u00e1n siempre motivadas y se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica. Art\u00edculo 121. Los da\u00f1os causados por error judicial, as\u00ed como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administraci\u00f3n de Justicia, dar\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n a cargo del Estado, conforme a la ley. Art\u00edculo 122.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley org\u00e1nica del poder judicial determinar\u00e1 la constituci\u00f3n, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, as\u00ed como el estatuto jur\u00eddico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formar\u00e1n un Cuerpo \u00fanico, y del personal al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/li>\n\n\n\n<li>El Consejo General del Poder Judicial es el \u00f3rgano de gobierno del mismo. La ley org\u00e1nica establecer\u00e1 su estatuto y el r\u00e9gimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspecci\u00f3n y r\u00e9gimen disciplinario.<\/li>\n\n\n\n<li>El Consejo General del Poder Judicial estar\u00e1 integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir\u00e1, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un per\u00edodo de cinco a\u00f1os. De \u00e9stos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categor\u00edas judiciales, en los t\u00e9rminos que establezca la ley org\u00e1nica; cuatro a propuesta del Congreso de los BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 24 Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayor\u00eda de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con m\u00e1s de quince a\u00f1os de ejercicio en su profesi\u00f3n. Art\u00edculo 123.<\/li>\n\n\n\n<li>El Tribunal Supremo, con jurisdicci\u00f3n en toda Espa\u00f1a, es el \u00f3rgano jurisdiccional superior en todos los \u00f3rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garant\u00edas constitucionales.<\/li>\n\n\n\n<li>El Presidente del Tribunal Supremo ser\u00e1 nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Art\u00edculo 124.<\/li>\n\n\n\n<li>El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros \u00f3rganos, tiene por misi\u00f3n promover la acci\u00f3n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter\u00e9s p\u00fablico tutelado por la ley, de oficio o a petici\u00f3n de los interesados, as\u00ed como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante \u00e9stos la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s social.<\/li>\n\n\n\n<li>El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de \u00f3rganos propios conforme a los principios de unidad de actuaci\u00f3n y dependencia jer\u00e1rquica y con sujeci\u00f3n, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 el estatuto org\u00e1nico del Ministerio Fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li>El Fiscal General del Estado ser\u00e1 nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, o\u00eddo el Consejo General del Poder Judicial. Art\u00edculo 125. Los ciudadanos podr\u00e1n ejercer la acci\u00f3n popular y participar en la Administraci\u00f3n de Justicia mediante la instituci\u00f3n del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, as\u00ed como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Art\u00edculo 126. La polic\u00eda judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguaci\u00f3n del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los t\u00e9rminos que la ley establezca. Art\u00edculo 127.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Jueces y Magistrados as\u00ed como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podr\u00e1n desempe\u00f1ar otros cargos p\u00fablicos, ni pertenecer a partidos pol\u00edticos o sindicatos. La ley establecer\u00e1 el sistema y modalidades de asociaci\u00f3n profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley establecer\u00e1 el r\u00e9gimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deber\u00e1 asegurar la total independencia de los mismos. T\u00cdTULO VII Econom\u00eda y Hacienda Art\u00edculo 128.<\/li>\n\n\n\n<li>Toda la riqueza del pa\u00eds en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est\u00e1 subordinada al inter\u00e9s general.<\/li>\n\n\n\n<li>Se reconoce la iniciativa p\u00fablica en la actividad econ\u00f3mica. Mediante ley se podr\u00e1 reservar al sector p\u00fablico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervenci\u00f3n de empresas cuando as\u00ed lo exigiere el inter\u00e9s general. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 25 Art\u00edculo 129.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley establecer\u00e1 las formas de participaci\u00f3n de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos p\u00fablicos cuya funci\u00f3n afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos promover\u00e1n eficazmente las diversas formas de participaci\u00f3n en la empresa y fomentar\u00e1n, mediante una legislaci\u00f3n adecuada, las sociedades cooperativas. Tambi\u00e9n establecer\u00e1n los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producci\u00f3n. Art\u00edculo 130.<\/li>\n\n\n\n<li>Los poderes p\u00fablicos atender\u00e1n a la modernizaci\u00f3n y desarrollo de todos los sectores econ\u00f3micos y, en particular, de la agricultura, de la ganader\u00eda, de la pesca y de la artesan\u00eda, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los espa\u00f1oles.<\/li>\n\n\n\n<li>Con el mismo fin, se dispensar\u00e1 un tratamiento especial a las zonas de monta\u00f1a. Art\u00edculo 131.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado, mediante ley, podr\u00e1 planificar la actividad econ\u00f3mica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su m\u00e1s justa distribuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno elaborar\u00e1 los proyectos de planificaci\u00f3n, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Aut\u00f3nomas y el asesoramiento y colaboraci\u00f3n de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y econ\u00f3micas. A tal fin se constituir\u00e1 un Consejo, cuya composici\u00f3n y funciones se desarrollar\u00e1n por ley. Art\u00edculo 132.<\/li>\n\n\n\n<li>La ley regular\u00e1 el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los bienes de dominio p\u00fablico y de los comunales, inspir\u00e1ndose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, as\u00ed como su desafectaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Son bienes de dominio p\u00fablico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona mar\u00edtimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona econ\u00f3mica y la plataforma continental.<\/li>\n\n\n\n<li>Por ley se regular\u00e1n el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administraci\u00f3n, defensa y conservaci\u00f3n. Art\u00edculo 133.<\/li>\n\n\n\n<li>La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas y las Corporaciones locales podr\u00e1n establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constituci\u00f3n y las leyes.<\/li>\n\n\n\n<li>Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deber\u00e1 establecerse en virtud de ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Las administraciones p\u00fablicas s\u00f3lo podr\u00e1n contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Art\u00edculo 134.<\/li>\n\n\n\n<li>Corresponde al Gobierno la elaboraci\u00f3n de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Presupuestos Generales del Estado tendr\u00e1n car\u00e1cter anual, incluir\u00e1n la totalidad de los gastos e ingresos del sector p\u00fablico estatal y en ellos se consignar\u00e1 el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno deber\u00e1 presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiraci\u00f3n de los del a\u00f1o anterior. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 26<\/li>\n\n\n\n<li>Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer d\u00eda del ejercicio econ\u00f3mico correspondiente, se considerar\u00e1n autom\u00e1ticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobaci\u00f3n de los nuevos.<\/li>\n\n\n\n<li>Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podr\u00e1 presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto p\u00fablico o disminuci\u00f3n de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.<\/li>\n\n\n\n<li>Toda proposici\u00f3n o enmienda que suponga aumento de los cr\u00e9ditos o disminuci\u00f3n de los ingresos presupuestarios requerir\u00e1 la conformidad del Gobierno para su tramitaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podr\u00e1 modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva as\u00ed lo prevea. Art\u00edculo 135.<\/li>\n\n\n\n<li>Todas las Administraciones P\u00fablicas adecuar\u00e1n sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas no podr\u00e1n incurrir en un d\u00e9ficit estructural que supere los m\u00e1rgenes establecidos, en su caso, por la Uni\u00f3n Europea para sus Estados Miembros. Una ley org\u00e1nica fijar\u00e1 el d\u00e9ficit estructural m\u00e1ximo permitido al Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas, en relaci\u00f3n con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deber\u00e1n presentar equilibrio presupuestario.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas habr\u00e1n de estar autorizados por ley para emitir deuda p\u00fablica o contraer cr\u00e9dito. Los cr\u00e9ditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda p\u00fablica de las Administraciones se entender\u00e1n siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozar\u00e1 de prioridad absoluta. Estos cr\u00e9ditos no podr\u00e1n ser objeto de enmienda o modificaci\u00f3n, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisi\u00f3n. El volumen de deuda p\u00fablica del conjunto de las Administraciones P\u00fablicas en relaci\u00f3n con el producto interior bruto del Estado no podr\u00e1 superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea.<\/li>\n\n\n\n<li>Los l\u00edmites de d\u00e9ficit estructural y de volumen de deuda p\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1n superarse en caso de cat\u00e1strofes naturales, recesi\u00f3n econ\u00f3mica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situaci\u00f3n financiera o la sostenibilidad econ\u00f3mica o social del Estado, apreciadas por la mayor\u00eda absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica desarrollar\u00e1 los principios a que se refiere este art\u00edculo, as\u00ed como la participaci\u00f3n, en los procedimientos respectivos, de los \u00f3rganos de coordinaci\u00f3n institucional entre las Administraciones P\u00fablicas en materia de pol\u00edtica fiscal y financiera. En todo caso, regular\u00e1: a) La distribuci\u00f3n de los l\u00edmites de d\u00e9ficit y de deuda entre las distintas Administraciones P\u00fablicas, los supuestos excepcionales de superaci\u00f3n de los mismos y la forma y plazo de correcci\u00f3n de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodolog\u00eda y el procedimiento para el c\u00e1lculo del d\u00e9ficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administraci\u00f3n P\u00fablica en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los l\u00edmites a que se refiere este art\u00edculo, adoptar\u00e1n las disposiciones que procedan para la aplicaci\u00f3n efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Art\u00edculo 136.<\/li>\n\n\n\n<li>El Tribunal de Cuentas es el supremo \u00f3rgano fiscalizador de las cuentas y de la gesti\u00f3n econ\u00f3mica de Estado, as\u00ed como del sector p\u00fablico. Depender\u00e1 directamente de las Cortes Generales y ejercer\u00e1 sus funciones por delegaci\u00f3n de ellas en el examen y comprobaci\u00f3n de la Cuenta General del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>Las cuentas del Estado y del sector p\u00fablico estatal se rendir\u00e1n al Tribunal de Cuentas y ser\u00e1n censuradas por \u00e9ste. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 27 El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicci\u00f3n, remitir\u00e1 a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicar\u00e1 las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Tribunal de Cuentas gozar\u00e1n de la misma independencia e inamovilidad y estar\u00e1n sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.<\/li>\n\n\n\n<li>Una ley org\u00e1nica regular\u00e1 la composici\u00f3n, organizaci\u00f3n y funciones del Tribunal de Cuentas. T\u00cdTULO VIII De la Organizaci\u00f3n Territorial del Estado CAP\u00cdTULO PRIMERO Principios generales Art\u00edculo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Aut\u00f3nomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonom\u00eda para la gesti\u00f3n de sus respectivos intereses. Art\u00edculo 138.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado garantiza la realizaci\u00f3n efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n, velando por el establecimiento de un equilibrio econ\u00f3mico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio espa\u00f1ol, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.<\/li>\n\n\n\n<li>Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Aut\u00f3nomas no podr\u00e1n implicar, en ning\u00fan caso, privilegios econ\u00f3micos o sociales. Art\u00edculo 139.<\/li>\n\n\n\n<li>Todos los espa\u00f1oles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>Ninguna autoridad podr\u00e1 adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulaci\u00f3n y establecimiento de las personas y la libre circulaci\u00f3n de bienes en todo el territorio espa\u00f1ol. CAP\u00cdTULO SEGUNDO De la Administraci\u00f3n Local Art\u00edculo 140. La Constituci\u00f3n garantiza la autonom\u00eda de los municipios. Estos gozar\u00e1n de personalidad jur\u00eddica plena. Su gobierno y administraci\u00f3n corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales ser\u00e1n elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes ser\u00e1n elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regular\u00e1 las condiciones en las que proceda el r\u00e9gimen del concejo abierto. Art\u00edculo 141.<\/li>\n\n\n\n<li>La provincia es una entidad local con personalidad jur\u00eddica propia, determinada por la agrupaci\u00f3n de municipios y divisi\u00f3n territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteraci\u00f3n de los l\u00edmites provinciales habr\u00e1 de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley org\u00e1nica.<\/li>\n\n\n\n<li>El gobierno y la administraci\u00f3n aut\u00f3noma de las provincias estar\u00e1n encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de car\u00e1cter representativo.<\/li>\n\n\n\n<li>Se podr\u00e1n crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 28<\/li>\n\n\n\n<li>En los archipi\u00e9lagos, las islas tendr\u00e1n adem\u00e1s su administraci\u00f3n propia en forma de Cabildos o Consejos. Art\u00edculo 142. Las Haciendas locales deber\u00e1n disponer de los medios suficientes para el desempe\u00f1o de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrir\u00e1n fundamentalmente de tributos propios y de participaci\u00f3n en los del Estado y de las Comunidades Aut\u00f3nomas. CAP\u00cdTULO TERCERO De las Comunidades Aut\u00f3nomas Art\u00edculo 143.<\/li>\n\n\n\n<li>En el ejercicio del derecho a la autonom\u00eda reconocido en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n, las provincias lim\u00edtrofes con caracter\u00edsticas hist\u00f3ricas, culturales y econ\u00f3micas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional hist\u00f3rica podr\u00e1n acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Aut\u00f3nomas con arreglo a lo previsto en este T\u00edtulo y en los respectivos Estatutos.<\/li>\n\n\n\n<li>La iniciativa del proceso auton\u00f3mico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al \u00f3rgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya poblaci\u00f3n represente, al menos, la mayor\u00eda del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deber\u00e1n ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.<\/li>\n\n\n\n<li>La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podr\u00e1 reiterarse pasados cinco a\u00f1os. Art\u00edculo 144. Las Cortes Generales, mediante ley org\u00e1nica, podr\u00e1n, por motivos de inter\u00e9s nacional: a) Autorizar la constituci\u00f3n de una comunidad aut\u00f3noma cuando su \u00e1mbito territorial no supere el de una provincia y no re\u00fana las condiciones del apartado 1 del art\u00edculo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonom\u00eda para territorios que no est\u00e9n integrados en la organizaci\u00f3n provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del art\u00edculo 143. Art\u00edculo 145.<\/li>\n\n\n\n<li>En ning\u00fan caso se admitir\u00e1 la federaci\u00f3n de Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Estatutos podr\u00e1n prever los supuestos, requisitos y t\u00e9rminos en que las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n celebrar convenios entre s\u00ed para la gesti\u00f3n y prestaci\u00f3n de servicios propios de las mismas, as\u00ed como el car\u00e1cter y efectos de la correspondiente comunicaci\u00f3n a las Cortes Generales. En los dem\u00e1s supuestos, los acuerdos de cooperaci\u00f3n entre las Comunidades Aut\u00f3nomas necesitar\u00e1n la autorizaci\u00f3n de las Cortes Generales. Art\u00edculo 146. El proyecto de Estatuto ser\u00e1 elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputaci\u00f3n u \u00f3rgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y ser\u00e1 elevado a las Cortes Generales para su tramitaci\u00f3n como ley. Art\u00edculo 147.<\/li>\n\n\n\n<li>Dentro de los t\u00e9rminos de la presente Constituci\u00f3n, los Estatutos ser\u00e1n la norma institucional b\u00e1sica de cada Comunidad Aut\u00f3noma y el Estado los reconocer\u00e1 y amparar\u00e1 como parte integrante de su ordenamiento jur\u00eddico.<\/li>\n\n\n\n<li>Los Estatutos de autonom\u00eda deber\u00e1n contener: BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 29 a) La denominaci\u00f3n de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad hist\u00f3rica. b) La delimitaci\u00f3n de su territorio. c) La denominaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y sede de las instituciones aut\u00f3nomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constituci\u00f3n y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.<\/li>\n\n\n\n<li>La reforma de los Estatutos se ajustar\u00e1 al procedimiento establecido en los mismos y requerir\u00e1, en todo caso, la aprobaci\u00f3n por las Cortes Generales, mediante ley org\u00e1nica. Art\u00edculo 148.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n asumir competencias en las siguientes materias: 1.\u00aa Organizaci\u00f3n de sus instituciones de autogobierno. 2.\u00aa Las alteraciones de los t\u00e9rminos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administraci\u00f3n del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislaci\u00f3n sobre R\u00e9gimen Local. 3.\u00aa Ordenaci\u00f3n del territorio, urbanismo y vivienda. 4.\u00aa Las obras p\u00fablicas de inter\u00e9s de la Comunidad Aut\u00f3noma en su propio territorio. 5.\u00aa Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle \u00edntegramente en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma y, en los mismos t\u00e9rminos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6.\u00aa Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7.\u00aa La agricultura y ganader\u00eda, de acuerdo con la ordenaci\u00f3n general de la econom\u00eda. 8.\u00aa Los montes y aprovechamientos forestales. 9.\u00aa La gesti\u00f3n en materia de protecci\u00f3n del medio ambiente. 10.\u00aa Los proyectos, construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los aprovechamientos hidr\u00e1ulicos, canales y regad\u00edos de inter\u00e9s de la Comunidad Aut\u00f3noma; las aguas minerales y termales. 11.\u00aa La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12.\u00aa Ferias interiores. 13.\u00aa El fomento del desarrollo econ\u00f3mico de la Comunidad Aut\u00f3noma dentro de los objetivos marcados por la pol\u00edtica econ\u00f3mica nacional. 14.\u00aa La artesan\u00eda. 15.\u00aa Museos, bibliotecas y conservatorios de m\u00fasica de inter\u00e9s para la Comunidad Aut\u00f3noma. 16.\u00aa Patrimonio monumental de inter\u00e9s de la Comunidad Aut\u00f3noma. 17.\u00aa El fomento de la cultura, de la investigaci\u00f3n y, en su caso, de la ense\u00f1anza de la lengua de la Comunidad Aut\u00f3noma. 18.\u00aa Promoci\u00f3n y ordenaci\u00f3n del turismo en su \u00e1mbito territorial. 19.\u00aa Promoci\u00f3n del deporte y de la adecuada utilizaci\u00f3n del ocio. 20.\u00aa Asistencia social. 21.\u00aa Sanidad e higiene. 22.\u00aa La vigilancia y protecci\u00f3n de sus edificios e instalaciones. La coordinaci\u00f3n y dem\u00e1s facultades en relaci\u00f3n con las polic\u00edas locales en los t\u00e9rminos que establezca una ley org\u00e1nica.<\/li>\n\n\n\n<li>Transcurridos cinco a\u00f1os, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el art\u00edculo 149. Art\u00edculo 149.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.\u00aa La regulaci\u00f3n de las condiciones b\u00e1sicas que garanticen la igualdad de todos los espa\u00f1oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.\u00aa Nacionalidad, inmigraci\u00f3n, emigraci\u00f3n, extranjer\u00eda y derecho de asilo. 3.\u00aa Relaciones internacionales. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 30 4.\u00aa Defensa y Fuerzas Armadas. 5.\u00aa Administraci\u00f3n de Justicia. 6.\u00aa Legislaci\u00f3n mercantil, penal y penitenciaria; legislaci\u00f3n procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Aut\u00f3nomas. 7.\u00aa Legislaci\u00f3n laboral; sin perjuicio de su ejecuci\u00f3n por los \u00f3rganos de las Comunidades Aut\u00f3nomas. 8.\u00aa Legislaci\u00f3n civil, sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all\u00ed donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinaci\u00f3n de las fuentes del Derecho, con respeto, en este \u00faltimo caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.\u00aa Legislaci\u00f3n sobre propiedad intelectual e industrial. 10.\u00aa R\u00e9gimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.\u00aa Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenaci\u00f3n de cr\u00e9dito, banca y seguros. 12.\u00aa Legislaci\u00f3n sobre pesas y medidas, determinaci\u00f3n de la hora oficial. 13.\u00aa Bases y coordinaci\u00f3n de la planificaci\u00f3n general de la actividad econ\u00f3mica. 14.\u00aa Hacienda general y Deuda del Estado. 15.\u00aa Fomento y coordinaci\u00f3n general de la investigaci\u00f3n cient\u00edfica y t\u00e9cnica. 16.\u00aa Sanidad exterior. Bases y coordinaci\u00f3n general de la sanidad. Legislaci\u00f3n sobre productos farmac\u00e9uticos. 17.\u00aa Legislaci\u00f3n b\u00e1sica y r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci\u00f3n de sus servicios por las Comunidades Aut\u00f3nomas. 18.\u00aa Las bases del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Administraciones p\u00fablicas y del r\u00e9gimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizar\u00e1n a los administrados un tratamiento com\u00fan ante ellas; el procedimiento administrativo com\u00fan, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaci\u00f3n propia de las Comunidades Aut\u00f3nomas; legislaci\u00f3n sobre expropiaci\u00f3n forzosa; legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones p\u00fablicas. 19.\u00aa Pesca mar\u00edtima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenaci\u00f3n del sector se atribuyan a las Comunidades Aut\u00f3nomas. 20.\u00aa Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminaci\u00f3n de costas y se\u00f1ales mar\u00edtimas; puertos de inter\u00e9s general; aeropuertos de inter\u00e9s general; control del espacio a\u00e9reo, tr\u00e1nsito y transporte a\u00e9reo, servicio meteorol\u00f3gico y matriculaci\u00f3n de aeronaves. 21.\u00aa Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de m\u00e1s de una Comunidad Aut\u00f3noma; r\u00e9gimen general de comunicaciones; tr\u00e1fico y circulaci\u00f3n de veh\u00edculos a motor; correos y telecomunicaciones; cables a\u00e9reos, submarinos y radiocomunicaci\u00f3n. 22.\u00aa La legislaci\u00f3n, ordenaci\u00f3n y concesi\u00f3n de recursos y aprovechamientos hidr\u00e1ulicos cuando las aguas discurran por m\u00e1s de una Comunidad Aut\u00f3noma, y la autorizaci\u00f3n de las instalaciones el\u00e9ctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energ\u00eda salga de su \u00e1mbito territorial. 23.\u00aa Legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre protecci\u00f3n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut\u00f3nomas de establecer normas adicionales de protecci\u00f3n. La legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre montes, aprovechamientos forestales y v\u00edas pecuarias. 24.\u00aa Obras p\u00fablicas de inter\u00e9s general o cuya realizaci\u00f3n afecte a m\u00e1s de una Comunidad Aut\u00f3noma. 25.\u00aa Bases de r\u00e9gimen minero y energ\u00e9tico. 26.\u00aa R\u00e9gimen de producci\u00f3n, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.\u00aa Normas b\u00e1sicas del r\u00e9gimen de prensa, radio y televisi\u00f3n y, en general, de todos los medios de comunicaci\u00f3n social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecuci\u00f3n correspondan a las Comunidades Aut\u00f3nomas. 28.\u00aa Defensa del patrimonio cultural, art\u00edstico y monumental espa\u00f1ol contra la exportaci\u00f3n y la expoliaci\u00f3n; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gesti\u00f3n por parte de las Comunidades Aut\u00f3nomas. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 31 29.\u00aa Seguridad p\u00fablica, sin perjuicio de la posibilidad de creaci\u00f3n de polic\u00edas por las Comunidades Aut\u00f3nomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley org\u00e1nica. 30.\u00aa Regulaci\u00f3n de las condiciones de obtenci\u00f3n, expedici\u00f3n y homologaci\u00f3n de t\u00edtulos acad\u00e9micos y profesionales y normas b\u00e1sicas para el desarrollo del art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes p\u00fablicos en esta materia. 31.\u00aa Estad\u00edstica para fines estatales. 32.\u00aa Autorizaci\u00f3n para la convocatoria de consultas populares por v\u00eda de refer\u00e9ndum.<\/li>\n\n\n\n<li>Sin perjuicio de las competencias que podr\u00e1n asumir las Comunidades Aut\u00f3nomas, el Estado considerar\u00e1 el servicio de la cultura como deber y atribuci\u00f3n esencial y facilitar\u00e1 la comunicaci\u00f3n cultural entre las Comunidades Aut\u00f3nomas, de acuerdo con ellas.<\/li>\n\n\n\n<li>Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constituci\u00f3n podr\u00e1n corresponder a las Comunidades Aut\u00f3nomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonom\u00eda corresponder\u00e1 al Estado, cuyas normas prevalecer\u00e1n, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Aut\u00f3nomas en todo lo que no est\u00e9 atribuido a la exclusiva competencia de \u00e9stas. El derecho estatal ser\u00e1, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Aut\u00f3nomas. Art\u00edculo 150.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podr\u00e1n atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Aut\u00f3nomas la facultad de dictar, para s\u00ed mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecer\u00e1 la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado podr\u00e1 transferir o delegar en las Comunidades Aut\u00f3nomas, mediante ley org\u00e1nica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegaci\u00f3n. La ley prever\u00e1 en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, as\u00ed como las formas de control que se reserve el Estado.<\/li>\n\n\n\n<li>El Estado podr\u00e1 dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de \u00e9stas, cuando as\u00ed lo exija el inter\u00e9s general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayor\u00eda absoluta de cada C\u00e1mara, la apreciaci\u00f3n de esta necesidad. Art\u00edculo 151.<\/li>\n\n\n\n<li>No ser\u00e1 preciso dejar transcurrir el plazo de cinco a\u00f1os, a que se refiere el apartado 2 del art\u00edculo 148, cuando la iniciativa del proceso auton\u00f3mico sea acordada dentro del plazo del art\u00edculo 143.2, adem\u00e1s de por las Diputaciones o los \u00f3rganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayor\u00eda del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante refer\u00e9ndum por el voto afirmativo de la mayor\u00eda absoluta de los electores de cada provincia en los t\u00e9rminos que establezca una ley org\u00e1nica.<\/li>\n\n\n\n<li>En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboraci\u00f3n del Estatuto ser\u00e1 el siguiente: 1.\u00ba El Gobierno convocar\u00e1 a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el \u00e1mbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonom\u00eda, mediante el acuerdo de la mayor\u00eda absoluta de sus miembros. 2.\u00ba Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitir\u00e1 a la Comisi\u00f3n Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinar\u00e1 BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 32 con el concurso y asistencia de una delegaci\u00f3n de la Asamblea proponente para determinar de com\u00fan acuerdo su formulaci\u00f3n definitiva. 3.\u00ba Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante ser\u00e1 sometido a refer\u00e9ndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el \u00e1mbito territorial del proyectado Estatuto. 4.\u00ba Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos, ser\u00e1 elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas C\u00e1maras decidir\u00e1n sobre el texto mediante un voto de ratificaci\u00f3n. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionar\u00e1 y lo promulgar\u00e1 como ley. 5.\u00ba De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este n\u00famero, el proyecto de Estatuto ser\u00e1 tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por \u00e9stas ser\u00e1 sometido a refer\u00e9ndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el \u00e1mbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos en cada provincia, proceder\u00e1 su promulgaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del p\u00e1rrafo anterior.<\/li>\n\n\n\n<li>En los casos de los p\u00e1rrafos 4.\u00ba y 5.\u00ba del apartado anterior, la no aprobaci\u00f3n del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedir\u00e1 la constituci\u00f3n entre las restantes de la Comunidad Aut\u00f3noma proyectada, en la forma que establezca la ley org\u00e1nica prevista en el apartado 1 de este art\u00edculo. Art\u00edculo 152.<\/li>\n\n\n\n<li>En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el art\u00edculo anterior, la organizaci\u00f3n institucional auton\u00f3mica se basar\u00e1 en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representaci\u00f3n proporcional que asegure, adem\u00e1s, la representaci\u00f3n de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la direcci\u00f3n del Consejo de Gobierno, la suprema representaci\u00f3n de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aqu\u00e9lla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno ser\u00e1n pol\u00edticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicci\u00f3n que corresponde al Tribunal Supremo, culminar\u00e1 la organizaci\u00f3n judicial en el \u00e1mbito territorial de la Comunidad Aut\u00f3noma. En los Estatutos de las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n establecerse los supuestos y las formas de participaci\u00f3n de aqu\u00e9llas en la organizaci\u00f3n de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley org\u00e1nica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de \u00e9ste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotar\u00e1n ante \u00f3rganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma en que est\u00e9 el \u00f3rgano competente en primera instancia.<\/li>\n\n\n\n<li>Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podr\u00e1n ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con refer\u00e9ndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.<\/li>\n\n\n\n<li>Mediante la agrupaci\u00f3n de municipios lim\u00edtrofes, los Estatutos podr\u00e1n establecer circunscripciones territoriales propias, que gozar\u00e1n de plena personalidad jur\u00eddica. Art\u00edculo 153. El control de la actividad de los \u00f3rganos de las Comunidades Aut\u00f3nomas se ejercer\u00e1: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del art\u00edculo 150. c) Por la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, el de la administraci\u00f3n aut\u00f3noma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el econ\u00f3mico y presupuestario. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 33 Art\u00edculo 154. Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigir\u00e1 la Administraci\u00f3n del Estado en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma y la coordinar\u00e1, cuando proceda, con la administraci\u00f3n propia de la Comunidad. Art\u00edculo 155.<\/li>\n\n\n\n<li>Si una Comunidad Aut\u00f3noma no cumpliere las obligaciones que la Constituci\u00f3n u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al inter\u00e9s general de Espa\u00f1a, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Aut\u00f3noma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobaci\u00f3n por mayor\u00eda absoluta del Senado, podr\u00e1 adoptar las medidas necesarias para obligar a aqu\u00e9lla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protecci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s general.<\/li>\n\n\n\n<li>Para la ejecuci\u00f3n de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podr\u00e1 dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Aut\u00f3nomas. Art\u00edculo 156.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas gozar\u00e1n de autonom\u00eda financiera para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de sus competencias con arreglo a los principios de coordinaci\u00f3n con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espa\u00f1oles.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudaci\u00f3n, la gesti\u00f3n y la liquidaci\u00f3n de los recursos tributarios de aqu\u00e9l, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. Art\u00edculo 157.<\/li>\n\n\n\n<li>Los recursos de las Comunidades Aut\u00f3nomas estar\u00e1n constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensaci\u00f3n interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de cr\u00e9dito.<\/li>\n\n\n\n<li>Las Comunidades Aut\u00f3nomas no podr\u00e1n en ning\u00fan caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obst\u00e1culo para la libre circulaci\u00f3n de mercanc\u00edas o servicios.<\/li>\n\n\n\n<li>Mediante ley org\u00e1nica podr\u00e1 regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboraci\u00f3n financiera entre las Comunidades Aut\u00f3nomas y el Estado. Art\u00edculo 158.<\/li>\n\n\n\n<li>En los Presupuestos Generales del Estado podr\u00e1 establecerse una asignaci\u00f3n a las Comunidades Aut\u00f3nomas en funci\u00f3n del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garant\u00eda de un nivel m\u00ednimo en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos fundamentales en todo el territorio espa\u00f1ol.<\/li>\n\n\n\n<li>Con el fin de corregir desequilibrios econ\u00f3micos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituir\u00e1 un Fondo de Compensaci\u00f3n con destino a gastos de inversi\u00f3n, cuyos recursos ser\u00e1n distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Aut\u00f3nomas y provincias, en su caso. BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA P\u00e1gina 34 T\u00cdTULO IX Del Tribunal Constitucional Art\u00edculo 159.<\/li>\n\n\n\n<li>El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayor\u00eda de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con id\u00e9ntica mayor\u00eda; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Tribunal Constitucional deber\u00e1n ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios p\u00fablicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con m\u00e1s de quince a\u00f1os de ejercicio profesional.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Tribunal Constitucional ser\u00e1n designados por un per\u00edodo de nueve a\u00f1os y se renovar\u00e1n por terceras partes cada tres.<\/li>\n\n\n\n<li>La condici\u00f3n de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos pol\u00edticos o administrativos; con el desempe\u00f1o de funciones directivas en un partido pol\u00edtico o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo dem\u00e1s los miembros del Tribunal Constitucional tendr\u00e1n las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.<\/li>\n\n\n\n<li>Los miembros del Tribunal Constitucional ser\u00e1n independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Art\u00edculo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional ser\u00e1 nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un per\u00edodo de tres a\u00f1os. Art\u00edculo 161.<\/li>\n\n\n\n<li>El Tribunal Constitucional tiene jurisdicci\u00f3n en todo el territorio espa\u00f1ol y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de una norma jur\u00eddica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectar\u00e1 a \u00e9sta, si bien la sentencia o sentencias reca\u00eddas no perder\u00e1n el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violaci\u00f3n de los derechos y libertades referidos en el art\u00edculo 53, 2, de esta Constituci\u00f3n, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas o de los de \u00e9stas entre s\u00ed. d) De las dem\u00e1s materias que le atribuyan la Constituci\u00f3n o las leyes org\u00e1nicas.<\/li>\n\n\n\n<li>El Gobierno podr\u00e1 impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los \u00f3rganos de las Comunidades Aut\u00f3nomas. La impugnaci\u00f3n producir\u00e1 la suspensi\u00f3n de la di