{"id":11989,"date":"2026-02-05T20:34:08","date_gmt":"2026-02-05T20:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/todo-derecho.com\/?p=11989"},"modified":"2026-02-05T20:41:12","modified_gmt":"2026-02-05T20:41:12","slug":"ley-50-1997-de-27-de-noviembre-del-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/todo-derecho.com\/?p=11989","title":{"rendered":"Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno."},"content":{"rendered":"\n

TEXTO CONSOLIDADO
\u00daltima modificaci\u00f3n: 03 de enero de 2025!!!!!<\/strong>
JUAN CARLOS I
REY DE ESPA\u00d1A
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS
Desde la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en 1978, puede observarse con
satisfacci\u00f3n como su esp\u00edritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo
normativo en textos de rango legal, impulsando un per\u00edodo de fecunda producci\u00f3n legislativa
para incorporar plenamente los principios democr\u00e1ticos al funcionamiento de los poderes e
instituciones que conforman el Estado Espa\u00f1ol.
En efecto, el conjunto de los poderes y \u00f3rganos constitucionales han sido objeto de leyes
que, con posterioridad a la Constituci\u00f3n, establecen las pautas de su organizaci\u00f3n,
competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma v\u00e9rtice de nuestro
ordenamiento democr\u00e1tico.
Existe, sin embargo, un relevante \u00e1mbito de los poderes constitucionales al que todav\u00eda
no ha llegado el desarrollo legal de la Constituci\u00f3n. Tal es el caso del n\u00facleo esencial de la
configuraci\u00f3n del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece todav\u00eda el
Gobierno, como supremo \u00f3rgano de la direcci\u00f3n de la pol\u00edtica interior y exterior del Reino de
Espa\u00f1a, de texto legal que contemple su organizaci\u00f3n, competencia y funcionamiento en el
esp\u00edritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente
Ley.
La Constituci\u00f3n de 1978 establece los principios y criterios b\u00e1sicos que deben presidir el
r\u00e9gimen jur\u00eddico del Gobierno, siendo su art\u00edculo 97 el precepto clave en la determinaci\u00f3n de
la posici\u00f3n constitucional del mismo.
Al propio tiempo, el art\u00edculo 98 contiene un mandato dirigido al legislador para que \u00e9ste
proceda al correspondiente desarrollo normativo del citado \u00f3rgano constitucional en lo que
se refiere a la determinaci\u00f3n de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los
mismos.
Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus caracter\u00edsticas propias de origen
constitucional si no es a trav\u00e9s de una reforma de la Constituci\u00f3n (\u00abgarant\u00eda institucional\u00bb).
Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar aut\u00f3nomamente siempre y cuando
no llegen a infringirse principios o normas constitucionales.
Por ello, en lo que se refiere a aspectos org\u00e1nicos, procedimentales o funcionales, la
presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto se trate de precisar y desarrollar las
previsiones concretas de remisi\u00f3n normativa contenida en la Constituci\u00f3n, la Ley aparece
como necesaria. Avala adem\u00e1s la pertinencia del presente texto el hecho de que la
organizaci\u00f3n y el funcionamiento del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos,
algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de
nuestra Carta Magna.
Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de direcci\u00f3n<\/strong>
presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las
directrices pol\u00edticas que deber\u00e1 seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la
colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros<\/strong>; y, por \u00faltimo, el
principio departamental <\/strong>que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonom\u00eda y
responsabilidad en el \u00e1mbito de su respectiva gesti\u00f3n.
Desde estos planteamientos, en el T\u00edtulo I se regula la posici\u00f3n constitucional del
Gobierno, as\u00ed como su composici\u00f3n, con la distinci\u00f3n entre \u00f3rganos individuales y
colegiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia,

corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creaci\u00f3n,
composici\u00f3n y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, \u00f3rganos con una
aquilatada tradici\u00f3n en nuestro Derecho.
En efecto, el art\u00edculo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composici\u00f3n fija -a\u00fan
con elementos disponibles- del Gobierno, remiti\u00e9ndose a la Ley para determinar el resto de
sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto
constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente, a los
Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros<\/strong>. En cuanto a la posici\u00f3n relativa de los
miembros del Gobierno, se destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el
principio de direcci\u00f3n presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia
misma del Gobierno. El Derecho comparado es pr\u00e1cticamente un\u00e1nime en consagrar la
existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posici\u00f3n del Presidente, de
supremac\u00eda, y la de los dem\u00e1s miembros del Gobierno. Nuestra Constituci\u00f3n y, por tanto,
tambi\u00e9n la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.
Se mantiene, como no pod\u00eda ser de otra manera, el car\u00e1cter disponible de los
Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formaci\u00f3n concreta del Gobierno depender\u00e1
de la decisi\u00f3n del Presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar
cualitativamente el n\u00famero de categor\u00edas de quienes pueden ser miembros del Gobierno aun
cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del art\u00edculo 98.1. En este
sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los Ministros sin cartera, no cabe
duda de que su consideraci\u00f3n es precisamente la de Ministros. Y desde esa posici\u00f3n,
desempe\u00f1an una funci\u00f3n pol\u00edtica, encarg\u00e1ndose de tareas que no corresponden, en
principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes. No son, en consecuencia,
esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el art\u00edculo 98.1 de la
Constituci\u00f3n.
Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta por potenciar su \u00abstatus\u00bb y su
\u00e1mbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Ser\u00e1n \u00f3rganos de colaboraci\u00f3n muy
cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto
de \u00f3rganos de colaboraci\u00f3n y apoyo en virtud de su fundamental misi\u00f3n al frente de
importantes parcelas de actividad pol\u00edtica y administrativa, lo que les convierte, junto con los
Ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administraci\u00f3n.
El texto regula, asimismo, la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del
Gobierno y los Gabinetes.
El T\u00edtulo II se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno -cumpliendo el
mandato contenido en el art\u00edculo 98.4 de la Constituci\u00f3n- y, en especial, los requisitos de
acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el r\u00e9gimen de
incompatibilidades.
Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e
incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el r\u00e9gimen de nombramiento y cese de
los Directores de Gabinete.
En el T\u00edtulo III se pormenorizan, dentro de los l\u00f3gicos l\u00edmites que impone el rango de la
norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atenci\u00f3n al Consejo de
Ministros y a los dem\u00e1s \u00f3rganos del Gobierno y de colaboraci\u00f3n y apoyo al mismo. Tambi\u00e9n
se incluye una referencia especial a la delegaci\u00f3n de competencias, fijando con claridad sus
l\u00edmites, as\u00ed como las materias que resultan indelegables.
El T\u00edtulo IV se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones, una de las
principales novedades de la Ley, con base en el principio de lealtad constitucional,
delimitando su propia posici\u00f3n constitucional y entendiendo que el objetivo \u00faltimo de toda su
actuaci\u00f3n radica en la consecuci\u00f3n de un normal desarrollo del proceso de formaci\u00f3n del
nuevo Gobierno.
Por \u00faltimo, en el T\u00edtulo V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de
la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que
interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento,
y culminando con la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley.<\/strong>
Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al
procedimiento de elaboraci\u00f3n de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y
resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo,

el texto procede a una ordenaci\u00f3n de las normas reglamentarias con base en los principios
de jerarqu\u00eda y de competencia, criterio este \u00faltimo que preside la relaci\u00f3n entre los Reales
Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya
parcela propia se sit\u00faa en la materia funcional y operativa del \u00f3rgano complejo que es el
Gobierno.
Finalmente, se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno, de
conformidad con lo establecido por nuestra Constituci\u00f3n y por nuestra jurisprudencia
constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jur\u00eddico de toda la actividad
del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
T\u00cdTULO I
Del Gobierno: composici\u00f3n, organizaci\u00f3n y \u00f3rganos de colaboraci\u00f3n y apoyo
CAP\u00cdTULO I
Del Gobierno, su composici\u00f3n, organizaci\u00f3n y funciones
Art\u00edculo 1. Del Gobierno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. El Gobierno dirige la pol\u00edtica interior y exterior, la Administraci\u00f3n civil y militar y la
    defensa del Estado<\/strong>. Ejerce la funci\u00f3n ejecutiv<\/strong>a y la potestad reglamentaria<\/strong> de acuerdo con la
    Constituci\u00f3n y las leyes.<\/li>\n\n\n\n
  2. El Gobierno se compone del Presidente,<\/strong> del Vicepresidente<\/strong> o Vicepresidentes<\/strong>, en su
    caso, y de los Ministros.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  3. Los miembros del Gobierno se re\u00fanen<\/strong> en Consejo de Ministros<\/strong> y en Comisiones
    Delegadas del Gobierno.<\/strong>
    Art\u00edculo 2. Del Presidente del Gobierno.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  4. El Presidente dirige la acci\u00f3n del Gobierno<\/strong> y coordina las funciones de los dem\u00e1s
    miembros del mismo<\/strong>, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los
    Ministros en su gesti\u00f3n.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  5. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:
    a) Representar al Gobierno.<\/strong>
    b) Establecer el programa pol\u00edtico del Gobierno<\/strong> y determinar las directrices de la pol\u00edtica
    interior y exterior y velar por su cumplimiento.<\/strong>
    c) Proponer al Rey, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros, la disoluci\u00f3n del
    Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.<\/strong>
    d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberaci\u00f3n del Consejo de
    Ministros, la cuesti\u00f3n de confianza.<\/strong>
    e) Proponer al Rey la convocatoria de un refer\u00e9ndum consultivo, previa autorizaci\u00f3n del
    Congreso de los Diputados.<\/strong>
    f) Dirigir la pol\u00edtica de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones
    previstas en la legislaci\u00f3n reguladora de la defensa nacional y de la organizaci\u00f3n militar.
    g) Convocar, presidir y fijar el orden del d\u00eda de las reuniones del Consejo de Ministros,
    sin perjuicio de lo previsto en el art\u00edculo 62.g) de la Constituci\u00f3n.
    h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanci\u00f3n, las leyes y
    dem\u00e1s normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 64 y 91 de la
    Constituci\u00f3n.
    i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
    j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, as\u00ed
    como las Secretar\u00edas de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobaci\u00f3n de la estructura
    org\u00e1nica de la Presidencia del Gobierno.
    k) Proponer al Rey el nombramiento y separaci\u00f3n de los Vicepresidentes y de los
    Ministros.
    l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes
    Ministerios.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 6
    m) Impartir instrucciones a los dem\u00e1s miembros del Gobierno.
    n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constituci\u00f3n y las leyes.
    Art\u00edculo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  6. Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponder\u00e1 el ejercicio de
    las funciones que les encomiende el Presidente.<\/li>\n\n\n\n
  7. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentar\u00e1,
    adem\u00e1s, la condici\u00f3n de Ministro.
    Art\u00edculo 4. De los Ministros.<\/li>\n\n\n\n
  8. Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y
    responsabilidad en la esfera espec\u00edfica de su actuaci\u00f3n, y les corresponde el ejercicio de las
    siguientes funciones:
    a) Desarrollar la acci\u00f3n del Gobierno en el \u00e1mbito de su Departamento, de conformidad
    con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del
    Gobierno.
    b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
    c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de
    organizaci\u00f3n y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
    d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.<\/li>\n\n\n\n
  9. Adem\u00e1s de los Ministros titulares de un Departamento, podr\u00e1n existir Ministros sin
    cartera, a los que se les atribuir\u00e1 la responsabilidad de determinadas funciones
    gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se
    determinar\u00e1 el \u00e1mbito de sus competencias, la estructura administrativa, as\u00ed como los
    medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.
    Art\u00edculo 5. Del Consejo de Ministros.<\/li>\n\n\n\n
  10. Al Consejo de Ministros, como \u00f3rgano colegiado del Gobierno, le corresponde el
    ejercicio de las siguientes funciones:
    a) Aprobar los proyectos de ley y su remisi\u00f3n al Congreso de los Diputados o, en su
    caso, al Senado.
    b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
    c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
    d) Acordar la negociaci\u00f3n y firma de Tratados internacionales, as\u00ed como su aplicaci\u00f3n
    provisional.
    e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los t\u00e9rminos previstos
    en los art\u00edculos 94 y 96.2 de la Constituci\u00f3n.
    f) Declarar los estados de alarma y de excepci\u00f3n y proponer al Congreso de los
    Diputados la declaraci\u00f3n del estado de sitio.
    g) Disponer la emisi\u00f3n de Deuda P\u00fablica o contraer cr\u00e9dito, cuando haya sido autorizado
    por una Ley.
    h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecuci\u00f3n de las leyes, previo dictamen
    del Consejo de Estado, as\u00ed como las dem\u00e1s disposiciones reglamentarias que procedan.
    i) Crear, modificar y suprimir los \u00f3rganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
    j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los \u00f3rganos de la
    Administraci\u00f3n General del Estado.
    k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constituci\u00f3n, las leyes y cualquier
    otra disposici\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  11. A las reuniones del Consejo de Ministros podr\u00e1n asistir los Secretarios de Estado y
    excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo
    dispuesto en los tratados internacionales v\u00e1lidamente celebrados por Espa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n
  12. Las deliberaciones del Consejo de Ministros ser\u00e1n secretas.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 7
    Art\u00edculo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  13. La creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y supresi\u00f3n de las Comisiones Delegadas del Gobierno ser\u00e1
    acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del
    Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  14. El Real Decreto de creaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Delegada deber\u00e1 especificar, en todo
    caso:
    a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisi\u00f3n.
    b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
    c) Las funciones que se atribuyen a la Comisi\u00f3n.
    d) El miembro de la Comisi\u00f3n al que corresponde la Secretar\u00eda de la misma.
    e) El r\u00e9gimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.<\/li>\n\n\n\n
  15. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr\u00e1n ser convocados a las
    reuniones de las Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros \u00f3rganos superiores y
    directivos de la Administraci\u00f3n General del Estado que se estime conveniente.<\/li>\n\n\n\n
  16. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como \u00f3rganos colegiados del Gobierno:
    a) Examinar las cuestiones de car\u00e1cter general que tengan relaci\u00f3n con varios de los
    Departamentos Ministeriales que integren la Comisi\u00f3n.
    b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboraci\u00f3n
    de una propuesta conjunta previa a su resoluci\u00f3n por el Consejo de Ministros.
    c) Resolver los asuntos que, afectando a m\u00e1s de un Ministerio, no requieran ser
    elevados al Consejo de Ministros.
    d) Ejercer cualquier otra atribuci\u00f3n que les confiera el ordenamiento jur\u00eddico o que les
    delegue el Consejo de Ministros.<\/li>\n\n\n\n
  17. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno ser\u00e1n secretas.
    CAP\u00cdTULO II
    De los \u00f3rganos de colaboraci\u00f3n y apoyo del Gobierno
    Art\u00edculo 7. De los Secretarios de Estado.<\/li>\n\n\n\n
  18. Los Secretarios de Estado son \u00f3rganos superiores de la Administraci\u00f3n General del
    Estado, directamente responsables de la ejecuci\u00f3n de la acci\u00f3n del Gobierno en un sector
    de actividad espec\u00edfica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  19. Act\u00faan bajo la direcci\u00f3n del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando
    est\u00e9n adscritos a la Presidencia del Gobierno, act\u00faan bajo la direcci\u00f3n del Presidente.<\/li>\n\n\n\n
  20. Las competencias de los Secretarios de Estado son las que se determinan en la Ley
    de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado.
    Art\u00edculo 8. De la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.<\/li>\n\n\n\n
  21. La Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estar\u00e1 integrada por
    los titulares de las Secretar\u00edas de Estado y por los Subsecretarios de los distintos
    Departamentos Ministeriales.
    Asistir\u00e1 igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de
    Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por raz\u00f3n de
    la materia de que se trate.<\/li>\n\n\n\n
  22. La Presidencia de la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
    corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la
    Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisi\u00f3n, la presidencia recaer\u00e1 en
    el Ministro que corresponda seg\u00fan el orden de precedencia de los Departamentos
    ministeriales. No se entender\u00e1 por ausencia la interrupci\u00f3n transitoria en la asistencia a la
    reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente
    ser\u00e1n ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de
    precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 8<\/li>\n\n\n\n
  23. La Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ser\u00e1
    ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad,
    actuar\u00e1 como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  24. Las deliberaciones de la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
    ser\u00e1n reservadas. En ning\u00fan caso la Comisi\u00f3n podr\u00e1 adoptar decisiones o acuerdos por
    delegaci\u00f3n del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  25. Corresponde a la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:
    a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobaci\u00f3n del Consejo de
    Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la
    categor\u00eda de oficiales generales y aqu\u00e9llos que, excepcionalmente y por razones de
    urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
    b) El an\u00e1lisis o discusi\u00f3n de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de
    Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la
    Comisi\u00f3n por su presidente.<\/li>\n\n\n\n
  26. La Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios podr\u00e1 celebrar
    sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electr\u00f3nicos, siempre que los
    miembros participantes se encuentren en territorio espa\u00f1ol y quede acreditada su identidad.
    Asimismo, se deber\u00e1 asegurar la comunicaci\u00f3n entre ellos en tiempo real durante la sesi\u00f3n,
    disponi\u00e9ndose los medios necesarios para garantizar el car\u00e1cter secreto o reservado de sus
    deliberaciones.
    Art\u00edculo 9. Del Secretariado del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  27. El Secretariado del Gobierno, como \u00f3rgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las
    Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisi\u00f3n General de Secretarios de Estado y
    Subsecretarios, ejercer\u00e1 las siguientes funciones:
    a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
    b) La remisi\u00f3n de las convocatorias a los diferentes miembros de los \u00f3rganos colegiados
    anteriormente enumerados.
    c) La colaboraci\u00f3n con las Secretar\u00edas T\u00e9cnicas de las Comisiones Delegadas del
    Gobierno.
    d) El archivo y custodia de las convocatorias, \u00f3rdenes del d\u00eda y actas de las reuniones.
    e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulaci\u00f3n aplicables a las
    iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad t\u00e9cnica de las disposiciones
    aprobadas por el Gobierno.
    f) Velar por la correcta y fiel publicaci\u00f3n de las disposiciones y normas emanadas del
    Gobierno que deban insertarse en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
  28. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como \u00f3rgano de asistencia al Ministro de la
    Presidencia, ejercer\u00e1 las siguientes funciones:
    a) Los tr\u00e1mites relativos a la sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n real de las leyes aprobadas por las
    Cortes Generales y la expedici\u00f3n de los Reales Decretos.
    b) La tramitaci\u00f3n de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al
    Presidente del Gobierno.
    c) La tramitaci\u00f3n de los actos y disposiciones que el ordenamiento jur\u00eddico atribuye a la
    competencia del Presidente del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  29. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura org\u00e1nica del Ministerio de la
    Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El
    Director del Secretariado del Gobierno ejercer\u00e1 la secretar\u00eda adjunta de la Comisi\u00f3n General
    de Secretarios de Estado y Subsecretarios.<\/li>\n\n\n\n
  30. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas
    que rigen la elaboraci\u00f3n de las disposiciones de car\u00e1cter general, el Secretariado del
    Gobierno propondr\u00e1 al Ministro de la Presidencia la aprobaci\u00f3n de las instrucciones que han
    de seguirse para la tramitaci\u00f3n de asuntos ante los \u00f3rganos colegiados del Gobierno y los
    dem\u00e1s previstos en el apartado segundo de este art\u00edculo. Las instrucciones prever\u00e1n
    expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 9
    electr\u00f3nicos, que deber\u00e1n asegurar la identidad de los \u00f3rganos intervinientes y la fehaciencia
    del contenido.
    Art\u00edculo 10. De los Gabinetes.<\/li>\n\n\n\n
  31. Los Gabinetes son \u00f3rganos de apoyo pol\u00edtico y t\u00e9cnico del Presidente del Gobierno,
    de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los
    Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ning\u00fan caso
    puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los \u00f3rganos de la
    Administraci\u00f3n General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de
    su asistencia o pertenencia a \u00f3rganos colegiados que adopten decisiones administrativas.
    Asimismo, los directores de los gabinetes podr\u00e1n dictar los actos administrativos propios de
    la jefatura de la unidad que dirigen.
    Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y
    Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor pol\u00edtica, en el cumplimiento de las tareas
    de car\u00e1cter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organizaci\u00f3n
    administrativa.
    El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regular\u00e1 por Real Decreto del Presidente
    en el que se determinar\u00e1, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de
    Gabinetes se regular\u00e1 por lo dispuesto en esta Ley.<\/li>\n\n\n\n
  32. Los Directores de Gabinete tendr\u00e1n el nivel org\u00e1nico que se determine
    reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendr\u00e1n la situaci\u00f3n y grado
    administrativo que les corresponda en virtud de la legislaci\u00f3n correspondiente.<\/li>\n\n\n\n
  33. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de
    Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecu\u00e1ndose,
    en todo caso, a las retribuciones de la Administraci\u00f3n General del Estado.
    T\u00cdTULO II
    Del estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de
    los Directores de los Gabinetes
    CAP\u00cdTULO I
    De los miembros del Gobierno
    Art\u00edculo 11. De los requisitos de acceso al cargo.
    Para ser miembro del Gobierno se requiere ser espa\u00f1ol, mayor de edad, disfrutar de los
    derechos de sufragio activo y pasivo, as\u00ed como no estar inhabilitado para ejercer empleo o
    cargo p\u00fablico por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad
    previstos en la Ley 3\/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
    Administraci\u00f3n General del Estado.
    Art\u00edculo 12. Del nombramiento y cese.<\/li>\n\n\n\n
  34. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producir\u00e1 en los t\u00e9rminos
    previstos en la Constituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  35. Los Vicepresidentes y Ministros ser\u00e1n nombrados y separados por el Rey, a propuesta
    del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevar\u00e1 el cese en el puesto que, en su
    caso, se estuviera desempe\u00f1ando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se
    designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese
    en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejar\u00e1 constancia de esta
    circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separaci\u00f3n de los Ministros sin cartera
    llevar\u00e1 aparejada la extinci\u00f3n de dichos \u00f3rganos.
    2 bis. En el nombramiento de las personas titulares de las Vicepresidencias y los
    Ministerios se garantizar\u00e1 el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de
    forma que cada uno de los sexos suponga como m\u00ednimo el cuarenta por ciento en su
    conjunto.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 10<\/li>\n\n\n\n
  36. La separaci\u00f3n de los Vicepresidentes del Gobierno llevar\u00e1 aparejada la extinci\u00f3n de
    dichos \u00f3rganos, salvo el caso en que simult\u00e1neamente se designe otro vicepresidente en
    sustituci\u00f3n del separado.<\/li>\n\n\n\n
  37. Por Real Decreto se regular\u00e1 el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del
    Gobierno tras su cese.
    Art\u00edculo 13. De la suplencia.<\/li>\n\n\n\n
  38. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del
    Gobierno ser\u00e1n asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden
    de prelaci\u00f3n, y, en defecto de ellos, por los Ministros, seg\u00fan el orden de precedencia de los
    Departamentos.<\/li>\n\n\n\n
  39. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su
    competencia, ser\u00e1 determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo
    recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresar\u00e1 entre otras
    cuestiones la causa y el car\u00e1cter de la suplencia.<\/li>\n\n\n\n
  40. No se entender\u00e1 por ausencia la interrupci\u00f3n transitoria de la asistencia a la reuni\u00f3n
    de un \u00f3rgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al
    miembro del gobierno durante esa situaci\u00f3n ser\u00e1n ejercidas por la siguiente autoridad en
    rango presente.
    Art\u00edculo 14. Del r\u00e9gimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  41. Los miembros del Gobierno no podr\u00e1n ejercer otras funciones representativas que las
    propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra funci\u00f3n p\u00fablica que no derive de su
    cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.<\/li>\n\n\n\n
  42. Ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n, asimismo, a los miembros del Gobierno el r\u00e9gimen de
    incompatibilidades de los altos cargos de la Administraci\u00f3n General del Estado.
    CAP\u00cdTULO II
    De los Secretarios de Estado
    Art\u00edculo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de
    Estado.<\/li>\n\n\n\n
  43. Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo
    de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno
    a cuyo Departamento pertenezcan.<\/li>\n\n\n\n
  44. La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinar\u00e1
    seg\u00fan el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura org\u00e1nica del
    Ministerio.<\/li>\n\n\n\n
  45. Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno
    ser\u00e1n suplidos por quien designe el Presidente.<\/li>\n\n\n\n
  46. Es de aplicaci\u00f3n a los Secretarios de Estado el r\u00e9gimen de incompatibilidades previsto
    para los altos cargos de la Administraci\u00f3n General del Estado.
    CAP\u00cdTULO III
    De los Directores de los Gabinetes de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y
    Secretarios de Estado
    Art\u00edculo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes.<\/li>\n\n\n\n
  47. Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los
    Ministros ser\u00e1n nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de
    Ministros.<\/li>\n\n\n\n
  48. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado ser\u00e1n nombrados por Orden
    Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 11<\/li>\n\n\n\n
  49. Los Directores de los Gabinetes cesar\u00e1n autom\u00e1ticamente cuando cese el titular del
    cargo del que dependen. En el supuesto del Gobierno en funciones continuar\u00e1n hasta la
    formaci\u00f3n del nuevo Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  50. Los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere este art\u00edculo
    pasar\u00e1n a la situaci\u00f3n de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la
    situaci\u00f3n de servicio activo en su Administraci\u00f3n de origen.
    Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendr\u00e1
    derecho a la reserva del puesto y antig\u00fcedad, conforme a lo dispuesto en su legislaci\u00f3n
    espec\u00edfica.
    T\u00cdTULO III
    De las normas de funcionamiento del Gobierno y de la delegaci\u00f3n de
    competencias
    Art\u00edculo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno.
    El Gobierno se rige, en su organizaci\u00f3n y funcionamiento, por la presente Ley y por:
    a) Los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composici\u00f3n y organizaci\u00f3n
    del Gobierno, as\u00ed como de sus \u00f3rganos de colaboraci\u00f3n y apoyo.
    b) Las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuaci\u00f3n emanadas
    del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
    Art\u00edculo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros.<\/li>\n\n\n\n
  51. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros,
    actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.<\/li>\n\n\n\n
  52. Las reuniones del Consejo de Ministros podr\u00e1n tener car\u00e1cter decisorio o deliberante.<\/li>\n\n\n\n
  53. El orden del d\u00eda de las reuniones del Consejo de Ministros se fijar\u00e1 por el Presidente
    del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  54. De las sesiones del Consejo de Ministros se levantar\u00e1 acta en la que figurar\u00e1n,
    exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebraci\u00f3n, la relaci\u00f3n
    de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
    Art\u00edculo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisi\u00f3n
    General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
    A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisi\u00f3n General de Secretarios de
    Estado y Subsecretarios les ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la presente
    Ley en relaci\u00f3n con las actas de dichos \u00f3rganos colegiados.
    Art\u00edculo 20. Delegaci\u00f3n y avocaci\u00f3n de competencias.<\/li>\n\n\n\n
  55. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:
    a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los
    Ministros.
    b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios
    dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut\u00f3nomas y de
    los dem\u00e1s \u00f3rganos directivos del Ministerio.<\/li>\n\n\n\n
  56. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones
    administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  57. No son en ning\u00fan caso delegables las siguientes competencias:
    a) Las atribuidas directamente por la Constituci\u00f3n.
    b) Las relativas al nombramiento y separaci\u00f3n de los altos cargos atribuidas al Consejo
    de Ministros.
    c) Las atribuidas a los \u00f3rganos colegiados del Gobierno, con la excepci\u00f3n prevista en el
    apartado 2 de este art\u00edculo.
    d) Las atribuidas por una ley que proh\u00edba expresamente la delegaci\u00f3n.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 12<\/li>\n\n\n\n
  58. El Consejo de Ministros podr\u00e1 avocar para s\u00ed, a propuesta del Presidente del
    Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisi\u00f3n corresponda a las Comisiones
    Delegadas del Gobierno.
    La avocaci\u00f3n se realizar\u00e1 mediante acuerdo motivado al efecto, del que se har\u00e1 menci\u00f3n
    expresa en la decisi\u00f3n que se adopte en el ejercicio de la avocaci\u00f3n. Contra el acuerdo de
    avocaci\u00f3n no cabr\u00e1 recurso, aunque podr\u00e1 impugnarse en el que, en su caso, se interponga
    contra la decisi\u00f3n adoptada.
    T\u00cdTULO IV
    Del Gobierno en funciones
    Art\u00edculo 21. Del Gobierno en funciones.<\/li>\n\n\n\n
  59. El Gobierno cesa tras la celebraci\u00f3n de elecciones generales, en los casos de p\u00e9rdida
    de confianza parlamentaria previstos en la Constituci\u00f3n, o por dimisi\u00f3n o fallecimiento de su
    Presidente.<\/li>\n\n\n\n
  60. El Gobierno cesante contin\u00faa en funciones hasta la toma de posesi\u00f3n del nuevo
    Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.<\/li>\n\n\n\n
  61. El Gobierno en funciones facilitar\u00e1 el normal desarrollo del proceso de formaci\u00f3n del
    nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitar\u00e1 su gesti\u00f3n al despacho
    ordinario de los asuntos p\u00fablicos, absteni\u00e9ndose de adoptar, salvo casos de urgencia
    debidamente acreditados o por razones de inter\u00e9s general cuya acreditaci\u00f3n expresa as\u00ed lo
    justifique, cualesquiera otras medidas.<\/li>\n\n\n\n
  62. El Presidente del Gobierno en funciones no podr\u00e1 ejercer las siguientes facultades:
    a) Proponer al Rey la disoluci\u00f3n de alguna de las C\u00e1maras, o de las Cortes Generales.
    b) Plantear la cuesti\u00f3n de confianza.
    c) Proponer al Rey la convocatoria de un refer\u00e9ndum consultivo.<\/li>\n\n\n\n
  63. El Gobierno en funciones no podr\u00e1 ejercer las siguientes facultades:
    a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
    b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.<\/li>\n\n\n\n
  64. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedar\u00e1n en
    suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno est\u00e9 en funciones como consecuencia de
    la celebraci\u00f3n de elecciones generales.
    T\u00cdTULO V
    De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
    Art\u00edculo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.
    El Gobierno ejercer\u00e1 la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los
    principios y reglas establecidos en el T\u00edtulo VI de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del
    Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y en el presente
    T\u00edtulo.
    Art\u00edculo 23. Disposiciones de entrada en vigor.
    Sin perjuicio de lo establecido en el art\u00edculo 2.1 del C\u00f3digo Civil, las disposiciones de
    entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobaci\u00f3n o propuesta corresponda al
    Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas f\u00edsicas o
    jur\u00eddicas que desempe\u00f1en una actividad econ\u00f3mica o profesional como consecuencia del
    ejercicio de \u00e9sta, prever\u00e1n el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes
    a su aprobaci\u00f3n.
    Lo previsto en este art\u00edculo no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a los reales decretos-leyes, ni cuando
    el cumplimiento del plazo de transposici\u00f3n de directivas europeas u otras razones
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 13
    justificadas as\u00ed lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la
    respectiva Memoria.
    Art\u00edculo 24. De la forma y jerarqu\u00eda de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la
    Naci\u00f3n y de sus miembros.<\/li>\n\n\n\n
  65. Las decisiones del Gobierno de la Naci\u00f3n y de sus miembros revisten las formas
    siguientes:
    a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban,
    respectivamente, las normas previstas en los art\u00edculos 82 y 86 de la Constituci\u00f3n.
    b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopci\u00f3n
    venga atribuida al Presidente.
    c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben
    normas reglamentarias de la competencia de \u00e9ste y las resoluciones que deban adoptar
    dicha forma jur\u00eddica.
    d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho \u00f3rgano colegiado que no
    deban adoptar la forma de Real Decreto.
    e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y
    resoluciones de tales \u00f3rganos colegiados. Tales acuerdos revestir\u00e1n la forma de Orden del
    Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a
    distintos Ministros.
    f) \u00d3rdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la
    disposici\u00f3n o resoluci\u00f3n afecte a varios Departamentos revestir\u00e1 la forma de Orden del
    Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.<\/li>\n\n\n\n
  66. Los reglamentos se ordenar\u00e1n seg\u00fan la siguiente jerarqu\u00eda:
    1.\u00ba Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado
    en el Consejo de Ministros.
    2.\u00ba Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
    Art\u00edculo 25. Plan Anual Normativo.<\/li>\n\n\n\n
  67. El Gobierno aprobar\u00e1 anualmente un Plan Normativo que contendr\u00e1 las iniciativas
    legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobaci\u00f3n en el a\u00f1o
    siguiente.<\/li>\n\n\n\n
  68. El Plan Anual Normativo identificar\u00e1, con arreglo a los criterios que se establezcan
    reglamentariamente, las normas que habr\u00e1n de someterse a un an\u00e1lisis sobre los resultados
    de su aplicaci\u00f3n, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administraci\u00f3n
    o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos \u00faltimos.<\/li>\n\n\n\n
  69. Cuando se eleve para su aprobaci\u00f3n por el \u00f3rgano competente una propuesta
    normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente art\u00edculo
    ser\u00e1 necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del An\u00e1lisis de Impacto
    Normativo.<\/li>\n\n\n\n
  70. El Plan Anual Normativo estar\u00e1 coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el
    objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar
    sucesivas modificaciones del r\u00e9gimen legal aplicable a un determinado sector o \u00e1rea de
    actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevar\u00e1 el Plan al
    Consejo de Ministros para su aprobaci\u00f3n antes del 30 de abril.
    Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobar\u00e1n los modelos que contengan la
    informaci\u00f3n a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusi\u00f3n en el Plan.
    Art\u00edculo 26. Procedimiento de elaboraci\u00f3n de normas con rango de Ley y reglamentos.
    La elaboraci\u00f3n de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y
    de normas reglamentarias se ajustar\u00e1 al siguiente procedimiento:<\/li>\n\n\n\n
  71. Su redacci\u00f3n estar\u00e1 precedida de cuantos estudios y consultas se estimen
    convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.<\/li>\n\n\n\n
  72. Se sustanciar\u00e1 una consulta p\u00fablica, a trav\u00e9s del portal web del departamento
    competente, con car\u00e1cter previo a la elaboraci\u00f3n del texto, en la que se recabar\u00e1 opini\u00f3n de
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 14
    los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones m\u00e1s
    representativas acerca de:
    a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
    b) La necesidad y oportunidad de su aprobaci\u00f3n.
    c) Los objetivos de la norma.
    d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
    Podr\u00e1 prescindirse del tr\u00e1mite de consulta p\u00fablica previsto en este apartado cuando
    concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
    a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administraci\u00f3n
    General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a \u00e9stas.
    b) Cuando concurran razones graves de inter\u00e9s p\u00fablico que lo justifiquen.
    c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
    econ\u00f3mica.
    d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.
    e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia.
    f) Cuando se acuerde la tramitaci\u00f3n urgente de iniciativas normativas, en los t\u00e9rminos
    previstos en el art\u00edculo 27.2.
    La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se
    justificar\u00e1n en la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo.
    La consulta p\u00fablica deber\u00e1 realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios
    de la norma tengan la posibilidad de emitir su opini\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 proporcionarse un
    tiempo suficiente, que en ning\u00fan caso ser\u00e1 inferior a quince d\u00edas naturales.<\/li>\n\n\n\n
  73. El centro directivo competente elaborar\u00e1 con car\u00e1cter preceptivo una Memoria del
    An\u00e1lisis de Impacto Normativo, que deber\u00e1 contener los siguientes apartados:
    a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulaci\u00f3n estudiadas, lo que deber\u00e1
    incluir una justificaci\u00f3n de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no
    aprobar ninguna regulaci\u00f3n.
    b) Contenido y an\u00e1lisis jur\u00eddico, con referencia al Derecho nacional y de la Uni\u00f3n
    Europea, que incluir\u00e1 el listado pormenorizado de las normas que quedar\u00e1n derogadas como
    consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
    c) An\u00e1lisis sobre la adecuaci\u00f3n de la norma propuesta al orden de distribuci\u00f3n de
    competencias.
    d) Impacto econ\u00f3mico y presupuestario, que evaluar\u00e1 las consecuencias de su
    aplicaci\u00f3n sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto
    sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la
    legislaci\u00f3n vigente en cada momento sobre estas materias. Este an\u00e1lisis incluir\u00e1 la
    realizaci\u00f3n del test Pyme de acuerdo con la pr\u00e1ctica de la Comisi\u00f3n Europea.
    e) Asimismo, se identificar\u00e1n las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se
    cuantificar\u00e1 el coste de su cumplimiento para la Administraci\u00f3n y para los obligados a
    soportarlas con especial referencia al impacto sobre las peque\u00f1as y medianas empresas.
    f) Impacto por raz\u00f3n de g\u00e9nero, que analizar\u00e1 y valorar\u00e1 los resultados que se puedan
    seguir de la aprobaci\u00f3n de la norma desde la perspectiva de la eliminaci\u00f3n de desigualdades
    y de su contribuci\u00f3n a la consecuci\u00f3n de los objetivos de igualdad de oportunidades y de
    trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situaci\u00f3n de partida, de
    previsi\u00f3n de resultados y de previsi\u00f3n de impacto.
    g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el tr\u00e1mite de consulta p\u00fablica
    regulado en el apartado 2.
    h) Impacto por raz\u00f3n de cambio clim\u00e1tico, que deber\u00e1 ser valorado en t\u00e9rminos de
    mitigaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n al mismo.
    La Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo incluir\u00e1 cualquier otro extremo que
    pudiera ser relevante a criterio del \u00f3rgano proponente.<\/li>\n\n\n\n
  74. Cuando la disposici\u00f3n normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real
    decreto legislativo, cumplidos los tr\u00e1mites anteriores, el titular o titulares de los
    Departamentos proponentes lo elevar\u00e1n, previo sometimiento a la Comisi\u00f3n General de
    Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que \u00e9ste decida
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 15
    sobre los ulteriores tr\u00e1mites y, en particular, sobre las consultas, dict\u00e1menes e informes que
    resulten convenientes, as\u00ed como sobre los t\u00e9rminos de su realizaci\u00f3n, sin perjuicio de los
    legalmente preceptivos.
    Cuando razones de urgencia as\u00ed lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado
    los tr\u00e1mites de car\u00e1cter preceptivo, el Consejo de Ministros podr\u00e1 prescindir de este y
    acordar la aprobaci\u00f3n del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su
    remisi\u00f3n, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, seg\u00fan corresponda.<\/li>\n\n\n\n
  75. A lo largo del procedimiento de elaboraci\u00f3n de la norma, el centro directivo
    competente recabar\u00e1, adem\u00e1s de los informes y dict\u00e1menes que resulten preceptivos,
    cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la
    legalidad del texto.
    Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitir\u00e1n
    en un plazo de diez d\u00edas, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administraci\u00f3n o a
    un \u00f3rgano u Organismo dotado de especial independencia o autonom\u00eda.
    El centro directivo competente podr\u00e1 solicitar motivadamente la emisi\u00f3n urgente de los
    informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no
    superior a la mitad de la duraci\u00f3n de los indicados en el p\u00e1rrafo anterior.
    En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los
    proyectos de disposiciones reglamentarias, deber\u00e1n ser informados por la Secretar\u00eda
    General T\u00e9cnica del Ministerio o Ministerios proponentes.
    Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organizaci\u00f3n administrativa de la
    Administraci\u00f3n General del Estado, a su r\u00e9gimen de personal, a los procedimientos y a la
    inspecci\u00f3n de los servicios, ser\u00e1 necesario recabar la aprobaci\u00f3n previa del Ministerio de
    Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica una vez emitidos el resto de informes que conformen el
    expediente, a excepci\u00f3n en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser
    sometida al \u00f3rgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 d\u00edas desde la
    recepci\u00f3n de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado
    ninguna objeci\u00f3n, se entender\u00e1 concedida la aprobaci\u00f3n.
    Ser\u00e1 adem\u00e1s necesario informe previo del Ministerio de Pol\u00edtica Territorial cuando la
    norma pudiera afectar a la distribuci\u00f3n de las competencias entre el Estado y las
    Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/li>\n\n\n\n
  76. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacci\u00f3n del texto de la iniciativa, cuando la
    norma afecte a los derechos e intereses leg\u00edtimos de las personas, el centro directivo
    competente publicar\u00e1 el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar
    audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan
    hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podr\u00e1 recabarse directamente la opini\u00f3n
    de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
    personas cuyos derechos o intereses leg\u00edtimos se vieren afectados por la norma y cuyos
    fines guarden relaci\u00f3n directa con su objeto.
    El plazo m\u00ednimo de esta audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablicas ser\u00e1 de 15 d\u00edas h\u00e1biles, y
    podr\u00e1 ser reducido hasta un m\u00ednimo de siete d\u00edas h\u00e1biles cuando razones debidamente
    motivadas as\u00ed lo justifiquen; as\u00ed como cuando se aplique la tramitaci\u00f3n urgente de iniciativas
    normativas, tal y como se establece en el art\u00edculo 27.2. De ello deber\u00e1 dejarse constancia en
    la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo.
    El tr\u00e1mite de audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1 omitirse cuando existan graves
    razones de inter\u00e9s p\u00fablico, que deber\u00e1n justificarse en la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto
    Normativo. Asimismo, no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las disposiciones presupuestarias o que
    regulen los \u00f3rganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones
    dependientes o vinculadas a \u00e9stas.<\/li>\n\n\n\n
  77. Se recabar\u00e1 el dictamen del Consejo de Estado u \u00f3rgano consultivo equivalente
    cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.<\/li>\n\n\n\n
  78. Cumplidos los tr\u00e1mites anteriores, la propuesta se someter\u00e1 a la Comisi\u00f3n General de
    Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevar\u00e1 al Consejo de Ministros para su
    aprobaci\u00f3n y, en caso de proyectos de ley, su remisi\u00f3n al Congreso de los Diputados o, en
    su caso, al Senado, acompa\u00f1\u00e1ndolo de una Exposici\u00f3n de Motivos y de la documentaci\u00f3n
    propia del procedimiento de elaboraci\u00f3n a que se refieren las letras b) y d) del art\u00edculo 7 de
    la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen
    gobierno y su normativa de desarrollo.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 16<\/li>\n\n\n\n
  79. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinaci\u00f3n y la calidad
    de la actividad normativa del Gobierno analizar\u00e1 los siguientes aspectos:
    a) La calidad t\u00e9cnica y el rango de la propuesta normativa.
    b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jur\u00eddico, nacional y de la
    Uni\u00f3n Europea, con otras que se est\u00e9n elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a
    hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, as\u00ed como con las que se est\u00e9n tramitando
    en las Cortes Generales.
    c) La necesidad de incluir la derogaci\u00f3n expresa de otras normas, as\u00ed como de refundir
    en la nueva otras existentes en el mismo \u00e1mbito.
    d) El contenido preceptivo de la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo y, en
    particular, la inclusi\u00f3n de una sistem\u00e1tica de evaluaci\u00f3n posterior de la aplicaci\u00f3n de la
    norma cuando fuere preceptivo.
    e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este T\u00edtulo.
    f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducci\u00f3n de
    cargas administrativas o buena regulaci\u00f3n que se hayan aprobado en disposiciones o
    acuerdos de car\u00e1cter general para la Administraci\u00f3n General del Estado.
    g) La posible extralimitaci\u00f3n de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma
    comunitaria que se trasponga al derecho interno.
    Reglamentariamente se determinar\u00e1 la composici\u00f3n del \u00f3rgano encargado de la
    realizaci\u00f3n de esta funci\u00f3n as\u00ed como su modo de intervenci\u00f3n en el procedimiento.<\/li>\n\n\n\n
  80. Se conservar\u00e1n en el correspondiente expediente administrativo, en formato
    electr\u00f3nico, la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo, los informes y dict\u00e1menes
    recabados para su tramitaci\u00f3n, as\u00ed como todos los estudios y consultas emitidas y dem\u00e1s
    actuaciones practicadas.<\/li>\n\n\n\n
  81. Lo dispuesto en este art\u00edculo y en el siguiente no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n para la
    tramitaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de decretos-leyes, a excepci\u00f3n de la elaboraci\u00f3n de la memoria
    prevista en el apartado 3, con car\u00e1cter abreviado, y lo establecido en los n\u00fameros 1, 8, 9
    y 10.
    Art\u00edculo 27. Tramitaci\u00f3n urgente de iniciativas normativas en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n
    General del Estado.<\/li>\n\n\n\n
  82. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda
    la iniciativa normativa, podr\u00e1 acordar la tramitaci\u00f3n urgente del procedimiento de elaboraci\u00f3n
    y aprobaci\u00f3n de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en
    alguno de los siguientes casos:
    a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la
    transposici\u00f3n de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho
    de la Uni\u00f3n Europea.
    b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido
    preverse con anterioridad, exijan la aprobaci\u00f3n urgente de la norma.
    La Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo que acompa\u00f1e al proyecto mencionar\u00e1 la
    existencia del acuerdo de tramitaci\u00f3n urgente, as\u00ed como las circunstancias que le sirven de
    fundamento.<\/li>\n\n\n\n
  83. La tramitaci\u00f3n por v\u00eda de urgencia implicar\u00e1 que:
    a) Los plazos previstos para la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites del procedimiento de
    elaboraci\u00f3n, establecidos en \u00e9sta o en otra norma, se reducir\u00e1n a la mitad de su duraci\u00f3n.
    Si, en aplicaci\u00f3n de la normativa reguladora de los \u00f3rganos consultivos que hubieran de
    emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptar\u00e1 por
    el \u00f3rgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recoger\u00e1 en el acuerdo previsto
    en el apartado 1 de este art\u00edculo.
    b) No ser\u00e1 preciso el tr\u00e1mite de consulta p\u00fablica previsto en el art\u00edculo 26.2, sin perjuicio
    de la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de audiencia p\u00fablica o de informaci\u00f3n p\u00fablica sobre el texto
    a los que se refiere el art\u00edculo 26.6, cuyo plazo de realizaci\u00f3n ser\u00e1 de siete d\u00edas.
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 17
    c) La falta de emisi\u00f3n de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedir\u00e1 la
    continuaci\u00f3n del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporaci\u00f3n y consideraci\u00f3n
    cuando se reciba.
    Art\u00edculo 28. Informe anual de evaluaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  84. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobar\u00e1, antes
    del 30 de abril de cada a\u00f1o, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento
    del Plan Anual Normativo del a\u00f1o anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban
    inicialmente incluidas en el citado Plan, as\u00ed como las incluidas en anteriores informes de
    evaluaci\u00f3n con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en
    el a\u00f1o que se eval\u00faa.<\/li>\n\n\n\n
  85. En el informe se incluir\u00e1n las conclusiones del an\u00e1lisis de la aplicaci\u00f3n de las normas
    a que se refiere el art\u00edculo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria,
    hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluaci\u00f3n se realizar\u00e1 en los
    t\u00e9rminos y plazos previstos en la Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo y deber\u00e1
    comprender, en todo caso:
    a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines
    pretendidos con su aprobaci\u00f3n.
    b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podr\u00edan no
    haber sido necesarias.
    c) La sostenibilidad de la disposici\u00f3n.
    El informe podr\u00e1 contener recomendaciones espec\u00edficas de modificaci\u00f3n y, en su caso,
    derogaci\u00f3n de las normas evaluadas, cuando as\u00ed lo aconsejase el resultado del an\u00e1lisis.
    T\u00cdTULO VI
    Del control del Gobierno
    Art\u00edculo 29. Del control de los actos del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n
  86. El Gobierno est\u00e1 sujeto a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico en toda
    su actuaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
  87. Todos los actos y omisiones del Gobierno est\u00e1n sometidos al control pol\u00edtico de las
    Cortes Generales.<\/li>\n\n\n\n
  88. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una v\u00eda de
    hecho del Gobierno y de los \u00f3rganos y autoridades regulados en la presente Ley son
    impugnables ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto
    en su Ley reguladora.<\/li>\n\n\n\n
  89. La actuaci\u00f3n del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los
    t\u00e9rminos de la Ley Org\u00e1nica reguladora del mismo.
    Disposici\u00f3n adicional primera.
    Quienes hubieran sido Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho t\u00edtulo y
    gozar\u00e1n de todos aquellos derechos, honores y precedencias que legal o
    reglamentariamente se determinen.
    Disposici\u00f3n adicional segunda.
    El Consejo de Estado, supremo \u00f3rgano consultivo del Gobierno, se ajustar\u00e1 en su
    organizaci\u00f3n, funcionamiento y r\u00e9gimen interior, a lo dispuesto en su Ley Org\u00e1nica y en su
    Reglamento, en garant\u00eda de la autonom\u00eda que le corresponde.
    Disposici\u00f3n adicional tercera.<\/li>\n\n\n\n
  90. En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el Presidente
    del Gobierno podr\u00e1 decidir motivadamente que el Consejo de Ministros y las Comisiones
    Delegadas del Gobierno puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a
    BOLET\u00cdN OFICIAL DEL ESTADO
    LEGISLACI\u00d3N CONSOLIDADA
    P\u00e1gina 18
    distancia por medios electr\u00f3nicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en
    territorio espa\u00f1ol y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deber\u00e1 asegurar la
    comunicaci\u00f3n entre ellos en tiempo real durante la sesi\u00f3n, disponi\u00e9ndose los medios
    necesarios para garantizar el car\u00e1cter secreto o reservado de sus deliberaciones.<\/li>\n\n\n\n
  91. A estos efectos, se consideran medios electr\u00f3nicos v\u00e1lidos las audioconferencias y
    videoconferencias.
    Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica. R\u00e9gimen aplicable a los procedimientos de elaboraci\u00f3n de
    normas con rango de ley y reglamentos ya iniciados con car\u00e1cter previo a la modificaci\u00f3n del
    art\u00edculo 26.2 por la Ley Org\u00e1nica de medidas en materia de eficiencia del Servicio P\u00fablico de
    Justicia.
    No ser\u00e1 necesaria la consulta p\u00fablica en aquellos procedimientos de elaboraci\u00f3n de
    normas con rango de ley y reglamentos ya iniciados a la entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica
    de medidas en materia de eficiencia del Servicio P\u00fablico de Justicia, en los que concurra
    cualquiera de las circunstancias previstas en el art\u00edculo 26.2 de esta ley.
    Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica.<\/li>\n\n\n\n
  92. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
    dispuesto en la presente Ley y, en concreto:
    a) Los art\u00edculos que conforme a la disposici\u00f3n derogatoria 2.a) de la Ley de Organizaci\u00f3n
    y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado continuaban vigentes de la Ley
    de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de la Administraci\u00f3n del Estado, texto refundido aprobado por Decreto
    de 26 de julio de 1957.
    b) Los art\u00edculos que conforme a la disposici\u00f3n derogatoria 2.b) de la Ley de Organizaci\u00f3n
    y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado continuaban vigentes de la Ley
    10\/1983, de 16 de agosto, de Organizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Central del Estado.
    c) Los art\u00edculos 48 a 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948.
    d) Los art\u00edculos 129 a 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de
    1958.
    e) Se suprimen las menciones a los Directores de los Gabinetes de los Secretarios de
    Estado contenidas en el art\u00edculo 1.g) de la Ley 12\/1995, de 11 de mayo, de
    Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Naci\u00f3n y de los altos cargos de la
    Administraci\u00f3n General del Estado.
    Por tanto,
    Mando a todos los espa\u00f1oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
    esta Ley.
    Madrid, 27 de noviembre de 1997.
    JUAN CARLOS R.
    El Presidente del Gobierno,
    JOS\u00c9 MAR\u00cdA AZNAR L\u00d3PEZ<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    TEXTO CONSOLIDADO\u00daltima modificaci\u00f3n: 03 de enero de 2025!!!!!JUAN CARLOS IREY DE ESPA\u00d1AA todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguienteLey.EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOSDesde la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en 1978, puede observarse consatisfacci\u00f3n como su esp\u00edritu, principios y articulado han tenido el …<\/p>\n

    Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.<\/span> Leer m\u00e1s »<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11989"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12002,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11989\/revisions\/12002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/todo-derecho.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}