1. El desarrollo económico.
En 1948, la Carta de las Naciones Unidas proclamó como objetivo común de todas
las naciones, por primera vez en la historia, el de promover “niveles de vida más
elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social” (art. 55). La cuestión que abordaremos en este capítulo es en
qué medida ha avanzado la humanidad en el logro de esos objetivos, partiendo de la base de las dificultades, tanto estadísticas como conceptuales, que plantea la medición
del desarrollo económico y humano.
El desarrollo económico en perspectiva histórica
El instrumento más usado para expresar en términos cuantitativos los logros económicos
de un país es el Producto Interior Bruto (PIB), que consiste en el valor
monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un
país durante un período determinado, normalmente un año. El PIB se diferencia del
Producto Nacional Bruto (PNB), otro instrumento estadístico de uso común, porque
el PNB incluye también los ingresos obtenidos en otros países por individuos y empresas
del país en cuestión, y excluye los ingresos obtenidos en ese país por individuos
y empresas extranjeras.
Si el PIB se divide por la población se obtiene el PIB por habitante, que representa
una aproximación útil al nivel de vida medio de un país. Puesto que nuestro
objetivo es medir el crecimiento del PIB a lo largo de los años y efectuar comparaciones
internacionales, se plantean, sin embargo, dos problemas: los precios se modifican
de año en año, normalmente suben, y los niveles de precios varían de país
a país, siendo en general más altos en los países más ricos. Así es que, para medir
y comparar, hace falta recurrir a otros dos instrumentos estadísticos: el índice de
precios y la paridad de poder adquisitivo.
En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula mensualmente un
Índice de Precios de Consumo (IPC) que mide los precios de un conjunto de bienes
y servicios, ponderados según su importancia en el gasto de los hogares que se conoce
mediante encuestas, en el caso de España la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares (ECPF), elaborada trimestralmente por el INE. Se denomina inflación
al crecimiento de los precios que se mide mediante el IPC. Como muchos otros instrumentos
estadísticos, el IPC sólo representa una aproximación a la realidad, pero
resulta muy útil para diversos fines, entre ellos el de calcular el crecimiento real de
la economía durante un período. Para ello el crecimiento nominal, es decir medido
mediante los precios de cada año, debe ser corregido aplicándole un deflactor, es
decir, eliminando el efecto de la inflación (que hace que el crecimiento nominal sea
mayor que el real). Ello permite elaborar series históricas a precios constantes, tomando
como base los precios de un año determinado.
El segundo problema, el de la diferencia del nivel de precios entre los diversos
países, se resuelve de manera similar mediante otro instrumento estadístico, la paridad
de poder adquisitivo, que se establece mediante el cálculo de cuánto cuesta
en cada país adquirir el mismo conjunto de bienes y servicios. Es decir que, al calcular
el valor del PIB de un país en dólares de Estados Unidos según la paridad de
poder adquisitivo, no se utiliza el tipo o tasa de cambio entre la moneda de ese país
y el dólar, sino que se estima lo que cuesta en Estados Unidos adquirir un determiese país. Puesto que en los países más desarrollados los precios son más altos, este
método permite comprobar que la diferencia real entre su PIB y los de los menos
desarrollados es muy grande, pero no tanto como la que resulta si el cálculo se hace
mediante el tipo de cambio de las monedas.
A partir de estos conceptos se puede entender la figura 1.1, que representa el
crecimiento porcentual medio anual del PIB mundial, medido a precios constantes
y de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo, en la segunda mitad del siglo XX.
La tasa media de crecimiento en ese período fue, según esta estimación, del 2,1%
anual. A primera vista puede parecer que no es mucho, pero significa que cada año
el PIB se multiplicó por 1,021 y basta un sencillo cálculo para comprobar que ello
supone que en cincuenta años el PIB se multiplicó por 2,8 y que, de mantenerse esa
tasa, en cien años se multiplicaría por 8. Dicho de otra manera: el mundo producía
en 2001 casi tres veces más bienes y servicios que en 1950. Podemos estar seguros
de que se trata de un ritmo de crecimiento sin precedentes históricos: baste pensar
que si esa tasa se hubiera mantenido durante quinientos años, la producción de
bienes y servicios en 2001 sería ¡más de treinta mil veces mayor! que la de 1501.
Por otra parte, dado que la población mundial se multiplicó en ese mismo período
por 2,4, pasando de poco más de 2.500 millones a casi 6.000 millones, resulta que
el gran crecimiento del Producto Mundial Bruto ha contribuido sobre todo a mantener
esa población incrementada y sólo en menor medida se ha traducido en un incremento
del nivel de vida.
La humanidad ha sabido siempre cuáles son los grandes enemigos de su bienestar.
Una tradición popular cristiana los ha encarnado en una imagen poderosa, la de los
cuatro jinetes del Apocalipsis que asolarían la tierra en vísperas del fin de los tiempos:
el hambre, la peste, la guerra y la muerte. Nosotros dejaremos el tema de la
guerra para un capítulo posterior y abordaremos aquí los avances que en las últimas
décadas se han producido en la lucha contra el hambre y la pobreza, la enfermedad
y la muerte temprana. Cuatro factores, muy interrelacionados entre sí, han contribuido
sobre todo a tales avances: el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo
económico, el avance de la sanidad y el de la educación. De nuevo, dejaremos para
un capítulo posterior uno de estos elementos, el desarrollo científico y tecnológico,
y nos centraremos en los otros tres. Analizaremos primero el desarrollo económico,
prestando atención a la desigualdad entre las naciones, y a continuación examinaremos
los otros componentes del desarrollo humano, en especial la salud y la educación,
que el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo engloba junto al
nivel de desarrollo económico en su Índice de Desarrollo Humano. Quedarán para
otro capítulo los problemas relacionados con los recursos naturales y el impacto
del desarrollo en el medio ambiente.
Los factores del desarrollo económico
Como ha observado el economista estadounidense Charles Kenny, el hecho de que
nueve de los quince países más desarrollados en 1815 sigan encontrándose entre
los quince más desarrollados de hoy sugiere que los orígenes de la desigualdad económica
actual pueden ser bastante remotos. Un estudio reciente sostiene, mediante
un análisis matemático, que las diferencias en el nivel tecnológico entre las regiones
del mundo en el año 1500, y en menor medida incluso en el año 1000 a. C., inciden
en las diferencias de desarrollo de hoy en día, en parte porque la experiencia tecnológica
facilita la capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Según las estimaciones
de este estudio, el Próximo Oriente y China eran las civilizaciones tecnológicamente
más avanzadas en 1000 a. C., por delante de la India y Europa, pero en 1500 era ya
Europa la más avanzada, seguida a poca distancia por China y a más distancia por
India y el Próximo Oriente (Comin, Easterly y Gong, 2006).
Conviene advertir que estas cuatro regiones fundamentales en los orígenes históricos
del desarrollo tecnológico (Europa, el Próximo Oriente, India y China) ocupan
una extensión contigua en las latitudes medias del hemisferio norte, dentro de
un vasto continente, Eurasia, que se prolonga a lo largo de un eje Este-Oeste. Según
el biólogo Jared Diamond, ello ha representado un factor crucial en su desarrollo
histórico, porque la similitud de clima y la relativa facilidad de las comunicaciones
han permitido la difusión de las innovaciones agrícolas y ganaderas desde los tiempos
más remotos. En cambio, las masas terrestres de América y África se disponen
en un eje Norte-Sur, lo que genera una variedad climática que dificulta la difusión de las plantas y el ganado. Su aislamiento geográfico (debido a los océanos y al
desierto del Sahara) respecto a los núcleos de innovación euroasiáticos constituyó
un obstáculo adicional. Por otra parte, la expansión colonial europea, que se inició
en el siglo XVI, permitió la ocupación de las tierras templadas poco pobladas de
América y Oceanía, con resultados desastrosos para sus anteriores pobladores, pero
excelentes para los colonos: ese es el origen de cuatro de los países más desarrollados
del mundo de hoy: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La geografía ha sido también un factor importante en el desarrollo económico
por otros motivos. Entre los factores geográficos cuya influencia más han destacado
diversos autores se hallan la distribución de los climas templados, la de las lluvias
y la de ciertas enfermedades infecciosas. El PIB medio de los países con más lluvia
casi triplicaba en 1990 el de los países más secos.
Ni la historia ni la geografía imponen, sin embargo, a las naciones un destino
inapelable, así es que debemos ahora centrar nuestra atención en los factores que
hoy contribuyen a que unos países se desarrollen más y otros menos. Los economistas
llevan décadas perfeccionando teorías acerca del desarrollo económico y
tratando de comprobarlas mediante análisis empíricos, pero la variedad de factores
implicados ha dificultado el logro de un consenso sobre este tema. No hay duda,
sin embargo, de que la inversión, es decir la utilización de recursos para incrementar
la producción y la adopción de innovaciones tecnológicas son dos variables fundamentales
para el desarrollo. El estadounidense Robert Solow, que recibió el Premio
Nobel de Economía en 1987, sostiene que a largo plazo el factor más importante es
el tecnológico y que la difusión de la tecnología de unos países a otros tenderá a reducir
las diferencias entre ellos. Sin embargo, la difusión tecnológica no resulta tan
uniforme como predice el modelo de Solow y la reducción de las diferencias entre
países no siempre se produce.
De hecho es llamativa la gran diferencia en su desarrollo que experimentan países
vecinos y de características similares. La República Dominicana y Haití, por
ejemplo, comparten una misma isla, tienen el mismo acceso al mercado exterior y
tenían en 1950 unos ingresos medios por habitante similares, pero medio siglo después
los de la República Dominicana se habían triplicado y los de Haití habían disminuido.
Los casos de los países que quedaron partidos en dos al inicio de la guerra
fría son también muy notables, ya que las economías de mercado de Alemania occidental
y Corea del Sur experimentaron un desarrollo mucho mayor que el alcanzado
bajo un régimen comunista por sus países hermanos del Este y el Norte. No
hay datos económicos sobre Corea del Norte, pero el dato de la esperanza de vida
resulta revelador: es hoy de 69 años frente a 80 en el Sur. La experiencia del último
medio siglo apenas deja duda acerca de la mayor capacidad de la economía de mercado
para generar desarrollo.
En los años ochenta, la confianza en la economía de mercado se tradujo en el
apoyo a un conjunto de medidas que se ha dado en denominar el consenso de Washington,
no sólo por el origen estadounidense de muchos de sus promotores, sino porque recibieron el apoyo de dos instituciones internacionales con sede en Washington:
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De acuerdo con
esta perspectiva, la política adecuada para los países en desarrollo debería incluir
medidas como las siguientes: reducción del déficit público (es decir de la diferencia
entre los gastos y los ingresos del Estado, que fuerza al endeudamiento público);
concentración del gasto público en las áreas esenciales de la construcción de infraestructuras,
la sanidad y la educación; creación de un sistema sólido de impuestos,
que genere los ingresos necesarios para sufragar el gasto público, pero sin
perjudicar la actividad económica; fijación de las tasas de interés por el mercado;
una tasa de cambio moderada de la moneda nacional, para facilitar las exportaciones;
liberalización de las importaciones, mediante la reducción de las tarifas aduaneras;
liberalización de la inversión extranjera directa; privatización de las empresas
públicas; reducción de las disposiciones reguladoras que limiten la libre competencia,
excepto las necesarias para la protección de los consumidores y del medio ambiente
y la supervisión del sistema financiero; y, por último, garantía legal de los
derechos de propiedad. Es decir, un conjunto de medidas que impulsen la iniciativa
individual y la competencia, y que concentren la acción del Estado en las áreas que
difícilmente puede cubrir la iniciativa privada. Algunos autores dan a este tipo de
medidas la denominación de neoliberales, aunque esta es una etiqueta que usan más
sus críticos que sus defensores.
Las medidas liberalizadoras adoptadas por muchos gobiernos, a partir de los
años ochenta, han contribuido al avance de la globalización económica, es decir, la
creciente interconexión entre las economías nacionales de todo el mundo, a través
del incremento del comercio, la inversión extranjera y las migraciones. Pero el fenómeno
de la globalización responde también a otros factores, como la innovación
tecnológica, sobre todo en las telecomunicaciones, y la reducción de los costes de
transporte.
Tanto el llamado neoliberalismo como la globalización, al menos la globalización
tal como realmente se ha producido, han sido objeto de fuertes críticas, tanto
por parte de sectores académicos, en su mayoría ajenos al área de las ciencias económicas,
como de movimientos sociales. Los críticos acusan a la globalización liberal
de haber reforzado el poder de las grandes instituciones internacionales y de
las grandes empresas transnacionales, en perjuicio de las democracias nacionales,
y de haber perjudicado a los pobres. Respecto a lo primero, es cierto que, a medida
que el mundo se globaliza, más decisiones pasan a ser tomadas a nivel supranacional
y en ese sentido se debilita la soberanía de las democracias nacionales, pero conviene
recordar que si los electores respaldan a los gobiernos que han impulsado medidas
de apertura al exterior es porque suponen que tales medidas les benefician.
En cuanto al caso específico de los ciudadanos más pobres, cabe afirmar que la considerable
reducción de la tasa de pobreza mundial que se ha producido a partir de
los años ochenta desmiente ese supuesto efecto negativo de la globalización. Por
otra parte, no cabe duda que ésta también ha generado perdedores: los empresarios y trabajadores de aquellos sectores económicos nacionales cuyas perspectivas se
han deteriorado por la creciente competencia internacional.
En principio cabría suponer que la globalización, al facilitar la difusión de las
innovaciones tecnológicas y de las mejoras en la política económica y en la gestión
de las empresas, debería facilitar el despegue de todos los países en desarrollo, pero
el análisis empírico no muestra un avance uniforme, sino una gran variedad de situaciones
locales. La adopción de las políticas recomendadas por el consenso de
Washington no siempre da resultado, no al menos a corto plazo, y no hay consenso
acerca de en qué medida el éxito reciente de países como China o Taiwán se debe
a la liberalización, que sin duda han experimentado, o al mantenimiento de cierto
grado de control estatal, que también se ha dado. De hecho, la enorme investigación
empírica acerca de qué factores se correlacionan en mayor medida con el desarrollo
económico no ha conducido a conclusiones claras. Incluso los países comunistas
tuvieron décadas de desarrollo económico importante, como ocurrió en la Unión
Soviética en los años cincuenta y sesenta. Algunos estudiosos consideran que ciertas
prácticas institucionales muy condicionadas por el entorno social y cultural de cada
país, y por tanto difícilmente transferibles, pueden resultar cruciales para el desarrollo
económico.
El economista británico Paul Collier, en un influyente estudio sobre la situación
de mil millones de personas que viven en los países menos desarrollados del mundo,
en su mayoría subsaharianos, no se ha centrado en los factores del desarrollo, sino en
los obstáculos que impiden salir del atraso. Collier sostiene que los países más pobres
se enfrentan a una o más de las siguientes situaciones que frenan su desarrollo:
la frecuencia de los conflictos armados,
la excesiva dependencia de recursos naturales fácilmente exportables, que a menudo
perjudica el desarrollo armonioso de la economía; el aislamiento respecto al comercio
internacional de aquellos países sin acceso al mar que se encuentran a su
vez rodeados de países pobres; y el mal gobierno.
Por último, cabe preguntarse si la desigualdad interna de los países tiene un
efecto en su desarrollo. Una tesis antaño muy difundida sostenía que dicho efecto
era favorable, ya que la desigualdad concentraba un mayor porcentaje de la riqueza
en la minoría rica, que era la que podía invertir y contribuir con ello al desarrollo.
Pero la investigación más reciente tiende a destacar los efectos negativos de la desigualdad,
no sólo en el plano social, sino también en el económico. Diversos estudios
han establecido que la fuerte desigualdad genera una mayor tensión social y
por tanto mayor inestabilidad política; favorece la exigencia popular de una mayor
redistribución de la riqueza mediante impuestos elevados y subvenciones al consumo,
que distorsionan la economía; e induce a la minoría rica a recurrir a la sanidad,
a la enseñanza e incluso a la seguridad privadas, y por tanto a no asumir el
esfuerzo fiscal necesario para que el Estado desarrolle esas funciones. Además, una
desigualdad acusada tiene efectos perjudiciales para la salud de la población, los
logros educativos y la tasa de criminalidad.
2. El desarrollo humano.
El Producto Interior Bruto por habitante (que se obtiene dividiendo el PIB de un país
por la cifra de su población) representa una aproximación útil al nivel de bienestar
medio de un país, sobre todo si se calcula según la PPA, pero por sí mismo no es un
indicador suficientemente preciso, porque los ingresos monetarios son sólo un componente
del bienestar humano, ni siquiera del bienestar material. Por ello no podemos
decir que crecimiento del PIB y crecimiento del bienestar sean conceptos sinónimos.
El economista y filósofo indio Amartya Sen, que recibió el Premio Nobel de Economía
en 1998, realizó estudios relevantes sobre este tema y un economista paquistaní,
Mahbub-ul-Halq, concibió un índice que, combinando los datos de ingresos, salud y
conocimiento, ofreciera una visión más real de los logros alcanzados en proporcionar
una vida mejor a las personas. Surgió así el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que
fue adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A
partir de 1990 el PNUD viene publicando informes anuales que ofrecen los datos del
IDH en los diferentes países del mundo, junto con otras estadísticas relevantes.
Salud, educación y desarrollo humano en el mundo de hoy
La metodología para calcular el IDH ha sido modificada en 2010. A partir de entonces
el Índice de Desarrollo Humano representa la media geométrica de otros
tres: el de esperanza de vida, el de educación y el de ingresos. El índice de la esperanza
de vida representa los años que vivirá un recién nacido si se mantienen las
condiciones actuales. El índice de educación combina los años promedio de escolarización,
es decir los que efectivamente han estudiado las personas de veinticinco
o más años de edad, con los años esperados de escolarización, es decir los que tendrá
un niño de cinco años si se mantienen las condiciones actuales. En cuanto al índice
de ingresos, ya no se basa como en años anteriores en el PIB, sino en el Ingreso
Nacional Bruto (INB), que se calcula como el PNB, pero incluye también la ayuda
exterior que el país recibe, de manera que incluye todas las rentas monetarias disponibles
para ese país; se calcula según la PPA y de acuerdo con una escala logarítmica,
para reflejar el hecho evidente de que la diferencia que supone un aumento
determinado de los ingresos es menor cuanto mayor es el nivel de ingresos: la diferencia
entre ganar 100 euros al año y ganar 200 es muy grande, la diferencia entre
ganar 20.100 y 20.200 es pequeñísima.
De acuerdo con su IDH respectivo, el PNUD divide a los países del mundo en
cuatro cuartiles, es decir cuatro grupos con el mismo número de países cada uno:
los de desarrollo muy alto, alto, medio y bajo. El grupo de desarrollo muy alto incluye
a países como Estados Unidos y Canadá, los de Europa occidental y central,
Israel, Japón, Corea del Sur, Chile y Argentina. El de desarrollo alto engloba a
Rusia, Europa oriental, Turquía y buena parte de América Latina. En el de desarrollo medio se encuentran China, India y otros países asiáticos, así como Sudáfrica. Y
finalmente, el de desarrollo bajo está compuesto sobre todo por países del África
subsahariana, junto a otros como Pakistán, Bangladés, Birmania y Haití. Los países
árabes se distribuyen entre los cuatro grupos, pero en su conjunto se sitúan en el de
desarrollo medio.
Se representan los valores del IDH y de sus componentes para
el mundo en su conjunto y para los cuatro grupos de países según su desarrollo. Lo
primero que destaca en él es que existe una gran desigualdad entre los ingresos y
una desigualdad menor en la esperanza de vida y en los años de escolaridad. Los
países del primer grupo tienen unos ingresos por habitante veinte veces mayores
que los del cuarto, pero la diferencia de esperanza de vida es sólo de veinte años.
Es curioso, por otra parte, que el grado de satisfacción general con la vida, tal como
lo muestran las encuestas, tampoco varía mucho: en un índice de 1 a 10, la satisfacción
media de los ciudadanos del grupo más desarrollado se sitúa en un 6,9 y la
del grupo menos desarrollado en 4,2.
Japón y Hong Kong (un territorio que forma parte de China, pero tiene un sistema
económico propio) son los países de mayor esperanza de vida: 83 años, mientras
que la mínima se da en varios países del África subsahariana, que sólo alcanzan
los 48. La brutal diferencia de las condiciones sanitarias de unos y otros países se
manifiesta también en la mortalidad de los niños menores de 5 años, que es de 6 por
cada mil nacidos vivos en el grupo de desarrollo muy alto y de 110 en el de desarrollo
bajo. Dicho de otra manera: en los países pobres un niño de cada diez muere antes
de cumplir los 5 años.
El jinete de la peste sigue además cabalgando por los países menos desarrollados.
En las últimas décadas las epidemias infecciosas más letales han sido la malaria
(también denominada paludismo) y el sida. La malaria, antaño muy activa en ciertas
regiones europeas, ha desaparecido en el mundo desarrollado, pero sigue teniendo
una fuerte incidencia en el África subsahariana, donde mata cada año a una persona
de cada mil y es especialmente peligrosa para los niños.
En cuanto al sida, una epidemia que se difundió por el mundo en los años
ochenta, su efecto se ha concentrado sobre todo en África, donde en 2009 vivían
22 de los 33 millones de seropositivos del mundo (personas infectadas por el virus
que pueden transmitirlo, aunque no hayan desarrollado la enfermedad). En la actualidad,
en los países del sur de África, cuya esperanza de vida se redujo a fines
del siglo pasado como consecuencia del sida, en torno al 10% de las mujeres jóvenes
son seropositivas (la incidencia entre los varones es menor). En los países
desarrollados, en cambio, la epidemia ha sido controlada y la tasa de seropositivos
entre la población joven se sitúa en torno al 0,1 o 0,2%, con valores algo más altos
en los varones que en las mujeres. La cuestión de qué factores han conducido a la
elevada incidencia del sida en los países del Sur de África resulta por otra parte
polémica. La reticencia al uso de condones por parte de los varones y su condena
por parte de los eclesiásticos han contribuido a ello, al igual que el elevado coste
de los productos farmacéuticos necesarios para combatir el sida o la actitud de algunos
políticos. El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, se convenció de que,
en contra de la opinión unánime de la comunidad científica, la causa del sida no
estaba en el virus HIV y frenó por tanto la difusión de las medidas sanitarias adecuadas
en su país. La epidemia del sida ha sido el factor fundamental por el que la
esperanza de vida en Sudáfrica, que era de 65 años en 1990, se haya reducido a 53
en 2012.
El jinete del hambre no es menos activo. Para analizar este problema hay que
distinguir entre la desnutrición, que es la condición crónica de cientos de millones
de personas en el mundo, y las hambrunas, que son situaciones coyunturales de
empeo-ramiento de la alimentación en un área geográfica, que en algunos casos han
llegado a causar millones de muertes. La hambruna han sido un fenómeno frecuente
a lo largo de la historia, debido a que bastaba una mala cosecha local para generarla,
pero el bajo coste de los transportes de hoy hace que la dependencia de la producción
agrícola local haya desaparecido y facilita la ayuda humanitaria en casos de emergencia.
Por ello, los factores puramente naturales, como las sequías, son hoy menos
importantes que los factores humanos, como los conflictos armados o las decisiones
de los gobiernos. A inicios de 2013, los cuatro países más amenazados por el hambre
eran, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la República
Democrática del Congo, Malí, Siria y Sudán del Sur, todos los cuales han sufrido
recientemente o todavía sufren los efectos de conflictos armados.
La sequía, la guerra y el mal gobierno contribuyeron a la terrible hambruna de
Etiopía en 1984 y a la de Somalia en 1992. De origen exclusivamente político fue
la hambruna que se produjo en Camboya en 1975, cuando los Jemeres Rojos deportaron
a la población de las grandes ciudades, consideradas un foco de corrupción
burguesa. En cuanto a la hambruna que sufrió Corea del Norte entre 1994 y 1998,
fue el resultado de varios factores: un sistema económico comunista ineficiente que
dependía de una ayuda soviética que desapareció cuando la Unión Soviética se disolvió
en 1991, el impacto de grandes inundaciones y la incompetencia del sistema
de socorro a los hambrientos, algo paliada por la ayuda alimenticia internacional,
procedente sobre todo de Corea del Sur, China y Estados Unidos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
en 2010 había en el mundo casi 900 millones de personas desnutridas (es
decir, que presentan en su dieta un déficit de calorías y proteínas), frente a los mil
millones que había veinte años antes. Como en esos años la población mundial ha
aumentado, el porcentaje de personas desnutridas se ha reducido en mayor medida,
del 15% al 12%, pero sin duda éste sigue siendo uno de los grandes males de la humanidad.
Por otra parte, la desnutrición se concentra en los países en desarrollo,
donde afecta al 15% de la población, mientras que en los más desarrollados afecta
al 1,4%. El África subsahariana es la región del mundo con mayor incidencia de la
desnutrición, mientras que la mayor incidencia de la obesidad se da en Estados Unidos,
México, Venezuela, Sudáfrica y varios países árabes. Algunos países se ven
afectados de manera significativa por ambos problemas, la desnutrición de algunos
de sus habitantes y la obesidad: es el caso de México, Sudáfrica, Egipto y varios
Estados isleños del Pacífico.
La desigualdad en el campo educativo es también importante. Los años de escolarización
que en promedio ha tenido la población mayor de 25 años van de cuatro
en el grupo de países de desarrollo bajo a casi doce en los de desarrollo muy alto.
Afortunadamente, las perspectivas para la nueva generación son mucho mejores:
dieciséis años esperados de escolarización de los países de desarrollo muy alto y
ocho en los de desarrollo bajo. Pero el nivel educativo de un país no puede medirse
tan sólo en términos de años que se pasan en la escuela, sino que hay que tener también
en cuenta la calidad del aprendizaje. Al respecto la información más interesante
es la que proporcionan las pruebas estandarizadas de lectura, matemática y ciencia
para alumnos de quince años que realiza el Programa Internacional para la Evaluación
de Estudiantes (PISA), que cubren casi exclusivamente a países de desarrollo
muy alto y alto. Aun entre estos hay, sin embargo, diferencias importantes. En ciencia
la puntuación más alta la obtuvieron en 2009 los estudiantes de Finlandia (554),
Hong Kong (549) y Singapur (542), mientras que los de Estados Unidos alcanzaron
502 y los de España 488. Los peores resultados, entre los países en que se realizaron
las pruebas (ninguno de los cuales es de desarrollo bajo), correspondieron a los estudiante
El desarrollo humano en perspectiva histórica
Aunque la desigualdad de desarrollo humano entre los distintos países del mundo
sigue siendo muy importante, es necesario destacar lo mucho que se ha avanzado
incluso en los países más pobres. La esperanza de vida más baja en 2012 es la de
algunos países subsaharianos, que se sitúa en 48 años, pero esa misma era en 1870
la de Australia, entonces, como ahora, uno de los países más prósperos del mundo,
mientras que en Estados Unidos era de 44 y en Gran Bretaña de 41. Es decir que
los países más desarrollados de hace siglo y medio tenían una esperanza de vida
más baja que la de los países más pobres de hoy y sólo algo más alta que la de tiempos
medievales, que se estima pudiera ser de unos treinta años. El progreso experimentado
a partir de fines del siglo XIX ha representado, pues, un cambio radical
en la condición humana. En España, por ejemplo, la esperanza de vida ha pasado
de 34 años en 1870 a 42 en 1913, 64 en 1950, 73 en 1973 y 81 hoy.
Esa espectacular victoria contra la amenaza de una muerte temprana ha sido el
resultado de un gran número de factores interrelacionados, pero en definitiva vinculados
al desarrollo económico y la innovación tecnológica, tales como el incremento
de la productividad agrícola, el abaratamiento de los transportes, la mejora en el alcantarillado
y el suministro de agua, la mayor higiene doméstica, el avance de la
medicina y la creación de una red de atención sanitaria. Se trata de una victoria que
a menudo queda olvidada: muy pocos creerían que España avanzó mucho entre
1913 y 1950 y, sin embargo, un niño que nacía en 1950 podía esperar una vida veintidós
años más larga que la de uno nacido en 1913. Y eso significa que, a pesar de
la Guerra Civil y de las penurias de los años cuarenta, los españoles de 1950 estaban
mejor alimentados, vivían en condiciones más salubres, tenían mejor atención sanitaria
y se enfrentaban con menos frecuencia al dolor de que uno de sus hijos muriera
en la infancia.
Respecto a lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, la figura 1.6, basada
en estimaciones realizadas por el economista británico Nicholas Crafts, muestra el
notable crecimiento del IDH en una selección de países, dispuestos de izquierda a
derecha según su IDH en 1950. Puede observarse que el crecimiento ha sido mucho
mayor en los países menos desarrollados en aquella fecha, lo que implica una reducción
de la desigualdad y una convergencia hacia los índices más elevados. Esto
se debe a que en dicho período las innovaciones se han difundido con relativa facilidad
de unos países a otros, de manera que los avances agrícolas e industriales, las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos medicamentos
e incluso prácticas muy sencillas de higiene personal o el convencimiento de la importancia
de la escolarización han ido extendiéndose. Además, existen motivos por
los que los países en desarrollo tienen un mayor potencial de crecimiento del IDH
que los muy desarrollados: la prolongación de la esperanza de vida tiene sus límites
y el incremento de los ingresos por habitante tiene un rendimiento decreciente
en términos de bienestar, motivo por el cual, como ya hemos visto, el IDH lo mide en
una escala logarítmica.
La convergencia ha sido casi completa en el grupo de cabeza, al que se han incorporado
Japón y España, pero también se ha reducido la distancia entre los extremos:
Estados Unidos le sacaba a Malawi 64 puntos porcentuales en 1950 y 54
en 1999. El crecimiento de Rusia ha sido muy modesto, sólo 8 puntos, debido al
estancamiento de las últimas décadas del régimen comunista y a las dificultades
iniciales en la transición a la economía de mercado. España, en cambio, ha aumentado
su IDH en 28 puntos, mientras que el aumento más espectacular se ha dado en China,
que ha avanzado 49, aunque hay que tener en cuenta que en 1950 no había empezado
todavía a recuperarse de los desastres de la guerra mundial y de la guerra civil, acabada
un año antes. Pero lo más significativo es que todos los países del gráfico que en
1950 no habían alcanzado el índice 0,7, lo han incrementado en más de 20 puntos porcentuales,
con las únicas excepciones de Rusia y Malawi. Estos dos últimos países son
representativos de las dificultades experimentadas respectivamente por los países de
Europa central y oriental, que sólo a partir de 1990 iniciaron la transición hacia la economía
de mercado, y por los países del África subsahariana, que a finales del siglo XX
no habían conseguido iniciar su despegue económico.
Los años iniciales del siglo XXI han sido favorables al crecimiento de los países
en vías de desarrollo, incluidos los subsaharianos. En la figura 1.7 se representa el crecimiento
medio anual del IDH de 2000 a 2012, en el cuartil de los países de desarrollo
humano muy alto y en las seis áreas geográficas en que el PNUD agrupa a los países
de los otros tres cuartiles (eso quiere decir que, por ejemplo, la región llamada “Europa
y Asia central” no incluye a los países europeos de desarrollo muy alto, que
son la mayoría). Como puede verse, el crecimiento más importante se ha dado en
el Asia meridional, la región que incluye a la India, seguida de cerca por el África
subsahariana, la región que partía de un nivel más bajo, y del Asia oriental, la región
que incluye a China. La tasa de crecimiento más baja se ha dado en cambio en los
países más desarrollados, que, como veremos a continuación, han sido además los
más afectados por la recesión que se inició en 2008.
Los Objetivos del Milenio
El gran desafío que tiene planteado la humanidad en este comienzo del siglo XXI es
la universalización del desarrollo humano. En la cumbre del Milenio celebrada por
Naciones Unidas en el año 2000, 189 naciones aprobaron una declaración en que
se especificaron ocho objetivos para los que se trataría de alcanzar avances sustanciales
en el año 2015. Estos objetivos se refieren a la reducción de la pobreza extrema
y el hambre, la extensión de la educación primaria, la promoción de la
igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer, la reducción de la mortalidad
infantil, la mejora de la salud materna, la lucha contra enfermedades como el sida y
el paludismo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar la cooperación
mundial para el desarrollo. Cada uno de estos objetivos se precisó mediante
indicadores cuantitativos, por ejemplo reducir a la mitad respecto a 1990 el porcentaje
de la población mundial con ingresos inferiores a 1,25 dólares diarios, según
la paridad del poder adquisitivo. Según Naciones Unidas, este objetivo se ha alcanzado
antes de la fecha prevista, en 2010.
3. La Gran Recesión.
En el último siglo y medio, la economía mundial ha experimentado un desarrollo
sin precedentes históricos, pero este desarrollo no se ha mantenido a un ritmo constante,
sino que se han sucedido períodos de expansión y de recesión, de forma cíclica.
La recesión se suele definir como una reducción significativa de la actividad
económica que se prolonga durante un período de al menos dos trimestres conse-cutivos, mientras que cuando se prolonga durante al menos tres años consecutivos
se denomina depresión. En Estados Unidos se estima que desde 1790 a nuestros
días ha habido casi medio centenar de recesiones. En el siglo XX la más grave fue
la Gran Depresión, que se prolongó durante tres años y medio, de 1929 a 1933, provocó
una reducción del PIB del 27% (es decir, que el PIB en el momento de mayor
recesión era un 27% más bajo que antes de que se iniciara), y condujo, en su peor
momento, a una tasa de desempleo del 25%.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las recesiones pasaron a ser de mucha
menor entidad, tanto en Estados Unidos como en el conjunto del mundo, por lo que
la llamada Gran Recesión, iniciada a finales de 2007, ha sido la más grave desde
los años treinta. En Estados Unidos se prolongó durante año y medio, hasta mediados
de 2009, provocó una caída del PIB del 5% y elevó la tasa de desempleo hasta
el 10%. Fue además una recesión mundial, que afectó a los países desarrollados
más que a los países en desarrollo y que condujo a que en 2009 el Producto Mundial
Bruto se redujera en un 2,2%. En 2010 el PMB creció un 4,3%, con lo que la recesión
a nivel mundial pudo darse por finalizada (véase la figura 1.3), pero la zona
euro, sin embargo, volvió a entrar en recesión en 2012, como consecuencia de la
crisis de la deuda soberana que se inició en 2010, justo cuando la economía mundial
se estaba ya recuperando.
Los orígenes de la Gran Recesión en Estados Unidos
Aunque la Gran Recesión ha sido un fenómeno de alcance global, con raíces en
problemas específicos de diversos países, su origen se encuentra sobre todo en la
crisis financiera que se produjo en los Estados Unidos en 2008. Una crisis que estalló
como consecuencia de la depreciación de ciertos sofisticados productos financieros,
ligados sobre todo a las hipotecas que muchos ciudadanos habían suscrito
en el marco de una prolongada burbuja inmobiliaria que acabó cuando en 2007 el
precio de las viviendas empezó a bajar.
Los economistas denominan burbuja a un fenómeno que consiste en la subida
del precio de un activo (es decir, un bien económico, en este caso las viviendas)
muy por encima de su valor intrínseco. Las burbujas se autoalimentan, ya que si el
precio de un bien sube continuamente, resulta rentable comprarlo para venderlo
después a un precio mayor, o simplemente para disponer de un activo que se revaloriza
con el paso del tiempo, con lo que se da la paradoja de que, cuanto más se
encarece un bien, mejor se vende. Llega, sin embargo, un momento en que la burbuja
estalla, cuando empiezan a escasear los compradores dispuestos a pagar los
elevados precios alcanzados, con lo que el mecanismo pasa a funcionar al revés: la
gente se apresura a vender, ante el temor de que los precios bajen aún más. El ejemplo
histórico más famoso se produjo en Holanda en 1637, cuando el precio de los
bulbos de tulipán, que había alcanzado un nivel inconcebiblemente alto (un bulbo llegó a costar lo mismo que 24 toneladas de trigo), se hundió en pocas semanas,
arruinando a muchos ciudadanos que habían invertido en ello.
Sin llegar a ese extremo, las burbujas económicas, también llamadas especulativas,
son un fenómeno bastante frecuente, basado en el deseo de adquirir bienes
que se revalorizan y desprenderse de los que se desvalorizan, lo que exagera primero
la subida de los precios y luego su caída. En Estados Unidos los precios de las viviendas
casi se duplicaron entre 2000 y 2006, y burbujas inmobiliarias similares se
produjeron en países europeos como España e Irlanda. Las viviendas se pagaban
en su mayoría mediante créditos hipotecarios y fue en el mercado hipotecario de
los Estados Unidos donde se generó en gran parte la crisis financiera, debido a la
falta de rigor con la que se concedieron las hipotecas, incluso en casos en que existía
un alto riesgo de que el cliente no llegara a devolver el crédito (hipotecas subprime)
y debido a que quienes las concedían traspasaban el riesgo a terceros mediante sofisticados
productos financieros.
La burbuja inmobiliaria se financió con facilidad, debido, en primer lugar, a
que las tasas de interés eran bajas (es decir, que el crédito resultaba barato), algo
que más tarde se reprochó a la Reserva Federal, es decir el banco central de los Estados
Unidos, responsable de regular la oferta monetaria. La Reserva Federal podría
haber frenado la burbuja mediante una política monetaria más restrictiva, pero en
ese momento se deseaba estimular la reactivación de la economía, tras las dificultades
de los años 2000 y 2001, generadas por el colapso de la llamada burbuja
punto-com, es decir vinculada a empresas de Internet.
En segundo lugar, la oferta de crédito se vio facilitada por la gran abundancia de
capitales procedentes de economías emergentes, en especial de China, que acudían a
invertir en Estados Unidos. Esto, a su vez, es el resultado de que la balanza comercial
china es muy favorable, es decir que China exporta a Estados Unidos mucho más
de lo que importa, generando un superávit que, dada la elevada tasa de ahorro de la
sociedad china (que contrasta con la bajísima tasa de ahorro de la sociedad americana),
se traduce en la exportación de capitales en busca de oportunidades de inversión
en el mercado estadounidense. Se ha reprochado también al gobierno chino
el haber propiciado ese superávit de su balanza comercial mediante el procedimiento
de mantener artificialmente baja su moneda, para hacer que sus productos resulten
más baratos en el mercado internacional, favoreciendo así sus exportaciones. Por
otra parte, las burbujas inmobiliarias de España e Irlanda se vieron estimuladas por
la entrada de capitales extranjeros y la consiguiente bajada de los tipos de interés,
una vez que su entrada en la zona euro dio una mayor confianza a los inversores.
La baratura del crédito facilitó, pues, que en los primeros años del siglo XXI se
produjera en los países más desarrollados un considerable aumento del endeudamiento
de los hogares. Pero a partir del 2007 el aumento de la morosidad en los
créditos hipotecarios (es decir, el porcentaje de clientes que dejaron de pagar las
letras mensuales de su hipoteca), seguido del consiguiente aumento de los desahucios,
fue en Estados Unidos el primer síntoma de la crisis que se avecinaba.
Las enormes pérdidas causadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es
decir, por el hundimiento de los precios de la vivienda, las sufrieron sobre todo los
propietarios que habían adquirido esas viviendas, incluidos los que se vieron desahuciados,
pero en menor medida sufrieron también grandes pérdidas quienes habían
suministrado los créditos hipotecarios, que se encontraron ante un impago creciente.
Ahora bien, lo más grave para la economía en su conjunto fueron las pérdidas sufridas
por los acreedores, porque fueron éstas las que generaron la crisis del sistema
financiero, que es el que proporciona el crédito sin el que la economía no funciona
(se ha dicho que el crédito representa para la economía lo que el aceite para los motores).
Por otra parte, el daño causado, no sólo a la economía estadounidense, sino
a la mundial, por el hundimiento del mercado hipotecario, sólo se explica por las
peculiares características que había asumido el sistema financiero.
La característica esencial de un banco es que asegura a los clientes que le confían
su dinero que podrán retirarlo en cualquier momento, a pesar de que buena
parte de sus depósitos estén invertidos en activos que no se pueden convertir en dinero
efectivo de un día para otro. El negocio bancario consiste en captar fondos por
los que paga un interés muy bajo pero que tienen una gran liquidez (es decir, que
se pueden convertir en dinero efectivo de manera inmediata y sin pérdida de su
valor), para invertirlos en activos más rentables pero menos líquidos. De ahí el peligro
de los pánicos bancarios: si todos los clientes pretenden retirar el dinero al
mismo tiempo, los bancos no pueden hacer frente a sus compromisos y quiebran,
como ocurrió en la Gran Depresión de los años treinta. Por ello, a partir de entonces,
los bancos de Estados Unidos, como los de otros países, están sometidos a una regulación,
que les impone un determinado porcentaje de reservas en efectivo y la
participación en un sistema de aseguramiento de sus depósitos, la Federal Deposit
Insurance Company, equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos español. Pero
a finales del siglo XX empezaron a surgir unas instituciones financieras que no eran
estrictamente bancos y no estaban por tanto reguladas como tales, pero que actuaban
como bancos y, al no incurrir en los gastos impuestos por la regulación bancaria,
podían ofrecer intereses más altos. En Estados Unidos se les llamó por ello “banca
en la sombra”, pero algunos economistas españoles han propuesto darles una denominación
más expresiva: “chiringuitos financieros”.
Un ejemplo característico de esta banca en la sombra son los hedge funds, una
expresión de difícil traducción que literalmente significa fondos de inversión protegidos
frente al riesgo, pero que en la práctica resultaron ser fondos que ofrecían una
rentabilidad alta porque efectuaban inversiones de alto riesgo. Los hedge funds contribuyeron
mucho a difundir un nuevo tipo de productos financieros: los activos derivados,
cuya singularidad estriba en que su valor futuro depende del valor de un
conjunto de activos subyacentes. La idea es que así se reduce el riesgo, porque difícilmente
se hundiría la cotización de todos los activos que subyacen al activo derivado.
El problema es que con ese sistema el comprador puede no darse cuenta de en qué se
funda el valor del activo derivado que compra. Y resultó que las hipotecas estadouniderivados que, debido a su alta rentabilidad, fueron adquiridos por respetables bancos
y fondos de inversión de Estados Unidos, Europa y Japón. Con ello estos activos
depreciados se convirtieron en “activos tóxicos” que envenenaron el sistema financiero
mundial.
La tendencia del gobierno de Bush y del Partido Republicano a creer que la
economía funciona mejor cuando la regulación estatal es mínima, favoreció el desarrollo
de esta “banca en la sombra”. Y cuando la cotización de las hipotecas se
hundió, debido a los impagos, lo mismo ocurrió con los activos derivados, de manera
que la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos se convirtió en la causa principal,
aunque no la única, de una crisis financiera mundial. A su vez las dificultades
del sector financiero provocaron una restricción del crédito que afectó negativamente
a los demás sectores.
Dada la proliferación de productos financieros en el mercado global, desde los
bonos de deuda soberana, es decir emitida por los Estados, hasta los activos derivados
de los hedge funds, resulta crucial la valoración de los riesgos que cada tipo
de inversión tiene. Esta tarea la realizan unas entidades privadas, denominadas agencias
de calificación o de rating, tres de las cuales, todas ellas estadounidenses, acaparan
el 95% del mercado: Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch. Su actuación en
estos últimos años ha sido objeto de muchas críticas, porque antes de 2008 concedieron
altas calificaciones a activos que luego se revelaron tóxicos, y más tarde
contribuyeron a agravar la crisis europea de la deuda soberana mediante la bajada
de las calificaciones.
A las agencias de calificación se las ha criticado también como ejemplo de un
problema más general: el conflicto de intereses, que se da cuando un individuo u
organización tienen intereses contradictorios y un interés secundario, típicamente
de carácter privado, influye negativamente en el interés primario al que supuestamente
sirven. En el caso de las agencias de calificación, el interés primario de efectuar
valoraciones objetivas de los riesgos de los activos financieros (el peligro, por
ejemplo, de que un Estado efectúe una quita, es decir, que deje de pagar una parte
de su deuda) se puede ver afectado porque son las propias entidades que emiten activos
las que pagan a las agencias por calificarlos. Y en la génesis de la Gran Recesión
han jugado un papel importante otros conflictos de intereses, como el de los
ejecutivos cuya remuneración dependía de los beneficios a corto plazo de las empresas
que dirigían, lo que les llevaba a optar por inversiones excesivamente arriesgadas.
Y también puede surgir un conflicto de intereses cuando las mismas personas
cambian con facilidad de un puesto en una empresa privada a un cargo público en
la institución estatal que ha de regular la actuación de esas empresas.
Otro concepto importante relacionado con el conflicto de intereses es el llamado
riesgo moral (en inglés moral hazard), que se produce cuando un individuo u organización
tiende a asumir riesgos en la convicción de que, si su cálculo es erróneo,
serán otros quienes paguen las consecuencias. Para explicarlo en términos colo-quiales, hay riesgo moral cuando deja de aplicarse la máxima de “quien la hace la
paga”. Un caso importante es el de la quiebra de las empresas financieras. ¿Debe
el Estado acudir en su ayuda con dinero de los contribuyentes? En aplicación del
principio del riesgo moral, no debería hacerlo, porque supone fomentar una tendencia
hacia la irresponsabilidad; pero el peligro de que se produzca un pánico financiero,
que privaría a la economía del indispensable crédito, empuja en sentido
contrario, sobre todo cuando se trata de una empresa demasiado grande para que
su caída no cause un perjuicio general (en inglés: too big to fail).
Muy grande era y, sin embargo, quebró, en septiembre de 2008, Lehman Brothers,
el cuarto mayor banco de inversión de los Estados Unidos, lo que representó
un factor fundamental para el agravamiento de la crisis financiera mundial. Sin embargo,
las señales de alarma habían sonado ya un año antes, cuando el banco francés
BNP Paribas anunció el cierre de tres de sus fondos de inversión por total falta de
liquidez y el gobierno británico optó por nacionalizar, es decir comprar y gestionar
como empresa pública, un banco que se había especializado en créditos hipotecarios
y tuvo que suspender pagos, el Northern Rock. La decisión de las autoridades estadounidenses
de no acudir en ayuda de Lehman Brothers recibió muchas críticas y
muy poco después la Reserva Federal efectuó un masivo rescate del American International
Group (AIG), una aseguradora que se había cargado de activos tóxicos
y que fue considerada demasiado grande para quebrar. Para entonces, la crisis financiera
había alcanzado una dimensión global y en 2009 el mundo entró en recesión.
La crisis de la deuda soberana en la zona euro
La economía mundial se recuperó en 2010 y el crecimiento se ha mantenido desde
entonces en la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, pero como puede
verse en la figura 1.8, el PIB descendió de nuevo en la zona euro en 2012, aunque
en menor medida que cuatro años antes. La recesión se ha agudizado sobre todo en
algunos países de la zona, como España.
En los países europeos más afectados por la recesión, como Grecia, Irlanda,
Portugal y España, se ha producido un gran incremento del déficit público (es decir
la diferencia entre los ingresos y los gastos de la administración pública), lo que
les ha obligado a un creciente endeudamiento, al tiempo que la creciente desconfianza
de los inversores extranjeros ha llevado a que los intereses que es necesario
pagar por la nueva deuda se hayan encarecido hasta niveles muy difíciles de sostener.
Por ello se habla de una crisis de la deuda soberana (es decir de la deuda pública
que emite el Estado). El mejor indicador del encarecimiento de la deuda es la prima
de riesgo, que indica la diferencia entre la tasa de interés que ha de pagar un Estado
que ofrece menos garantía a los inversores y la que debe pagar el Estado que inspira
más confianza. En este caso consiste en la diferencia entre lo que ha de pagar por
un bono de deuda a diez años un Estado como España frente a lo que ha de pagar Alemania, que sí goza de la confianza de los inversores. La prima de riesgo española,
que era muy pequeña antes de la recesión, llegó a superar los 600 puntos básicos,
es decir seis puntos porcentuales, en julio de 2012, aunque un año después
estaba ya por debajo de los 300 puntos. En Grecia, Irlanda y Portugal, la prima
subió mucho más que en España.
Cuanto más aumenta el déficit público, más aumenta la desconfianza y más
se encarece la emisión de deuda, con lo que se entra en un círculo vicioso, como
ocurrió en Grecia. La crisis griega se inició en la primavera de 2010, como consecuencia
de dos factores: un déficit público que venía de lejos, pero que se había enmascarado
mediante artificios estadísticos, y el impacto de la recesión mundial, que
tuvo un grave impacto en dos sectores claves de la economía griega: las navieras y
el turismo. Ello hundió a la economía hasta el punto de que la posibilidad de que el
Estado griego lograra colocar su deuda en el mercado desapareció, lo que le ha forzado
a recurrir a sucesivos rescates, es decir préstamos masivos a bajo interés, por
parte de la Unión Europea. La condición para recibir tales rescates ha sido que el
Estado griego reduzca su déficit, lo que le ha obligado a duros recortes del gasto
público, que han generado grandes protestas e inestabilidad política. Finalmente,
se ha llegado a un acuerdo de quita, por el que el Estado griego dejará de pagar algo
más de la mitad de su deuda. En 2013, Grecia seguía en recesión.
El camino de los rescates y la austeridad ha sido emprendido a continuación
por otros Estados de la zona euro: Irlanda, Portugal y Chipre. En el caso de España,
no se ha llegado a la petición del rescate, pero sí a fuertes recortes para reducir el
déficit. Al igual que en Estados Unidos y en Irlanda, los problemas de España se
produjeron a partir del estallido de una burbuja inmobiliaria que venía inflándose José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, los precios reales de la vivienda
(es decir descontando la inflación) se duplicaron, al tiempo que aumentaba de manera
extraordinaria la cifra de nuevas viviendas que se construían. Ello fue resultado,
por una parte, de una fuerte demanda de las familias españolas y de los inmigrantes
que llegaban en gran número, en parte atraídos por el empleo en la construcción, y
por otra, de la disponibilidad de créditos baratos: entre 2002 y 2006 los tipos de interés
reales fueron incluso negativos, es decir que el tipo de interés que se pagaba
era menor que la tasa de inflación. En esas condiciones y dada la tradicional preferencia
de los españoles por la vivienda en propiedad, las familias se endeudaron
mucho a través de créditos hipotecarios. La financiación vino sobre todo de las
cajas de ahorro, unas instituciones que en su origen tenían fines sociales y podían
operar sólo en una provincia, pero que a partir de los años noventa pudieron expandirse
por todo el territorio nacional y entraron en competencia entre ellas y con los
bancos, hasta tener el descomunal número de 22.000 sucursales. A su vez, bancos
y cajas españoles se financiaban gracias a la masiva entrada de capital extranjero,
sobre todo europeo, ya que a partir de la adopción del euro en 1999, España inspiró
mucha más confianza a los inversores.
A partir de 2008 todo se vino abajo: la burbuja inmobiliaria explotó, la construcción
se paralizó, el desempleo subió (con la particularidad española de que el
aumento del desempleo causado por el descenso de la actividad económica es
mucho mayor que en otros países), las cajas de ahorro se encontraron con una gran
cantidad de activos tóxicos, en forma de hipotecas y créditos a las constructoras,
los inversores extranjeros comenzaron a retirar sus fondos del sistema financiero
español y la economía entró en recesión. Como consecuencia de todo ello se produjo
un profundo desequilibrio en las cuentas del Estado, pues de un superávit equivalente
al 1,9% del PIB en 2007 se pasó a un déficit del 11,1% en 2009, una caída
que se debió casi en la misma proporción a la disminución de los ingresos (cuando
la actividad económica disminuye se pagan menos impuestos) y en parte al aumento
de los gastos (debido al incremento de los pagos por el seguro de desempleo y por
el coste de las medidas de estímulo encaminadas a frenar la caída de la actividad).
A partir de entonces, el Estado español se encontró con el doble desafío de sanear
el sector financiero, en concreto las cajas de ahorro, sin lo cual no podía recuperarse
el crédito, y de reducir el déficit público, sin lo cual el endeudamiento
creciente pondría en peligro el futuro. La popularidad del gobernante Partido Socialista
se hundió como consecuencia de la recesión y tras las elecciones de 2011
le correspondió al gobierno de Mariano Rajoy hacer frente a ese doble reto. España
se había convertido en uno de los países más amenazados de la zona euro, y por la
magnitud de su economía representaba para Europa un problema bastante más grave
que los de Grecia, Irlanda o Portugal. En 2012 no hubo rescate, pero sí un masivo
crédito europeo, garantizado por el gobierno español, para la reestructuración de la
banca española. Por otra parte, la Unión Europea exige a España una rápida reduc-ción del déficit público, encaminada a situarlo por debajo del 3% del PIB, tal como
es obligatorio para todos los países miembros, según se estableció en el tratado de
Maastricht. Ello ha llevado a severos recortes en el gasto, que han sido muy impopulares.
Por otra parte, la reducción del gasto público tiene consecuencias negativas
para la actividad económica y sólo a finales de 2013 comienza España a salir de la
recesión.
De la divergencia a la convergencia
Se ha dicho que en el siglo XVI comenzó una gran divergencia que se prolongó hasta
fines del siglo XX, es decir un desfase entre el nivel económico, tecnológico y científico
de Occidente y el de grandes civilizaciones como las de China, India y el Islam,
que entraron en una fase de estancamiento en contraste con el dinamismo de Europa
y de las nuevas naciones creadas por los europeos en ultramar. Ello condujo a que
surgiera una enorme diferencia entre el bienestar humano de Occidente y el del resto
del mundo. Hemos visto, sin embargo, que en las últimas décadas el desarrollo económico
de la humanidad en su conjunto ha ido acompañado de una notable reducción
en las diferencias en el índice de desarrollo humano, aunque siguen siendo muy importantes,
y por la emergencia de nuevas potencias económicas, como China, India
y Brasil. La Gran Recesión iniciada en 2008, al haber afectado sobre todo a los países
más desarrollados, en especial a Europa, ha contribuido también a esta nueva convergencia
que está cerrando la brecha abierta hace quinientos años.
4. Transición demográfica y declive de la natalidad.
La cifra de población de un país resulta de tres procesos: nacimientos, muertes y
migraciones. Suman los nacimientos y los inmigrantes; restan las muertes y los
emigrantes. A pesar de la dificultad de medir la población mundial, porque los censos
que llevan a cabo los distintos Estados no siempre son exhaustivos debido a razones
políticas (oposición al censo), culturales (analfabetismo) o coyunturales
(guerras, situación ilegal), según Naciones Unidas, en 2012 los habitantes de la
Tierra podían cifrarse en 7.052 millones.
Un poco de historia demográfica
La humanidad tardó mucho tiempo en alcanzar los 1.000 millones de habitantes:
en torno al año 1800. A los 2.000 se llegó en 1927, pero para rebasar los 3.000 millones
ya sólo tuvieron que pasar 32 años. Desde 1960 hasta la actualidad, la población
mundial ha ido ganando 1.000 millones más cada 13 o 14 años. La previsión,
sin embargo, es que el ritmo se ralentice, de manera que a final de siglo habrá en
torno a 10.000 millones. La razón es que la tasa mundial de crecimiento demográfico
va disminuyendo desde su máximo del 2% anual en el lapso 1965-1970 hasta
el 1,2 % de 2012. Este proceso se ha visto acompañado de un incremento de la esperanza
de vida: menos de 30 años a finales del XVIII, 70,1 años en 2013. Desde
1950 se han ganado diez años, y en países menos desarrollados, hasta 26. La mortalidad
infantil cayó en las últimas cinco décadas de 133 defunciones por cada 1.000
nacimientos a sólo 46 y la tasa de fecundidad (número de hijos que se prevé ha de
tener una mujer en su etapa fértil, calculada entre 15 y 49 años) disminuyó de 6 a
2,5. Un fenómeno simultáneo ha sido el espectacular crecimiento de la población
urbana, que en el siglo XX pasó de 220 a 3.680 millones, más de la mitad de la población
total en la actualidad.
El modelo que mejor explica esta evolución es el de la transición demográfica.
Fue propuesto en 1929 por el demógrafo americano Warren Thompson tras estudiar
lo sucedido en los países más desarrollados a partir del siglo XVIII relacionando
cambios demográficos y socio-económicos. Esta teoría enuncia el paso, en cuatro
fases, de un régimen demográfico con equilibrio entre natalidad y mortalidad elevadas
a otro basado en una natalidad y mortalidad bajas. La primera fase remite a
las sociedades tradicionales o preindustriales y se caracteriza por recurrentes crisis
de subsistencias, epidemias, guerras y precarias condiciones de vida, que se traducen
en una elevada mortalidad. Es necesario tener muchos hijos para que sobreviva la
mitad hasta la edad adulta, y del equilibrio entre las tasas de mortalidad y natalidad
elevadas resulta un crecimiento demográfico lento.
La segunda fase se caracteriza por un marcado retroceso de la tasa de mortalidad
debido al desarrollo tecnológico y económico (sociedades industriales), mejoras en
la agricultura y la alimentación, medicina, higiene y educación. Al no darse un descenso
equivalente de la tasa de natalidad, el resultado es un rápido incremento de
la población, tal como ocurrió en Europa Occidental y EE. UU. gradualmente en el
siglo XIX. Los países en desarrollo han alcanzado esta fase en apenas una o dos décadas
durante la segunda mitad del siglo XX, ayudados por los adelantos científicosanitarios,
a un ritmo de urbanización brutal y sin las facilidades para emigrar al
extranjero con las que contaron muchas décadas antes los países europeos. Su formidable
crecimiento demográfico podría haber generado una grave crisis de subsistencias
(de hecho algunos Estados pusieron en marcha campañas para el control
de la natalidad), pero el riesgo se contuvo porque la transición a la siguiente etapa
fue más rápida de lo previsto, sobre todo en los países de desarrollo medio.
En la tercera fase se mantiene la caída de la mortalidad, pero disminuye más
rápidamente la tasa de natalidad como consecuencia del cambio socio-económico
y de mentalidad: acceso a programas de planificación familiar eficaces, mayor educación,
autonomía e incorporación de la mujer al trabajo, masiva emigración a ciudades,
agricultura de mercado, etc. Las parejas optan por criar un menor número
de hijos (que sobreviven gracias a la drástica reducción de la mortalidad infantil),
lo que ayuda a reducir la pobreza de la unidad familiar. En consecuencia, el ritmo
de crecimiento demográfico se frena. Esta caída de la fecundidad, que se dio primero
sólo en los países más desarrollados, se extendió en muy poco tiempo a Asia
Oriental y Sudoriental y a América Latina, pero mucho más lentamente a África.
La cuarta fase, típica de sociedades postindustriales, se caracteriza por tasas
muy bajas tanto de natalidad como de mortalidad. El crecimiento es mínimo o casi
nulo, de forma que las cifras de población se estabilizan. En algunos países se empieza
a producir un crecimiento negativo porque la tasa de fertilidad se sitúa por
debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer, uno de ellos una niña) lo que
conduce además a un aumento de la edad media de la población, con serias consecuencias
económicas sólo temporalmente compensadas por la inmigración. Dado
que el descenso de la natalidad ha dejado de ser un fenómeno específico de los países
desarrollados y se está produciendo ya en la mayor parte del mundo, se perfila un futuro
demográfico marcado por el envejecimiento, que ya se constata en algunos países,
y una disminución de la población a partir de finales del siglo XXI.
Las tendencias demográficas en cifras
Existen dos gigantes demográficos, China (1.353 mill.) e India (1.258 mill.), país
que pasará al primer lugar en torno a 2060. Les siguen EE. UU. (315), Indonesia
(244) y Brasil (198) y el grupo que pasa de cien millones: Pakistán, Bangladés,
Rusia, Nigeria, Japón y México. Estos once países, la mayoría asiáticos, suman casi
el 57% de los habitantes del planeta. Por nivel de desarrollo, según el IDH (2013),
un 32% de la población mundial vive en los países más desarrollados, un 50% en
países de desarrollo medio o medio-bajo y el 18% en los menos desarrollados.
La tasa de fecundidad media mundial en 2013 es del 2,5%, si bien en los países
más desarrollados oscila entre 1,6% (Europa) y 2,1% (EE. UU.), mientras que llega
al 5,1% en los de bajo desarrollo. Los factores que frenan la caída de la fertilidad
son la desigualdad entre géneros, determinadas tradiciones y creencias de que las
familias numerosas son un signo de riqueza y la limitada difusión de los anticonceptivos
modernos. Para controlar la natalidad resultan más eficaces las políticas
que respetan la libertad de opción y fomentan la educación y los servicios de salud,
que aquellas que limitan por ley la cantidad de hijos. El ritmo de descenso se ha ralentizado
un poco, pero, si se mantiene el declive previsto, África será la única región
del mundo donde la población se duplicará o triplicará en los próximos cuarenta años; Asia seguirá siendo la región más populosa, pero parará su crecimiento
en torno al 2050.
La esperanza de vida en el mundo sigue aumentando: ha pasado de 67 a 70,1
años de media entre 2005 y 2012. La llamada transición sanitaria se está consumando:
supone una caída radical de la mortalidad directamente relacionada con un
cambio en las causas de muerte más comunes. Primero disminuyeron las enfermedades
infecciosas y parasitarias (cólera, malaria, etc.) y del aparato respiratorio y
digestivo, que afectan sobre todo a los más jóvenes; después, sobre todo a partir de
1945, la caída incidió en los adultos (con mortalidad ligada a enfermedades crónicas
y accidentes) y finalmente en las edades más avanzadas. En la actualidad las disparidades,
que siguen siendo muy profundas, dependen de la situación sanitaria y de
las condiciones de vida de los distintos países. Si en los países más desarrollados
supera los 80 (Japón, 83,6), en el otro extremo de la tabla (países del África Subsahariana)
no llegan a los 50 años por la elevada mortalidad infantil, falta de vacunación
y acceso a agua potable y saneamiento, incidencia del sida, etc. También es
baja la cifra de Asia Meridional. Por el contrario, las patologías en los países desarrollados
son degenerativas (cardio-vasculares, cáncer), ligadas al envejecimiento.
Otra característica es la desigualdad biológica entre hombres y mujeres: la esperanza
de vida es casi 5 años mayor para las mujeres, cifra que puede llegar a 10 años en
países de la antigua Unión Soviética por los hábitos de vida y conductas de riesgo.
Sólo se mantiene sobremortalidad femenina en algunos países en las primeras fases
de transición sanitaria o con pautas acusadas de discriminación por sexo (Afganistán,
Nepal y África Subsahariana).
De forma natural nacen alrededor de 105-106 niños por cada 100 niñas, pero
por razones culturales y económicas (transmisión de patrimonio, menor ayuda como fuerza de trabajo, carga financiera por la dote, etc.), algunas sociedades buscan modificar
esa ratio recurriendo al aborto selectivo, de ahí las cifras altas de algunos
países, sobre todo asiáticos: 118 niños en China, 115 en Azerbayán y 114 en Armenia
y Georgia. En la franja de adultos sólo se observa una mayoría de hombres en
países como los petrolíferos, con una inmigración masculina intensa. Conforme la
edad aumenta, como la mortalidad masculina es superior a la femenina en todas las
generaciones, la proporción se reequilibra. En la actualidad, sin embargo, hay unos
100 millones menos de mujeres que de hombres.
Las ciudades del futuro
El crecimiento de las ciudades ha sido vertiginoso en las últimas décadas como consecuencia
de la globalización y el desarrollo económico. La población urbana representa
el 52,6% mundial y llega al 75% en las regiones más desarrolladas. Estas
cifras se incrementarán si se mantiene el actual ritmo de crecimiento urbano del 2%
anual. El proceso afectará sobre todo a los países de desarrollo medio y bajo, en
Asia y África. Hacia 2030 vivirán en sus ciudades 5.000 millones de personas (el
80% de la población mundial), más del 60% menores y una buena parte de ellas
pobres.
La expansión de las megaciudades (de más de 10 millones), cuyas áreas metropolitanas
se desbordan sobre amplios territorios de difícil delimitación (aglomeraciones
urbanas), ya no es motivo de tanta preocupación como lo fue años atrás. No
han crecido en la progresión prevista; algunas incluso están perdiendo población.
La mayor es Tokio, con 36,7 millones, seguida de Delhi (22), São Paulo, Bombay,
México y Nueva York-Newark (en torno a 20) y entre 17 y 13 tienen Shanghái, Calcuta,
Daca y Karachi. En la actualidad, la mitad de la población urbana vive en ciudades
pequeñas, de menos de 500.000 (más fáciles de planificar, aunque cuenten
con menos recursos) y este porcentaje aumentará en las próximas décadas.
Los beneficios de la urbanización compensan en gran medida sus desventajas:
concentran pobreza, pero también oportunidades para escapar de ella, porque están
en mejores condiciones para generar empleos e ingresos para más personas, ofrecer
educación y servicios de salud por economías de escala y proximidad. Además, las
ciudades sólo cubren el 2,8% superficie del planeta y, siempre que se reduzca su
huella ecológica (polución, etc.), esta concentración demográfica da lugar a mayor
sostenibilidad porque ofrece una vía de salida al crecimiento de la población rural,
que de otro modo invadiría el hábitat natural y zonas de alto valor biológico en los
ecosistemas rurales. Es preferible, además, una mayor densidad urbana, porque la
dispersión, la fragmentación del espacio urbano, con la suburbanización residencial
y la periurbanización (construcción en zonas de transición no contiguas entre campo
y ciudad), dificultan la sostenibilidad: los desplazamientos cotidianos son mayores,
con contaminación y consumo de energía y agua, invasión de espacios verdes e inLas ciudades del futuro
El crecimiento de las ciudades ha sido vertiginoso en las últimas décadas como consecuencia
de la globalización y el desarrollo económico. La población urbana representa
el 52,6% mundial y llega al 75% en las regiones más desarrolladas. Estas
cifras se incrementarán si se mantiene el actual ritmo de crecimiento urbano del 2%
anual. El proceso afectará sobre todo a los países de desarrollo medio y bajo, en
Asia y África. Hacia 2030 vivirán en sus ciudades 5.000 millones de personas (el
80% de la población mundial), más del 60% menores y una buena parte de ellas
pobres.
La expansión de las megaciudades (de más de 10 millones), cuyas áreas metropolitanas
se desbordan sobre amplios territorios de difícil delimitación (aglomeraciones
urbanas), ya no es motivo de tanta preocupación como lo fue años atrás. No
han crecido en la progresión prevista; algunas incluso están perdiendo población.
La mayor es Tokio, con 36,7 millones, seguida de Delhi (22), São Paulo, Bombay,
México y Nueva York-Newark (en torno a 20) y entre 17 y 13 tienen Shanghái, Calcuta,
Daca y Karachi. En la actualidad, la mitad de la población urbana vive en ciudades
pequeñas, de menos de 500.000 (más fáciles de planificar, aunque cuenten
con menos recursos) y este porcentaje aumentará en las próximas décadas.
Los beneficios de la urbanización compensan en gran medida sus desventajas:
concentran pobreza, pero también oportunidades para escapar de ella, porque están
en mejores condiciones para generar empleos e ingresos para más personas, ofrecer
educación y servicios de salud por economías de escala y proximidad. Además, las
ciudades sólo cubren el 2,8% superficie del planeta y, siempre que se reduzca su
huella ecológica (polución, etc.), esta concentración demográfica da lugar a mayor
sostenibilidad porque ofrece una vía de salida al crecimiento de la población rural,
que de otro modo invadiría el hábitat natural y zonas de alto valor biológico en los
ecosistemas rurales. Es preferible, además, una mayor densidad urbana, porque la
dispersión, la fragmentación del espacio urbano, con la suburbanización residencial
y la periurbanización (construcción en zonas de transición no contiguas entre campo
y ciudad), dificultan la sostenibilidad: los desplazamientos cotidianos son mayores,
con contaminación y consumo de energía y agua, invasión de espacios verdes e in-Las ciudades del futuro
El crecimiento de las ciudades ha sido vertiginoso en las últimas décadas como consecuencia
de la globalización y el desarrollo económico. La población urbana representa
el 52,6% mundial y llega al 75% en las regiones más desarrolladas. Estas
cifras se incrementarán si se mantiene el actual ritmo de crecimiento urbano del 2%
anual. El proceso afectará sobre todo a los países de desarrollo medio y bajo, en
Asia y África. Hacia 2030 vivirán en sus ciudades 5.000 millones de personas (el
80% de la población mundial), más del 60% menores y una buena parte de ellas
pobres.
La expansión de las megaciudades (de más de 10 millones), cuyas áreas metropolitanas
se desbordan sobre amplios territorios de difícil delimitación (aglomeraciones
urbanas), ya no es motivo de tanta preocupación como lo fue años atrás. No
han crecido en la progresión prevista; algunas incluso están perdiendo población.
La mayor es Tokio, con 36,7 millones, seguida de Delhi (22), São Paulo, Bombay,
México y Nueva York-Newark (en torno a 20) y entre 17 y 13 tienen Shanghái, Calcuta,
Daca y Karachi. En la actualidad, la mitad de la población urbana vive en ciudades
pequeñas, de menos de 500.000 (más fáciles de planificar, aunque cuenten
con menos recursos) y este porcentaje aumentará en las próximas décadas.
Los beneficios de la urbanización compensan en gran medida sus desventajas:
concentran pobreza, pero también oportunidades para escapar de ella, porque están
en mejores condiciones para generar empleos e ingresos para más personas, ofrecer
educación y servicios de salud por economías de escala y proximidad. Además, las
ciudades sólo cubren el 2,8% superficie del planeta y, siempre que se reduzca su
huella ecológica (polución, etc.), esta concentración demográfica da lugar a mayor
sostenibilidad porque ofrece una vía de salida al crecimiento de la población rural,
que de otro modo invadiría el hábitat natural y zonas de alto valor biológico en los
ecosistemas rurales. Es preferible, además, una mayor densidad urbana, porque la
dispersión, la fragmentación del espacio urbano, con la suburbanización residencial
y la periurbanización (construcción en zonas de transición no contiguas entre campo
y ciudad), dificultan la sostenibilidad: los desplazamientos cotidianos son mayores,
con contaminación y consumo de energía y agua, invasión de espacios verdes e in-eficiencia administrativa. Además, la urbanización apresura la caída de las tasas de
fecundidad al facilitar servicios de salud reproductiva, mejorar las condiciones de
vida, contribuir a una mayor autonomía de la mujer y acelerar el cambio cultural.
La preponderancia de las ciudades será un signo del siglo XXI, pero de cara al
futuro será preciso mejorar la gobernabilidad de unas ciudades cada vez más complejas
y más vulnerables al impacto del cambio climático (sobre todo si se eleva el
nivel del mar sobre zonas urbanas costeras) y orientar su expansión antes de que
ésta ocurra, es decir, planificar mejor para evitar la proliferación periférica degenerativa
(barrios de chabolas). La preferencia de los políticos en algunos países es tratar
de frenar la migración hacia la ciudad con planes para retener población en las
zonas rurales y con desalojos y denegación de servicios en suelo urbano. El caso
más conocido es el de China, con 250 millones de “población flotante” rural desplazada
a las ciudades. Pero esta política no suele dar resultado, más bien dificulta
la salida de los urbanitas más pobres de su precaria situación. Los demógrafos consideran
que la expansión de las ciudades depende sobre todo del crecimiento vegetativo,
por lo tanto en los países en desarrollo con este tipo de problemas habría
que trabajar más en rebajar las tasas de fecundidad urbana que en controlar la emigración.
Las edades de la población y sus consecuencias
Detrás de la cifra de 7.052 millones se esconde una multiplicidad de situaciones y
problemas: una población más joven que nunca en los países de desarrollo-medio
y bajo, frente a un profundo envejecimiento de los países más desarrollados, donde
los mayores de 65 llegan al 17% en Europa Occidental, 14% en Europa Oriental y
12% en América del Norte.
En las regiones que aún están en las primeras fases de la transición demográfica,
las altas tasas de fecundidad (7 hijos por mujer en Níger o 6 en países como Malí,
Uganda o Afganistán) perpetúan la pobreza. Mortalidad y natalidad elevadas, inseguridad
alimentaria, desigualdad y pobreza extrema forman un círculo vicioso. Un
porcentaje enorme de menores de 15 años (hasta un 44% en algunos países africanos,
frente al 15% de España) genera graves problemas cuando los Estados no pueden
incrementar sostenidamente las inversiones en salud y educación. Hay poca
población adulta para asegurar tareas de producción y para cuidar a los menores.
Resulta una carga pesada sobre todo para las mujeres, que tampoco pueden incorporarse
al mercado laboral y cuya salud se resiente. En algunos países la incidencia
del sida, que afecta a adultos jóvenes, ha agravado el cuadro en los últimos años.
La situación sólo mejorará cuando caigan las tasas de fecundidad a lo largo de 20
o 30 años mediante inversiones en salud y educación (sobre todo en mujeres y niñas)
y se creen condiciones más favorables para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible.
La población joven (menores de 25 años de edad), que constituye un 43% de la
población mundial, tiene, sin embargo, un inmenso potencial para impulsar el desarrollo
de sus países si se dan las circunstancias adecuadas. En los países de nivel
medio y bajo, la coyuntura idónea se produce cuando la caída de la fecundidad ha
comenzado y hay un alto porcentaje de población en edad de trabajar al llegar las
nuevas generaciones a la edad adulta. Se le llama dividendo demográfico o ventana
de oportunidad demográfica. En ese momento, la relación entre personas dependientes
(niños de 0 a 15 más ancianos de más de 65) y las personas activas, es decir,
la tasa de dependencia (personas entre 15-64 por cada 100 dependientes) es favorable,
con casi dos tercios de adultos que pueden dedicarse a tareas productivas. Se
han dado dividendos demográficos en Asia oriental en la década de los años setenta
(hasta una tercera parte de los adelantos de los “tigres” económicos asiáticos –Corea
del Sur, Taiwán, Singapur– se explican por los cambios demográficos), en Asia
sudoriental en los ochenta y posteriormente en América Latina, Oriente Medio y
África septentrional; en el África Subsahariana se producirán en el presente milenio.
No obstante, encontrar el equilibrio es difícil. Hace falta un esfuerzo en educación
y formación para la incorporación de los jóvenes a la vida productiva y hacer coincidir
esta fuerza demográfica con una rápida creación de puestos de trabajo. Será
complicado en países como India, donde sigue habiendo un 48% de niños desnutridos
y sólo el 66% concluye sus estudios primarios, o en Estados árabes con un
elevado porcentaje de desempleo juvenil.
La proporción de jóvenes respecto al total de la población ya está empezando
a disminuir. Además, en casi todo el mundo los jóvenes están retrasando su edad
de matrimonio: en unos seis años desde 1970. Según datos de Naciones Unidas,
en 2013 la edad media de casamiento en Asia, África Subsahariana y América
Latina está en algo más de 23 años, en cambio en los países más desarrollados,
sobre todo en los nórdicos y Europa Occidental, la mayoría contrae matrimonio
con más de treinta. En EE. UU. el promedio es de 28, en cambio en España sobrepasa
los 34.
Entre el 2000 y el 2050 las cifras de personas con más de 60 años pasarán de
900 a 2.400 millones, del 10 al 21%. Esta situación afectará primero a los países
más desarrollados, amenazando con asfixiar sus economías, recortar sus perspectivas
de crecimiento y hacer inviables sus sistemas de seguridad social. Faltarán adultos
para sostener el mercado laboral y pagar impuestos (tasa de dependencia
desfavorable) y aumentará el gasto para el cuidado de los mayores enfermos y dependientes,
máxime con la profesionalización de servicios que antes se prestaban
en el ámbito familiar y a través de relaciones informales gracias al trabajo doméstico
femenino y a la familia extensa. Las políticas más efectivas para incentivar la natalidad
parecen las escandinavas, con prestaciones y subsidios, permisos para madres
y padres por natalidad y servicios de guardería diurna que facilitan crianza,
pero son muy caras. El problema afecta ya a Europa Occidental y es algo menor en
Norteamérica (gracias a la inmigración) y en Europa Oriental (por la menor longe-
5. Migraciones y multiculturalismo.
Además de muertes y nacimientos, el tercer factor demográfico son las migraciones.
Las mejoras y el abaratamiento de los transportes y las comunicaciones han facilitado
los movimientos migratorios, que se han convertido en un componente más de la globalización
y pueden tener un papel importante en la reducción de la pobreza, como
señala la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Naciones Unidas
define al migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más
de un año, independientemente de las causas de su traslado o de los medios utilizados
(legales o ilegales). La migración puede ser voluntaria o forzada; en el primer caso
tiene que ver con razones de trabajo, reunificación familiar o matrimonio. Quienes
emigran suelen estar mejor educados que quienes se quedan, pues los migrantes necesitan
acceso a información y algún tipo de apoyo financiero para cruzar fronteras.
La decisión, que suele tomarse entre los 15 y los 30 años, depende de si hay compatriotas
conocidos en el lugar de destino (efecto llamada) y de las oportunidades de
empleo, vivienda o educación superior. Las personas que viven en otro país sin autorización
o sin documentación (visado) son considerados “migrantes irregulares”,
mientras que los que han sido introducidos mediante contrabando o han sido objeto
de trata de un país a otro son denominados “migrantes ilegales”. Los migrantes forzados
son los refugiados, personas que huyen de países asolados por la guerra o la
violencia y no pueden o no quieren regresar porque carecerían de protección efectiva.
El fenómeno ha crecido sostenidamente desde 1960: entonces afectaba al 2,5%
de la población mundial y en 2010 llegó al 3,1%, unos 214 millones de personas
(casi la mitad mujeres), una cifra que no ha variado mucho en la última década. En
2010 el mayor grupo vivía en Europa (70 millones, casi uno de cada tres) seguida de Asia (60) y América del Norte (50, uno de cada cuatro). Entre diez países alojaban
a la mitad de los migrantes: EE. UU. (42 millones), Rusia (12,2), Alemania
(10,7), Arabia Saudí y Canadá (más de 7), Francia, Reino Unido y España (más de 6)
y Ucrania e India (más de 5). Entre 2000 y 2010, México, China y Pakistán fueron
los que enviaron mayor cantidad de migrantes. Asia occidental y meridional albergan
las corrientes bilaterales más numerosas: India-Bangladés, afganos a Pakistán
e Irán, más el corredor desde Asia Occidental hacia los países productores de petróleo.
En el norte el mayor flujo es el que llega a EE. UU. desde México y desde
Turquía a Alemania. Décadas atrás el grueso de la emigración se dirigía hacia países
desarrollados, pero esta corriente constituye ahora sólo un tercio del total, al aumentar
la emigración sur-sur hasta un porcentaje similar.
En Australia y Nueva Zelanda los inmigrantes representan más de un 20% de
su población, en EE. UU. un 16%, en Europa el 8,5% y menos del 2% en el resto
de continentes. En Europa la inmigración desde países menos desarrollados se ha
estabilizado o descendido desde 2005, en cambio ha sido relevante la emigración
desde Europa Oriental tras la caída del comunismo y la guerra de Yugoslavia, siendo
los países escandinavos los más generosos en acogida a refugiados. En 2010
ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
estimaba éstos en unos 16,3 millones, de los cuales el 80% es acogido en países
asiáticos (10,7 millones) y africanos (2,4 millones).
Luces y sombras de los movimientos migratorios
La interrelación entre migración internacional y desarrollo es compleja por los
problemas y oportunidades que representa para los países de origen y destino.
Para los más desarrollados es básica a la hora de compensar los efectos de la caída
de la natalidad, antes descritos. En un escenario sin migraciones, su población
caería en un 10% para 2050; de hecho, los inmigrantes son ya artífices del 75%
de su crecimiento demográfico. Con respecto a la ratio de dependencia, si en 2010
por cada 10 adultos activos hay 4,8 dependientes, sin inmigrantes esa tasa subiría
a 7,1 dependientes por cada 10 adultos trabajadores en 2050. En consecuencia, el
tópico de que los inmigrantes constituyen una pesada carga sobre el sistema de
bienestar social del país es falso. Tampoco influyen mucho sobre la situación del
empleo y los salarios de la comunidad receptora, pues tienden a ocupar empleos
en los que no tienen interés los nacionales del país receptor. Es cierto que compiten
directamente con el grupo de más baja cualificación, que pueden mantener
bajos los salarios mínimos y retrasar inversiones en tecnología más productiva,
pero no parece que esta amenaza sea mayor que la que supone la importación masiva
de artículos de bajo coste.
En los países de origen en desarrollo, sus emigrantes pueden representar una
pérdida considerable cuando los que se marchan son profesionales capacitados, dados los recursos invertidos en su formación. Casi un tercio del personal especializado
en ciencia y tecnología de estos países vive en el mundo desarrollado, un
éxodo que resulta especialmente dañino para el sistema sanitario (médicos y sobre
todo enfermeros) de los países menos adelantados. Sin embargo, generalmente, los
efectos económicos negativos de pérdida de capital humano quedan ampliamente
compensados por las remesas enviadas por los emigrantes y el incremento del intercambio
comercial y las inversiones que aquéllas generan. Las remesas registradas
oficialmente ascendieron en 2010 a 325.000 millones de dólares, la mayor parte para
países en desarrollo, con un valor superior al de la ayuda oficial al desarrollo que
reciben, aunque menos que el de las inversiones extranjeras directas. A veces representan
una gran proporción del PIB: Tonga 31%, Moldova 27%, Haití 25%. En estos
países, muchas de las familias que escapan de la pobreza tienen algún miembro en
el extranjero, sobre todo si las emigrantes son mujeres, que invierten más en sus
hijos que los hombres. Es cierto que quienes menos se benefician son las personas
más pobres de los países más pobres, con más dificultades para emigrar, pero al crear
demanda de bienes y servicios las remesas contribuyen de forma global a incrementar
el PIB de los países de origen. La emigración también aporta otro tipo de remesas
en forma de transferencia de ideas, cultura y capital social. Los migrantes pueden
actuar como agentes de transformación política y cultural, en particular en el fomento
de la igualdad de género, y sus conocimientos suelen redundar en mejoras en la salud
y la educación. También forjan familias transnacionales, cuyos miembros pertenecen
a dos hogares, dos culturas y dos economías simultáneamente.
El mayor problema son, sin duda, los migrantes irregulares e ilegales, obligados
a aceptar empleos en la economía sumergida, con más posibilidades de ser explotados,
desprotegidos al ser privados en muchos países de derechos (sindicales, por ejemplo),
de servicios de salud (salvo en caso de emergencia) o educación y en algunos casos
víctimas de xenofobia o discriminación en los países de acogida. El número de migrantes
indocumentados estaría entre los 30 y 40 millones. Según la OIT (2006), al
menos 2,5 millones ellos son víctimas de la trata de seres humanos: la mitad de ellos
menores de ambos sexos y un 80% mujeres y niñas. Esta industria constituye una de
las actividades comerciales ilícitas más lucrativas junto a la venta de armas y droga.
La venta inicial de estas personas en sus países de origen genera entre 7.000 y 12.000
millones de dólares y, al llegar a destino, los traficantes obtienen 32.000 millones adicionales.
Es una de las caras más oscuras de la globalización, pues las víctimas terminan
trabajando en condiciones de servidumbre en diversos sectores (doméstico,
agrícola, talleres), cuando no en la prostitución o en matrimonios forzados.
El problema de los derechos humanos de los migrantes internacionales y de
cómo asegurar una migración ordenada, regular y segura, integrada en las políticas
de desarrollo, sigue abierto. No resulta fácil consensuar internacionalmente políticas
racionales que encaucen la migración en lugar de restringirla, respetando el derecho
de los Estados a controlarla y a impedir el ingreso de ilegales. Un buen ejemplo
son las controversias en torno a la política de inmigración de la Unión Europea.
Multiculturalismo
En los países de destino, gobiernos y sociedades van reconociendo los beneficios
de la migración internacional desde el punto de vista económico y demográfico.
Sin embargo, es difícil que desaparezcan los prejuicios sociales y étnicos, así como
los choques culturales. Son frecuentes las tensiones y roces con motivo de prácticas
o costumbres tradicionales que conculcan derechos humanos, sobre todo relativas
a la mujer, y que son ilegales en el país receptor: poligamia, ablación genital, matrimonios
forzados o de menores, uso de determinados velos islámicos, etc. La inmigración
en masa se llega a percibir como una amenaza para el Estado-nación
cuando éste se concibe como integrado por una comunidad nacional basada en un
linaje, lengua y cultura milenarios o cuando se considera en riesgo alguna parte del
consenso social sobre el que se sustenta. Además, en los últimos años los problemas
internacionales han influido negativamente en la imagen de los inmigrantes (terrorismo
yihadista, motines en los suburbios de París en 2005, etc.). A ello se añade la
manipulación política de este tipo de incidentes por parte de sectores de la clase
política o medios de comunicación, que alimenta la xenofobia (islamofobia, sobre
todo) y la discriminación contra los inmigrantes, a quienes además se culpa del estancamiento
económico y el desempleo en épocas de crisis.
Para abordar esta problemática se han aplicado básicamente dos modelos, la asimilación
y la integración, con variantes y resultados desiguales, según los países.
La asimilación o aculturación, utilizada en EE. UU., pero también en Francia o Gran
Bretaña, consiste en presionar sobre los inmigrantes para que adopten la lengua y
los valores cívicos del país de acogida (patrones culturales, sociales y religiosos)
hasta lograr la plena ciudadanía. El modelo de americanización norteamericano es
el ejemplo por excelencia, aunque el resultado final, reflejado en la famosa metáfora
de Milton Gordon (1964) de América como un melting pot o crisol de culturas, es
más bien la formación de una nueva identidad nacional, amalgama en la que tradiciones
foráneas se funden con los valores tradicionales del país.
El segundo modelo surgió en las últimas décadas del siglo XX, cuando los programas
de asimilación empezaron a resultar más difíciles de imponer, sobre todo
al multiplicarse los procesos de reunificación familiar, y cuando se generalizó una
mayor aceptación de la diversidad cultural. Desde Gran Bretaña se difundió a Canadá,
Australia y Europa Occidental: fueron las políticas llamadas de integración
en Europa y de pluralismo cultural en EE. UU., aunque terminaron siendo conocidas
como “multiculturalismo”. Todos los ciudadanos deben adoptar un conjunto común
de valores e ideales sobre la esfera pública, acompañado de igualdad de oportunidades
en empleo, vivienda, educación y sistema de bienestar, igualdad ante la ley,
etc.; pero los inmigrantes y los grupos de minorías étnicas pueden mantener sus características
étnicas y sus creencias culturales distintivas en el ámbito de su vida
privada. El discurso subraya las nociones de tolerancia, representación, participación
y derechos culturales de los distintos grupos, incluidos el derecho a hablar su lengua, a mantener instituciones y prácticas culturales, lugares de culto propio, etc.
Este modelo no es homogéneo. En su versión más suave, se acepta la diversidad
cultural en el ámbito privado, pero el Estado mantiene una actitud neutral hacia la
diversidad cultural y no hay distingos en temas como educación, vivienda, servicios
sociales, etc. En su versión más radical, se procede al reconocimiento de las diferencias
culturales en la esfera pública: permiso para mataderos especiales musulmanes
y judíos, adecuación de horarios laborales para prácticas religiosas, aceptación
de vestimentas tradicionales –turbantes– o códigos de modestia femenina, costumbres
sobre enterramientos, juramentos sobre sagradas escrituras, etc. Además se
proveen dotaciones y servicios en lengua, educación, sanidad, justicia, etc. (intérpretes,
menús adaptados, cuerpos de funcionarios y trabajadores sociales comunitarios,
apoyo en escuelas…), se permite la organización de representación étnica o
cultural para consulta e intermediación con gobiernos locales o nacionales y se facilitan
recursos para actividades culturales a las distintas comunidades.
Este segundo tipo de multiculturalismo ha provocado las controversias más sonadas,
sobre todo en torno a educación y religión. Han coincidido con las demandas
de “educación separada” por parte de comunidades como la musulmana y otras minorías
de inmigrantes no occidentales, que buscan enclaves étnico-religiosos para
practicar su fe. En particular el apoyo financiero de Arabia Saudí y otros países ha
servido para instalar mezquitas y crear organizaciones musulmanas, en muchos casos
de orientación rigorista. Todo ello en un clima de creciente visibilidad de la inmigración
musulmana en Europa, enrarecido por la marea del islamismo yihadí desde el
11-S (a veces respaldado por imanes fundamentalistas), y de cierta sensación de fracaso
del modelo integrador por los bajos indicadores socio-económicos alcanzados
por los inmigrantes en educación, vivienda o empleo, amén del temor a la segunda
generación, que ha causado tensiones inter-étnicas y violencia en varios países. A un
tiempo, el fenómeno urbano de la segregación residencial ha terminado separando a
unos grupos étnico-religiosos de otros en barrios. El resultado ha sido un cierto temor
a la creación de guetos, de comunidades culturales homogéneas cerradas y separadas,
con peligro de crear una sociedad de enclaves, con acuerdos educativos, organizaciones
comunales, lugares de culto e idioma propios, que puedan llegar a debilitar la
identidad nacional y a dañar la cohesión social al ahondar los malentendidos culturales.
De ahí las voces contra el riesgo de etnización del Estado, de división en sociedades
paralelas y contra el relativismo cultural que prima los derechos colectivos
sobre los individuales. Otros han denunciado el multiculturalismo por permitir estructuras
no democráticas de liderazgo en las comunidades reconocidas oficialmente;
han advertido que puede crear desventajas entre minorías, dependencia y rivalidad
por fondos estatales, y que enfatiza la protección a la diversidad cultural relegando
temas como el racismo, el sexismo o el fracaso escolar, entre otros.
Ciertamente la asimilación, que supone imponer una identidad y cultura, parece
difícil de sostener en una era de flujos y prácticas transnacionales (el migrante reformula
su cultura de origen con la del país de acogida pero no pierde el compromiso con su comunidad de origen), sin embargo, con el modelo multicultural se
corre el riesgo de exigir demasiado poco a los nuevos ciudadanos. De hecho, desde
mediados de los años noventa y sobre todo en la primera década del 2000 ha crecido
la desconfianza hacia la diversidad y se ha defendido la necesidad de volver a una
visión más tradicional de la relación entre nación, cultura e identidad, como muestran
las obras de Samuel Huntington, Giovanni Sartori, Bob Rowthorne o David
Goodhart. En distintos países se han reforzado los contenidos de idioma y cultura
común en educación, así como las ceremonias de ciudadanía, e impuesto cursos
obligatorios para adultos inmigrantes, en la línea de cohesionar la comunidad nacional.
En EE. UU. surgió un movimiento para reafirmar la primacía del inglés
frente a la educación bilingüe con español y en Francia se ha blindado la laicidad
en las escuelas. Sin embargo, se trata de una problemática difícil de abordar porque
sistemas que dan resultado en países fundados y alimentados por inmigración (Canadá,
EE. UU., Australia), pueden resultar más problemáticos en los viejos Estados
europeos. También es cierto que hay comunidades de inmigrantes más dispuestas
a la integración que otras, dependiendo de su religión, cultura o nivel de educación.
Tampoco se puede seguir entendiendo “cultura” en términos estáticos y esencialistas,
sin tener en cuenta el proceso de cambio cultural generado por la globalización,
que promueve identidades sincréticas e interraciales: matrimonios mixtos, incorporaciones
lingüísticas, mestizaje musical, etc. En consecuencia, resulta complejo
encontrar un equilibrio: respetar la diversidad sin caer en un multiculturalismo que
produzca segregación y, al tiempo, defender un conjunto de valores, derechos y responsabilidades
que deben ser reconocidas y respetadas por todos, sin dejar de fomentar
la igualdad de oportunidades para reducir desigualdad.
6. Las mujeres en el siglo XXI.
En las últimas décadas se han producido avances espectaculares en la situación de
las mujeres en el ámbito de los derechos, la educación, la salud y el trabajo. Su
papel en la familia y la sociedad ha experimentado un gran cambio con su incorporación
al mercado laboral y a responsabilidades sociales y políticas de todo tipo.
Los gobiernos han aprobado medidas en favor de la igualdad de género como respuesta
a las demandas de las organizaciones de mujeres y al consenso internacional
favorable a una acción política más decidida. Pero aún queda mucho camino por
recorrer, como muestran los índices de desigualdad de género.
El desequilibrio en educación primaria entre niños y niñas
se ha cerrado en la mayoría de los países en poco más de dos décadas: en dos tercios
de ellos se ha conseguido paridad en la escolarización. En educación secundaria se
ha recortado mucho, sobre todo en América Latina y Asia Oriental. Hoy las mujeres
constituyen más de la mitad de todos los estudiantes universitarios. Desde 1980 su
esperanza de vida es mayor que la de los hombres en todas las regiones del mundo
y la mortalidad ligada al parto ha caído un 34% desde 1990. De nuevo, logros que
en los países ricos tardaron en materializarse 100 años, se han conquistado en cuatro
décadas o mucho menos en países de desarrollo medio y bajo. La rapidez de estos
avances ha tenido que ver con el crecimiento económico sostenido de muchos de
estos países y con la paralela y veloz caída de la fecundidad. Se ha pasado de una
media de 5 a 2,5 hijos por mujer en apenas tres décadas y en algunos países sólo en
dos, como en Irán. Tener menos hijos permite a la mujer más tiempo para invertir
en formación o participar en la economía, lo que redunda en más posibilidades de
educar mejor a sus hijas, que a su vez estarán más preparadas para vivir más, tener
menos hijos y hacerse oír en el hogar y fuera de él alimentando así el ciclo del cambio.
Estos avances en transición demográfica y economía han coincidido con el impulso
de políticas gubernamentales concretas en distintos ámbitos: inversiones en
salud reproductiva y educación femenina, leyes que garantizan igualdad de derechos,
cuotas de representación política, etc.
Esa apuesta gubernamental hubiera sido menos decidida sin el reconocimiento
global de los derechos de la mujeres. En 1975 se celebró la I Conferencia Mundial
convocada por Naciones Unidas sobre la mujer, en la que se aprobó el primer plan
de acción mundial a cinco años. En 1979 se firmó la Convención para la Eliminación
de toda forma de Discriminación contra la Mujer que, a pesar de su vaguedad
y su limitada efectividad, influyó en la legislación de muchos países. En la IV Cumbre
de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín (1995) los derechos de
las mujeres fueron elevados a la categoría de derechos humanos y la declaración
aprobada, con importantes avances respecto a la de 1979 y nuevas estrategias de
actuación, ha sido ratificada por 189 gobiernos y ha colocado definitivamente la
igualdad de género en la agenda internacional. Finalmente, los Objetivos del Milenio
(2010) la han recogido como un vector fundamental para erradicar la pobreza.
En ese proceso, el activismo de las organizaciones de mujeres ha sido decisivo.
Durante décadas los movimientos feministas han cuestionado “las relaciones de
poder de género en escenarios públicos y privados, en los ámbitos políticos, sexuales,
familiares, civiles, laborales, educativos, religiosos, sociales, económicos, comunitarios”
(Mary Nash, 2012) entre otros. Han creado estrategias de resistencia,
redes de solidaridad, y trabajado para dar visibilidad a la mujer llevando al debate
y a la agenda pública los temas relativos a su discriminación. En sus comienzos
como movimiento social, en el siglo XIX y primeras décadas del XX, se centraron
en reformar las leyes para conseguir el reconocimiento legal y político de las mujeres:
sufragio, el derecho de propiedad, el acceso a la justicia, igualdad dentro del matrimonio, etc. Desde los años sesenta, una segunda ola de feminismo consideró
que no sólo era necesario eliminar obstáculos legales, sino también la posición de
subordinación de la mujer en la sociedad, así que se concentró en el ámbito social
y económico. En Estados Unidos y la Europa democrática sus debates y actos de
desobediencia civil reclamaron el control de la mujer sobre su cuerpo (anticoncepción
y aborto) y el fin de la discriminación salarial y racial y de la violencia doméstica.
En los países inmersos en la problemática de la descolonización o con
regímenes dictatoriales, adoptaron una orientación más política, comprometida con
las luchas por la liberación nacional, el racismo colonial, la injusticia social y la
falta de libertades. Desde los años noventa, la tercera ola ha asumido un nuevo concepto
de igualdad que no hace hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres,
sino que enfatiza derechos culturales e individuales y plantea la existencia de múltiples
modelos de mujer, desde el reconocimiento de que las diferencias de raza,
religión, etnia y clase coexisten con el género y determinan distintas necesidades,
experiencias y percepción de la realidad. El feminismo actual es mucho más heterogéneo
y desborda el ámbito de las organizaciones que se reconocen como feministas,
para trabajar en distintas causas (antirracismo, ecofeminismo, defensa de
homosexuales y transexuales, etc.) según la problemática nacional, desde todo tipo
de asociaciones de mujeres, ONG, partidos políticos, sindicatos y organizaciones
campesinas, vecinales y otros movimientos sociales.
El Índice de Desigualdad de Género
A pesar de los avances, queda mucho por hacer. ElÍndice de Desigualdad de Género,
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, permite
medir por país la pérdida de logros de sus mujeres en diversas dimensiones del desarrollo
humano (salud, educación, trabajo, poder) a consecuencia de su desigual situación
respecto de los hombres. Para ello se tienen en cuenta datos de mortalidad
maternal, fecundidad adolescente, escaños en el parlamento, educación secundaria
y participación en el mercado de trabajo. La palabra género remite a los atributos
culturales, sociales y de comportamiento, expectativas y normas asociadas a ser
hombre o mujer; unos tienen que ver con factores biológicos y otros con comportamientos
sociales aprendidos. No hay acuerdo entre los autores en este asunto, ni
tampoco en el concepto de equidad: para los más próximos a la noción liberal clásica,
habría que trabajar la igualdad de oportunidades eliminando barreras y educando,
porque el resto debe elegirlo la propia mujer según sus preferencias, que
pueden no ser iguales a las de los hombres (distintas prioridades vitales, menor espíritu
competitivo, prevención hacia el riesgo). En cambio, buena parte de los sectores
feministas identifican equidad con igualdad de resultados: no basta con
eliminar obstáculos formales, porque las preferencias y actitudes son aprendidas,
por tanto, es necesario romper el círculo vicioso de aspiraciones femeninas menos ambiciosas y pocas oportunidades con sistemas de cuotas y otro tipo de medidas
positivas.
Todos coinciden, sin embargo, en la necesidad de eliminar las grandes manifestaciones
de la desigualdad de género.Las mayores perjudicadas son las mujeres de
menores ingresos, que viven en regiones pobres (África Subsahariana y Sur de Asia)
y mal comunicadas, con cifras de escolarización y atención sanitaria bajísimas, sobre
todo si pertenecen a castas inferiores y minorías étnicas, tienen discapacidades o habitan
en zonas rurales. Un ejemplo: el 60% de las indígenas guatemaltecas son analfabetas,
20 puntos más que la media nacional.
Persiste un exceso de mortalidad femenina en países de bajo o medio desarrollo
que desapareció en Europa en 1950. Según Naciones Unidas, esa sobremortalidad
se cifra en unos cuatro millones de mujeres y niñas al año (dos menos que en 1990):
casi el 40% eliminadas mediante el aborto por la selección prenatal en función de
sexo y el infanticidio (sobre todo en India, Asia Oriental, Cáucaso y Balcanes); otro
20% muertas en sus primeros años (Sur de Asia) y el 40% restante por complicaciones
del parto o embarazo y sida (África Subsahariana y Asia Meridional). Una
de cada catorce somalíes muere de parto, frente a una de cada 11.400 suecas.
Persiste también el problema de las niñas casadas antes de cumplir 18 años, en
muchos casos incluso antes de los 15. Los porcentajes son muy elevados en países
como Níger (75%), Chad (72%), Bangladés (66%) y rondan el 50% en buena parte
del África Subsahariana, India, Nicaragua y Nepal. El matrimonio en la infancia
impide que la niña reciba educación, puede destruir su salud y es un obstáculo para
la eliminación de la pobreza y la promoción de la igualdad, porque desequilibra
aún más la relación de poder a favor del marido y erosiona su derecho a decidir en
temas reproductivos. En muchos de estos países se practica, además, la mutilación
genital femenina (ablación total o parcial de los genitales externos), con máxima
prevalencia en África, sobre todo en la zona oriental del continente, que provoca
trastornos físicos y mentales a corto y largo plazo, además de mayor riesgo de complicación
en el parto ymortalidad infantil porinfecciones. Según Unicef, en países
como Somalia, Guinea y Yibuti, la prevalencia está por encima del 90% (esa es la
cifra en Egipto) de manera que hay 130 millones de mujeres y niñas que sufren las
consecuencias de esta mutilación.
Las mujeres son las víctimas de algunos tipos específicos de agresión. En los
conflictos armados persiste el uso de la violencia sexual contra la mujer (violación o
esclavitud sexual) a pesar de que desde las guerras de Bosnia y Ruanda se reconoció
como crimen de lesa humanidad. Otra forma de violencia son los delitos
cometidos contra mujeres para preservar la honra de la familia o la autoridad masculina,
si se sospechan comportamientos inmorales. En países como Afganistán,
pese a que la Constitución de 2004 recoge la igualdad del hombre y la mujer ante
la ley, se sigue obligando a la mujer violada a casarse con el violador, se permite
la entrega o intercambio de niñas para arreglar disputas y éstas pueden ser asesinadas
o mutiladas para salvaguardar el honor si han sido violadas o tratan de es-capar de un matrimonio violento. En el caso de la violencia doméstica o de género,
se trata de una manifestación de la falta de igualdad en el hogar. Los números son
escandalosos: entre un 6 y un 68% de mujeres, según el país, habrían sufrido agresiones
físicas o sexuales de su pareja o de algún conocido en algún momento de
su vida. Las cifras de la OMS (2002) hablan de entre el 6 al 10% en la UE, 25%
en Brasil y Serbia, 50% en Perú, 54% en Etiopía y 68% en Uganda. A veces este
tipo de violencia es aceptado o disculpado en porcentajes muy elevados: el 81%
de las etíopes lo justifican si queman la comida, discrepan de su marido o le niegan
sexo.
Un tercer capítulo es el desigual acceso a oportunidades económicas. El 45% de
la fuerza de trabajo agrícola lo realizan mujeres, pero sólo entre un 10 y un 20% son
propietarias de tierra y granjas. Estas últimas suelen cultivar terrenos más pequeños
y obtener peores cosechas por sus dificultades para conseguir créditos y tecnología.
Las empresas no agrarias de mujeres también son más pequeñas, obtienen menos beneficios
y se concentran en sectores de menor productividad.Las asalariadas (ocupadas
sobre todo en el sector servicios, además del agrícola) reciben peores sueldos
que los hombres, muchas veces por el mismo trabajo. En 2008 se estimaba que los
salarios femeninos medios eran en la UE un 17% menor que los masculinos, pero en
Mozambique la diferencia llega al 80%. También tienen más probabilidades de estar
empleadas en la economía sumergida y ser trabajadoras no pagadas en explotaciones
familiares, lo que supone un menor acceso a pensiones en el futuro. En muchos países
el divorcio y la viudedad causan problemas económicos muy serios por pérdida de
tierras o ingresos. En conjunto, las mujeres se ven perjudicadas por su menor escolarización,
el trato discriminatorio de empresas e instituciones y, sobre todo, por su
menor disponibilidad de tiempo debido a su desproporcionada responsabilidad en el
ámbito del hogar y el cuidado de niños, enfermos y mayores. En los hogares con hijos
en los que la mujer trabaja los hombres no realizan las tareas del hogar que les corresponderían,
ni siquiera en los países más desarrollados: en Suecia las mujeres asumen
un 50% más de tareas domésticas que sus parejas y tres veces más en Italia o
España. En resumen, trabajan más horas y tienen menos tiempo para formación, oportunidades
económicas, participación en la vida socio-política y ocio personal.
Con respecto a la participación en la toma de decisiones y el control de recursos
dentro de los hogares y en la sociedad, la situación mejora muy lentamente. La representación
femenina en los distintos escalones del poder, la burocracia y las instituciones
en general (partidos, sindicatos, iglesias, etc.) sigue siendo insuficiente.
En 1965 su presencia en los parlamentos era del 8%, y entre 1990 y 2009 pasó del
10 al 17%. En los puestos directivos de las empresas es similar hoy: 12% en Europa,
10% en América, 7% en Asia Pacífico y 3% en países árabes. Para incrementarla
muchos países han adoptado el sistema de cuotas, pero su eficacia está ligada a
cambios en el conjunto de la sociedad y en la educación.
Sólo en Arabia Saudí el derecho de voto al Parlamento sigue limitado al hombre,
pero en muchos países leyes, normas religiosas o consuetudinarias (códigos de mo-destia u honor) siguen restringiendo la capacidad legal y los derechos de las mujeres
al trabajo, a la movilidad (restricciones en el uso de transporte, bicis, carnets de
conducir, acoso sexual en la calle), su acceso a la propiedad, su derecho de rehusar
o romper un matrimonio y a tener la patria potestad de sus hijos. En algunos Estados
el pluralismo legal, reconocido oficialmente o no, impide la aplicación de la ley nacional
al dar prioridad a ley religiosa (sharía) o la costumbre (el 72% de los matrimonios
en África Subsahariana se rige por ella), sobre todo donde el sistema estatal
es débil o inaccesible el acceso a la justicia.
Las consecuencias sociales de la desigualdad de género son muy profundas.
Los organismos internacionales destacan la importancia de las políticas de igualdad
para promover el desarrollo humano, porque ingresos e igualdad de género
están correlacionados positivamente en ambas direcciones. Incrementar la educación
de las mujeres y proporcionarles servicios de salud sexual y reproductiva
supone partos con menos riesgo y un menor número de hijos pero más sanos.
Estas mismas mujeres, con una esperanza de vida más elevada, tienen mayor productividad,
se incorporan más al mercado laboral, obtienen más ingresos y ahorro
para el hogar, lo que redunda en mejoras para todos los miembros de la familia,
sobre todo mayor escolarización de los niños, dado que las mujeres efectúan mayores
inversiones en el capital humano de sus hijos que los hombres. Estos cambios,
a su vez, afianzan los derechos de la mujer en el hogar y la comunidad. Los
hombres comienzan a ser receptivos a la idea de compartir su poder con las mujeres
y se incrementa la capacidad de negociación de éstas en el hogar. El ejemplo
más sorprendente es el de Bangladés donde, tras caer la natalidad de 6 a menos
de 3 hijos en veinticinco años, mejorar la educación de las mujeres y su participación
en la fuerza laboral (industria textil), éstas han podido renegociar las normas
de purdah (reclusión femenina) que les habían confinado al hogar y limitado
su poder en estructuras sociales muy patriarcales. Según la FAO, un acceso paritario
a los recursos productivos incrementaría de un 2,5 a un 4% la productividad
de los países en desarrollo.
En segundo lugar, un mayor protagonismo como actor político y social puede
cambiar decisiones y agendas políticas, hacer las instituciones más representativas
y reducir la corrupción. Los programas de Naciones Unidas para consolidación de
la paz en zonas de conflicto y reconstrucción han reconocido los beneficios de dar
protagonismo a las mujeres en estos procesos, porque ayudan a reconducir las prioridades
políticas hacia derechos sociales-económicos y seguridad humana.
La globalización puede ayudar a promover la igualdad al acrecentar el acceso
a oportunidades laborales para las mujeres y facilitar la difusión de información
sobre sus derechos. Puede incrementar la demanda de trabajo femenino al facilitar
el crecimiento de sectores de exportación (industria textil, horticultura, floricultura,
comida procesada) que emplean más mano de obra femenina y de otros que requieren
más habilidades cognitivas que fuerza física, así como facilitar el acceso a los
mercados a empresarias y granjeras al eliminar obstáculos en tiempo y movilidad, además de permitir más flexibilidad de horarios (teletrabajo) para compatibilizar
la vida familiar. Por otra parte, la presencia de la mujer es considerada positiva para
propiciar la innovación y un mejor proceso toma decisiones en las empresas, así
como para mejorar su imagen corporativa, dada la presión de medios y consumidores
en favor de salarios y condiciones laborales más justas para las mujeres. Así
mismo la urbanización y el uso de la televisión por cable, internet o las redes sociales
permiten la difusión de modelos alternativos de vida y costumbres a los que
aspirar. La movilización de mujeres en la primavera árabe es un buen ejemplo.
No obstante, este potencial necesita ser apoyado con políticas públicas que sigan
reduciendo las desventajas en capital humano (infraestructuras de agua y transporte
y servicios básicos de salud y educación), que mejoren las oportunidades económicas
(servicios de guarderías, permisos parentales obligatorios, microcréditos), que
eliminen la legislación discriminatoria en temas de herencia y propiedad, matrimonio
y divorcio y den acceso a un sistema judicial eficiente; que promuevan mayor
participación político-social y que combatan la violencia de género. Y, sobre todo,
estas medidas deben ir acompañadas por la sociedad civil, porque las diferencias
de género son particularmente persistentes cuando tienen su raíz en normas sociales
y culturales (incluso más poderosas que las religiosas) e inercias institucionales que
pueden recortar el efecto positivo de leyes, servicios y crecimiento económico al
seguir limitando las actividades y roles a que las mujeres pueden aspirar.
7. Cambio cultural y desarrollo humano: los valores en el mundo de hoy.
Los espectaculares cambios demográficos y sociológicos (migraciones, urbanización,
situación de la mujer) provocados en buena medida por el desarrollo económico
experimentado por países de desarrollo medio o bajo, junto a los procesos de
democratización y globalización, han ido acompañados también por un cambio de
valores significativo en las últimas décadas. Y de la misma forma que se ha formulado
una teoría sobre la transición demográfica, los científicos sociales Ronald Inglehart
y Christian Welzel han elaborado recientemente una teoría que, partiendo
del desarrollo humano (definido por los parámetros del PNUD) como factor fundamental,
vincula modernización social, cambio cultural y desarrollo político. Para
ello se han valido de cinco grandes encuestas realizadas entre 1981 y 2008 (World
Values Survey y European Values Survey) que midieron las preferencias y preocupaciones
de la gente en las principales áreas vitales (religión, vida social, educación,
política, economía) por países, agrupando a éstos en áreas culturales no siempre
coincidentes con las geográficas: África, Latinoamérica, Asia Meridional, la Europa
Católica, la Europa protestante, el mundo excomunista, el mundo anglosajón (Gran
Bretaña, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda) y el confuciano (Asia Oriental).
Estos autores identifican dos dimensiones básicas que explican el 70% de las
variaciones de valores entre diferentes culturas: una tiene que ver con las ideas sobre la comunidad de pertenencia y otra se refiere el ámbito del propio individuo.
La primera dimensión plasmada en un eje de coordenadas (figura 2.1) enfrenta valores
tradicionales con valores seculares-racionales. Refleja el contraste entre sociedades
en las cuales es muy importante la religión, junto con la familia tradicional
(rechazo al divorcio, aborto, suicidio, eutanasia), lo mismo que el respeto a la autoridad,
la disciplina y el nacionalismo étnico-cultural; frente a sociedades con las preferencias
contrarias, las seculares-racionales, es decir, menor relevancia de la
religión y de la identidad nacional y patrones familiares más libres.
En la segunda dimensión, vinculada más directamente con el individuo, en un
extremo estarían valores relacionados con la necesidad de supervivencia (preocu-obediencia,
desconfianza) y, en el otro, los valores que surgen una vez superado un cierto
umbral de seguridad material y que reflejan deseos de maximizar la aspiración a la
libre expresión y a la realización individual: el disfrute de libertades políticas y civiles,
el ejercicio activo de la participación en los asuntos públicos, la tolerancia
hacia actitudes inconformistas (respeto hacia la homosexualidad, etc.), el sentimiento
de dirigir la propia vida y la confianza en el género humano.
En la evolución de los valores culturales de un país de un polo a otro es fundamental
el grado de desarrollo humano. En sociedades de bajo desarrollo, sobre todo
agrarias, las aspiraciones de los individuos se centran en la supervivencia (valores
materialistas) y los lazos con la comunidad son imprescindibles. Con dificultades
económicas y sociales, sin un Estado de bienestar en el que confiar, es difícil sentirse
libre para tratar de desarrollar el potencial humano individual. En cambio, con una
vida material más estable, con más recursos y sobre todo con una clara sensación
de seguridad existencial, el individuo, con más habilidades intelectuales y redes sociales
a las que conectarse, puede liberarse de los lazos comunitarios no deseados
e impuestos. Su percepción de la comunidad en términos seculares-racionales se
acentúa y desea más independencia. A un tiempo, siente que puede dirigir su vida
y desarrollar su potencial creativo. Esta doble seguridad personal hace que el individuo
tenga más recursos para luchar por las libertades democráticas, de ahí la ligazón
que se establece entre modernización socio-económica y democracia.
Esta evolución se acentúa con el paso de las sociedades industriales a sociedades
postindustriales y del conocimiento. El bienestar acumulado en los países más desarrollados
durante las últimas décadas, sin precedentes históricos, ha hecho que buena
parte de su población haya crecido dando por segura su situación económica y física.
En consecuencia, las prioridades han evolucionado desde la preocupación por la seguridad
material a una creciente atención al bienestar subjetivo, la realización personal
y la calidad de vida. Se produce entonces un deslizamiento desde valores materialistas
a postmaterialistas, que comienza en las generaciones que han crecido con la supervivencia
asegurada y en Estados libres. Se da prioridad a la protección medioambiental
y la tolerancia a la diversidad (extranjeros, homosexuales, igualdad de género), se fomentan
en la educación la imaginación (frente a la disciplina y el trabajo duro), se demanda
mayor participación en el proceso de toma de decisiones de la vida económica
y política. En el ámbito político estas aspiraciones hacen a los individuos más críticos
con el funcionamiento de las democracias (con el potencial de reforma del sistema
que ello supone) pero, a un tiempo, al desarrollar más la confianza en los demás y la
tolerancia, tienden a la moderación política: un ejemplo podrían ser los movimientos
de protesta en el marco de la última crisis económica como el 15-M. En todo caso, el
alto valor concedido a la libertad individual y a la realización personal, junto con el
compromiso político-social, alimentan la cultura política democrática.
Según los resultados de las encuestas, las zonas culturales de las que se tienen
más datos (confucionista, mundo latinoamericano, Europa católica, Europa protestante y el mundo anglosajón) se han movido claramente desde 1981 en la dirección
de valores de mayor libertad de elección. En cambio, África y buena parte del
mundo islámico apenas han variado. También es curiosa la situación de América
Latina, que ha mejorado en libertad individual, pero sigue apegada a valores tradicionales
(religión católica, nacionalismo). El mundo ex comunista ha avanzado en
un sentido secular-racional y aún más lo ha hecho el bloque de Asia Oriental, pero,
excepto Japón, mantienen pautas de disciplina y respeto a la autoridad que tienen
mucho que ver con el peso de la herencia del comunismo y la particular idiosincrasia
confucionista. En cambio, son el mundo anglosajón y, sobre todo, la Europa protestante
(en particular los países escandinavos) las regiones donde la autoafirmación
personal y la libertad individual se estiman más. En el año 2005 la ratio de materialistas/
post-materialistas en países como Pakistán era de 55 a 1 y en Rusia, 28 a 1, pero
en EE. UU. los postmaterialistas sobrepasaban a los materialistas por 2 a 1 y en Suecia
por 5 a 1. No obstante, el peso de la religión sigue siendo relevante en buena parte
del mundo anglosajón, por ejemplo en EE. UU. La Europa católica, en especial Italia
y España, están a medio camino en los dos ejes, por lo tanto, un paso por detrás
de la Europa protestante en ambos. Tal vez la explicación sea el retraso (casi treinta
años) en alcanzar niveles de bienestar material en comparación con la Europa del
Norte: aunque las generaciones jóvenes tengan valores postmaterialistas, sigue habiendo
muchas cohortes de población que crecieron con prioridades materialistas.
De la misma manera, en los países emergentes hará falta que pasen algunas décadas
para que el incremento del bienestar se traduzca en un cambio de valores culturales.
Un efecto contrario provocan las grandes recesiones económicas (desempleo, recortes
en el Estado de bienestar), como la actual, que puede hacer retroceder la evolución
prevista como respuesta a condiciones materiales adversas.
Según la figura 2.1, la herencia histórica (comunismo) y las tradiciones culturales,
muy ligadas a la religión, siguen contando a la hora de conformar los sistemas de valores,
porque dejan una impronta persistente en las sociedades. Las creencias de masas,
las orientaciones que guían la vida diaria de la gente sobre la autoridad, por ejemplo,
tienen un efecto agregado a las creencias individuales. Los países protestantes tienden
a ser más ricos y a estar situados en los polos de la libertad y valores no tradicionales;
los católicos se encuentran en una situación intermedia, mientras que la presencia del
Islam parece hacer más difícil el desarrollo de los valores de independencia y libertad.
Sin embargo, el mundo musulmán no es inmune a los efectos del desarrollo humano,
como muestra el caso de Turquía. Lo que parece derivarse de este cuadro panorámico
es que el desarrollo económico y humano tiende a empujar a las sociedades –a distinto
ritmo y de una forma no lineal– hacia una dirección común, una orientación más secular-
racional y de libertad personal, pero con caminos de desarrollo paralelos, más
que como una senda única hacia una convergencia de valores en una cultura global
uniforme, porque la herencia cultural es muy duradera.
8. La democracia: definición y tipología
En las últimas décadas del siglo XX se produjo un espectacular aumento del número
de países con regímenes democráticos. Desde 1975 a 2002 pasaron de 41 a 121,
abarcando el 46% de la población mundial frente al 29% de partida. Se ha hablado
de una “era de la democracia”, modelo político legítimo por excelencia tras el hundimiento
del comunismo como ideal. Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI,
parece haberse producido un estancamiento en este proceso de cambio. La pregunta
es si los regímenes autoritarios están abocados a desaparecer siguiendo lo que parecía
una marea histórica favorable a la democracia o están consiguiendo adaptarse
con nuevos modelos políticos híbridos, autoritarios aunque celebren elecciones. En
este tema, tras revisar algunos conceptos políticos básicos, se analizan los procesos
descritos y los factores que los explican, para finalizar con algunos de los debates
acerca de la calidad y los problemas de las democracias contemporáneas.
3.1. Democracia: definición y tipos
Democracia fue un término acuñado en la Grecia clásica (siglo V a. C.) para definir
la forma de gobierno en que la mayoría de los ciudadanos podía participar en el
proceso político, en contraste con regímenes en los que el poder era monopolizado
por un individuo (monarquía o tiranía) o un grupo (aristocracia u oligarquía). Fuera
del contexto de las antiguas ciudades-estado griegas y la República romana no se
desarrolló, aunque posteriormente hubiera asambleas de hombres libres de ámbito
local o de tribu y una representación del Tercer Estado en los parlamentos del Antiguo
Régimen. El modelo clásico quedó asociado con la soberanía popular: el pueblo como sujeto político capaz de producir una voluntad colectiva (decidir como
un todo homogéneo) e identificar lo que constituía el bien común. En aquella primera
formulación se ejercía la democracia directa, con la intervención de todos los
considerados ciudadanos en asambleas populares. La siguiente versión, posterior a
la creación del Estado nación –que cambió la escala tanto territorial como demográfica
de las unidades políticas– arrancó con las revoluciones americana y francesa
de fines del siglo XVIII, pero ya como democracia indirecta, o sea, representativa.
Desde las primeras constituciones liberales cambió el procedimiento: el pueblo elegía
periódicamente representantes, que eran los encargados de tomar las decisiones
políticas. Se incorporaron conceptos como división y equilibrio de poderes, principio
de la mayoría o derecho de voto. Sin embargo, tuvieron que pasar décadas hasta
la llegada de la democracia moderna, cuando el sufragio universal alcanzó a toda
la población adulta tras la abolición de la esclavitud, el derecho de voto femenino
a partir de 1913 (en Noruega), el reconocimiento de la igualdad jurídica de los pueblos
colonizados y de derechos políticos a minorías étnicas o raciales. De ahí que
para muchos autores la democracia sea un fenómeno del siglo XX.
Definir la democracia resulta difícil porque, como ha señalado el politólogo
Robert Dahl (1999), al hacerlo se suelen mezclar dos preguntas distintas: cómo debería
ser, o sea, qué criterios debería cumplir una democracia ideal según la teoría
política, y cómo son de hecho o qué características tienen los sistemas políticos reales
(las democracias liberales de masas) que hoy reconocemos como tales. Él
mismo, revisando las aportaciones de los autores liberales clásicos, desde Locke a
Stuart Mill, ha señalado las premisas del modelo arquetípico de democracia: la justa
consideración de los intereses de todos los gobernados en el proceso de decisiones
de gobierno; la presunción de autonomía personal según la cual cada individuo
como ser libre es el mejor juez de sus propios intereses; y el criterio moral de igualdad,
por el que todas las personas valen lo mismo y tienen semejantes aspiraciones
en la vida, la libertad, la felicidad y otros bienes básicos. De ellas se deriva que
todos los ciudadanos deben ser tratados como si estuvieran igualmente capacitados
para participar en el proceso político. A fin de respetar esta igualdad política básica
(señalada ya por Tocqueville), sería preciso que los ciudadanos adultos tuvieran las
mismas oportunidades para conocer las alternativas políticas, participar en la elaboración
de la agenda política, dar a conocer sus opiniones, votar libremente y que
su voto fuese contabilizado justamente.
Acercarse a ese modelo ideal precisa determinadas instituciones. Son éstas las
que sirven para identificar una democracia, como ya propusiera en 1942 Joseph
Schumpeter (Capitalismo, Socialismo y Democracia) al declarar la competencia
por el voto de los ciudadanos como el elemento básico para definir este sistema político.
Dahl enumera dichas instituciones: cargos públicos elegidos por los ciudadanos
en elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión sobre
asuntos políticos, incluida la crítica al gobierno, al régimen político, al orden socioeconómico
y a la ideología dominante; acceso a fuentes de información alternay organizaciones independientes, como sindicatos. Tales instituciones garantizan
una ciudadanía incluyente para todos los adultos del Estado, la expresión del pluralismo
social y el suficiente grado de competición política.
Este tipo de definición descriptiva y empírica de democracia, centrada en la fórmula
para elegir gobierno (elecciones abiertas, libres y justas que permitan a la oposición
alcanzar el gobierno) ha sido la abrazada por los politólogos que desde los
años setenta han analizado el fenómeno de la democratización, frente a otras que incorporan
preocupaciones socioeconómicas (igualdad de oportunidades, Estado de
bienestar, justicia) o consideraciones relativas a la calidad de la representación. También
es el criterio seguido por las organizaciones internacionales de referencia, como
las dependientes de Naciones Unidas. Desde los años 1990, además, observadores
internacionales proceden a legitimar los procesos democráticos cuando comprueban
el cumplimiento de los requisitos del procedimiento electivo apuntados.
Así mismo es el baremo de instituciones de prestigio mundial como la independiente
Freedom House. Esta organización, creada en EE. UU. en 1941 para promover
la libertad en el mundo, publica informes anuales muy influyentes (Freedom in
the World) sobre el desarrollo de la democracia en los distintos países. En el último
(2013), siguiendo a politólogos como Larry Diamond, distingue dos niveles de calidad
democrática al diferenciar entre democracias electorales (con elecciones razonablemente
libres y justas, sufragio universal, sistema multipartidista) y
democracias liberales. Las primeras permiten transferencias pacíficas y regulares
de poder entre fuerzas políticas rivales; las segundas, además de eso, mantienen un
alto nivel de respeto a los derechos humanos, con gobiernos sujetos al imperio de
la ley, libres de la tutela de autoridades militares o religiosas, con un sistema judicial
independiente y garantías de protección para los derechos políticos y las libertades
civiles. En su conocida clasificación entre países libres, semi-libres y no libres (valorados
de 1 a 7 otorgando al 1 el más libre, 7 al más autoritario y siendo 4 el punto
medio de la escala), todos los países libres (calificados de 1 a 2,5) serían democracias
electorales y liberales, pero algunos de los países semi-libres (entre el 3 y el 5)
sólo serían democracias electorales y no liberales. Ya a partir de 5,5 son regímenes
autoritarios. De tal manera que en 2013, de 195 países, habría 117 democracias
electorales, pero, de ellas, sólo 90 países libres (democracias liberales). En el grupo
de las democracias electorales, estarían hoy países como Albania, Moldavia, Ucrania,
Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Filipinas, Turquía o Bangladés,
por poner algunos ejemplos de todos los continentes.
Acerca de las ventajas de la democracia, el propio Robert Dahl ha señalado las
siguientes: ayuda a evitar el gobierno de autócratas crueles o depravados; garantiza
a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales que los no democráticos no pueden
asegurar y un mayor ámbito de libertad personal que cualquier otra alternativa;
ayuda a las personas a proteger mejor sus propios intereses fundamentales y a vivir
bajo leyes de su propia elección; es el único sistema que proporciona una oportu-nidad máxima para ejercer la responsabilidad moral; promueve el desarrollo humano
más plenamente que cualquier otro modelo; puede fomentar un grado más
alto de igualdad política y, finalmente, los países democráticos tienden a ser más
prósperos y a hacerse menos la guerra entre ellos. Está demostrada también la conexión
entre prevención de desastres humanitarios y respeto a derechos políticos y
civiles: nunca se dieron grandes hambrunas en países democráticos –ni siquiera en
la India– por el papel de la prensa libre y la mayor atención de los gobiernos a las
necesidades y demandas de los ciudadanos.
Respecto a la tipología, existen múltiples modelos de Estados democráticos dependiendo
de cómo se establece la relación entre los tres poderes (ejecutivo, legislativo
o Parlamento y judicial), el sistema de partidos, la conformación de mayorías
y la organización territorial. Sobre la primera cuestión, se habla de democracia presidencialista
o parlamentaria: en la primera los jefes del poder ejecutivo (el presidente
de Estado o del gobierno) se eligen directamente, mediante votación popular
(o un colegio electoral, como en EE. UU.), por un periodo establecido y no se les
puede destituir por el voto del parlamento; además, en sus gobiernos los ministros
son meros subordinados del presidente. En cambio, en un régimen parlamentario
se vota para elegir a los representantes que forman el parlamento y éste, a su vez,
determina quién será primer ministro o jefe de gobierno, responsable por tanto ante
el poder legislativo, que a su vez le puede destituir por votación. Es el caso de las
monarquías constitucionales, con un jefe de Estado hereditario: todas son democracias
parlamentarias. Respecto a las repúblicas, no todas son presidencialistas;
hay modelos semipresidencialistas (Francia) donde el presidente debe compartir el
poder con su primer ministro, quien a su vez precisa apoyo parlamentario. Así
mismo, hay regímenes presidencialistas, como el norteamericano, donde el legislativo
juega un papel crucial.
El grado de concentración de poder en manos de la mayoría salida de las urnas
y el nivel de representatividad del sistema depende también de si los gobiernos son
de un solo partido con mayoría o son de coalición, de si hay bipartidismo o multipartidismo,
de si el sistema electoral es mayoritario o proporcional y de si los poderes
del ejecutivo y el legislativo están equilibrados. Finalmente, según la
estructura territorial acordada, se habla de Estados federales o descentralizados y
de Estados unitarios o centralizados. En los primeros, además del Estado central y
las entidades locales, existe un nivel de gobierno intermedio, también elegido democráticamente,
con diferentes competencias de legislación y gobierno según el
país, aunque nunca incluyen defensa, política exterior ni las grandes líneas de política
económica y monetaria: Länder alemanes, Estados norteamericanos, cantones
suizos, Comunidades Autónomas españolas, etc. Esta descentralización puede ser
simétrica o asimétrica según tengan o no las mismas competencias todas las unidades
en que se divide el Estado. En aquellos formalmente federales (EE. UU., Canadá,
Alemania, Austria, Suiza, India, Nigeria, Brasil, Argentina), la división de
poder entre el gobierno central y los Estados federados está estipulada constitucio-nalmente y no puede ser alterada por meros acuerdos entre partidos o por decisiones
unilaterales de las partes. En un Estado centralizado, por el contrario, o no hay unidades
subnacionales que compartan soberanía, poder o funciones con el gobierno
central (Francia) o reciben competencias por delegación de éste y pueden ser abolidas
de la misma forma (Gran Bretaña). España es un caso intermedio: sin terminar
de ser federal en términos constitucionales, el grado de competencias de algunas
Comunidades Autónomas es equivalente o superior al de muchos Estados federales
y, de hecho, los politólogos lo consideran como tal en los estudios comparados.
Regímenes no democráticos
La antítesis de la democracia son aquellos regímenes políticos en los que ni el jefe
del ejecutivo ni el poder legislativo son elegidos y no hay canales para que la oposición
pueda oponerse legalmente al poder, monopolizado por un dictador o un
grupo, ya sea militar o político, que emplea medios despóticos de control político
y social, restringe o elimina las libertades. Tras esta definición se esconde una tipología
muy variada, dependiendo de quién gobierna (un individuo, el ejército, un
partido), cuáles son los apoyos y medios para retener el poder (terror, cooptación,
movilización) o los objetivos perseguidos (revolución, mantenimiento del orden,
desarrollo económico).
Siguiendo los estudios pioneros de Juan Linz (1964), se suele hacer una primera
distinción entre modelos totalitarios y autoritarios. Los primeros se desarrollaron
en el siglo XX en paralelo al nacimiento de las democracias. Se basan en la concentración
absoluta de poder en torno a un líder con cierta mística carismática, que
controla un partido único y se vale de una férrea represión y de una ideología revolucionaria
y exclusivista para legitimarse, para encuadrar, controlar y movilizar a
la ciudadanía y destruir la autonomía individual y del resto de las organizaciones e
instituciones. Algunos prototipos serían la URSS de Stalin, la Alemania nazi, la Italia
fascista o la Camboya de Pol Pot, ya desaparecidos; sólo Corea del Norte resiste.
Hoy se habla de regímenes post-totalitarios en casos como los de China, Vietnam,
Laos o Cuba, donde el compromiso con la utopía original es más débil, las decisiones
políticas tienen un sentido mucho más pragmático y tecnocrático y hay menos
interés en la movilización de las masas.
En los modelos autoritarios sus líderes no suelen exhibir visiones teleológicas
y no pretenden la movilización total de la sociedad, ni el control absoluto sobre los
valores y la vida de los individuos. Tratan sobre todo de mantener el orden, el control
político y, generalmente, perpetuarse en el poder. Tampoco disponen de una
ideología elaborada y movilizadora potente; suelen manejar conceptos como orden,
patria, etc. Pueden utilizar un partido único, pero nunca tan potente como en los
modelos totalitarios, y tampoco es su único instrumento, porque a menudo se apoyan
también en el ejército o la burocracia. La lealtad que suscitan deriva de las predanía,
si bien no buscan tanto la obediencia como la falta de resistencia y la apatía.
Su visión de lo que debe ser la sociedad es más plural que en los totalitarismos y
pueden permitir cierto grado de oposición controlada (pluralismo limitado) siempre
que no haga peligrar al régimen. Pueden llegar a niveles de represión comparables
con algunos regímenes totalitarios, pero el objetivo de ésta no es una transformación
radical de la realidad social. Es más fácil que utilicen el poder para el engrandecimiento
personal y que proliferen la corrupción y el clientelismo para engrasar sus
apoyos.
Esta definición general se concreta en fórmulas muy variadas. En el patrón
autoritario estarían englobados, por ejemplo, regímenes como las monarquías absolutas,
donde el rey actúa como jefe de estado y gobierno con un poder casi irrestricto:
en Arabia Saudí, por ejemplo, su única limitación es el Corán y la sharia.
Otra modalidad autoritaria son los regímenes patrimonialistas, basados en un gobierno
personal cuyo fin es el provecho del dictador (que carece de la legitimidad
de la tradición monárquica), su familia o sus aliados. El gobernante ejerce su poder
de manera arbitraria, sin restricciones, y no distingue entre el Tesoro público y su
patrimonio privado. Elige a sus colaboradores muchas veces entre familiares, amigos,
socios comerciales y entre los hombres directamente involucrados en el uso
de la violencia para sostener al régimen. Los niveles de corrupción son muy elevados.
Entre los ciudadanos predomina el temor, porque generalmente los opositores
son duramente castigados. Tampoco suele contar con apoyo de organizaciones como
un partido único, un ejército profesional disciplinado u otros grupos, porque su gobierno
suele destruir, controlar o corromper este tipo de instituciones sociales. El
resultado es una debilitada sociedad civil y política, por eso, tras su derrocamiento,
las transiciones políticas pueden ser complejas dado el vacío dejado. Casos paradigmáticos
fueron los del dominicano Trujillo, Mobutu Sese Seko en Zaire, Batista
en Cuba, Ferdinand Marcos en Filipinas, los Somoza en Nicaragua. La actual Guinea
Ecuatorial de Teodoro Obiang es un buen ejemplo; como también se reconocen
rasgos de patrimonialismo en otros dos regímenes que se cerraron violentamente,
el comunista de Ceaucescu (Rumanía) y el de Gaddafi (Libia).
Otro tipo identificado es el llamado burocrático-autoritario, que abundó en América
Latina en las décadas de los años setenta y ochenta: el mandato de Pinochet en
Chile es el prototipo. Bien definido por Guillermo O’Donnell, se da en países en desarrollo,
con procesos de industrialización en marcha, donde el ejército como corporación,
apoyado en sectores tecnocráticos y empresariales, toma el poder con la
justificación de reorganizar la situación nacional apelando a la necesidad de orden
por el riesgo que representan determinados grupos (sindicatos, organizaciones de izquierda)
para garantizar el crecimiento y la racionalidad económica. Los militares
gobiernan como institución colegiada y cooptan grupos e individuos privados, técnicos
y burócratas. El nivel de participación política es bajo (aunque se puedan apoyar
en un partido único) y se tolera cierto pluralismo social pero sin verdadera compe-tencia. Elementos de este modelo podrían identificarse hoy en Egipto o en la Argelia
de Abdelaziz Buteflika, con los islamistas radicales como el enemigo a contener.
Los populismos son otra modalidad autoritaria. Se trata de regímenes basados
en un líder carismático (el peronismo es el ejemplo histórico más citado), que se
alimenta de los lazos directos establecidos con la masa de sus seguidores, movilizados
permanentemente a través de propaganda, mítines y manifestaciones. El líder
se erige en portavoz del “pueblo”, identificado con el ciudadano común o más desfavorecido
y de su lucha heroica contra la corrupción y el egoísmo de los enemigos
internos (antiguas élites o partidos en el poder) y externos (EE. UU., Occidente).
Sus rivales políticos se convierten así en “enemigos del pueblo” y buscan mantener
en tensión el clima político mientras presionan a los grupos independientes de la
sociedad civil que no les son leales. Tienden a incrementar sus poderes con el uso
de referendos o plebiscitos y a eliminar los controles constitucionales a su mandato
o su reelección. Utilizan el dominio sobre la administración para beneficiar a los
sectores leales y distorsionar el juego electoral a fin de mantener el poder. Suelen
apostar por políticas de nacionalismo económico e intervencionismo estatal, con
generosos y selectivos programas sociales; aunque hay populismos que han desarrollado
políticas neoliberales, como Alberto Fujimori en Perú. El mandato de
Hugo Chávez y los actuales populismos de izquierda en Venezuela y Nicaragua son
dos buenos ejemplos, imitados con menor grado de autoritarismo en Ecuador y Bolivia.
A menudo se trata de regímenes híbridos, una nueva clasificación acuñada
por los politólogos en la última década del siglo XX.
Se denomina regímenes híbridos a todo un conjunto de regímenes civiles con
instituciones formalmente democráticas, pero que no son democracias. Es decir,
tienen elecciones regulares, partidos legales, suficientes libertades civiles como
para permitir que la oposición abra sedes, reclute candidatos y organice campañas,
así como una competición política real e intensa que la oposición se toma en serio.
Sin embargo, el juego político entre oposición y gobiernos en ejercicio no es limpio.
Se utilizan las instituciones y los recursos del Estado para debilitar la capacidad de
la oposición de competir con el abuso de los medios de comunicación estatales o
de empresas próximas al gobierno, con la aplicación de leyes de seguridad, antidifamación
o antiespionaje extranjero contra líderes u organizaciones de oposición,
con la limitación del acceso a recursos para la oposición o usando los favores de
las autoridades electorales, judiciales o fiscales. Otras veces hay fraude electoral
directo (manipulación de listas de votos, falsificación de resultados) e intimidación
a opositores y votantes. Formalmente hay libertades civiles, pero son violadas
(arrestos, acoso, ataques contra jueces, periodistas, activistas políticos y medios de
comunicación), aunque no tan sistemáticamente como para forzar el exilio de la
oposición. Al contrario, los elementos y procedimientos democráticos son usados
como instrumentos para ganar legitimidad tanto interna como internacional. Se disfrazan
de democracia para reprimir el verdadero pluralismo político, porque su objetivo
es el monopolio del poder.
El caso ruso es un buen ejemplo. El
régimen de Putin no es de los más represivos: sus ciudadanos, a pesar de la persecución
de periodistas y opositores, son más libres que en cualquier periodo de su
historia; pueden viajar al extranjero, manejar internet, etc. Explota sobre todo sentimientos
nacionalistas, la nostalgia de un pasado más glorioso, la xenofobia antioccidental
o antiyanki y eslóganes modernizadores. Esta falta de ideología dificulta
la tarea de la oposición a la hora de ofrecer un discurso político alternativo. La apertura
de fronteras, en lugar de desestabilizarlo, sirve en parte para desactivar la acción
colectiva de la oposición, que en muchos casos opta por la emigración. Finalmente,
el régimen sobrevive porque tanto élites como masas (sin una cultura democrática
arraigada) lo perciben como exitoso, sobre todo en términos económicos, aunque
reconozcan su disfuncionalidad y autoritarismo.
La etiqueta de híbridos identifica muchos de los regímenes instalados bien en
la zona gris entre el autoritarismo y la democracia (algunas democracias electorales
también estarían cerca de esa difusa línea), bien en la negra franja del más absoluto
autoritarismo, con ausencia total de derechos políticos y libertades individuales. Da
cobertura a monarquías semi-constitucionales, como serían Marruecos y Jordania,
a una teocracia con elecciones como Irán, a algunos de los populismos latinoamericanos
(Venezuela y Nicaragua), a países de la Eurasia excomunista y de África
que no llegaron a concluir sus transiciones a la democracia (Ucrania, Rusia, Kenia,
Uganda, Nigeria, Zimbabue, Angola, Mozambique, etc.) y a diversos regímenes
multipartidistas pero autoritarios (Malasia, Argelia, etc.).
–
9.El avance de la democracia y los debates sobre su evolución
La tercera ola
Según Samuel Huntington, autor en 1991 de una influyente obra titulada La tercera
ola sobre el avance histórico de la democracia, este régimen político se ha expandido
en tres periodos sucesivos interrumpidos por dos fases de estancamiento o retroceso.
La primera oleada (1828-1922) se inició en Occidente a partir de la
influencia de las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII
y permitió la aparición de los primeros sistemas políticos que empezaban a cumplir
los mínimos requisitos de democracia, con gobiernos responsables ante parlamentos
que eran elegidos periódicamente por un electorado cada vez más amplio. En 1828
se celebró la primera elección norteamericana en que votaron en torno a la mitad
de los hombres adultos, hito que se fue alcanzando luego en otros países de Europa
Occidental y en los dominios británicos. La lista fue creciendo tras el final de la
Primera Guerra Mundial, cuando cayeron los imperios alemán, austrohúngaro y
turco. En cien años unos 30 países habían cruzado el umbral democrático. Sin em-bargo, a partir de la instauración del fascismo en Italia, se produjo el primer retroceso,
que coincidió con la consolidación del comunismo en la URSS. Se abrió entonces
una fase de golpes de estado y regímenes dictatoriales y totalitarios que no
se cerró hasta la derrota del Eje en la guerra mundial. La segunda oleada democratizadora
es situada por Huntington entre 1943 y 1962: Italia, Japón, Alemania Occidental,
buena parte de los países latinoamericanos, Israel y los nuevos países
independientes tras la descolonización adoptaron instituciones democráticas. Pero
esta evolución se detuvo a principios de los sesenta con una nueva marea autoritaria
que afectó sobre todo a América Latina, Asia y África y que desató una ola de pesimismo
acerca de la aplicabilidad de la democracia en los países en desarrollo. La tercera ola se abrió en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal.
En los dos años siguientes cayeron las dictaduras de Grecia y España. Al poco
tiempo (1977-1985) se iniciaron transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos
e India regresó a la normalidad democrática tras un paréntesis de
estado de excepción. A finales de los años ochenta llegó la hora de Asia Oriental:
Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, seguidas de Pakistán, Bangladés y Nepal. En 1987
casi el 43% de los Estados del mundo eran democracias. Después el colapso del
comunismo y el fin de la Guerra Fría llevó la democracia a la Europa Centro-Oriental:
empezó Hungría en 1988, seguida de procesos de transición en el resto de países
de la órbita soviética en los dos años siguientes. Todos ellos tuvieron que afrontar
el doble reto de democratizar el sistema político y transformar a un tiempo el sistema
económico. Un gran desafío teniendo en cuenta que el colapso económico ini-cial provocado por el cambio no ayudó a apreciar las ventajas de la democratización
y que, en ciertos casos, hubo problemas añadidos de delimitación de fronteras y
tensiones étnicas.
A los Estados ex comunistas pronto se sumaron los últimos países descolonizados
(Papúa Nueva Guinea, los restos del Imperio británico, insulares casi todos,
más Namibia) y Sudáfrica en 1994 con el fin del apartheid. En poco más de veinte
años (1973-1995) el número de democracias había pasado de 30 a 117 y el movimiento
se había convertido en un fenómeno global. África experimentó una marea
de cambio en los años noventa, con legalización de partidos de oposición y aperturismo
político: de los 29 países de partido único que había en 1989, sólo quedaba
uno cinco años después. En 1997, 44 de los 48 Estados subsaharianos habían celebrado
elecciones multipartidistas y, de ellos, doce se podían considerar democracias.
El último gran éxito fue la transición en Indonesia desde 1998, que, junto
al cambio de consideración de India como país plenamente libre ese mismo año,
explican el incremento de seis puntos en el porcentaje de población libre entre
1992 y 2002 del cuadro 3.2. Como ha señalado el nobel Amartya Sen, este proceso
ha llevado a la aceptación de la democracia como un valor universal y no como
un fenómeno derivado de hábitos culturales procedentes de las sociedades occidentales:
una verdadera revolución en el pensamiento y una de las mayores contribuciones
históricas del siglo XX. Ya no se plantea la cuestión de si un país está
preparado para la democracia, al revés, la idea es que se preparará a través de la
propia democratización.
Los factores de la democratización
Los politólogos consideran que no existen unas precondiciones ni unas causas uniformes
que determinen la democratización: las estructuras socio-económicas, culturales,
internacionales, como las herencias históricas, limitan el menú de opciones
posibles, pero la labor de los actores individuales y los procesos de negociación o
confrontación entre élites son igualmente decisivos. Sin embargo, es indudable que
hay determinados factores y condiciones que favorecen el proceso. En el caso de la
tercera ola, como S. Huntington señaló, estaban las experiencias democráticas previas,
sobre todo en los países mediterráneos y latinoamericanos, con constituciones
liberales desde el siglo XIX y periodos intermitentes que alternaban dictaduras militares
y gobiernos civiles. Además, este autor apuntó otros cinco factores decisivos:
la difusión de los valores democráticos, el desarrollo económico, cambios en la actitud
de la Iglesia católica, el apoyo internacional a la democratización y el efecto
demostración, es decir, la influencia del ejemplo de la democratización en otros
países.
Con los regímenes militares y de partido único en desprestigio, la democracia
apareció como el modelo político legítimo por excelencia, finalmente sin rival trasel colapso del comunismo, con la economía de mercado como única fórmula de organización
económica viable. Respecto al desarrollo económico, la tercera ola se
benefició de una coyuntura favorable tras dos décadas de crecimiento que se cerraron
con la crisis del petróleo de 1973. Se desencadenaron procesos de industrialización
y urbanización con las consiguientes mejoras del nivel de vida y educación de amplios
sectores de población, la expansión de las clases medias y la aceleración de
cambios sociales que ayudaron a crear una sociedad civil más plural, con aspiraciones
de libertad y, por tanto, una cultura pre-democrática. Los ejemplos de España,
Portugal, Taiwán o Corea del Sur son elocuentes. Los países que se democratizaron
en los años setenta y ochenta habían alcanzado un nivel económico medio-alto, una
baza decisiva para asegurar una más fácil consolidación de la democracia. No obstante,
el crecimiento económico por sí mismo no genera presión en favor de la democratización
si no va acompañado del tipo de cambio socio-político descrito:
regímenes como los de Malasia o Singapur (el autoritarismo más rico del mundo) y
otros, ricos por la extracción de petróleo u otros minerales, consiguen contener la
demanda de representación política gracias, en parte, a los beneficios que pueden
ofrecer a sus ciudadanos sin necesidad de recaudar muchos impuestos y al control
ejercido por la poderosa burocracia estatal que se pueden permitir. En el otro extremo,
un nivel muy bajo de desarrollo económico y humano tampoco es un obstáculo
infranqueable, como demuestran los casos de Ghana o Senegal.
Con respecto a la Iglesia católica, si el impacto de la Segunda Guerra Mundial
llevó a los partidos democristianos occidentales a aceptar sin reparos la democracia
desde 1945, desde los años sesenta la puesta al día que supuso el Concilio Vaticano II
abrió la puerta a un cambio de actitud en contra de los regímenes autoritarios y a
favor de la justicia social, tanto en la península Ibérica como en buena parte de
América Latina y Filipinas. Desde 1979 la llegada al papado de Juan Pablo II convirtió
al Vaticano en ardiente defensor de los derechos humanos y de las luchas de
las iglesias nacionales contra el yugo autoritario. Hoy la mayoría de los países de
predominio católico son democracias.
También el factor internacional fue decisivo. El impulso llegó desde las democracias
consolidadas, así como de organizaciones regionales e internacionales. En
EE. UU. a partir de la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), se otorgó mayor
atención a los derechos humanos. Después, la administración Reagan se comprometió
con la promoción de la democracia y pronto se crearon las primeras instituciones
y agencias para canalizarla. En los procesos de transición europeos, la ayuda
de la República Federal de Alemania fue muy relevante, aunque en este continente
el incentivo fundamental, antes y después del colapso comunista, fue sin duda el
modelo de la Comunidad Europea y la aspiración a ingresar en ella. La condición
era la democracia y ninguno de los países con posibilidades de ser miembro regresó
al autoritarismo. El fin de la Guerra Fría supuso, además, el corte del apoyo externo
(militar y económico) de las superpotencias a sus dictaduras leales, lo que erosionó
la capacidad de muchos autócratas de mantenerse en el poder. El coste político delas dictaduras y su riesgo de aislamiento aumentó por la suma de presión diplomática,
la condicionalidad de la ayuda económica externa y de la pertenencia a organismos
internacionales a la celebración de elecciones y al respeto a los derechos humanos,
más el trabajo de organizaciones y redes internacionales, ONG, partidos y agencias,
comprometidas con la supervisión de elecciones, programas de educación cívica y
apoyo a la sociedad civil. Se ha verificado que, en el éxito de las transiciones posteriores
a 1989, la intensidad de lazos (económicos, políticos, diplomáticos, sociales)
y flujos (de capital, bienes y servicio, gente e información) con el Occidente democrático
resultó tan decisiva o más que el nivel de desarrollo económico.
Finalmente, el colapso del comunismo, con el que desapareció el gran modelo
alternativo, creó un deseo casi universal de imitar el modo de vida asociado con democracia
liberal y economía de mercado, que se difundió con ayuda del proceso de
globalización de la información, sobre todo a través de la televisión por cable, primero,
y después gracias a internet y las redes sociales. La única alternativa con posible
atractivo en algunas partes del mundo pudo ser un Estado islámico, pero los ejemplos
en ejercicio (Irán, el Afganistán de los talibanes) no contribuyeron a ello. Para las
dictaduras resultó cada vez más difícil aislar a sus opiniones públicas e impedir que
se hicieran eco de las aspiraciones democráticas. Un último ejemplo del efecto contagio
se manifestó en la llamada primavera árabe desde diciembre de 2011.La democratización en el siglo XXI:
¿una nueva fase de estancamiento?
Muy pocas de las democracias surgidas de la tercera ola dejaron de serlo: sólo cinco
de más de sesenta. Sin embargo, aunque en los años ochenta y noventa cayeron casi
todas las dictaduras militares y de partido único, muchas transiciones no acabaron
en democracias en amplias zonas de Asia, de la Eurasia poscomunista y África. Algunos
países pasaron a ser directamente autoritarios (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán,
Turkmenistán, Camboya, Zimbabue, Angola, Azerbaiyán, Camerún…) después de
procesos fallidos y otros se estabilizaron en un punto intermedio (Malasia, Tanzania,
Armenia…). En la actualidad más de la mitad de la población mundial (57%) sigue
viviendo bajo regímenes no plenamente democráticos. Según Freedom House en
2012-2013 sobre 195 países: 90 países eran libres (un 46% de la población mundial),
57 semilibres (un 30%) y 47 no libres (24%). Como se aprecia en la figura
3.2, las cifras en población son casi iguales a las del año 2002. Entonces de 196
países 86 eran libres, 58 semi-libres y 48 no libres, lo que significa que en la última
década los avances han sido escasos.
Como se aprecia en la figura 3.3, los regímenes democráticos se concentran en
Europa Occidental y Centro-Oriental más Turquía e Israel, América del Norte y
buena parte del resto de ese hemisferio, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de
las islas del Pacífico, junto a países asiáticos tan importantes como Indonesia, India,Japón, Corea del Sur, Taiwán y Mongolia, así como el extremo sur de África. En
cambio, son autoritarios Rusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas, Cuba,
China, Birmania, Laos, Camboya y Vietnam, casi todo Oriente Medio, así como
buena parte de África, donde sólo siete de sus 54 países pueden considerarse libres.
¿Cómo explicar la supervivencia de los autoritarismos en la que parecía la definitiva
primavera democrática mundial? Es cierto que algunos de los procesos de
transición fallidos se complicaron porque la situación económica no acompañó y
la ausencia de una sociedad civil cohesionada y de una cultura política democrática
allanó el camino a líderes autoritarios, sobre todo donde se había optado por regímenes
presidencialistas.
Naciones Unidas, la paz mundial y la Guerra Fría11La guerra en nuestros díasel colapso del comunismo, con la economía de mercado como única fórmula de organización
económica viable. Respecto al desarrollo económico, la tercera ola se
benefició de una coyuntura favorable tras dos décadas de crecimiento que se cerraron
con la crisis del petróleo de 1973. Se desencadenaron procesos de industrialización
y urbanización con las consiguientes mejoras del nivel de vida y educación de amplios
sectores de población, la expansión de las clases medias y la aceleración de
cambios sociales que ayudaron a crear una sociedad civil más plural, con aspiraciones
de libertad y, por tanto, una cultura pre-democrática. Los ejemplos de España,
Portugal, Taiwán o Corea del Sur son elocuentes. Los países que se democratizaron
en los años setenta y ochenta habían alcanzado un nivel económico medio-alto, una
baza decisiva para asegurar una más fácil consolidación de la democracia. No obstante,
el crecimiento económico por sí mismo no genera presión en favor de la democratización
si no va acompañado del tipo de cambio socio-político descrito:
regímenes como los de Malasia o Singapur (el autoritarismo más rico del mundo) y
otros, ricos por la extracción de petróleo u otros minerales, consiguen contener la
demanda de representación política gracias, en parte, a los beneficios que pueden
ofrecer a sus ciudadanos sin necesidad de recaudar muchos impuestos y al control
ejercido por la poderosa burocracia estatal que se pueden permitir. En el otro extremo,
un nivel muy bajo de desarrollo económico y humano tampoco es un obstáculo
infranqueable, como demuestran los casos de Ghana o Senegal.
Con respecto a la Iglesia católica, si el impacto de la Segunda Guerra Mundial
llevó a los partidos democristianos occidentales a aceptar sin reparos la democracia
desde 1945, desde los años sesenta la puesta al día que supuso el Concilio Vaticano II
abrió la puerta a un cambio de actitud en contra de los regímenes autoritarios y a
favor de la justicia social, tanto en la península Ibérica como en buena parte de
América Latina y Filipinas. Desde 1979 la llegada al papado de Juan Pablo II convirtió
al Vaticano en ardiente defensor de los derechos humanos y de las luchas de
las iglesias nacionales contra el yugo autoritario. Hoy la mayoría de los países de
predominio católico son democracias.
También el factor internacional fue decisivo. El impulso llegó desde las democracias
consolidadas, así como de organizaciones regionales e internacionales. En
EE. UU. a partir de la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), se otorgó mayor
atención a los derechos humanos. Después, la administración Reagan se comprometió
con la promoción de la democracia y pronto se crearon las primeras instituciones
y agencias para canalizarla. En los procesos de transición europeos, la ayuda
de la República Federal de Alemania fue muy relevante, aunque en este continente
el incentivo fundamental, antes y después del colapso comunista, fue sin duda el
modelo de la Comunidad Europea y la aspiración a ingresar en ella. La condición
era la democracia y ninguno de los países con posibilidades de ser miembro regresó
al autoritarismo. El fin de la Guerra Fría supuso, además, el corte del apoyo externo
(militar y económico) de las superpotencias a sus dictaduras leales, lo que erosionó
la capacidad de muchos autócratas de mantenerse en el poder. El coste político de
El final de la Guerra Fría suscitó grandes esperanzas. Se pensaba que la desaparición
de la rivalidad entre los bloques haría más fácil la resolución de los conflictos locales
y que Naciones Unidas podría ejercer plenamente el papel mediador que proyectaron
sus fundadores. De hecho, en los primeros años noventa hubo más
misiones de paz de la ONU que nunca, pero pronto se produjo una dramática decepción,
ya que los cascos azules se mostraron impotentes para mantener o restablecer
la paz en varios países africanos e incluso en territorios europeos, como fue
el caso de la antigua Yugoslavia. Lo que es peor, no pudieron evitar ni el genocidio
en Ruanda, ni la matanza de Srebrenica, en Bosnia. Luego la paz y la seguridad
mundiales se vieron sacudidas por los atentados del 11-S y la respuesta bélica de
los Estados Unidos en Afganistán e Irak, temas que abordaremos en el siguiente
capítulo. La impresión general es, pues, que vivimos en un mundo violento. Debemos
preguntarnos, sin embargo, qué incidencia ha tenido la guerra en los últimos
años, qué resultados han obtenido las intervenciones de Naciones Unidas y de otras
fuerzas pacificadoras, qué impacto han tenido las matanza unilaterales y qué magnitud
tiene la amenaza terrorista.
El declive de la guerra
En realidad, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año
2000 la guerra fue responsable del 0,6% de las muertes que se produjeron en el
mundo, es decir que su incidencia fue menos letal que la del homicidio (0.9%) y
mucho menos que la del suicidio (1,5%) o los accidentes de tráfico (2,3%). Además,
la proporción actual de muertes violentas, sumando las causadas por la guerra y por
el homicidio, resulta muy baja en comparación con las que se estiman para cualquier
período histórico anterior.
La figura 4.1, tomada de un informe del Human Security Report Project de Vancouver,
Canadá, reproduce los datos sobre el total mundial de muertes como resultado
directo de la guerra entre 1946 y 2008, según el registro del Peace Research
Institute de Oslo, Noruega. Se trata de los mejores datos que hoy pueden ofrecer
los investigadores de la paz, aunque inevitablemente son tan sólo aproximados. Es
fácil identificar en el gráfico los picos debidos a la guerra civil china y la guerra
de Corea, el remanso de relativa paz de los últimos años cincuenta, el nuevo pico de
la guerra de Vietnam y el de los años ochenta, debido a las guerras de Afganistán y
de Irán e Irak. La conclusión principal que se desprende del gráfico es que los primeros
años del siglo XXI han sido los más pacíficos que ha vivido la humanidad
desde los años cincuenta y se debe tener además en cuenta que la población mundial
en 1960 era la mitad de numerosa que en 2000, por lo que, proporcionalmente, la
incidencia de las muertes en guerra era mayor.
El tipo de guerra menos frecuente en las dos últimas décadas ha sido la guerra
entre Estados, que es el tipo más letal y el que sobre todo se pretendía eliminar
cuando se fundó la ONU. No se ha conseguido del todo, pero se ha avanzado bastante,
pues desde el fin de la Guerra Fría sólo ha habido dos guerras entre Estados
que hayan producido decenas de miles de víctimas: la guerra entre Etiopía y Eritrea
de 1998 a 2000 y la guerra de la coalición internacional liderada por Estados Unidos
contra Irak en 2003.
El hecho de que el período de relativa paz de finales de los cincuenta y principios
de los sesenta fuera poco duradero supone una advertencia de que el actual
puede serlo también, pero ello no quita importancia al éxito obtenido por la comunidad
internacional en el control de la guerra, un éxito del que poca gente es consciente.
Y la primera década del siglo XXI ha sido mejor que la última del XX, pues
la media de muertes debidas directamente a la guerra se ha reducido aproximadamente
a la mitad, de unas cien mil anuales a unas cincuenta mil.
Atraso económico y guerras civiles
La mayor parte de las guerras de nuestros días son conflictos civiles, en las que a
veces uno de los bandos o los dos reciben ayuda de Estados extranjeros, como ocurrió en la guerra del Congo de 1996 a 2003. Y casi siempre tienen lugar en países con
un bajo nivel de desarrollo, salvo excepciones como las guerras de la antigua Yugoslavia
en los años noventa.
En un estudio sobre los países más pobres del mundo, en los que viven unos
mil millones de personas, el economista Paul Collier ha argumentado que la guerra
civil reduce significativamente la tasa de crecimiento económico y, a su vez, la falta
de desarrollo hace más probable el estallido de la guerra civil. La falta de expectativas
de progreso hace que la juventud de estos países sea más proclive a sumarse
a bandas armadas, que ofrecen al menos una posibilidad de enriquecerse. Por otra
parte, la falta de desarrollo limita la capacidad del gobierno de mantener el orden.
Y en tales circunstancias la presencia de riquezas minerales puede incrementar el
peligro de guerra civil, ya que facilita mucho la financiación de las bandas armadas
que pueden hacerse con el control de las áreas mineras, como ocurrió con los diamantes
de África occidental.
Por el contrario, Collier y otros estudiosos no han encontrado una correlación
entre el peligro de guerra civil y algunos de los factores que más frecuentemente se
supone que contribuyen a causarlas, como la represión, la desigualdad social o la
desigualdad étnica. Un gobierno represivo, que niega los derechos y libertades a la
mayoría de la población o a determinadas minorías, no tiene mayor probabilidad
de enfrentarse a una rebelión. Y tampoco existe una correlación estadística entre
desigualdad social o diversidad étnica y probabilidad de guerra civil. La mayoría
de las sociedades pacíficas están integradas por más de un grupo étnico, mientras
que Somalia, uno de los países más homogéneos desde el punto de vista étnico, ha
experimentado décadas de conflicto armado. Por el contrario, las serias tensiones
que en las últimas décadas ha experimentado Canadá, debido al independentismo
de los nacionalistas francófonos de Quebec, han causado exactamente una muerte,
lo que puede atribuirse a que se trata de un país próspero, democrático y bien gobernado
en el que la población es contraria a la violencia.
Esto no significa que la diversidad étnica o religiosa no haya sido un factor importante
en muchos conflictos, como los que han enfrentado a serbios, musulmanes
y croatas en Bosnia, a hutus y tutsis en Ruanda o a sunníes, chiíes y kurdos en Irak,
pero lo que resulta inexacto es considerar que esa diversidad es la causa fundamental
del conflicto. Un ejemplo de que ni siquiera la combinación de atraso económico y
diversidad étnica lleva necesariamente a la guerra civil se encuentra en Macedonia,
que era la menos desarrollada de las repúblicas yugoslavas y donde hay una neta
contraposición entre la mayoría de lengua macedona (una lengua eslava) y la minoría
albanesa, pero donde no se produjeron los violentos enfrentamientos étnicos
que asolaron otras repúblicas yugoslavas.
En muchos casos, las rivalidades étnicas o religiosas son explotadas por grupos
que se benefician de las oportunidades económicas que ofrece un conflicto armado,
como el saqueo, la extorsión, el control de áreas mineras o el narcotráfico. Es decir,
que algunos grupos armados, sin excluir en algunos casos a las fuerzas armadas alservicio de los gobiernos, actúan con una motivación similar a la del crimen organizado,
algo que ha sido frecuente en otras sociedades del pasado, incluida la Europa
medieval. En muchos conflictos los combatientes son en buena medida matones y
saqueadores sin disciplina militar ni motivación ideológica, aunque ésta pueda haber
jugado un papel en el inicio de la rebelión. No obstante, se dan también casos de
movimientos rebeldes fuertemente motivados y capaces de combatir de manera disciplinada,
como ha sido el caso en Afganistán o en Chechenia.
Las guerras civiles constituyen, en palabras de Collier, una de las trampas que
impiden el progreso de la parte más pobre de la humanidad. Frenan el crecimiento
económico, generan desplazamientos masivos de refugiados, que se ven privados
de sus fuentes habituales de ingresos, facilitan la difusión de epidemias, incluido el
sida, dejan un legado de ex combatientes a quienes resulta difícil readaptarse a la
vida pacífica, con el consiguiente incremento del crimen, y propician el mantenimiento
de gastos militares demasiado elevados aun después de concluidas. Y además
tienden a reproducirse: un país que ha padecido recientemente una guerra civil
tiene más probabilidad de experimentarla de nuevo.
Las operaciones de paz
El hecho de que la gran mayoría de las guerras de nuestros días tengan un origen
esencialmente interno no implica que no se den bastantes casos de intervenciones
militares extranjeras, entre las cuales es importante distinguir entre las que tienen el
objetivo de poner fin a una guerra civil, que se denominan operaciones de paz, y las
que van dirigidas contra un Estado que se considera amenazador, como fue el caso
de las intervenciones contra el Irak de Saddam Hussein en 1991 y 2003 y contra el
Afganistán de los talibanes en 2001.
Entre las operaciones de paz, hay que distinguir a su vez varias modalidades:
las de establecimiento de la paz (peacemaking), cuyo propósito es el de facilitar un
acuerdo de paz entre los contendientes, lo que no exige un despliegue de fuerzas
armadas; las de mantenimiento de la paz (peacekeeping), que implican el despliegue
de fuerzas para garantizar el mantenimiento de un acuerdo de paz previo; y las de
imposición de la paz (peace enforcement), que implican el uso de la fuerza armada
para imponer un acuerdo de paz a quienes se niegan a aceptarlo. Los operaciones
que no implican el uso de la fuerza responden a las previsiones para la resolución pacífica de las disputas del capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, mientras
que las que sí lo requieren responden a lo establecido en el capítulo VII. También
hay que distinguir entre aquellas operaciones de paz en las que intervienen fuerzas
que los Estados miembros han puesto bajo el mandato de la ONU, reconocibles por
su casco azul, y aquellas en que las fuerzas actúan bajo mando de una organización
regional, como la OTAN en Bosnia o Kosovo, o de un solo Estado, como en el caso
de Gran Bretaña en Sierra Leona o Australia en Timor oriental.
Naciones Unidas emprendió a comienzos de los años noventa más operaciones
de paz que las que había iniciado entre 1948 y 1984. El balance de las mismas ha
sido, sin embargo, muy distinto. Hubo fracasos, como los de Angola, Somalia,
Ruanda y Bosnia, y éxitos, como los de Namibia, El Salvador, Camboya y Mozambique.
Como es normal, los medios de comunicación prestaron más atención a los
fracasos que a los éxitos y lo cierto es que aquellos fracasos sembraron grandes
dudas sobre la capacidad de los cascos azules para impedir incluso las peores atrocidades,
como veremos más adelante al tratar de Ruanda y Bosnia, pero ello no
debe hacer olvidar que, en otros casos, su despliegue contribuyó al mantenimiento
de la paz acordada por los bandos anteriormente enfrentados. Dos ejemplos claros
de ello son los de El Salvador y Camboya, que ejemplifican una lección clara de
todas aquellas experiencias: el requisito fundamental para que Naciones Unidas
tenga éxito en una operación de paz es que las partes enfrentadas demuestren voluntad
de lograrlo. Si esta existe, la presencia de la ONU facilita el restablecimiento
del orden y de la confianza entre las partes.
En El Salvador, que en los años ochenta había experimentado una dura guerra
civil entre el gobierno, respaldado por Estados Unidos, y un movimiento guerrillero
de izquierdas, respaldado por la Unión Soviética, el Consejo de Seguridad se mostró
unánime en favorecer la paz y un enviado personal del Secretario General de Naciones
Unidas, que en ese momento era el peruano Javier Pérez de Cuéllar, jugó un
papel importante en las negociaciones que condujeron en 1992 a un acuerdo entre
las partes enfrentadas. Tras ello Naciones Unidas desplegó una misión y proporcionó
observadores internacionales para las siguientes elecciones. Pérez de Cuéllar designó
también a los tres miembros de una Comisión de la Verdad que, con el consentimiento
de ambas partes, investigó los crímenes cometidos durante la guerra y atribuyó
la responsabilidad de la gran mayoría al bando gubernamental. Aunque la tasa
de homicidio se ha mantenido muy elevada en El Salvador, la democracia se ha asentado
y en 2009 ganó las elecciones el partido fundado por los antiguos guerrilleros.
La experiencia de Camboya había sido aún más horrenda. El movimiento comunista
de los Jemeres Rojos, triunfador en la guerra civil, estableció un régimen
de terror desde 1975 a 1978, hasta que fue derribado por una intervención militar
de Vietnam, pero el régimen establecido por los vietnamitas hubo de hacer frente
durante más de una década a diversas facciones guerrilleras, incluida la de los Jemeres
Rojos. En 1989 comenzaron las negociaciones de paz entre las partes enfrentadas,
con participación de Naciones Unidas y otros mediadores internacionales, ydos años después se firmó un acuerdo de paz, en apoyo del cual se desplegó una
compleja misión de la ONU, que contó con 16.000 soldados. Su papel principal
consistió en la organización de unas elecciones libres, celebradas en 1993, en la
que los Jemeres Rojos se negaron a participar y en la que triunfó otra de las facciones
guerrilleras, la monárquica. Tras ello fue repuesto en el trono el antiguo rey
Norodom Sihanuk, que había seguido una política neutral respecto a la guerra de
Vietnam y había sido derribado por un golpe militar en 1970. En 2003 el gobierno
camboyano y Naciones Unidas acordaron el enjuiciamiento de los líderes de los Jemeres
Rojos responsables de las matanzas de treinta años antes y en 2011 se produjo
la primera condena.
Ninguno de los catorce países en los que se desplegó en los años noventa una
misión de paz importante de la ONU está hoy en guerra, así es que hay que reconocer
que su aportación ha sido importante, pero los fracasos experimentados han
llevado a que en las operaciones de paz del siglo XXI su papel haya sido menor. De
hecho, Naciones Unidas no tiene la exclusiva de las operaciones de paz. En 2011
había desplegados en el mundo unos cien mil agentes de mantenimiento de la paz
de la ONU y aproximadamente otros cincuenta mil que no actuaban bajo mando
de aquella, sino de organizaciones regionales o coaliciones de Estados. De hecho,
las principales operaciones iniciadas a partir de 1999 han sido de este tipo: en Kosovo
intervino la OTAN; en Sierra Leona, Gran Bretaña; en Congo, Francia y la
Unión Europea; en Timor oriental una coalición liderada por Australia; en Liberia
y Haití, Estados Unidos y en Costa de Marfil, Francia. Estas misiones tienen un
componente militar más poderoso que el de las misiones bajo mando de la ONU y
a menudo usan la fuerza para la imposición de la paz. Debido a ello, resulta a veces
complejo diferenciar entre estas operaciones de paz y las de apoyo a la contrainsurgencia,
es decir las encaminadas a apoyar a un gobierno frente a una rebelión,
como ha sido el caso de la intervención francesa en Malí en 2013, que ha derrotado
a los rebeldes yihadistas que desde el año anterior controlaban el norte del país.
El ejemplo más claro de este nuevo tipo de intervenciones es el de Sierra Leona.
Este país africano, uno de los menos desarrollados del mundo, padeció a lo largo de
los años noventa una guerra civil especialmente brutal en la que ambos bandos cometieron
atrocidades y los rebeldes se hicieron famosos por su práctica indiscriminada
de amputar manos o brazos. Dos rasgos característicos de las recientes guerras
civiles africanas estuvieron muy presentes: el reclutamiento de niños como soldados
por parte de ambos bandos y la abundancia de una mercancía cuya venta generaba
fáciles y abundantes recursos para financiar bandas armadas, los diamantes (lo que
llevó en 2000 a un acuerdo internacional para suspender la exportación de diamantes
procedentes de áreas en conflicto). En 1997 se desplegaron en misión de paz tropas
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), sobre
todo nigerianas, y dos años después, tras un segundo acuerdo, se desplegaron tropas
de la ONU, pero todo ello no evitó que los combates se reanudaran y en 2000 los rebeldes
desarmaron y tomaron como rehenes a cientos de cascos azules. Se produjoplegó
a 4.500 soldados, cuya disposición al combate minó la moral de los rebeldes
y facilitó el fin de las hostilidades: en 2001 se firmó por fin un acuerdo de paz duradero.
La decisión británica de no poner sus tropas bajo mando de la ONU respondió
a la convicción, basada en experiencias anteriores, de que los cascos azules no
resultan eficaces para imponer la paz a un bando que se niega a cumplir los acuerdos
firmados. Sin embargo, en la fase sucesiva de afianzamiento de la paz, la misión de
la ONU y sus cascos azules, que permanecieron en el país hasta 2005, resultaron
muy útiles: organizaron las primeras elecciones libres; desarmaron a miles de combatientes,
que recibieron un pequeño apoyo económico en la difícil tarea de reintegrarse
en la vida civil; entrenaron a las fuerzas de policía, y ayudaron a cumplir las
normas del nuevo acuerdo internacional sobre el comercio de diamantes, destinado
a evitar que se usara para la financiación de bandas armadas.
Este tipo de intervenciones han contribuido a reducir el impacto de la guerra en
los países menos desarrollados, pero no cabe contar que por sí mismas vayan a ser
suficientes para garantizar en ellos la paz duradera, que sólo podrá consolidarse a
través de un cambio interno. Hay mucha reticencia en la comunidad internacional
a involucrarse militarmente en conflictos locales, lo que ha llevado a que se intervenga
unas veces sí y otras no, incluso en casos gravísimos como el de Ruanda. El
politólogo John Mueller ha analizado los motivos por los que es poco probable que
esa reticencia se supere en un futuro próximo. En primer lugar, en la gran mayoría
de los conflictos locales no están en juego intereses importantes de países extranjeros:
ninguno estaba en juego en Ruanda, ni tampoco en Sierra Leona. En segundo
lugar está muy extendido el pesimismo acerca de la posibilidad de poner fin a conflictos,
cuando lo cierto es que, como hemos visto, algunas de las operaciones de
paz de estos últimos años han tenido un considerable éxito. En tercer lugar, la opinión
pública de los países desarrollados recibe muy mal las noticias de bajas propias
en conflictos que no comprende: bastó que dieciocho soldados estadounidenses murieran
en una noche en la capital somalí en 1993 para que Washington retirara sus
fuerzas de una operación que, al hacer posible la llegada de ayuda humanitaria que
las facciones en lucha habían imposibilitado previamente, había salvado decenas
de miles de vidas. Además, los gobiernos democráticos carecen de la paciencia y
la visión a largo plazo necesaria para continuar durante años la tarea preventiva de
mantenimiento de la paz. Por último, no parece que este tipo de operaciones proporcione
muchos votos, ya que los fracasos tienen mucho más eco que los éxitos
en los medios de comunicación.La amenaza de la proliferación nuclear
Estados Unidos realizó su primera prueba nuclear en 1945, la Unión Soviética en
1949, Gran Bretaña en 1952, Francia en 1960 y la República Popular China en1964, así es que cuando en 1971 esta última ocupó su puesto como uno de los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, resultó que todos ellos disponían
de armamento nuclear y además eran las únicas potencias del mundo que lo tenían.
Sin embargo, desde que a fines de los años cincuenta comenzó a difundirse por más
y más países el uso pacífico de la energía nuclear, surgió el temor de que ello facilitara
la proliferación del armamento nuclear, lo que podía resultar peligroso, porque
cuanto mayor fuera el número de Estados dotados del mismo más probabilidad habría
de que uno de ellos lo utilizase.
En 1957 se había fundado el Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), una entidad intergubernamental, independiente pero vinculada a la ONU,
cuya doble misión es promover el uso pacífico de la energía nuclear y evitar que
ello contribuya a la proliferación del armamento nuclear, para lo cual dispone de
capacidad de inspección. Hoy en día son miembros de la OIEA 159 Estados, incluidas
todas las potencias importantes.
La preocupación de la gran mayoría de los países del mundo por los peligros
de la proliferación condujo al Tratado de No Proliferación (TNP), que fue adoptado
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y entró en vigor en 1970,
una vez que lo hubieron ratificado el número requerido de Estados. Sus tres pilares
son la no proliferación, es decir el compromiso de que ningún otro Estado se sumaría
a las cinco potencias nucleares ya existentes; el desarme, es decir el compromiso
de desarme nuclear completo, para cuya conclusión no se fijó límite de tiempo;
y el uso pacífico de la energía nuclear, abierto a todos los países. En la actualidad
suscriben el TNP 190 Estados, pero hay tres que nunca lo han firmado, India, Israel
y Pakistán, y Corea del Norte se ha retirado en 2003.
India realizó en 1974 una primera prueba de explosión nuclear, supuestamente
con fines pacíficos, y no realizó abiertamente pruebas de armamento nuclear hasta
1998, año en que también lo hizo su gran rival, Pakistán. En cuanto a Israel, nunca
ha declarado poseer armamento nuclear, pero no hay duda de que lo posee. Por último,
Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear en 2006. Es decir que en
la actualidad hay cinco potencias con armamento nuclear reconocidas en el TNP
(Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China) y otras cuatro que no lo
han suscrito (India, Pakistán, Israel y Corea del Norte). Hay que añadir que los arsenales
nucleares de Estados Unidos y Rusia representan el 96% del total mundial,
pero que estas dos potencias los están reduciendo de forma significativa, de unas
60.000 armas nucleares en los años ochenta hasta 1.000 en la actualidad (un número
todavía más que suficiente para arrasar todo el planeta). Un tratado firmado por
ambos países en 2010 prevé una ulterior reducción en un plazo de siete años.
En la actualidad, la máxima preocupación se centra en los programas de armamento
nuclear de Irán, que se halla en sus inicios, y de Corea del Norte, que está
muy avanzado. El gobierno de Irán sostiene que su programa de enriquecimiento de
uranio, que representa el paso crucial para la producción de armas nucleares, tiene
el único propósito de utilizarlo en centrales eléctricas, pero el OIEA denunció en2005 ante el Consejo de Seguridad su incumplimiento del TNP. En 2006, el Consejo
exigió que cesara en su programa de enriquecimiento y ante la negativa iraní adoptó
sanciones. No existe, sin embargo, consenso acerca de la fecha en que Irán pudiera
disponer de armas nucleares. Por otra parte, dispone ya de misiles cuyo radio de acción
cubre Israel, que es por tanto el Estado más preocupado por la amenaza iraní.
El régimen islamista de Irán ha realizado numerosas declaraciones hostiles a Israel.
El gobierno de Corea del Norte, una dictadura comunista herméticamente regida,
cerrada al exterior y muy hostil a su vecino democrático y mucho más próspero
del Sur, anunció en 2005 que poseía armamento nuclear, hizo ese mismo año
pruebas de misiles que inquietaron mucho a Japón y realizó al año siguiente una
prueba nuclear subterránea. En 2009 realizó una segunda prueba y en 2013 una tercera,
a pesar de sucesivas rondas de negociaciones, en las que Estados Unidos y
otras naciones trataron de lograr su renuncia al armamento nuclear, y de sucesivas
sanciones del Consejo de Seguridad.
12Terrorismo, genocidio y factores de la paz
El concepto de guerra implica un enfrentamiento armado abierto entre dos bandos
en el que ambos sufren bajas, pero existen además otros tipos de violencia con motivación
política o ideológica en los que no se da esa condición. Son el terrorismo,
que se caracteriza por una sucesión de atentados clandestinos perpetrados contra
personas no combatientes, y los crímenes de lesa humanidad, que consisten en hechos
de violencia cometidos contra una población inerme, el más grave de los cuales
es el genocidio, cuyo objetivo es el exterminio de todo un grupo humano. Antes de
confirmar que se está produciendo un declive general de la violencia, es pues necesario
analizar estos fenómenos.
4.4.1. El terrorismo
Los atentados del 11-S dieron la impresión de que el terrorismo era una de las más
graves amenazas a que se enfrentaba el mundo del siglo XXI. Los orígenes y consecuencias
de tales atentados se analizarán en detalle en el capítulo siguiente, así
es que en este apartado nos limitaremos a una consideración más general de la índole
de la amenaza terrorista.
No existe una definición universalmente aceptada del terrorismo, pero si se analizan
el tipo de actos que habitualmente se consideran terroristas no es difícil identificar
los rasgos comunes que presentan. Se trata de actos de violencia premeditada;
perpetrados de manera clandestina; dirigidos contra personas no combatientes (es
decir, civiles o soldados que no participen en un conflicto armado); con una finalidad
política, social o religiosa, esto es, en todo caso ideológica (a diferencia del cri-
men organizado, cuyo objetivo es el enriquecimiento); y con el propósito de transmitir
un mensaje a una audiencia, que incluye tanto a los posibles simpatizantes
como al sector de la población al que se pretende atemorizar. Este último aspecto
es crucial: el terrorismo es una estrategia asimétrica que permite a un grupo con recursos
reducidos (una banda armada) enfrentarse a un enemigo con recursos muy
superiores (un Estado) y el medio que utiliza es el de engendrar el temor en la población,
de manera que ésta presione a su gobierno para que ceda ante las exigencias
políticas de los terroristas.
El éxito del terrorismo depende de que su mensaje de terror se difunda, pues su
estrategia consiste en matar a unas cuantas personas para atemorizar a muchas más.
A ello contribuyen los medios de comunicación, que se hacen eco de los atentados
porque son noticias impactantes. Lo son porque inciden en mecanismos del miedo
bien conocidos por la psicología: los seres humanos tememos sobre todo los riesgos
que resultan insólitos, impredecibles y catastróficos mucho más que los riesgos comunes,
aunque estos en realidad pueden resultar más mortíferos. Se teme mucho
más a los accidentes en centrales nucleares, que son rarísimos y han causado muy
pocas víctimas, pero que se asocian al temor a una catástrofe descomunal, que a
los accidentes de carretera, que causan muchísimas víctimas pero que se relacionan
con un objeto tan común como el automóvil. De ese rasgo de nuestra psicología se
vale el terrorismo, que genera un efecto desproporcionado respecto al daño físico
que causa.
Sin embargo, el terrorismo resulta en general una estrategia muy poco efectiva,
ya que son muy raros los casos en que un grupo ha logrado sus objetivos por medios
exclusivamente terroristas. Por otra parte, no resulta fácil medir el impacto real del
terrorismo en el mundo, porque es difícil diferenciar los atentados terroristas de
otros tipos de actos violentos. No resulta por ejemplo del todo coherente, aunque a
menudo se hace, incluir como víctimas del terrorismo a los civiles muertos en ataques
de los insurgentes en Irak y Afganistán, cuando lo habitual es considerar que
la muerte deliberada de un civil en un contexto de guerra constituye un crimen de
guerra, no un acto terrorista.
4.4.2. El genocidio y otros crímenes de lesa humanidad
El genocidio, un tipo de crimen del que el holocausto judío perpetrado por el régimen
nazi constituye el ejemplo más claro, representa el caso extremo de un tipo de
atrocidades que el derecho internacional define como crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes contra la humanidad fueron definidos por primera vez en 1945,
en el estatuto del Tribunal Militar Internacional que juzgó en Núremberg a los dirigentes
nazis. Dicho estatuto los definió como “asesinatos, exterminio, esclavitud,
deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil,
antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religio-
sos”, independientemente que constituyeran una violación de la legislación interna
del país donde se hubieran perpetrado. Este último punto es importante: los crímenes
de lesa humanidad son crímenes internacionales, que deben ser perseguidos incluso
si no constituyen delitos previstos en la legislación nacional.
El genocidio quedó definido tres años después en la Convención para la prevención
y la sanción del delito de genocidio, que fue adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas en 1948 y entró en vigor en 1951, una vez que la hubo
ratificado el mínimo necesario de Estados. Como se recordará, las resoluciones de
la Asamblea General no son vinculantes, por lo que los convenios que adopta sólo
adquieren efectividad jurídica cuando son ratificados por los Estados, y esta convención
tardó mucho en ser ratificada por algunas de las principales potencias, incluido
Estados Unidos, por lo que no tuvo efectividad real hasta los años noventa.
Define el genocidio como una serie de actos de violencia “perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal”. Es decir que no se trata sólo de asesinatos masivos sino del intento
de exterminar a un grupo humano, definido por su identidad nacional, étnica, racial
o religiosa (armenios, judíos, tutsis), pero no por su adscripción política: la persecución
de miembros de un grupo político puede constituir un crimen de lesa humanidad,
pero no un delito de genocidio tal como se define en esta Convención.
El peor caso de genocidio desde el holocausto se produjo en Ruanda en 1994,
mientras que casos gravísimos de crímenes de lesa humanidad se han producido en
diversos países, aunque aquí sólo abordaremos el caso de Bosnia. En Ruanda, donde
convivían dos etnias, la hutu, mayoritaria, y la tutsi, minoritaria, un golpe de Estado
había establecido un régimen autoritario hostil a los tutsis, muchos de los cuales se
refugiaron en Uganda, desde donde comenzó a operar, a comienzos de los años noventa,
un movimiento guerrillero. En 1993 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno
hutu y los rebeldes tutsis, en apoyo del cual se desplegó en Ruanda una
pequeña misión de la ONU, con tan sólo 2.500 soldados. En abril de 1994, tras la
muerte del presidente ruandés en un atentado que nunca se ha esclarecido, los extremistas
hutus desencadenaron matanzas masivas de tutsis, en las que participaron
tanto el Ejército como milicias creadas para la ocasión. En unos meses causaron,
según una estimación prudente, medio millón de muertes, es decir tres cuartas partes
de la población tutsi de Ruanda.
Lejos de intervenir para evitar el genocidio, el Consejo de Seguridad, que escribió
entonces la página más negra de su historia, votó una reducción de los efectivos
de la misión en Ruanda. Es probable, sin embargo, que un rápido despliegue
de unos pocos miles de soldados profesionales podría haber frenado a los genocidas,
cuya ferocidad con los civiles no los convertía en combatientes efectivos. La prueba
de ello fue la facilidad con la que una ofensiva de la guerrilla tutsi les derrotó. Fue
sólo entonces cuando Francia, tradicional protectora del régimen hutu de Ruanda,
desplegó fuerzas militares que crearon un corredor humanitario para quienes huían
del avance tutsi, lo que de hecho facilitó la huida al Congo de miles de genocidas,
incluidos varios de sus líderes, además de cientos de miles de civiles hutus, hecho
que le valió severas críticas al gobierno francés.
Bosnia, una de las repúblicas de la antigua Yugoslavia, habitada por tres grupos
nacionales, serbios, musulmanes y croatas, experimentó entre 1992 y 1995 las peores
atrocidades de todas las provocadas por las guerras que acompañaron a la desintegración
de Yugoslavia. Responsables de la mayoría de ellas fueron las milicias
serbias, que se oponían a la independencia de una Bosnia en que los serbios serían
minoría, y emplearon la violencia contra la población musulmana para obligarla a
huir y consolidar un bloque de territorio puramente serbio, una actuación que se
denomina limpieza étnica. Las Naciones Unidas desplegaron ya en 1992 una misión
de paz con el objetivo de proteger a la población civil y en 1993 el Consejo de Seguridad
declaró zonas seguras bajo su protección a Srbrenica y otras cuatro localidades
musulmanas que se hallaban rodeadas de territorio bajo control serbio.
Cuando en 1994 los serbios atacaron una de las zonas de seguridad, el Consejo de
Seguridad autorizó ataques aéreos de la OTAN contra sus posiciones, que se repitieron
en los meses siguientes, a lo que los serbios replicaron tomando como rehenes
a cascos azules, lo que demostró el escaso respeto que causaban las fuerzas de la
ONU, cuyas reglas de actuación excluían las acciones ofensivas.
En julio de 1995 la ciudad de Srebrenica fue asaltada por las milicias serbias,
sin que el batallón holandés de cascos azules que la protegía hiciera nada por evitarlo,
y tras ello fueron asesinados unos siete mil varones musulmanes. Esa fue la
atrocidad que movió a la comunidad internacional a actuar de forma contundente.
Una vez que las fuerzas aéreas de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, se emplearon
a fondo contra las milicias serbias, se pudo alcanzar en unos meses un
acuerdo de paz entre las partes enfrentadas. Cuatro años después, otra campaña
aérea de la OTAN contra Serbia puso fin a la brutal represión serbia en la provincia
de Kosovo, de mayoría albanesa, poniendo fin a la última guerra de Yugoslavia.
Por otra parte, las atrocidades cometidas en Yugoslavia y Ruanda condujeron a
la creación de tribunales internacionales para la persecución de los crímenes de guerra
y de lesa humanidad. El Consejo de Seguridad decidió en sendas resoluciones de
1993 y 1994 la creación de tribunales penales para enjuiciar los crímenes cometidos
en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, que ya han condenado a penas de cárcel a
algunos de los principales culpables. Y en 1998, 120 Estados aprobaron el estatuto
de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002. Este tribunal no debe
confundirse con la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, encargada
de arbitrar diferencias entre Estados, aunque ambas tienen sede en La Haya. Tiene
jurisdicción para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra. Hasta comienzos de 2013 han ratificado la adhesión a su estatuto
122 Estados, entre los que no se encuentran cuatro de las principales potencias
mundiales: Estados Unidos, Rusia, China e India, que por tanto no se someten a su
jurisdicción.
112 Las claves del mundo actual
4.4.3. Los factores de la paz
Los dos temas que hemos analizado en este capítulo, es decir la reducción del impacto
de la guerra y el intento de establecer una justicia universal que persiga los
delitos de lesa humanidad, constituyen dos de las mayores transformaciones que
ha experimentado el mundo en las últimas décadas, muy difíciles de imaginar
cuando en 1945 la humanidad salía de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Nada indica que sean cambios irreversibles ni que nos estemos acercando a la paz
perpetua que anhelaba Kant. Pero todo parece indicar que forman parte de un fenómeno
más amplio, el descenso de la violencia en todos los ámbitos, analizado por
el psicólogo Steven Pinker en un libro importante que ya hemos mencionado.
Sobre el fondo de un pasado violento y brutal, Pinker recuerda cómo la progresiva
imposición del monopolio estatal de la violencia, es decir la sustitución de la
venganza privada por la justicia estatal (el Leviatán de Hobbes) condujo a una reducción
de las tasas de homicidio, que en Europa Occidental se puede constatar a
partir del siglo XVI; cómo una revolución humanitaria, que cobró fuerza a partir del
siglo XVIII, condujo a la eliminación de prácticas tan bárbaras como la persecución
de muchos inocentes, sobre todo mujeres, falsamente acusados de brujería, la condena
como herejes de los disidentes religiosos, el uso judicial de la tortura, las ejecuciones
públicas, con métodos horribles, o la esclavitud, que fue abolida en el siglo XIX;
cómo las guerras entre grandes potencias desaparecieron en el período de la Guerra
Fría; cómo a partir de los años sesenta se ha producido un nuevo avance en el respeto
de los derechos humanos, que ha deslegitimado todas las formas de violencia
y discriminación contra las minorías raciales, las mujeres, los niños y los homosexuales;
y cómo en los últimos veinte años la incidencia de la guerra se está reduciendo
en todo el planeta.
Nada de esto es, sin embargo, irreversible y hay que recordar que los horrores
del nazismo, del estalinismo, del holocausto y de los bombardeos masivos contra
la población civil se produjeron en la Europa de mediados del siglo XX, en la que
el progreso del humanitarismo tenía ya siglos de historia.
¿Cuáles pueden ser los principales factores que impulsan este gran proceso global?
Centrándose en particular en el declive de la violencia, Pinker cree que hay
cinco factores particularmente importantes: el efecto pacificador del Estado (a nivel
interno, no internacional), el desarrollo de intereses comunes como resultado del
comercio, la creciente influencia de la mujer, el avance de una moral cosmopolita
y la gradual sustitución del prejuicio por la razón. A nivel interno de cada país, un
factor crucial es el desarrollo de un Estado que, al asegurar de manera mínimamente
imparcial los derechos de todos los ciudadanos, reduzca los motivos de enfrentamiento.
A nivel de las relaciones entre los distintos países, el comercio y el conjunto
de los intercambios económicos generan relaciones mutuamente beneficiosas, que
desincentivan la guerra. La emancipación de la mujer ha promovido la tendencia
pacífica, ya que una de las generalizaciones más sólidamente establecidas en las
Guerra y paz 113
ciencias sociales es que las mujeres son menos violentas que los varones, al tiempo
que la pacificación de la sociedad hace menos necesaria para la supervivencia del
grupo la agresividad ligada a ese concepto masculino del honor en que Tucídides y
Hobbes veían una de las causas de la guerra. El desarrollo de los medios de comunicación
ha contribuido a que los sentimientos morales de solidaridad, existentes
entre los grupos humanos desde los tiempos más remotos, hayan expandido su radio
de acción, naciendo así una moral cosmopolita que abarca toda la humanidad (aunque
por supuesto tiene la oposición de todo tipo de fanáticos y xenófobos). Y por
último, el hábito de razonar, fomentado por el desarrollo científico y la difusión de
la educación, proporciona una base lógica a la búsqueda de la paz, que expuesta en
términos de la teoría de juegos se resume en que la guerra es un juego de suma negativa:
lo que pierden los vencidos es menos de lo que ganan los vencedores.
Nuestros antepasados eran prisioneros del dilema que hemos expuesto en la introducción
de este capítulo: los grupos que no desarrollaban su capacidad guerrera,
se exponían a los horrores de la conquista. En la medida en que hoy se están desarrollando
instituciones que garantizan una creciente confianza mutua, nosotros
tenemos en cambio la posibilidad de superar ese dilema. Aunque a veces, para poner
fin a una guerra civil y evitar crímenes de lesa humanidad, sigue siendo necesario
recurrir a la fuerza de las armas: lo que no se hizo en Ruanda.
Al Qaeda y los atentados del 11-S)
tales
en toda la historia del terrorismo y a través de las imágenes de las Torres Gemelas
incendiadas tuvieron un enorme impacto en la opinión pública de todo el
mundo. La respuesta de Estados Unidos fue contundente: el presidente republicano
George W. Bush anunció una “guerra contra el Terror” de ámbito global e intervino
militarmente para provocar la caída de los talibanes en Afganistán, en 2001, y la de
Saddam Hussein en Irak, en 2003. Ambas intervenciones tuvieron un rápido éxito,
pero no condujeron a la estabilización de ambos países, sino que representaron el
inicio de largas y costosas guerras de contrainsurgencia. Por otra parte, los atentados
del 11-S tuvieron muchas réplicas, aunque de menor escala, en bastantes países,
por lo que el terrorismo de inspiración yihadí pareció convertirse en una amenaza
global. Todo este conjunto de conflictos, estrechamente interrelacionados pero con
motivaciones locales diversas, dominaron la actualidad mundial durante la primera
década del siglo XXI, aunque al final de la misma su gravedad parecía haberse reducido.
Los historiadores no han convenido todavía una denominación conjunta
para to Las guerras del 11-S han sido presentadas por algunos comentaristas como el producto
de un choque de civilizaciones entre Occidente y el Islam. Se trata de una interpretación
simplificadora, que a primera vista puede parecer convincente, pero
que se revela errónea a poco que se analice. Es cierto que Al Qaeda y otros grupos
terroristas de inspiración yihadí pretenden obrar en nombre del Islam y es cierto
La “guerra contra el terror”
Al utilizar el término guerra, Bush aludía a que su propósito era combatir también que tanto Afganistán como Irak son países musulmanes, pero resulta que
buena parte de las víctimas del terrorismo yihadí han sido musulmanes y que las
guerras de Afganistán e Irak han sido en parte guerras civiles entre musulmanes.
En los años ochenta la causa más popular entre los partidarios de la yihad, entendida
como lucha armada por el Islam, fue la resistencia afgana contra los soviéticos, pero
en los años noventa la violencia yihadí se dirigió sobre todo contra gobiernos musulmanes,
como los de Egipto y Argelia, y en este segundo país causó la muerte de
muchos miles de civiles musulmanes.
el terrorismo,
no sólo con los medios que la justicia ofrece para combatir el delito, sino con medios
que sólo son considerados legítimos en el contexto de un conflicto armado. La base
legal para ello la proporcionó una resolución del Congreso de Estados Unidos del 14
de septiembre de 2001, que autorizaba al presidente a utilizar toda la fuerza necesaria
contra aquellas naciones, organizaciones o personas que hubieran planeado, autorizado,
cometido o favorecido los ataques del día 11, o que dieran cobijo a tales organizaciones
o personas, con el fin de prevenir cualquier futuro acto de terrorismo contra los Estados
Unidos. Se trataba pues de una autorización de carácter muy abierto, que Bush utilizó
para justificar intervenciones militares y medidas contraterroristas que suscitaron
mucha polémica, dentro y fuera de los Estados Unidos.
Los enemigos capturados en el curso de la “guerra contra el terror” no fueron
considerados como prisioneros de guerra que debieran ser tratados conforme a las garantías que les otorga el derecho internacional, ni tampoco como meros delincuentes
que hubieran de ser juzgados conforme a las leyes de Estados Unidos.
Se les consideró como una categoría especial de enemigos, a los que no se otorgó
las garantías legales previstas para los englobados en cada una de las categorías
anteriores. Algunos de ellos fueron trasladados a un nuevo centro de detención
creado en la base naval de Guantánamo, que se halla en territorio cubano (fue
arrendada por el gobierno cubano a Estados Unidos en 1903) y por tanto fuera de
la jurisdicción del sistema judicial estadounidense. Por Guantánamo han pasado
más de ochocientos prisioneros, muchos de ellos entregados por fuerzas afganas
o paquistaníes, la mayoría de los cuales han sido ya devueltos a sus países de origen
o puestos en libertad. Otros prisioneros, algunos de ellos capturados por la
CIA en países europeos, han pasado por centros de detención secretos o entregados
directamente, sin trámite judicial alguno, a sus países de origen. El gobierno
de Estados Unidos aprobó además que estos prisioneros pudieran ser sometidos
a duros métodos de interrogatorio, que incluían la exposición al frío, la permanencia
en posturas estresantes y el llamado waterboarding. Estas técnicas fueron
prohibidas en 2005.
Otro aspecto polémico de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos han
sido los ataques con aviones no tripulados (drones) contra enemigos previamente
identificados, en el territorio de países, como Pakistán, cuyos gobiernos no quieren
o no pueden actuar contra ellos.
Auge y declive del terrorismo yihadí
Ningún ataque terrorista de la magnitud que tuvieron los del 11-S ha vuelto a tener
lugar en el mundo, pero la sucesión de atentados graves de inspiración yihadí en muchos
países creó en los primeros años del siglo XXI la impresión de que la paz mundial
estaba amenazada por una campaña terrorista en gran escala. El hecho de que muchos
de esos atentados fueran efectuados por grupos locales que tenían conexiones internacionales
pero no apoyo exterior, resultaba inquietante, porque demostraba que no
se trataba sólo de una amenaza externa, sino que los terroristas podían surgir en el
interior del país afectado. Algunos comentaristas consideraban incluso que el terrorismo
yihadí era la expresión de un conflicto más profundo entre Occidente y el Islam.
Sin embargo, como puede observarse en la figura 5.4, que recoge los datos de una
encuesta de ámbito internacional, el apoyo a Al Qaeda y el terrorismo yihadí es minoritario
entre los musulmanes de casi todos los países. Esta encuesta revela además
otro aspecto importante del impacto del terrorismo en la opinión pública: la facilidad
con que se difunden teorías de la conspiración infundadas, es decir teorías que, sin
pruebas, contradicen la versión oficial de un hecho. Muchos musulmanes creen que
los atentados del 11-S no fueron obra de Al Qaeda ni de ningún otro grupo de árabes,
sino de agentes del propio gobierno de Estados Unidos o de Israel.
El primer gran atentado yihadí contra objetivos occidentales después de los del
11-S tuvo lugar en octubre de 2002 en la isla de Bali, en Indonesia, y consistió en
un doble ataque con explosivos en un área de ocio, mediante un suicida y un cochebomba,
que causó 202 muertes, en su mayoría de turistas occidentales, muchos de
ellos australianos, que se divertían en una discoteca. Los responsables del atentado,
tres de los cuales fueron condenados a muerte, eran miembros de un grupo islamista
indonesio, Jemaa Islamiyah, relacionado con Al Qaeda, que aspiraba a la creación
de un califato en el Sudeste de Asia.
Año y medio después, el 11 de marzo de 2004, se produjo el mayor atentado
yihadí en Europa, cuando las bombas colocadas a primera hora de la mañana en
cuatro trenes de cercanías que se dirigían a Madrid causaron la muerte de 191 viajeros.
El atentado fue perpetrado por un grupo local, probablemente relacionado
con Al Qaeda e integrado sobre todo por inmigrantes marroquíes, varios de los cuales
se suicidaron al ser localizados por la policía. Fue interpretado como una represalia
por el apoyo del gobierno español de José María Aznar a la intervención en
Irak y ello contribuyó a la victoria de la oposición socialista en las elecciones celebradas
tres días después. Aunque la responsabilidad yihadí de estos atentados ha
sido establecida por la justicia, se difundió mucho una teoría de la conspiración,
carente de prueba alguna, según la cual los atentados habían sido cometidos por
ETA y habían sido atribuidos a los yihadíes para perjudicar al gobierno en las inmediatas
elecciones. Más tarde, en julio de 2005, un ataque similar tuvo lugar en
Londres cuando cuatro terroristas suicidas explotaron sus bombas en tres vagones
de metro y un autobús, matando a 52 personas. Los terroristas eran musulmanes
británicos, tres de ellos de origen paquistaní.
Muchos atentados yihadíes no han ido, sin embargo, dirigidos contra objetivos
occidentales. Ese es el caso de la gran mayoría de los atentados que se han cometido
en Pakistán, uno de los países del mundo más afectados por el terrorismo, donde ha habido ataques contra políticos, soldados, policías y funcionarios del gobierno,
y también contra mezquitas chiíes e iglesias cristianas. Al otro lado de la frontera,
en India, se han producido también atentados protagonizados por grupos yihadíes
de Pakistán, como al ataque que tuvo lugar en Bombay, en noviembre de 2008,
cuando miembros del grupo Lashkar-e-Taiba realizaron doce atentados coordinados
con armas de fuego y explosivos contra objetivos civiles, con un balance total, tras
tres días de acción, de 166 víctimas.
El terrorismo yihadí de ambición global ha tenido un impacto menor a partir de
mediados de la primera década del siglo. De hecho el cuádruple atentado de Londres
del verano de 2005 ha sido el último gran ataque yihadí que se ha producido en un país
occidental. Al mismo tiempo, se ha ido produciendo un gran declive de la popularidad
de Al Qaeda en los países musulmanes, tal como lo revelan las encuestas. Así es que,
cuando en mayo de 2011, un comando de las fuerzas especiales de Estados Unidos
asaltó una casa en la ciudad paquistaní de Abbottabad, que había sido en los últimos
años el refugio secreto de Bin Laden, y le dio muerte, la conmoción en el mundo musulmán
fue mínima. Siguen en pie, sin embargo, varias organizaciones regionales de
Al Qaeda, sobre todo en Yemen y en el Sahara, y la guerra de Siria, que examinaremos
en un capítulo posterior, le ha proporcionado un nuevo escenario de acción.
Al comenzar la segunda década del siglo XXI, las guerras del 11-S han dejado
de ocupar el primer plano de la actualidad. Al Qaeda ya no representa una amenaza
global, las tropas internacionales se han retirado de Irak y en 2014 lo harán de Afganistán.
En términos generales, se puede decir que el yihadismo ha fracasado. Los
talibanes siguen siendo una poderosa fuerza insurgente en Afganistán, la acción de
diferentes organizaciones yihadíes ha convertido a Pakistán en el país más afectado
por el terrorismo del mundo y grupos yihadíes han controlado durante unos meses
el norte de Malí, en el borde meridional del Sahara, hasta que una intervención militar
francesa les desalojó en 2013, pero en conjunto el proyecto de reforzar el Islam
mediante la guerra santa está en retroceso.
El islamismo, en cambio, es decir, el proyecto de amoldar la vida pública y la
vida privada a los preceptos estrictos de la religión islámica, está en alza. Como
veremos en otro capítulo, las primeras elecciones libres celebradas en Egipto y
Túnez en 2011 dieron la victoria a los islamistas, que, sin embargo, no habían protagonizado
las protestas que provocaron la caída de las dictaduras de ambos países,
y lo mismo ocurrió en las elecciones marroquíes de ese mismo año. En todos los
países musulmanes las costumbres sociales se alejan de los modelos occidentales y
vuelven a la tradición islámica.
Por otra parte, la guerra civil siria ha ofrecido un nuevo campo de acción a las
organizaciones yihadistas y el golpe de Estado militar que en 2013 derribó al gobierno
de los Hermanos Musulmanes en Egipto puede provocar una reactivación
del terrorismo yihadista en este país.
Las guerras de Afganistán, 1979-2014
Islamismo y yihadismo
El Islam es una de las grandes religiones de la humanidad y se halla dividida en
dos grandes ramas, la sunní, que es la más extendida por el mundo, y la chií, mayoritaria
en Irán. El islamismo representa una corriente dentro del Islam contemporáneo
que pretende la reimposición de las antiguas costumbres musulmanas y la
subordinación de toda la acción del Estado a la sharía, es decir la tradición legal
del Islam. La organización que más ha impulsado el islamismo sunní ha sido la de
los Hermanos Musulmanes, fundada en Egipto en 1927, mientras que el islamismo
chií ha cobrado fuerza a partir de la revolución islámica iraní de 1975. Por ese deseo
de reimponer una pureza religiosa supuestamente perdida, el islamismo se asemeja
a las corrientes que dentro del cristianismo suelen denominarse fundamentalistas o
integristas. La corriente más extrema del islamismo sunní es el denominado salafismo.
La ideología en que se basan Al Qaeda y otros grupos terroristas semejantes se
denomina salafismo yihadí, porque se basa en la pretensión de promover la causa
del Islam a través de la yihad, entendida como guerra santa. El término yihad tiene
en árabe una connotación positiva, porque significa esfuerzo en seguir el mandato
de Dios, y no ha de identificarse tan sólo con el esfuerzo bélico por expandir el
Islam, aunque ese ha sido su significado más común. De acuerdo con los tratadistas
musulmanes clásicos la yihad guerrera sólo podía ser declarada por las autoridades
legítimas y excluía la muerte deliberada de personas no combatientes, en especial
mujeres y niños. El nuevo yihadismo que surge a finales del siglo XX se aparta de
esa tradición al atribuir el derecho de proclamar la yihad a pequeños grupos que se
consideran a sí mismos la vanguardia del Islam y al aceptar el uso del terrorismo
contra objetivos civiles.
El país en que cobró fuerza por primera vez la nueva corriente del salafismo
yihadí fue Egipto, donde surgió de la radicalización de un sector de los Hermanos
Musulmanes, en el contexto de un régimen autoritario que los reprimía. El asesinato
del presidente egipcio Anwar Sadat en 1981 representó el inicio de una sucesión
de campañas terroristas, que tuvieron su mayor auge en los años noventa y causaron
centenares de víctimas entre agentes del Estado, miembros de la minoría cristiana copta y turistas extranjeros, pero no debilitó en nada a la dictadura de Hosni Mubarak,
el sucesor de Sadat.
Fue, sin embargo, en Argelia donde mayor gravedad alcanzó la violencia yihadí.
Desde la independencia se había implantado en Argelia un régimen de partido único,
el Frente de Liberación Nacional, pero en 1990 se inició un proceso de democratización
que favoreció el ascenso de una formación islamista, el Frente Islámico de
Salvación, que al año siguiente ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas.
Un golpe militar impidió, sin embargo, la celebración de la segunda vuelta y cerró
la vía legal de ascenso al poder de los islamistas. A partir de entonces surgieron
grupos guerrilleros islamistas y dio comienzo a una prolongada etapa de guerra
civil, que costó la vida a decenas de miles de personas. La principal organización
insurgente, el Grupo Islámico Armado, recurrió a medidas de terror contra la población
civil, con matanzas masivas en pequeñas localidades, en las que se asesinó
indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños.
Orígenes de Al Qaeda
Al Qaeda fue fundada en 1988 en la ciudad paquistaní de Peshawar, cercana a la
frontera afgana, por un grupo de voluntarios de diversos países árabes que habían
participado en la guerra contra los soviéticos. Frente a la dispersión en grupos nacionales
que inicialmente había caracterizado al yihadismo, la participación en la
guerra de Afganistán de varios miles de voluntarios de diversos países árabes había
generado unos lazos de solidaridad que facilitaron la creación de esta nueva organización,
cuyo propósito era impulsar la yihad en el conjunto del mundo islámico. Su
jefe era Osama Bin Laden, miembro de una rica familia empresarial saudí, que había
jugado un papel relevante en el suministro de fondos a la guerrilla afgana y había
combatido personalmente en Afganistán. En contra de lo que a veces se ha dicho, ni
Bin Laden ni los demás voluntarios árabes habían recibido apoyo directo de los Estados
Unidos, aunque sí habían contado con el beneplácito del gobierno saudí.
Acabada la guerra de Irak, Bin Laden regresó a su país natal, donde no tardó en
convertirse en un crítico del régimen saudí, en parte porque, en el contexto de la
guerra del Golfo, sus gobernantes habían permitido que se establecieran en su territorio
tropas de un país no musulmán, Estados Unidos. Enfrentado a la casa de
Saud, el líder de Al Qaeda y un grupo de sus seguidores se establecieron en Sudán,
protegidos inicialmente por el régimen islamista local, que, sin embargo, acabó por
expulsarlos en 1996, debido a las presiones de los gobiernos de Egipto, Arabia Saudí
y Estados Unidos, que los consideraban promotores del terrorismo. Bin Laden se
trasladó entonces a Afganistán, en vísperas del triunfo de los talibanes, con quienes
pronto estableció buenas relaciones y que le permitieron establecer campos de entrenamiento
militar. Dos años después. Al Qaeda realizó sus primeros ataques contra
Estados Unidos, mediante sendos atentados suicidas contra las embajadas norteameOrígenes de Al Qaeda
Al Qaeda fue fundada en 1988 en la ciudad paquistaní de Peshawar, cercana a la
frontera afgana, por un grupo de voluntarios de diversos países árabes que habían
participado en la guerra contra los soviéticos. Frente a la dispersión en grupos nacionales
que inicialmente había caracterizado al yihadismo, la participación en la
guerra de Afganistán de varios miles de voluntarios de diversos países árabes había
generado unos lazos de solidaridad que facilitaron la creación de esta nueva organización,
cuyo propósito era impulsar la yihad en el conjunto del mundo islámico. Su
jefe era Osama Bin Laden, miembro de una rica familia empresarial saudí, que había
jugado un papel relevante en el suministro de fondos a la guerrilla afgana y había
combatido personalmente en Afganistán. En contra de lo que a veces se ha dicho, ni
Bin Laden ni los demás voluntarios árabes habían recibido apoyo directo de los Estados
Unidos, aunque sí habían contado con el beneplácito del gobierno saudí.
Acabada la guerra de Irak, Bin Laden regresó a su país natal, donde no tardó en
convertirse en un crítico del régimen saudí, en parte porque, en el contexto de la
guerra del Golfo, sus gobernantes habían permitido que se establecieran en su territorio
tropas de un país no musulmán, Estados Unidos. Enfrentado a la casa de
Saud, el líder de Al Qaeda y un grupo de sus seguidores se establecieron en Sudán,
protegidos inicialmente por el régimen islamista local, que, sin embargo, acabó por
expulsarlos en 1996, debido a las presiones de los gobiernos de Egipto, Arabia Saudí
y Estados Unidos, que los consideraban promotores del terrorismo. Bin Laden se
trasladó entonces a Afganistán, en vísperas del triunfo de los talibanes, con quienes
pronto estableció buenas relaciones y que le permitieron establecer campos de entrenamiento
militar. Dos años después. Al Qaeda realizó sus primeros ataques contra
Estados Unidos, mediante sendos atentados suicidas contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, en los que murieron más de doscientas personas, en
su gran mayoría africanas. Los atentados del 11-S
El 11 de septiembre de 2001, diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro
aviones que acababan de despegar en la costa Este de los Estados Unidos. Dos de
ellos impactaron contra las Torres Gemelas, en pleno centro financiero de Nueva
York, y otro contra el edificio del Pentágono, en Washington, mientras que en el
cuarto los pasajeros se enfrentaron con los secuestradores y como resultado se estrelló
en campo abierto. Casi tres mil personas murieron en aquellos atentados, en
su mayoría cuando las Torres Gemelas se hundieron. No se tardó mucho en identificar
a los terroristas suicidas que los habían cometido, ni en establecer su relación
con Al Qaeda. Los principales miembros del comando eran ciudadanos árabes residentes
en la ciudad alemana de Hamburgo, que habían entrado en contacto con
Al Qaeda en Afganistán en 1999 y, una vez formulado el plan de los atentados, se
habían formado como pilotos en Estados Unidos.
¿Qué objetivo buscaba Al Qaeda? Su estrategia general era clara: pretendía que
los Estados Unidos se retiraran del escenario medio-oriental, lo que habría dejado
sin apoyo exterior a los regímenes de la zona, facilitando su derrocamiento y el restablecimiento
del califato, la forma de gobierno establecida por los primeros sucesores
de Mahoma. La duda es si Bin Laden y los suyos esperaban que los atentados
provocaran directamente esa retirada o si, lo que parece más probable, pretendían
provocar una intervención directa de los Estados Unidos en el mundo musulmán
que les implicara en una larga guerra, al final de la cual habrían de retirarse, como
les había ocurrido a los soviéticos en Afganistán. Si era este segundo su propósito,
el gobierno del presidente George W. Bush respondió como esperaban, con sus intervenciones
militares en dos países musulmanes, Afganistán e Irak. La guerra en Afganistán
Afganistán, un país poco desarrollado, sin salida al mar y con escasos recursos naturales,
no jugó un papel relevante en la Guerra Fría hasta que en 1978 los comunistas
locales se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado, estableciendo
un régimen pro soviético que pronto hubo de hacer frente a una insurrección islamista.
La virulencia de la insurrección y el fuerte enfrentamiento entre las dos facciones
en que estaba dividido el partido comunista afgano indujeron a los dirigentes
de la Unión Soviética a intervenir con sus fuerzas armadas, para evitar la caída de
un régimen aliado e impedir un triunfo islamista que podía contagiar a las repúblicas
soviéticas de población musulmana vecinas a Afganistán. De la guerra afgano-soviética al régimen talibán
La intervención militar soviética, que se produjo a finales de 1979, resultó sin embargo
un error estratégico, porque durante los siguientes diez años las tropas soviéticas
se vieron implicadas en una dura guerra contra grupos de guerrilleros
islamistas (los muyahidines o luchadores en la guerra santa), que recibieron el apoyo
de Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos. Entre los musulmanes de todo el
mundo, la resistencia afgana frente a una potencia atea se convirtió en una causa
tan popular como la resistencia palestina frente a Israel, mientras que para los dirigentes
de Estados Unidos, inquietos ante la primera intervención de tropas soviéticas
más allá del límite alcanzado en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo a los
rebeldes afganos representaba un medio para debilitar a su gran rival.
Los soviéticos efectuaron una masiva intervención en Afganistán, llegando a
desplegar hasta cien mil soldados, y llevaron el grueso de los combates, debido a
la debilidad del ejército afgano. Ello les permitió controlar las ciudades, pero no
las áreas rurales en que operaban los muyahidines, en las que las tropas soviéticas
se limitaban a operaciones de castigo, con desastrosas consecuencias para la población
civil. En consecuencia, millones de afganos se refugiaron en el vecino Pakistán.
Finalmente, el líder soviético Gorbachov, convencido de que la victoria era imposible,
ordenó la retirada de las tropas soviéticas a comienzos de 1989. Tres años
después, el régimen comunista se hundió y los muyahidines se hicieron con el poder.
Los enfrentamientos armados entre las distintas milicias de los muyahidines, incapaces
de alcanzar un acuerdo que hiciera posible un gobierno estable, se prolongaron
hasta 1996, año en que un nuevo movimiento armado, el de los talibanes, logró
hacerse con el control de la mayor parte del país y estableció el Emirato Islámico de
Afganistán. El movimiento talibán había surgido entre los refugiados afganos en Pakistán,
en concreto entre los estudiantes de las escuelas coránicas (ese es el significado
de la palabra talibanes), y tuvo el decidido apoyo de ese país. Su ideología se
basaba en la pretensión de restablecer las viejas costumbres que identificaban con
la religión islámica, incluida la completa segregación de la mujer. Tras su triunfo
las afganas se vieron recluidas en sus hogares, de los que sólo podían salir acompañadas
de un pariente masculino y cubiertas de la cabeza a los pies por el burka, que
oculta por completo el rostro, e imposibilitadas de educarse o ejercer una profesión,
hasta el punto de que las escuelas primarias para niñas fueron cerradas.
El régimen talibán, cuyo dirigente era un clérigo, el mulá Omar, se apoyaba en
la etnia pastún, predominante en el sur y el este del país, mientras que en las provincias
del norte, pobladas por otras etnias, se mantuvo la resistencia de varias milicias,
que formaron la Alianza del Norte. El régimen talibán se convirtió por otra
parte en un ejemplo para los islamistas más radicales de todo el mundo. Bajo la
protección de los talibanes se establecieron en su territorio campos de entrenamientos
de diversos grupos yihadíes (es decir partidarios de la guerra santa), entre ellos
Al Qaeda.
Tras el 11-S: la respuesta de Estados Unidos
y la caída de los talibanes
El Consejo de Seguridad ya había adoptado por unanimidad en 1999, tras los atentados
contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, una resolución
que exigía al régimen talibán que dejara de tolerar campos de entrenamiento terrorista
en su territorio y entregara a Bin Laden para ser juzgado, y le imponía sanciones
económicas en tanto que no lo hiciera. El 12 de septiembre de 2001, al día
siguiente de los atentados de Nueva York y Washington, adoptó también por unanimidad
otra resolución que condenaba los atentados, exhortaba a todos los países
a colaborar para que sus responsables y quienes les protegieran fueran castigados
y recordaba el derecho a la defensa individual y colectiva establecido en la carta de
Naciones Unidas. Este último fue el derecho al que Estados Unidos recurrió una
vez que, el 21 de septiembre, el régimen talibán hubo rechazado el ultimátum en
que Washington le exigía la entrega de todos los líderes de Al Qaeda. El 7 de octubre,
Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron ataques aéreos en Afganistán.
El gobierno de Bush quiso reducir al mínimo la presencia de tropas de tierra en
territorio afgano y en un primer momento pretendió que fuera una insurrección apoyada
por los pastunes (la etnia mayoritaria) la que derribara a los talibanes, pero
una vez que este plan fracasó, los ataques aéreos se centraron en el apoyo a una
ofensiva de la Alianza del Norte (integrada por otras etnias), cuyas tropas tomaron
a comienzos de noviembre Kabul, la capital, y a finales de ese mismo mes Kandahar,
el principal centro de los talibanes. La victoria había sido fácil, pero Bin Laden,
localizado junto a un grupo de seguidores en las montañas de Tora Bora, al este del
país, logró escapar de las fuerzas que le habían rodeado.
En noviembre, el Consejo de Seguridad llamó a la constitución de un nuevo
gobierno afgano y, en diciembre, una vez formado el gobierno provisional de
Ahmed Karzai, autorizó el establecimiento de una fuerza internacional para asegurar
el orden, inicialmente tan sólo en el área de Kabul (ISAF), en la que participaría
La insurgencia afgana
La insurgencia afgana, como la posterior iraquí, se apoyó en la hostilidad que genera
la presencia de unas tropas extranjeras que, desde el punto de vista cultural,
tienen muy poco que ver con la población local. Existe, sin embargo, una diferencia:
en Irak la insurgencia se basó en la población árabe sunní, minoritaria en el país,
mientras que en Afganistán tuvo el apoyo de la etnia más numerosa, los pastunes,
que habían dirigido el Estado afgano desde su fundación en el siglo XVIII. Aunque
el líder del nuevo Afganistán, Hamid Karzai, designado presidente del gobierno
provisional en 2001 y triunfador en las elecciones de 2004 y 2009, era también pas-tún, en el nuevo régimen y en sus fuerzas armadas jugaban un gran papel las diversas
etnias del norte, que habían protagonizado la resistencia contra los talibanes.
Tras la derrota de 2001, los talibanes se habían refugiado en Pakistán, donde
tenían mucho apoyo local en las regiones fronterizas y el gobierno del general Parvez
Musharraf, a pesar de su apoyo a Estados Unidos en la lucha contra Al Qaeda,
no tomó medidas contra ellos. Gradualmente volvieron a actuar en las áreas rurales
de Afganistán, que a diferencia de Kabul y otras ciudades, apenas se beneficiaron
de la expansión económica que tuvo el país tras la invasión. Su ideología, basada
en el Islam, el nacionalismo afgano y el rechazo a los extranjeros, resultaba atractiva
para los sectores más tradicionales de la población. Su base de reclutamiento era
doble, por un lado los refugiados en Pakistán y especialmente los estudiantes de las
escuelas religiosas, y por otro los jóvenes de las aldeas afganas. La producción
ilegal de opio, en fuerte expansión, proporcionaba recursos económicos, a través
de una tasa que cobraban a los cultivadores, y la vez contribuía a la corrupción de
miembros de la administración afgana, incluidos jefes locales de policía. Y además
los talibanes recibían un discreto apoyo por parte de los servicios de inteligencia
pakistaníes.
A medida que la insurgencia talibán se extendió fue necesario incrementar la
presencia de tropas de la coalición internacional, encuadrada en la ISAF, en la que
se han integrado las fuerzas de Estados Unidos. La tarea de enfrentarse a los insurgentes
talibanes en provincias en las que contaban con una fuerte red de apoyo y
podían camuflarse entre la población civil resultaba muy compleja. Por otra parte,
las exacciones de los jefes talibanes locales, a los que la dirección exiliada en Pakistán
podía difícilmente controlar, generaban también resentimiento en la población.
La pretensión talibán de imponer de nuevo el cierre de las escuelas para niñas
era también mal recibida por muchos padres. Los asesinatos de funcionarios locales,
con los que los talibanes evitaban la consolidación de la nueva administración, generaban,
en fin, resentimiento popular, lo mismo que los atentados suicidas que
causaban víctimas civiles.
Hacia la retirada de Afganistán
A partir de 2008, la nueva doctrina de contrainsurgencia desarrollada en Irak fue
aplicada también en Afganistán, a donde se enviaron masivos refuerzos de tropas
americanas, primero en la etapa final de Bush y luego durante la presidencia de
Obama. Sin embargo, la opinión pública norteamericana era cada vez menos favorable
a la prolongación de un esfuerzo bélico al que no se veía fin. Al igual que en
Irak, los ambiciosos planes de modernizar Afganistán que habían surgido en años
anteriores fueron gradualmente abandonados en favor de una política encaminada
sobre todo a estabilizar la situación para hacer posible una pronta retirada. Se planteó
incluso la posibilidad de una negociación con los insurgentes, o con parte de ellos.
15 Las guerras de Irak,1980-2011
La guerra en Irak
En 1979, el año en que la Unión Soviética invadió Afganistán, triunfó en Irán la primera
revolución islamista, encabezada por un miembro del más alto clero chií, el ayatolá
Jomeini, mientras que en el vecino Irak accedió a la presidencia de la República
Saddam Hussein, quien desde hacía años era ya el hombre fuerte del país. Irak era
una dictadura de partido único desde que en 1968 el Partido Árabe Socialista Baaz
se había hecho con el poder mediante un golpe de Estado. Basado en el nacionalismo
árabe, el Baaz respetaba la identidad islámica de Irak, pero tenía una orientación laica,
aunque por otra parte la mayoría de sus miembros pertenecía a la minoría árabe sunní,
que era la dominante en el país, mientras que los chiíes, también árabes, se hallaban
relegados del poder, y los kurdos del norte, también sunníes pero de lengua no árabe,
habían protagonizado tentativas insurreccionales, duramente reprimidas.
Saddam Hussein y las guerras del Golfo
El régimen islamista chií de Irán se caracterizó por el autoritarismo, la imposición
de las costumbres islámicas tradicionales y el antioccidentalismo, y en su etapa inicial
hubo de hacer frente a fuertes conflictos internos. Una dura represión afectó a
los cuadros más elevados de sus fuerzas armadas, identificados con el anterior régimen
monárquico. Ello hizo suponer a Saddam Hussein que las circunstancias eran
favorables para atacar Irán, cuya influencia entre los chiíes de Irak temía, arrebatarle
una región fronteriza de lengua árabe y rica en petróleo y convertir así a Irak en la
potencia hegemónica de la región. Este fue el origen de la durísima guerra iranoiraquí,
o primera guerra del Golfo, que se prolongó desde 1980 hasta 1988 y concluyó
sin que ninguno de los contendientes se alzara con la victoria, tras haber
causado más muertes directas que ninguna otra guerra desde la de Vietnam. Irak
utilizó en el conflicto armas químicas, violando el protocolo de Ginebra de 1925,
que causaron la muerte de decenas de miles de soldados iraníes, y también las utilizó
para aplastar una rebelión kurda apoyada por Irán, en un ataque aéreo contra la ciudad
de kurda de Halabja en 1988, en el que murieron miles de civiles.
Durante la guerra, Irak tuvo apoyo diplomático y financiero de los Estados Unidos,
pero la mayor ayuda financiera le vino de Arabia Saudí y otras monarquías
árabes sunníes del Golfo, ricas en petróleo, que recelaban de la expansión de Irán.
Tras la guerra, sin embargo, se desarrolló una disputa entre Irak y una de estas monarquías,
la de Kuwait, que rechazó tanto condonar la deuda iraquí por los préstamos
recibidos como acordar un aumento del precio del petróleo, como solicitaba
Irak, que se hallaba en una difícil situación financiera debido a sus gastos bélicos.
La explotación del campo petrolífero situado en la frontera de los dos países era
otro foco de tensión. Así es que en la suposición de que Estados Unidos no respondería
por la fuerza a una violación de las fronteras en una región crucial por su riqueza
en petróleo, invadió Kuwait en 1990 y lo anexionó como provincia iraquí,
alegando precedentes históricos (en siglos pasados, los emires de Kuwait habían
sido vasallos del Imperio Otomano, del que formaba parte Irak).
Este fue el origen de la guerra del Golfo (a veces denominada segunda guerra
del Golfo, considerando que la primera fue la irano-iraquí), en la que Irak tuvo que
enfrentarse a una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Fue la primera
gran crisis internacional después de la Guerra Fría y el presidente de los Estados
Unidos, George H. W. Bush, reaccionó con energía y habilidad, logrando un
gran respaldo internacional a su decisión de forzar la retirada iraquí de Kuwait.
Ante la negativa a efectuarla por parte de Saddam Hussein, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas adoptó una resolución, con el voto favorable de Rusia y la abstención
de China, que autorizaba el empleo de todos los medios para liberar Kuwait.
Arabia Saudí, que se sentía amenazada por Saddam Hussein, autorizó el despliegue
en su suelo de fuerzas de los Estados Unidos. A comienzos de 1991, las fuerzas iraquíes
fueron derrotadas en una breve campaña y Kuwait fue liberado.
Ello no condujo, sin embargo, a la caída de Saddam Hussein. Tras expulsar a las
fuerzas iraquíes de Kuwait, la coalición liderada por Estados Unidos cesó en sus operaciones
y el régimen iraquí pudo aplastar las insurrecciones que, estimuladas por su
derrota en Kuwait, lanzaron los chiíes en el sur y los kurdos en el norte. Sin embargo, la
huida masiva hacia Turquía de la población civil kurda, temerosa de la represión, condujo
a que Estados Unidos y sus aliados impusieran la prohibición del vuelo de la aviación
iraquí en el norte del país, lo que ofreció cierta medida de protección a los kurdos, y en
el sur chií. Por otra parte, una resolución del Consejo de Seguridad, que tuvo el voto favorable
de sus cinco miembros permanentes, impuso a Irak la obligación de destruir sus
armas químicas y biológicas y sus misiles balísticos de más de 150 kilómetros de alcance,
de no desarrollar armas nucleares y de permitir inspecciones que permitieran comprobarlo.
La reticencia de Saddam Hussein a facilitar tales inspecciones condujo a la imposición
de sanciones económicas, con grave perjuicio para la población iraquí.
Las guerras del 11-S 123
5.3.2. La invasión de Irak
Los motivos por los que George Bush decidió invadir Irak en 2003 siguen siendo
objeto de debate. Su argumento principal fue el de que el régimen de Saddam Hussein
representaba una amenaza, porque seguía poseyendo armas químicas y biológicas
y mantenía un programa encaminado a dotarse de armas nucleares, en
violación de las resoluciones del Congreso de Seguridad. Después de la invasión
quedó fuera de toda duda que tales armas y tal proyecto no existían, pero ello no
supone que el gobierno de Bush no creyera realmente en su existencia. Los informes
de los servicios de inteligencia, basados en datos erróneos según luego se supo, sobrevaloraron
la amenaza, sin duda porque después del fracaso en prever los atentados
del 11-S preferían exagerar a quedarse cortos, pero probablemente también
porque Bush y sus colaboradores deseaban que se probara esa amenaza, ya que tenían
otros motivos por los que estaban dispuestos a acabar con el régimen iraquí.
Por otra parte, era cierto que Saddam Hussein estaba poniendo muchas dificultades
a los inspectores de Naciones Unidas, encargados de comprobar si había renunciado
realmente a las armas de destrucción masiva. Cabe suponer que el dictador iraquí
no quería demostrar que había renunciado a tales armas, porque suponía que la incertidumbre
acerca de su existencia le daba más fuerza, al tiempo que infravaloraba
la decisión de Estados Unidos de usar ese argumento para acabar con él.
Respecto a los otros motivos para la invasión, se cita a menudo el deseo norteamericano
de controlar una región de una importancia económica crucial por su riqueza
petrolífera. Sin embargo, es difícil suponer que ese fuera el objetivo principal, pues
una vez derrotado Irak en la guerra de 1991, no era necesaria una segunda guerra para
mantener la estabilidad de la zona y asegurar que la exportación de petróleo no se viera
amenazada. Lo más probable es que se combinara una variedad de motivos. Quizá el
más importante fuera que, tras los atentados del 11-S, el gobierno norteamericano sentía
la necesidad de hacer valer su autoridad en la región de la que provenían sus autores
y que derrocar el desacreditado régimen de Saddam Hussein, que en el pasado había
supuesto una amenaza real para sus vecinos, era una manera fácil de hacerlo. Tanto
más fácil en la medida en que el gobierno Bush confiaba en la eficacia de su estrategia
militar, encaminada a obtener victorias decisivas con el empleo de un número limitado
de combatientes, como sostenía el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. De hecho,
la victoria contra el régimen de Saddam Hussein resultó fácil, pero lo que no se previó
fue el posterior desarrollo de la insurgencia.
Los neoconservadores, que tanta influencia tenían entonces en el gobierno de
Bush, sostenían que para garantizar la seguridad de Estados Unidos y la paz y la
estabilidad globales era necesario promover la difusión de los valores norteamericanos
de democracia y libertad, y en caso necesario recurrir a la fuerza para derrotar
a quienes las amenazaban, como era el caso de los regímenes que en un famoso
discurso Bush englobó en un “eje del mal”: Irak, Irán y Corea del Norte. La convicción
de los neoconservadores era que, liberados de regímenes opresivos como
124 Las claves del mundo actual
el de los talibanes o el de Saddam Hussein, los ciudadanos afganos e iraquíes asumirían
los valores democráticos y liberales de sus vencedores, como medio siglo
antes habían hecho los alemanes y japoneses tras su derrota en la guerra mundial.
Por último, en la decisión de George W. Bush pudo influir un factor personal, el
deseo de ser más eficaz que su propio padre, el anterior presidente George H. W.
Bush, que no había derrocado a Saddam Hussein tras la guerra del Golfo.
Lo cierto es que los argumentos de Estados Unidos no convencieron a toda la comunidad
mundial. No faltó el apoyo de Gran Bretaña, siempre un sólido aliado, y de su
primer ministro, el laborista Tony Blair, pero los otros tres miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, China, Francia y Rusia, se oponían al empleo de la fuerza militar,
así es que Bush optó por actuar al margen de Naciones Unidas. El 19 de marzo de 2003,
fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña y dos aliados menores, Australia y Polonia,
lanzaron la invasión de Irak y en poco más de un mes podía darse por concluida.
Hemos visto cómo, en el caso afgano, bastó el apoyo aéreo de Estados Unidos
y Gran Bretaña para que las fuerzas locales, la Alianza del Norte, derribaran al régimen
talibán. No hubo, en cambio, aliados locales en Irak y fue necesario un importante
despliegue terrestre de fuerzas norteamericanas y británicas para derrocar
al régimen de Saddam Hussein, aunque la resistencia que encontraron por parte de
las fuerzas armadas iraquíes fue limitada. Ambas victorias resultaron en definitiva
fáciles, pero en contra de las previsiones del gobierno de Bush, en ambos casos surgieron
más tarde movimientos insurgentes, que prolongaron el conflicto durante
años y causaron considerables bajas a las fuerzas norteamericanas. Como puede
verse en la figura 5.1, que refleja las muertes sufridas por las fuerzas de la coalición
internacional, la insurgencia talibán en Afganistán tardó años en cobrar fuerza,
mientras que en Irak se desarrolló a partir del verano de 2003, pocos meses después
de la invasión. Por otra parte, la intensidad del conflicto se redujo en Irak a partir
de 2008, mientras que en Afganistán se agravó a partir de entonces.
El Consejo de Seguridad adoptó a finales de mayo una resolución que reconocía a
Estados Unidos y Gran Bretaña como potencias ocupantes de Irak e instaba a la
creación de un gobierno representativo del pueblo iraquí. Entre tanto, el gobierno
fue ejercido por una Autoridad Provisional de la Coalición, presidida por un norteamericano.
La resistencia militar iraquí había sido de escasa consideración. Murieron
165 soldados norteamericanos y británicos y una cifra difícil de estimar de
soldados y de civiles iraquíes, quizá entre 10.000 y 20.000. La situación no tardó
sin embargo, en deteriorarse, en parte por errores cometidos por los ocupantes. La
decisión de disolver las fuerzas armadas iraquíes y de dejar sin empleo a cientos de
miles de soldados, policías y funcionarios civiles fue quizá la más grave, porque
condujo al país al desorden y contribuyó a que muchos hombres acostumbrados al
manejo de las armas se sumaran a la insurgencia. El retraso en la formación de un
gobierno autóctono y en la celebración de elecciones convenció además a muchos
iraquíes de que la ocupación iba a prolongarse.
En junio de 2004 la Autoridad Provisional de la Coalición transfirió sus poderes
a un gobierno provisional iraquí y las instituciones democráticas de Irak se establecieron
en 2005, año en el que los ciudadanos eligieron una asamblea constituyente
y ratificaron en referéndum la nueva Constitución. Para entonces, sin
embargo, el país estaba sumido en un grave conflicto armado, con diversas facciones
insurgentes enfrentadas a las fuerzas de la coalición.
Las diferentes comunidades étnicas que integran Irak se habían visto afectadas
de diferente manera por la intervención internacional. Los kurdos del norte del
país, diferenciados del resto de los iraquíes por su lengua, eran los más satisfechos,
ya que habían logrado el elevado grado de autonomía por el que en el pasado se
habían levantado en armas varias veces. Los árabes de confesión sunní habían
sido en cambio los grandes perdedores, porque la posición predominante que habían
mantenido desde la independencia del país se hallaba inevitablemente amenazada
en un contexto democrático por la preponderancia demográfica de los
árabes chiíes.
No es extraño, por tanto, que la insurgencia surgiera en las tierras sunníes del
noroeste del país, cercanas a Bagdad. El auge del islamismo, la hostilidad a la presencia
de extranjeros y el propio comportamiento de las tropas ocupantes, que al
ser hostigadas por unos insurgentes que se enmascaraban en la población civil tendían
a responder con brutalidad, contribuyeron a la difusión de la insurgencia. Esta
carecía de una dirección única, de una organización coherente y de una ideología
común y no trataba de apoderarse de territorios, sino que estaba integrada por una
gran variedad de grupos locales, que lanzaban ataques por sorpresa o preparaban
atentados. En abril de 2004 hubo, sin embargo, una auténtica batalla, cuando tropas
americanas trataron de hacerse con el control efectivo de uno de los principales
focos de la insurgencia, la ciudad sunní de Falluja, sin conseguirlo.
126 Las claves del mundo actual
Las acciones insurgentes eran vistas con simpatía por la opinión pública de los
países árabes y la imagen de los Estados Unidos se deterioró aún más cuando, a comienzos
de 2004, se dieron a conocer unas fotografías que mostraban a presos iraquíes,
en la prisión de Abu Ghraib, sometidos a humillaciones y malos tratos por
soldados americanos. De acuerdo con una encuesta de 2009, cuyo resultado se
puede observar en la figura 5.2, la gran mayoría de los egipcios, palestinos y jordanos
aprobaban los ataques contra las fuerzas norteamericanas en Irak, mientras que
los turcos se mostraban divididos al respecto.
FIGURA 5.2. Aprobación de los ataques a tropas de EE. UU. en Irak. Fuente: World Public Opinion, 2009.
La situación empeoró cuando en el verano de 2004 surgió a su vez una insurgencia
chií, encabezada por Muqtda Al Sadr, un joven clérigo heredero de una ilustre
tradición familiar, cuyo llamamiento a la lucha contra el invasor encontró eco
sobre todo entre los jóvenes con pocos recursos de los barrios chiíes de Bagdad y
de las ciudades del sur, y contó con cierto apoyo por parte del vecino Irán. Tras seis
meses de combates con las fuerzas de la coalición, la mediación de sectores influyentes
de la sociedad chií, sobre todo el alto clero, logró que Al Sadr depusiera las
armas y se integrara en una coalición chií que ganó más de la mitad de los escaños
en las elecciones a la asamblea constituyente de 2005, en las que los sunníes se abstuvieron
masivamente. Ello facilitó el control de las nuevas instituciones por los
chiíes y de rechazo contribuyó al apoyo sunní a la insurgencia.
La insurgencia iraquí, como antes la afgana frente a los soviéticos, atrajo a voluntarios
procedentes de otros países. El más influyente de ellos fue el jordano Abu
Musab Al Zarqawi, que a finales de 2004 prestó juramento de fidelidad a Bin Laden
Aprueban Desaprueban
y convirtió a su grupo de combatientes en la filial de Al Qaeda en Irak, que se distinguió
por sus ataques a la población chií. En febrero de 2006, miembros de Al
Qaeda volaron la cúpula de una de las mezquitas chiíes más reverenciadas, en la
ciudad de Samarra. Tales ataques dieron lugar a una feroz sucesión de asesinatos y
represalias entre sunníes y chiíes, con participación de fuerzas chiíes del Ministerio
del Interior, lo que condujo a la segregación en áreas hasta entonces de población
mixta.
5.3.4. El despertar, la oleada y la retirada
La violencia en Irak alcanzó sus máximas cotas en 2006, año en el que, como puede
observarse en la figura 5.3, basada en las estimaciones de una organización independiente,
murieron casi treinta mil civiles. Sin embargo, la situación comenzó a
mejorar a partir de 2007, debido a la confluencia de tres factores: el movimiento
del Despertar sunní, que representó la movilización contra Al Qaeda de poblaciones
que hasta entonces habían apoyado la insurgencia; la nueva estrategia americana
que acompañó a la oleada de nuevas tropas; y el declive de la violencia chií.
Al Qaeda, dirigida en Irak por Al Zarqawi, terminó por resultar odiosa a la mayoría
de la población en las mismas provincias sunníes que más habían apoyado la
insurgencia. Los métodos de Zarqawi eran brutales y, como la propia dirección central
de Al Qaeda le advirtió, podían resultar contraproducentes. Por otra parte, muchos
dirigentes sunníes comprendieron que su marginación del nuevo sistema
democrático iraquí les perjudicaba, por lo que hubo una mayor participación sunní
en las elecciones que se celebraron en diciembre de 2005, tras la aprobación de la
Constitución. La pérdida de apoyo popular condujo a que Al Qaeda tratara de imponerse
mediante una violencia extrema, con ejecuciones públicas de una crueldad
insólita incluso en Irak. Ello condujo a que, en el verano de 2006, se formara en las
provincias sunníes el consejo del “Despertar” (Sahwa), que llamó a la lucha contra
Al Qaeda. Esto supuso un cambio de bando de grupos nacionalistas iraquíes, que
habían participado en la insurgencia y ahora aceptaban la cooperación de los Estados
Unidos para librarse de los extremistas extranjeros (que por otra parte siempre
habían jugado un papel limitado en la insurgencia).
La estrategia americana también cambió. Bajo el impulso del general David Petraeus,
las fuerzas armadas elaboraron en 2006 un nuevo manual de contrainsurgencia,
que priorizaba la necesidad de que las tropas se desplegaran entre la
población civil para ofrecerle protección y ganarse su confianza. El triunfo de los
demócratas en las elecciones legislativas de ese año mostró el descontento con el
gobierno republicano y el presidente Bush optó por un cambio de estrategia en Irak,
que fue implementado por un nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, que sustituyó
a Rumsfeld. La nueva actitud era más realista, menos confiada en las victorias
fáciles. La nueva doctrina requería más tropas sobre el terreno y en 2007 las desplegadas
en Irak aumentaron en casi treinta mil efectivos, pero esta Oleada (Surge)
se concibió como una medida temporal destinada a frenar la insurgencia y ganar
tiempo, hasta que las nuevas fuerzas armadas y de seguridad iraquíes pudieran asumir
la responsabilidad. El despliegue se efectuó sobre todo en Bagdad y en las provincias
sunníes cercanas, donde se concentraba la violencia, e implicó un esfuerzo
de protección de la población sunní frente a las bandas armadas chiíes y viceversa.
Por otra parte, las fuerzas de élite americanas mantuvieron sus operaciones de eliminación
de los militantes más peligrosos. El propio Al Zarqawi había muerto en
un ataque aéreo en junio de 2006.
Finalmente, la violencia ejercida por los chiíes disminuyó también. Ello fue en
parte resultado de que la terrible batalla por Bagdad, en la que chiíes y sunníes se
enfrentaron en una sucesión de asesinatos y represalias, había concluido con la victoria
de los primeros, que se hicieron con el control de la ciudad. Y en parte fue el
resultado de la pérdida de poder por las milicias de Muqtada Al Sadr, que seguían
hostigando a la coalición internacional, pero cuyas exacciones les habían acabado
por hacer impopulares en las áreas que dominaban, por lo que perdieron la protección
de las fuerzas mayoritarias chiíes, con lo que sus militantes más destacados
quedaron expuestos a la acción de las fuerzas especiales americanas. En el verano
de 2007 Al Sadr decretó un alto el fuego unilateral y se exilió en Irán.
El gobierno de Bush no había logrado su sueño de una victoria fácil que habría
convertido a Irak en una democracia estable firmemente aliada a los Estados Unidos,
que sirviera de ejemplo para la transformación del Oriente Medio, pero al menos
pudo retirarse sin que sus enemigos se hicieran con el país, como había ocurrido en
Vietnam y le ocurrió también a la Unión Soviética en Afganistán. En diciembre de
2011, ya con el demócrata Barack Obama en la presidencia, se retiraron las últimas
Las guerras del 11-S 129
tropas americanas. El Irak que dejaban es un país profundamente dividido en tres
comunidades, muy marcado por el islamismo, en el que continúan produciéndose
muchos atentados y el funcionamiento de las instituciones democráticas es bastante
precario, pero que ha superado el período crítico de la máxima violencia.
16Educación y ciencia: el ciberespacio
La ciencia es a la vez la aventura intelectual más excitante que ha emprendido el
ser humano, la base sobre la que se apoya el funcionamiento de la sociedad actual y
un campo por el que muy pocas personas se mueven con soltura. Hacia el final de su
vida, el astrónomo estadounidense Carl Sagan (1934-1996), famoso por sus actividades
de divulgación científica, hizo la siguiente advertencia: “Hemos creado una civilización
global en la que muchos elementos cruciales dependen profundamente de
la ciencia y la tecnología. También hemos organizado las cosas de tal manera que
casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Es una receta para el desastre”. Efectivamente,
en los últimos siglos y en especial en las últimas décadas, el desarrollo humano
se ha basado cada vez más en la innovación científica y tecnológica, las
tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra manera
de aprender y de relacionarnos, y nuestra seguridad frente a todo tipo de amenazas se
apoya crecientemente en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, sólo una minoría
de la población tiene una formación científica sólida, que en muchos casos se reduce
casi exclusivamente a un campo de especialización limitado, existe muy poco interés
general por los conocimientos científicos, incluso entre las personas cultas, y los políticos,
al igual que los ciudadanos que les votan, carecen de los conocimientos necesarios
para comprender las implicaciones de muchas decisiones que tienen conexión
con la ciencia. El caso de las medidas a tomar respecto a la amenaza que implica el
calentamiento global es un ejemplo característico de la falta de sintonía entre la comunidad
científica y la sociedad en su conjunto, especialmente en Estados Unidos,
donde el amplísimo consenso científico acerca del origen humano del fenómeno no
es compartido por muchos sectores de la población y un influyente sector conservador
niega la validez de las investigaciones científicas sobre el tema.
En este capítulo, tras unas breves consideraciones generales sobre educación y
ciencia, nos centraremos en dos temas: por un lado el vertiginoso desarrollo de In-
ternet, que es un claro ejemplo de cómo una innovación tecnológica puede cambiar
todos los aspectos de la vida humana, y por otro lado el impacto ambiental del desarrollo,
que representa un ejemplo notable de la interacción entre factores tecnológicos
y opciones sociales.
El progreso científico y tecnológico depende de la educación básica que reciben
los ciudadanos, por un lado, y de la existencia de centros de investigación avanzada,
por el otro. Los sistemas educativos varían mucho de país a país, mientras que la
investigación avanzada es fundamentalmente una empresa internacional, basada en
la colaboración entre científicos de diversos países, que utilizan el inglés para comunicar
sus descubrimientos, lo hacen en las mismas revistas y a menudo se mueven
entre universidades de distintos países. Las evaluaciones comparativas revelan
que los logros educativos de los distintos países difieren mucho, incluso entre los
desarrollados, mientras que la investigación avanzada se concentra básicamente en
América del Norte, Europa Occidental y Japón.
El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como
PISA por sus siglas en inglés, promovido por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), realiza trienalmente, a partir de 2000,
pruebas estandarizadas para evaluar las capacidades en matemáticas, ciencias y
lectura de los estudiantes de quince años. Sólo participan en estas pruebas los
países cuyos gobiernos lo solicitan, que en 2009 fueron 74. Sus resultados reciben
considerable atención como índice del nivel alcanzado en cada país, aunque
debe advertirse que aquellos sistemas educativos que más se centran en la obtención
de buenos resultados en las pruebas objetivas, como es el caso de los de
Asia oriental, quedan mejor valorados en estos informes que aquellos que prestan
más atención a capacidades más creativas, quizá más importantes, pero más difíciles
de evaluar.
A pesar de esta limitación, hay que destacar los buenos resultados obtenidos
por los estudiantes de Asia oriental, seguidos por los de ciertos países de cultura
occidental. En 2009 China presentó a evaluación, no a una muestra de todos sus
estudiantes, sino tan sólo de su región más desarrollada, Shanghái, que quedaron
en primer lugar en los tres campos educativos considerados. En Ciencias encabezaban
la clasificación con 575 puntos, seguidos por los estudiantes de Finlandia,
Hong Kong (una próspera región autónoma de China), Singapur, Japón, Corea del
Sur, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia, que era el país europeo mejor calificado.
Estados Unidos ocupaba el puesto 23, con 502 puntos, España llegaba a 488 puntos,
Argentina a 401 y al final de la lista se situó el estado indio de Himachal Pradesh,
con 325. Hay que advertir que la mayoría de los países en desarrollo no participan
en las pruebas PISA.
Bastante distintos son los resultados cuando se mide la calidad de la enseñanza universitaria.
En este campo, la clasificación más conocida, aunque no la única, es la que
elabora la Universidad Jiao Tong de Shanghái, un informe anual que se publica desde
2003 y se conoce como Ranking de Shanghái. Consiste en una relación de las 500 mejores
instituciones de educación del mundo, de acuerdo con diversos criterios, entre los
que se encuentran el número de premios Nobel obtenidos por sus investigadores y el
número de artículos publicados por éstos en las revistas Nature y Science, las más prestigiosas
en el campo científico. La Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha sido
la más valorada en todos los informes publicados hasta ahora y en el de 2013, entre las
cincuenta mejores había 35 de Estados Unidos, cinco británicas, dos japonesas, dos canadienses,
dos francesas y cuatro de otros países europeos, pero ninguna china. Para
comprender esta absoluta hegemonía estadounidense en la educación superior, en contraste
con los modestos resultados de sus estudiantes en las pruebas PISA, hay que tener
en cuenta dos factores. Por un lado ocurre que la calidad de la educación primaria y secundaria
en los Estados Unidos es muy desigual, por lo que si sólo se toman en cuenta
los resultados que obtienen sus mejores estudiantes, estos se encuentran entre los mejores
del mundo. Y por otro lado, las universidades estadounidenses son capaces de
captar excelentes profesores y estudiantes procedentes de todo el mundo.
La hegemonía científica de Estados Unidos se comprueba también si se analizan
los premios Nobel, el galardón científico más prestigioso de todo el mundo. Creada
por el industrial sueco Alfred Nobel, la Fundación Nobel viene concediendo anualmente
desde 1901 premios de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y
Paz, y desde 1968 también de Ciencias Económicas. En los tres primeros campos,
los estrictamente científicos, entre 1990 y 2012 han recibido el premio 83 investigadores
estadounidenses, doce británicos, once japoneses, diez alemanes, nueve
franceses, cinco australianos y canadienses, cuatro holandeses, israelíes, rusos y
suizos, y otros ocho de otros tantos países del mundo. Aunque las cifras no son del
todo precisas, porque algunos investigadores tiene doble nacionalidad, cabe destacar
que algo más de la mitad de los científicos premiados en los últimos años son estadounidenses,
dieciséis de ellos nacidos en otros países.
Un nuevo territorio: el ciberespacio
El término ciberespacio comenzó a utilizarse en los relatos de ciencia ficción de
los años ochenta, para referirse a una nueva dimensión virtual de la realidad. Su
origen está en el término cibernética, que el matemático estadounidense Norbert
Wiener había introducido a mediados del siglo XX para denominar a la nueva ciencia
del control y la comunicación, aplicable a todo tipo de sistemas físicos, biológicos,
cognitivos o sociales. Se popularizó en los años noventa, en los que ciberespacio
se convirtió en un término aplicable a todo el conjunto de excitantes novedades que
estaban apareciendo en el campo de las comunicaciones electrónicas, especialmente
las relacionadas con Internet. Y a partir de entonces han proliferado los términos
que utilizan el prefijo “ciber”, tales como ciberactivismo, ciberataque, cibercafé,
cibercultura, ciberguerra.
Internet es una red de redes, un sistema global de interconexiones entre redes de
ordenadores que utilizan un protocolo común (Internet Protocol o IP), lo que hace
posible el intercambio de información entre miles de millones de usuarios de todo
el mundo. Sus antecedentes hay que buscarlos, por un lado, en el desarrollo de las
telecomunicaciones, es decir de los sistemas de transmisión a distancia de la información
mediante señales eléctricas, cuya historia se inició en 1844 cuando se puso
en funcionamiento la primera línea de telégrafo entre Washington y Baltimore y,
por otro, en el desarrollo de los ordenadores (en inglés computers), que son máquinas
programadas para efectuar operaciones matemáticas o lógicas. Los primeros
ordenadores electrónicos aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial,
como fue el caso del Colossus, que los británicos utilizaron a partir de 1944 para
descifrar los mensajes encriptados alemanes. Se trataba de máquinas de grandes dimensiones,
cuya capacidad era, sin embargo, muchísimo más pequeña que la de los
actuales ordenadores personales basados en microprocesadores, que empezaron a
difundirse masivamente en los años ochenta. Microsoft, una empresa fundada en
1975 por los estadounidenses Bill Gates y Paul Allen, con sede en Washington, se
convirtió por entonces en el gran gigante mundial en la producción de programas
informáticos. Se denomina informática (en inglés computer science) a la ciencia
que analiza los métodos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información
en formato digital, es decir mediante señales generadas por procedimientos
electromagnéticos y que representan valores discretos.
Las primeras redes de ordenadores surgieron a finales de los años sesenta y
entre ellas hay que destacar a Arpanet, un sistema de interconexión entre universidades
de Estados Unidos, establecido a partir de 1969, que puede considerarse el
antecedente directo de Internet. En 1982 la estandarización del IP sentó la base de
una red global y a lo largo de la década de los ochenta Internet se expandió primero
por Europa y Australia y luego por Asia, a la vez que aparecían las primeras empresas
que proporcionaban acceso a Internet (en inglés Internet Service Providers
o ISP). En 1990, dos científicos del CERN, un centro de investigación europeo con
sede en Ginebra, diseñaron la World Wide Web (WWW) un sistema de distribución
de información basada en el hipertexto, es decir en referencias entrecruzadas que
enlazan textos y los hacen accesibles mediante Internet.
El uso de Internet se ha visto muy facilitado por el desarrollo de los buscadores,
programas informáticos diseñados para la localización de información en la red.
Desde comienzos del siglo XXI la empresa que se ha puesto a la cabeza en este
138 Las claves del mundo actual
campo es Google, fundada por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry
Page y Sergey Brin, que la convirtieron en una sociedad anónima en 1998. Su objetivo
declarado es “organizar la información del mundo y hacerla universalmente
accesible y útil”. En 2006 trasladó su sede central a Mountain View, California. Sus
ingresos, derivados de la publicidad, son ingentes.
Como muestra de la enorme importancia económica que ha adquirido la informática
cabe destacar que, en marzo de 2013, cuatro de las diez mayores empresas
del mundo por capitalización eran son del sector informático: Apple es la primera,
con 416.000 millones de dólares, Google la tercera, Microsoft la séptima e IBM la
octava. La veterana IBM, fundada en 1911 en Nueva York y especializada en máquinas
de cálculo, se convirtió en los años sesenta en la empresa dominante en el
expansivo sector de la producción de ordenadores electrónicos. En el sector de la
informática de consumo ha sido desplazada por Apple, una empresa fundada en
1976, con sede en Cupertino, California, que ha tenido como líder a Steve Jobs
hasta su fallecimiento en 2011. Fabrica los ordenadores personales de la línea Mac
y otros productos electrónicos muy populares, como los reproductores digitales de
audio iPod, los teléfonos inteligentes iPhone y las tabletas informáticas iPad.
La elevadísima concentración de empresas de alta tecnología y en especial informáticas
en un área situada al sur de la bahía de San Francisco, en California, le ha valido
a ésta el apelativo de Silicon Valley (dado que el silicio es el material con el que
se fabrican los circuitos electrónicos). Constituye el principal centro de innovación en
alta tecnología de todo el mundo y recibe un tercio de todas las inversiones de capital
riesgo (es decir, el capital financiero que invierte en sectores de alto riesgo y gran rentabilidad)
de los Estados Unidos, por lo que junto a las grandes empresas se concentran
allí miles de nuevas empresas prometedoras, en inglés start up companies.
Internet no tiene una organización jerárquica ni una autoridad central, sino que está
integrado por redes que voluntariamente se interconectan. Tan sólo existe una autoridad
encargada de otorgar los identificadores que permiten la interconexión: se denomina
ICANN y tiene su sede en Marina del Rey, California. Esa estructura descentralizada,
que permite el desarrollo autónomo de las redes que lo integran, ha facilitado su rapidísimo
crecimiento. Se estima que el porcentaje de la población mundial que utiliza Internet
ha pasado del 2% en 1997 al 39% en 2013 y es importante destacar que ese
crecimiento no se ha producido sólo en los países desarrollados, en los que el porcentaje
de usuarios ha pasado en esos años del 11 al 77%, sino en los países en desarrollo, en
los que ha pasado de menos de un 1 al 31%. La hegemonía del inglés se manifiesta en
que el 55% de los contenidos de Internet se hallan en esa lengua.
Internet y la sociedad actual
La importancia que ha adquirido Internet es enorme. En palabras de dos estudiosos
del tema, “afecta a la mayoría de los aspectos de la vida de los ciudadanos, desde
cómo ganan dinero y se les gobierna hasta cómo establecen y mantienen relaciones
sociales y encuentran sustento espiritual e intelectual” (Betz y Stevens, 2011).
Internet es, en primer lugar, un instrumento de intercambio de información cuya
importancia histórica probablemente sea mayor que la aparición de la imprenta y
sólo comparable a la aparición de la escritura, pues proporciona un acceso fácil,
barato y universal a contenidos informativos de todo tipo. La dificultad de seleccionar
los contenidos fiables de Internet es, sin embargo, proporcional a la riqueza
informativa que ofrece, porque se ha convertido también en el principal transmisor
de noticias falsas, creencias absurdas y mensajes de odio. Algunos gobiernos aplican
una severa censura al acceso de sus ciudadanos a los contenidos de Internet, como
ocurre en China, Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, pero la convicción general
en la mayor parte del mundo es que el carácter descentralizado y no jerárquico de
Internet, la posibilidad que abre a todo usuario para añadir contenidos, constituye
la garantía de un libre flujo de información que ha incrementado de manera sustancial
la capacidad de cada individuo para informarse y formarse, un logro que compensa
sobradamente el flujo de basura intelectual que el sistema también consiente.
Internet dificulta que la información sea monopolizada por minorías y abre inmensas
posibilidades formativas a todos los niveles, desde el preescolar hasta el postdoctoral.
Una entidad particularmente significativa de la capacidad de Internet para difundir
conocimiento mediante un sistema de cooperación no jerarquizada es Wikipedia.
Fundada en 2001 por los estadounidenses Jimmy Wales y Larry Singer,
esta enciclopedia en red es propiedad de Wikimedia Foundation, una organización
sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, California. Se trata de una obra inmensa
y en permanente renovación, en cuya redacción pueden participar libremente
todos los voluntarios que se atengan a unas normas mínimas de calidad
intelectual, de tal manera que sus artículos son el fruto de la intervención de distintos
autores y se hallan continuamente abiertos a la remodelación. A la Wikipedia
original en inglés se han sumado otras, con lo que en 2013 cuenta con ediciones
en 285 lenguas, con alrededor de 30 millones de artículos y unos 365 millones de
usuarios, lo que la convierte en el séptimo sitio más visitado de Internet, según
Alexa (una empresa especializada en el análisis del tráfico en la red). Ello le permitiría
fabulosos ingresos por publicidad, pero Wikipedia ha preferido atenerse a
su espíritu original, por lo que sus redactores no reciben remuneración y los gastos
de administración se cubren mediante donaciones. La edición en inglés, que concentra
más de la mitad del tráfico total de Wikipedia, tiene más de cuatro millones
de artículos, y también superan el millón las ediciones en alemán, holandés, francés,
italiano, español y ruso.
Las ventajas y los defectos de Wikipedia son representativos de la cultura de
Internet en su conjunto: ofrece información abundante, actualizada y gratuita, pero
no da una plena garantía de rigor intelectual. Las enciclopedias convencionales son
redactadas por expertos, cada artículo tiene un limitado número de autores, a menudo
uno solo, y no se publica hasta que ha adquirido su forma definitiva, que se
mantendrá hasta una posible revisión en una edición posterior. En Wikipedia no
hay ninguna garantía de que los autores sean expertos en el tema del que escriben,
los artículos puede tener diversos redactores que estén en desacuerdo entre ellos y
se hallan en perpetuo estado de reelaboración, lo que incluso puede dar lugar a enfrentamientos
entre quienes defienden distintos puntos de vista y tratan de imponerlos
mediante modificaciones sucesivas y contradictorias.
La filosofía de Wikipedia es que en los temas controvertidos deben mostrarse
distintos puntos de vista y los administradores disponen de herramientas para evitar
la deshonestidad intelectual de los redactores, eliminando material inapropiado e
incluso bloqueando el acceso a la redacción a quienes violan sus normas. Pero a
pesar de ello, el usuario no tiene nunca la certidumbre acerca de la calidad de lo
que lee como en cambio la tiene el lector de la Enciclopedia Británica, por ejemplo.
Se producen incluso ataques vandálicos en los que se introduce en Wikipedia información
falsa, que no siempre es eliminada con la prontitud deseable. Por otra
parte no existe ninguna otra fuente de información que pueda competir con Wikipedia
en el número de temas sobre los que ofrece información ni en la rapidez con
que se actualizan, pero debe recordarse que en sus artículos no se publica por norma
investigación original y que la solidez de sus afirmaciones depende de las referencias
que cita. La práctica habitual en las universidades es que un ensayo académico
no puede utilizar a Wikipedia como fuente, aunque sí como instrumento para una
primera aproximación al tema de que trate.
Todas las revistas científicas importantes tienen edición electrónica, normalmente
de pago. Lo mismo ocurre con los grandes periódicos, que siguen siendo la
fuente más fiable de noticias y cuentan con ediciones en la red. El New York Times,
que tiene edición digital desde 1996 y es el periódico más consultado en la red,
ofrece acceso libre a un limitado número de artículos al mes y acceso ilimitado mediante
suscripción. En 2013 anunció que, por primera vez, sus ingresos por suscripciones
eran mayores que los generados por la publicidad (que en general es la mayor
fuente de ingresos de los sitios de Internet).
Respecto a los libros, que durante los últimos siglos han sido un vehículo esencial
de difusión de la cultura, las nuevas tecnologías han dado lugar a su aparición
en un nuevo formato, el libro electrónico, que comenzó a popularizarse a comienzos
del siglo XXI. Por otra parte, el comercio electrónico ha facilitado enormemente la
accesibilidad del libro en papel, incluso en el caso de los de segunda mano, de manera
que en la actualidad casi cualquier libro, incluso en el caso de ediciones agotadas
hace años, puede ser adquirido a través de Internet. AbeBooks, una empresa
fundada en Canadá en 1995, ofrece en su sitio de Internet un catálogo de más de
cien millones de libros, en su mayoría de segunda mano y algunos antiguos y raros,
que son vendidos por miles de librerías de más de cincuenta países y remitidos por
correo postal a quienes los adquieren a través de esta empresa.
La organización del trabajo ha comenzado a transformarse también por efecto
de las tecnologías de la información y la comunicación, que han hecho posible el
trabajo fuera de la oficina, en el propio hogar o en cualquier otro lugar conectado
al ciberespacio, y la cooperación entre personas situadas a miles de kilómetros de
distancia. Respecto a lo que en el conjunto de la economía mundial representa el
comercio informático, incluyendo tanto las ventas de productos y servicios informáticos
como las transacciones comerciales de otros bienes efectuadas a través de
Internet, tanto entre empresas como de las empresas a los consumidores, se estima
que su volumen total en 2013 se acerca al 15% del Producto Mundial Bruto.
Internet ha tenido también un considerable impacto en las relaciones sociales
debido a la aparición de diversas redes, la más importante de las cuales es Facebook.
Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de
Harvard, en Boston, Facebook surgió como un instrumento de contacto entre los
estudiantes de Harvard, se difundió luego por otras universidades estadounidenses
y finalmente se ha transformado en una gran empresa, con importantes ingresos por
publicidad y más de mil millones de usuarios en todo el mundo, que cotiza en Bolsa
desde 2012. Ese meteórico crecimiento en menos de diez años es uno de los rasgos
más característicos de los gigantes de Internet, y también lo es la habilidad de Facebook
para reducir al mínimo su carga fiscal. La sede central de la empresa se
halla desde 2011 en Menlo Park, California, pero todas sus operaciones fuera de
Estados Unidos y Canadá dependen de una filial establecida en Irlanda, un país en
el que los impuestos pagados por las empresas son muy bajos. Estados Unidos, Brasil,
India, Indonesia y México son los países con mayor número de miembros en
Facebook.
Facebook permite mantener contactos a distancia entre familiares y amigos que
pudieran haber perdido toda relación, establecer nuevas amistades y crear grupos
unidos por intereses comunes. Sus críticos señalan, sin embargo, el peligro de que,
si bien proporciona relaciones superficiales a través de la red, contribuya al aislamiento
del individuo, al reducir sus usuarios sus contactos personales directos. Este
es un peligro que se atribuye en general al ciberespacio y se han detectado casos de
auténtica adicción a Internet, es decir de una dedicación que interfiere en el desarrollo
de la vida personal y laboral. Un estudio reveló que los empleados de oficina británicos
dedicaban hasta una hora diaria de su tiempo de trabajo a navegar en la red
con propósitos ajenos al trabajo. También se señala el peligro que para la privacidad
implica la difusión de contenidos personales, especialmente en el caso de los niños,
pues se estima que, en contra de las normas establecidas por Facebook, varios millones
de sus miembros tienen menos de once años.
Internet es también un gran espacio de diversión, a veces con resultados adictivos.
Los videojuegos en red, en los que pueden participar a la vez jugadores de
distintas partes del mundo, se han hecho muy populares. Más inquietantes son otras
dos grandes aficiones de Internet: los juegos de azar con apuestas y la pornografía.
Esta última se ha convertido en uno de los grandes negocios de Internet, que al ga-
rantizar a sus usuarios el anonimato y la privacidad de su disfrute ha promovido
mucho su consumo. Esto preocupa en relación con los menores de edad, para los
que la pornografía extrema difundida en la red, incluida su vertiente sadomasoquista,
representa una vía de acceso poco recomendable a la sexualidad. Por otra
parte, la difusión de pornografía infantil constituye un delito severamente castigado.
Los problemas de la ciberseguridad
En la medida en que promueve la difusión internacional de la información, Internet
representa una aportación decisiva a la formación personal, al avance científico, al
desarrollo económico, a la libertad y a la democracia. Hemos visto, sin embargo,
que puede tener también consecuencias negativas para sus usuarios, hasta el punto
de generar adicciones que interfieren en la vida normal. Abordaremos ahora el lado
salvaje del ciberespacio, es decir las actividades al margen de la ley que encuentran
un terreno favorable en esta nueva dimensión de la vida humana. Se trata del ciberdelito,
el ciberespionaje y la ciberguerra, términos que se van incorporando al lenguaje
para referirse a nuevas realidades cuyo grado de peligrosidad no es fácil
evaluar.
Para entender estos problemas, hay que partir de algunos rasgos básicos de la
filosofía implícita con la que nació Internet, una filosofía orientada hacia la innovación
tecnológica y la construcción de un mundo mejor, que valora la cooperación,
la apertura, la descentralización y que en aras de tales valores tiende a justificar la
transgresión de los límites impuestos por los derechos de propiedad intelectual y la
privacidad. Su manifestación más radical es la subcultura hacker. Un hacker es alguien
que trata de explotar las debilidades de una red informática para penetrarla
sin autorización, por motivos que pueden ir desde el puro deseo de desafiar un reto
hasta el activismo social y político o el beneficio económico ilegal. El término hacker
es controvertido, porque algunos expertos informáticos que actúan dentro de la
legalidad se autodenominan hackers y proponen que a quienes violan la legalidad
para acceder a ordenadores ajenos se les denomine crackers. El paso de un campo
a otro no es por otra parte raro y muchos antiguos hackers, en el sentido de crackers,
se han convertido en expertos en ciberseguridad, al servicio de empresas y gobiernos.
El gusto por el desafío no desaparece con ello y algunos expertos en ciberseguridad
se especializan en estudiar y difundir nuevas formas de atentar contra la
seguridad, con el supuesto fin de poder contrarrestarlas.
Por otra parte, algo de la subcultura hacker se ha contagiado al usuario medio
de Internet, de tal manera que gentes que nunca robarían en un supermercado, ni
siquiera en una librería, se jactan abiertamente de hacerse con películas, canciones
y libros por medios ilegales. La escasa posibilidad de ser descubierto, en contra de
lo que ocurre si se roba en un centro comercial, contribuye a esa actitud, que quizá
se deba también a la suposición de que los objetos del ciberespacio no son verda-
deramente reales y no tienen por tanto propietario. En la medida en que los derechos
de autor representan un apoyo esencial para la creatividad cultural, esta actitud representa
una amenaza grave y algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, están
dispuestos a combatirla con enérgicas medidas legales.
La actividad hacker con fines sociales y políticos constituye una variedad ilegal
del ciberactivismo, es decir el uso del ciberespacio para promover determinadas
causas o combatir otras. Como es usual en el ámbito de Internet, los límites entre
el activismo legal y el ilegal no son nítidos y no son idénticos en los distintos países.
Lo cierto es que hay activistas que realizan ciberataques contra instituciones públicas
o privadas, por medio de programas maliciosos, como los virus. Un grupo difuso
de ciberactivistas que han asumido el nombre colectivo de Anonymous se ha hecho
famoso desde 2004 por la realización de diversos ataques. Su signo de identidad es
una máscara que cualquiera puede utilizar en una manifestación de protesta en la
calle. En ese sentido Anonymous es un ejemplo característico de los grupos informales
cuya aparición facilita Internet.
Los delincuentes informáticos que persiguen un beneficio económico son numerosos,
pero es difícil precisar su impacto real, porque en muchos casos las empresas
afectadas prefieren no dar publicidad a las pérdidas que sufren para no
generar desconfianza entre sus clientes.
El espionaje, tanto industrial como político, ha encontrado en Internet un campo
privilegiado de actuación. La penetración en las redes informáticas de las empresas
o de los departamentos universitarios relacionados con la investigación aplicada
proporciona información muy valiosa en términos económicos y es una actividad
a la que no sólo se dedican hackers individuales, sino que hay indicios de que están
también implicadas empresas y gobiernos. En particular, existen fuertes sospechas
de que el gobierno chino promueve redes de hackers especializadas en el espionaje
no sólo político sino también industrial.
El ciberespionaje político es una actividad a la que se dedican también gobiernos
democráticos, como ha salido a la luz en 2013 cuando Edward Snowden, un empleado
de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), huyó de su
país y reveló operaciones de espionaje de alto secreto por parte de los gobiernos
estadounidense y británico, en ocasiones dirigidas contra gobiernos aliados. La
fuerte presión ejercida por el gobierno de Obama para evitar que algún país concediera
asilo político a Snowden, como al final lo ha hecho Rusia, revela la importancia
que Washington otorga al caso. Por otra parte, las revelaciones de Snowden
han generado en Estados Unidos fuertes críticas, incluso por parte de sectores importantes
de los partidos republicano y demócrata, hacia la vulneración de la privacidad
que implican los programas de espionaje ahora conocidos.
La ciberguerra no representa de momento más que una amenaza potencial, pero
ya ha habido casos de gobiernos que han lanzado ciberataques contra otros estados.
Un caso bien conocido se produjo en 2007, cuando en respuesta a un gesto del gobierno
de Estonia que Rusia consideró como una afrenta (la remoción de un monu-
mento a los caídos del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial) partieron
de Rusia un conjunto de ciberataques que paralizaron las redes de las principales
instituciones estonias, hasta que la presión internacional indujo al gobierno ruso a
ponerles fin. Otro caso importante salió a la luz en 2010, cuando se supo que un
virus denominado Stuxnet había afectado gravemente al funcionamiento de las centrifugadoras
que enriquecen uranio en Irán, a través de los sistemas informáticos
de control fabricados por una empresa alemana (que no estaba al tanto de ello) y
utilizados por los iraníes. Se sospecha con fundamento que Stuxnet fue diseñado
como parte de los esfuerzos desplegados por Estados Unidos e Israel para frenar el
programa de armamento nuclear iraní.
17. Desarrollo tecnológico y medio ambiente.
El crecimiento de la población y el desarrollo económico han tenido a lo largo de la
historia, y sobre todo en los dos últimos siglos, un gran impacto en el medio ambiente,
es decir en el entorno biofísico con el que interactúan y al que han de adaptarse todas
las especies, incluida la especie humana. En ese sentido el medio ambiente se identifica
con la naturaleza, es decir las formaciones geológicas, la atmósfera, las aguas
y los seres vivos, que constituyen tanto una fuente de recursos económicos como de
placer estético e intelectual. La ciencia que estudia la interrelación entre los organismos
y su entorno se denomina ecología, un término que fue creado en 1866 por el
científico alemán Ernest Haeckel. El movimiento en defensa del medio ambiente natural
se denomina ecologismo o ambientalismo (en inglés environmentalism) y se ha
identificado con un color, el verde, el color de la vegetación.
El movimiento ambientalista (o ecologista)
En palabras del estadounidense Steward Brand, “el movimiento ambientalista es un
cuerpo de ciencia, tecnología y emoción empeñado en orientar el discurso público,
la política pública y el comportamiento privado hacia la conservación de los sistemas
naturales”. Cientos de miles deorganizaciones ambientalistas de todo el mundo luchan
por la calidad de las aguas de ríos, lagos y bahías, la limpieza del aire, la conservación
de los bosques, la preservación de las especies amenazadas, la creación
de parques naturales, el uso de paneles solares, la agricultura sostenible, la reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero y múltiples causas similares.
A lo largo de la historia algunas culturas han desarrollado sistemas de explotación
de los recursos naturales que dañaron gravemente a su medio ambiente, mientras
que otras han creado modelos sostenibles. Un ejemplo de lo primero, bien
documentado por los arqueólogos, es el de la isla de Pascua, cuya población, llegada
hacia el año 900, provocó en unos siglos su completa deforestación, con penosas consecuencias para su propio nivel de vida. El mantenimiento de los bosques japoneses,
a pesar de la elevada densidad de población del país, representa en cambio
un buen ejemplo de lo contrario, pues fue el resultado de una minuciosa política de
conservación forestal adoptada a fines del siglo XVII.
Así es que el interés por la conservación de la naturaleza tiene precedentes muy
antiguos, pero sólo empezó a convertirse en un proyecto coherente a mediados del
siglo XIX. En 1864 el estadounidense George P. Marsh publicó El hombre y la naturaleza,
elprimer estudio sistemático del impacto destructivo de la acción humana
sobre el entorno natural y en 1872 se creó el primer parque nacional del mundo, el
de Yellowstone.
La fecha clave para el nacimiento de un movimiento ambientalista de masas
llegó casi un siglo después, con la celebración en 1970 del primer Día de la Tierra,
en el que más de veinte millones de estadounidense se manifestaron en defensa del
medio ambiente. Dos años después, en 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia
de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que adoptó una declaración sobre
desarrollo y medio ambiente que marcó la agenda fundamental para la preservación
del entorno natural. En los veinte años trascurridos entre esa fecha y la nueva conferencia
de Naciones Unidas sobre el tema, que tuvo lugar en Río de Janeiro en
1992, los temas ambientales ganaron un creciente protagonismo en el discurso público
y en la legislación. La Cumbre de Río, también conocida como Cumbre de la
Tierra, destacó por el reconocimiento de un nuevo problema ambiental cuya importancia
no ha dejado de crecer desde entonces: la incidencia del consumo de combustibles
fósiles sobre el calentamiento global.
Las palabras usadas por Brandt en su definición del movimiento ambientalista
(ciencia y tecnología, por un lado, y emoción, por el otro) indican el doble componente
del mismo: la emoción es la que moviliza a los defensores de la naturaleza,
mientras que la ciencia y la tecnología son las que pueden aportar soluciones para
ello. Sin embargo, la interacción en el seno del movimiento entre la emoción y el
pragmatismo tecnológico no resulta sencilla. Brandt, que ha participado en el mismo
durante décadas, sostiene que para defender la naturaleza de un modo eficiente, el
movimiento ambientalista debe abandonar el recelo romántico hacia la ciencia y la
tecnología que en buena medida lo caracterizan. Para muchos ambientalistas, toda
interferencia de la tecnología en la naturaleza es perjudicial y ello les ha llevado en
ocasiones a posicionarse en contra de los avances científico-técnicos, con una actitud
que recuerda el relato romántico de Frankenstein, publicado por Mary Shelley
en 1818, que representa la mejor encarnación en la cultura popular de la tesis según
la cual, cuando un científico pretende violar las leyes de la naturaleza, sólo puede
producir monstruos.
El caso más evidente del recelo ambientalista hacia la ciencia y la tecnología
es el de los cultivos transgénicos, variedades logradas mediante la modificación genética
de especies existentes. A pesar de que no hay evidencia científica alguna de
que los transgénicos sean perjudiciales, a pesar de que constituyen una aportación importante a la mejora de los rendimientos agrícolas y por tanto de la lucha contra
la desnutrición y a pesar de que los agricultores llevan milenios modificando la
composición genética de las especies cultivadas por el simple procedimiento de seleccionar
las mejores semillas, han encontrado el rechazo radical de buena parte
del movimiento ambientalista, que ha logrado incluso que se paralice su cultivo en
algunos países, sobre todo europeos.
En contraste con este ambientalismo receloso ante la tecnología, ha surgido otra
corriente que ve en el recurso a la misma un instrumento indispensable para la defensa
del medio ambiente. Es el caso del ya citado Steward Brand, quien en un libro
de 2009, Whole Earth Discipline (Disciplina de toda la Tierra) ha abogado por soluciones
poco en consonancia con las actitudes tradicionales de muchos ambientalistas,
tales como la concentración de la población en las ciudades como medio de
preservar los espacios naturales; el recurso a la energía nuclear, como medio de reducir
el consumo de combustibles fósiles y frenar así el calentamiento global; y el
empleo de los cultivos transgénicos, como medio de obtener más alimentos en
menos superficie.
La hipótesis de la transición ambiental
La declaración adoptada en la conferencia de Estocolmo de 1972 incluía entre sus
principios el de que para mejorar el medio ambiente era necesario el desarrollo económico.
Sin embargo, hay muchos ejemplos de cómo puede dañarlo, por ejemplo
contribuyendo a la contaminación del aire y del agua. En los años noventa varios economistas
estudiaron empíricamente el impacto medioambiental del desarrollo económico
y concluyeron que la evolución temporal de ese impacto describía una curva
en forma de U invertida, es decir que el impacto ambiental aumenta en las primeras
fases del desarrollo, pero a partir de cierto nivel comienza a reducirse. Se trata de la
hipótesis de la transición ambiental, según la cual el desarrollo tecnológico de los dos
últimos siglos ha favorecido, en una primera fase, el crecimiento de la población y
de la riqueza a expensas del medio ambiente, pero que luego la tendencia se invierte,
porque los ciudadanos que han alcanzado un nivel satisfactorio de prosperidad lo valoran
más y ello favorece la expansión de tecnologías que tienden a preservarlo.
Para comprender esta hipótesis esperanzadora, conviene recordar en primer
lugar, el fenómeno ya estudiado de la transición demográfica: en una primera fase
el desarrollo económico genera un fuerte crecimiento demográfico, debido a que
contribuye a la reducción de la mortalidad, pero en una segunda fase ese crecimiento
cesa porque el desarrollo favorece la opción de las parejas por un menor número
de hijos. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la innovación tecnológica
puede conducir a mejoras en la eficiencia, que permitan incrementar la producción
sin que ello se traduzca en un deterioro ambiental. Para entender este segundo factor
analizaremos lo que ha ocurrido respecto a la superficie cultivada, la calidad del aire y el consumo de agua, dejando para el final el problema del calentamiento global,
que es el más preocupante a comienzos del siglo XXI.
De acuerdo con la visión malthusiana, ya analizada en un capítulo anterior, el
principal problema ambiental es la escasez de superficie cultivable, ya que las necesidades
alimenticias de una población humana en expansión tenderían a agotar
la disponibilidad de suelo. De hecho, la expansión de la superficie cultivable representa
la mayor amenaza para los espacios naturales y la biodiversidad. Sin embargo,
el avance tecnológico se traduce en un aumento de la producción por unidad de terreno,
lo que limita la necesidad de extender la superficie cultivada. En el caso de
Estados Unidos, una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas, la superficie
cultivada se ha mantenido sustancialmente estable desde comienzos del siglo XX hasta
comienzos del siglo XXI, a pesar de que la población se ha más que triplicado y el
PIB se ha multiplicado por 19.
El tipo de contaminación del aire más peligrosa para la salud ha sido tradicionalmente
el que se producía dentro de las casas, debido a la utilización de combustibles
muy contaminantes como la leña y el carbón, y se ha reducido sustancialmente
a medida que las familias optaban por otros más limpios, como el petróleo, el gas
y la electricidad, un cambio que en Estados Unidos se había producido ya hacia
Respecto a las sustancias que contaminan el aire libre, su reducción se ha
producido en Estados Unidos de acuerdo con una secuencia que culminó a partir
de la legislación anticontaminante de 1970. El total de partículas en suspensión se
redujo en los años cincuenta, el dióxido de sulfuro y el monóxido de carbono en
los sesenta, el plomo y los óxidos de nitrógeno en los setenta. Así es que el problema
de la contaminación atmosférica, grave hace medio siglo, ha desaparecido en los
países desarrollados. Los países en desarrollo y en especial sus grandes ciudades
siguen teniendo hoy graves problemas en este campo, pero hay que destacar que su
calidad del aire es mejor que la que tenían los países occidentales cuando se encontraban
en un nivel de desarrollo semejante.
El agua constituye un recurso esencial y el desarrollo económico provoca un
incremento en su consumo, tanto agrícola como industrial y doméstico, pero de
nuevo el ejemplo de los Estados Unidos demuestra que también en este caso se confirma
la hipótesis de la transición ambiental. Entre 1950 y 1980 la población creció
en Estados Unidos un 53% y el consumo de agua un 144%, pero entre 1980 y 2000
la población creció un 24% mientras que el consumo de agua se redujo un 7%, es
decir que una mayor eficiencia en el uso del agua permitió reducir de manera significativa
su consumo por habitante.
El problema del calentamiento global
El clima, es decir la pauta habitual de sucesión en las condiciones meteorológicas,
tales como temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones, representa un componente esencial del medio ambiente. Su lenta modificación a lo
largo de siglos y milenios ha tenido importantes consecuencias para la historia humana.
La era cuaternaria, es decir los dos últimos millones de años, ha sido un período
de grandes fríos, marcado por la sucesión de glaciaciones, en las que los hielos
llegaron a cubrir grandes extensiones. La última glaciación alcanzó su máximo hace
22.000 años, cuando la temperatura media era quizá inferior en diez grados a la actual,
pero a partir de entonces se produjo un aumento de las temperaturas, que hace
10.000 años eran ya similares a las de hoy.
En tiempos históricos las oscilaciones han sido de menos entidad, pero han existido.
En el hemisferio norte hubo un período medieval cálido (aunque con temperaturas
no tan altas como las de los últimos treinta años) que se extendió aproximadamente
de 950 a 1250, seguido por un período más frío que se prolongó hasta 1850 (cifras
aproximadas). Aunque la expresión de Pequeña Edad del Hielo con la que a veces
se designa a este período es exagerada, los paisajes con ríos helados tan frecuentes
en la pintura holandesa del siglo XVII no representan una pura convención artística,
ya que en ese siglo Europa tuvo inviernos muy fríos.
Como puede verse en la figura 6.1, en el siglo XX hubo un incremento de las
temperaturas que se prolongó hasta 1940, se interrumpió luego durante cuatro décadas
y se reanudó con más intensidad a partir de 1980. Las temperaturas actuales
son las más altas de los últimos dos mil años y la preocupación ha surgido porque,
a diferencia de los cambios climáticos anteriores, que se debieron a causas puramente
naturales, existe una sólida evidencia científica de que el calentamiento actual
responde en parte a la acción humana, en concreto a la emisión de gases de efecto
invernadero, en especial CO2. El gráfico representa las diferencias de la temperatura
respecto a la media de 1951 a 1980 (representada por el valor 0), medidas en décimas
de grado centígrado. La línea punteada representa las medias anuales y la
gruesa la media móvil calculada por períodos de cinco años. Estos datos permiten
comprender por qué durante los años setenta existía una cierta preocupación por
un posible enfriamiento del planeta, mientras que la inquietud por el calentamiento
global no se ha generalizado hasta fines de los ochenta.
La primera acción concertada de la comunidad internacional para frenar el impacto
negativo de la acción humana en la atmósfera no se produjo en relación con el
calentamiento global, sino para impedir que continuara la destrucción de la capa de
ozono estratosférica, identificada a finales de los años setenta y atribuida al impacto
de ciertos gases de uso industrial, especialmente los CFC. Dado que la capa de ozono
filtra las radiaciones solares UVB, su desaparición podía tener consecuencias dañinas
para la salud humana, sobre todo por su incidencia en el cáncer de piel. La producción
de estos gases se concentraba en unos pocos países y no era difícil encontrarles sustitutos,
así es que el acuerdo internacional fue posible. En 1987 cuarenta y tres países
firmaron el protocolo de Montreal, que estableció plazos para la reducción progresiva
de la emisión de los gases causantes del problema. Su presencia en la atmósfera llegó
a niveles máximos en 1994 y ha venido reduciéndose desde entonces.
La convicción de que la Tierra estaba experimentando una rápida elevación de
las temperaturas, que éstas habían alcanzado el nivel más elevado de los últimos
dos mil años y que la causa fundamental de ello era la acción humana se abrió paso
a finales de los años ochenta. En 1988 se creó, en el marco de Naciones Unidas, el
Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático (IPCC), formado
por científicos especializados en los distintos aspectos del tema, cuyo primer informe,
presentado en 1991, estimaba, aunque con un margen de incertidumbre considerable,
que a lo largo del siglo XXI el aumento de la temperatura media mundial
sería de 0,3 grados por decenio, lo que supondría el calentamiento más rápido de
los últimos diez mil años. Ello condujo a que, en la ya mencionada cumbre de la
Tierra celebrada en 1992 en Río, se adoptara un Convenio Marco sobre el Cambio
Climático, con el propósito de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que evite una peligrosa interferencia antropogénica
en el sistema climático.
La concentración en la atmósfera de CO2, el principal gas de efecto invernadero,
es hoy mayor que en cualquier otro momento de la era cuaternaria y existe un con-senso científico abrumador de que se debe al empleo de combustibles fósiles, es
decir carbón e hidrocarburos. El efecto invernadero se produce porque el CO2 y
otros gases actúan como los cristales y los plásticos de los invernaderos, es decir
que retienen parte de la radiación térmica que la superficie de la tierra emite. En
1997 se celebró en Kioto una conferencia en la que se adoptaron compromisos específicos
para reducir la emisión de CO2, aunque el acuerdo se basó en que sólo
los países desarrollados, que son los que más CO2 por habitante emiten, se verían
obligados a reducir sus emisiones. La casi totalidad de los estados miembros de Naciones
Unidas han ratificado este protocolo, siendo las principales excepciones Estados
Unidos, que lo firmó durante el mandato de Clinton, pero nunca lo ha
ratificado, y Canadá, que retiró su ratificación en 2011. Por otra parte hay países
que se han retrasado en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones
acordados.
El impacto del calentamiento global será diferente en las distintas regiones del
mundo, pero sus consecuencias generales serán el ascenso del nivel del mar (debido
al deshielo), cambios en las pautas de las precipitaciones, un probable avance de
los desiertos subtropicales y una mayor frecuencia de fenómenos extremos como
las olas de calor, las sequías y las lluvias torrenciales. Las temperaturas están aumentando,
particularmente en el Océano Ártico, donde la extensión de los hielos
en septiembre de 2012 se había reducido a la mitad respecto a la media de finales
del siglo XX, lo que puede tener grandes consecuencias para el clima global. Las
cambiantes condiciones climáticas provocarán trastornos en la producción agrícola
y ciertas áreas costeras se verán afectadas por el aumento del nivel del mar.
Las respuestas a este desafío incluyen la mitigación del calentamiento y la adaptación
al mismo. La mitigación requiere la reducción de las emisiones de gases de
invernadero mediante una tecnología que aumente la eficiencia energética y la sustitución
parcial de los combustibles fósiles por las energías renovables, especialmente
la solar (cuyo punto débil es el alto coste) y por la energía nuclear (cuyo
punto débil es la falta de apoyo en la opinión pública). Otra posibilidad que se empieza
a debatir, aunque por el momento es puramente hipotética, es el recurso a la
geoingeniería, es decir la intervención masiva en la dinámica del clima terrestre,
mediante tecnologías que permitan retirar CO2 de la atmósfera, para lo cual se han
propuesto diversos métodos, incluida una masiva reforestación (los árboles absorben
CO2), o incluso una reducción de la llegada de las radiaciones solares, por ejemplo
difundiendo en la estratosfera sustancias reflectantes. El próximo informe del
Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, que se hará público
en 2014, aportará nuevos datos y argumentos para el debate sobre esta cuestión.
18.Rusia en transición: la implosión de la URSS y la etapa de Yeltsin.
Rusia es el país más extenso del mundo (aunque buena parte de su territorio es demasiado
frío para poder ser habitado), el tercero por su gasto en defensa (tras Estados
Unidos y China), el sexto por su Producto Interior Bruto (calculado según la
paridad de poder adquisitivo) y el séptimo por número de habitantes. El informe
sobre desarrollo humano de 2013 le colocaba, en el puesto 55, es decir entre los países
de desarrollo alto pero no muy alto, mientras que su sistema político lo convierte
en el segundo país menos libre de Europa (tras Bielorrusia). Se trata por tanto de
uno de los gigantes del mundo actual, pero de un gigante autoritario cuya población
no goza del bienestar social ni de la libertad que se dan en los países más avanzados.
Tales características son el resultado de una larga historia. Rusia es el más grande
de los Estados surgidos de lo que fue primero el Imperio ruso y luego la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Auge y caída de la Unión Soviética
En 1917 el Imperio ruso era una de las grandes potencias europeas y también el Estado
más autoritario del continente. El Imperio de los zares surgió de la expansión
del pequeño principado medieval de Moscú, que entre los siglos XVI y XIX se extendió
hacia el oeste por las regiones del Báltico, Bielorrusia y Ucrania, hacia el
sur por las estepas del Don y el Volga y las montañas del Cáucaso y hacia el Este
por Asia central y Siberia. Ello condujo a la creación de un imperio euroasiático
(aunque el área más poblada era la Rusia europea) y multiétnico, en el que los rusos
(junto a otros dos pueblos eslavos muy próximos por su cultura: ucranianos y bielorrusos)
constituían la mayoría de la población, pero la extensa periferia estaba
habitada por una gran variedad de pueblos culturalmente muy diversos. A diferencia más o menos liberales, la autocracia de los zares se opuso a toda liberalización.
Aquel Estado autoritario resultó, sin embargo, el más frágil de Europa cuando
se enfrentó a la prueba terrible de la Primera Guerra Mundial. En 1917 el descontento
popular se tradujo en un estallido revolucionario, que condujo finalmente a la
toma del poder por la facción bolchevique del partido socialista ruso, que en 1918
adoptó el nombre de Partido Comunista. Basándose en las ideas formuladas en el
siglo XIX por Karl Marx, los comunistas rusos, dirigidos por Lenin y luego por Stalin,
realizaron la primera experiencia de un nuevo sistema económico y político,
basado en la propiedad estatal de los medios de producción (es decir, tanto la tierra
como todo tipo de empresas), la dictadura de un partido único y la implacable represión
de todo tipo de disidencia política e intelectual. El antiguo Imperio ruso se
transformó en 1922 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que llegó a
estar constituida por quince repúblicas, cada una con una etnia principal, aunque
todas ellas multiétnicas.
El nuevo sistema comunista se caracterizó por un grado de represión muy superior
al del Imperio zarista, especialmente durante el mandato de Stalin, pero sobrevivió
a la prueba de la Segunda Guerra Mundial. Su triunfo frente a la Alemania
nazi llevó en 1945 a los ejércitos soviéticos hasta el centro de Europa y ello condujo
al establecimiento de regímenes comunistas subordinados a la Unión Soviética en
todo un conjunto de países que se extendían desde Alemania oriental hasta Rumanía.
Las ansias de liberación fueron aplastadas mediante intervenciones militares en
Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968.
En 1949 se estableció un régimen comunista en el Estado más poblado del
mundo, China, pero las relaciones entre ambos gigantes comunistas no tardaron en
deteriorarse y a partir de 1960 se produjo la ruptura. Por otra parte, los intentos de
reforma que tras la muerte de Stalin impulsó su sucesor Nikita Khruschev tuvieron
un éxito limitado. A comienzos de 1980 la sensación general era de estancamiento.
La rivalidad con Estados Unidos durante la llamada Guerra Fría, caracterizada por
la carrera de armamentos, sobre todo nucleares, y por el enfrentamiento indirecto
en guerras combatidas en escenarios lejanos, como Corea, Vietnam o Afganistán,
contribuyó al desánimo a medida que fue demostrándose el superior dinamismo
tecnológico y económico de los americanos.
Una nueva fase de reformas económicas y políticas comenzó a partir de 1985,
cuando el nuevo secretario del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachov, comenzó a
aplicar una política de perestroika (reestructuración) y glasnost (apertura).
El resultado
no fue el esperado: las reformas tuvieron escaso éxito y la apertura mostró
que el sistema estaba desacreditado. Ello estimuló las protestas en los países de la
Europa centro-oriental controlados por Moscú desde 1945 y, cuando Gorbachov
dejó claro que no iba a recurrir a la fuerza de las armas para impedir el cambio, el
dominio soviético se desmoronó. La presión popular impulsó la democratización
en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Bulgaria y Rumanía. Dos años después, en 1991, los sectores comunistas contrarios al cambio intentaron un
golpe en la Unión Soviética, que fracasó. Ello, sin embargo, condujo al fin de Gorbachov
y de la propia Unión Soviética. El hombre que más contribuyó al fracaso
del golpe, el recién elegido presidente de la República Rusa Boris Yeltsin, acordó
con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia la disolución de la Unión Soviética.
El comunismo soviético, que había nacido de las derrotas rusas en la Primera
Guerra Mundial y de una cruenta guerra civil, que había revolucionado profundamente
las estructuras de la sociedad y había sido durante décadas un modelo en el
que creyeron millones de personas de todo el mundo, se hundió al final sin ofrecer
resistencia, debido a que los propios comunistas habían dejado de confiar en su sistema.
En China, en cambio, se mantuvo el régimen de partido único, pero fueron
los dirigentes comunistas los que, como veremos, impulsaron la transición a la economía
de mercado.
Economía y política en las repúblicas ex soviéticas
La desaparición de la Unión Soviética dio lugar a la independencia de las quince
repúblicas que la constituían: tres eslavas (Rusia, Ucrania y Bielorrusia), tres bálticas
(Lituania, Letonia y Estonia, que se incorporaron a la Unión Europea en 2004),
una de lengua rumana (Moldavia), tres del Cáucaso (Armenia y Georgia, de tradición
cristiana, y Azerbaiyán, musulmana) y cinco de Asia Central. Sólo las tres repúblicas
bálticas tienen un nivel de desarrollo humano muy alto, seis más, incluida
Rusia, tienen un nivel alto y otras cinco, en su mayoría de Asia Central, lo tienen
medio. En este capítulo nos ocuparemos en detalle de Rusia, pero previamente analizaremos
los rasgos generales de las seis repúblicas más pobladas: las tres de mayoría
eslava y otras tres que mayoritariamente hablan lenguas de la familia turca y
son de religión musulmana (Uzbekistán, Kazajistán y Azerbaiyán, las dos primeras
situadas en Asia Central y la tercera en el Cáucaso)
Tendencias demográficas
La más poblada de las antiguas repúblicas soviéticas es, con gran diferencia, Rusia,
mientras que Ucrania tiene una población similar a la de España. Como puede verse
en el cuadro 7.1, el rasgo demográfico más característico de Rusia y las repúblicas
eslavas ha sido el estancamiento: la población apenas ha crecido en las últimas décadas.
La explicación es que la caída de la tasa de fecundidad se produjo tempranamente:
a comienzos de los años setenta la tasa era de tres hijos por mujer en
España y sólo dos en Rusia. En la actualidad, sin embargo, tanto España como Rusia
se sitúan en una tasa muy baja, que no asegura el relevo generacional, mientras que
en las repúblicas musulmanas, donde la fecundidad ya no tiene el nivel elevadísimo de hace veinte años, se mantienen valores superiores a la tasa del 2,1 que asegura
dicho reemplazo.
La evolución de la esperanza de vida es más llamativa: mientras que en las últimas
cuatro décadas ha aumentado en España en casi diez años, en Rusia se ha
mantenido estancada y en Ucrania ha disminuido levemente, lo que demuestra que
ni en los años finales del comunismo ni en los iniciales del poscomunismo se ha
producido una mejora sustancial de la calidad básica de la vida. El progreso ha sido
mayor en las repúblicas musulmanas, que se han situado al nivel de las eslavas, es
decir en unos setenta años de esperanza de vida.
El desarrollo económico
En el cuadro 7.2 se ofrecen dos estimaciones distintas del volumen de la producción
de bienes y servicios en los Estados citados: por un lado el Producto Interior Bruto
expresado en su valor nominal (es decir calculado según la tasa de cambio entre la
moneda local y el dólar) y por otro el Ingreso Nacional Bruto (antes denominado Producto
Nacional Bruto) expresado según la paridad del poder adquisitivo, es decir de
la capacidad de compra que representa en función de los precios locales. Este segundo
cálculo es más expresivo del nivel de vida real, y en esos términos el INB ruso es
más del doble que el español. El ingreso por habitante es, sin embargo, muy superior
en España, incluso si se calcula de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo, mientras
que el de Rusia triplica al de Ucrania. La actual pujanza económica de Rusia se basa
en su gran producción de hidrocarburos, de los que en cambio carece Ucrania.
El crecimiento económico que se ha producido desde 1970 hasta 2008, el año
de comienzo de la recesión económica mundial, ha sido modesto tanto en Rusia como en Ucrania y similar al de España en las otras repúblicas, aunque ello encubre
etapas muy distintas, incluidas las dificultades de los años noventa y la recuperación
de comienzos del siglo XXI. La Gran Recesión ha tenido un impacto limitado en el
tiempo y en 2012 las satisfactorias tasas de crecimiento de estos países contrastaban
con la recaída en la recesión experimentada por España.
El desarrollo humano
Cinco de las repúblicas ex soviéticas mencionadas en el cuadro 7.3 se sitúan en la
actualidad en un nivel de desarrollo alto, mientras que Uzbekistán se sitúa en un
nivel medio y España en un nivel muy alto. Llama la atención, además, el escaso
progreso experimentado por Rusia y Ucrania en este campo tras la desaparición del
comunismo, que contrasta con el importante avance experimentado por España en
las últimas dos décadas.
El nivel de desigualdad en los ingresos en estos países, medido por el coeficiente
Gini, es similar al español. Rusia es la más próspera de las repúblicas que aparecen
en el cuadro 7.3 y también la menos igualitaria. Dado que la desigualdad afecta negativamente
al bienestar humano en los campos de la salud, la educación y los ingresos
que conforman el Índice de Desarrollo Humano, es conveniente prestar
atención a otro indicador estadístico, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por
la desigualdad, que refleja ese impacto negativo. Desafortunadamente, no se dispone
de este índice en el caso de Rusia, en donde cabe suponer que el impacto negativo
de la desigualdad sobre el desarrollo humano sea muy significativo.
El Índice de Corrupción Percibida, basado en encuestas, que elabora la organización
Transparencia Internacional, cuyo valor es tanto más alto cuanto menor es
la corrupción, muestra que todos estos países son considerablemente más corruptos que España. Uzbekistán, en particular, es uno de los países más corruptos del
mundo. En cuanto a la tasa de homicidios, que es un buen indicador de la inseguridad
ciudadana y de la violencia en las relaciones interpersonales, es también elevada,
sobre todo en las repúblicas eslavas, de tal manera que la tasa rusa es casi
trece veces mayor que la española.
La persistencia del autoritarismo
La herencia autoritaria de los períodos zarista y soviético no ha favorecido la consolidación
de las instituciones democráticas en las repúblicas ex soviéticas, a diferencia
de lo ocurrido en los Estados de la Europa Central y Oriental, en los que la
caída de los regímenes comunistas subordinados a Moscú dio paso a una rápida
transición democrática. Diez de ellas, incluida Rusia, pueden considerarse Estados
no libres en 2013, según los criterios de Freedom House (una organización no gubernamental
estadounidense fundada en 1941), mientras que Ucrania y Moldavia
entran en la categoría de Estados parcialmente libres y sólo las tres repúblicas bálticas,
incorporadas a la Unión Europea, son Estados plenamente libres. Si se compara
la situación actual con la de los primeros años del comunismo, se comprueba
que tanto en Rusia como en otros países se ha producido un retroceso de las libertades,
aunque ello no haya supuesto una vuelta al rígido autoritarismo soviético. El
índice de derechos políticos que se cita en el cuadro 7.4, elaborado por Freedom
House, va del valor 1, que se aplica a los Estados plenamente libres, al 7, que se
aplica a los más autoritarios.
Rusia, heredera de la Unión Soviética, que en su día fue una de las dos superpotencias
militares del planeta, ha reducido sus gastos militares tras la disolución
de aquella, pero sigue dedicando a la defensa un porcentaje de su PIB cuatro veces
mayor que en el caso de España.
Rusia en transición: la era de Yeltsin
La primera década de existencia independiente de Rusia fue un período en que se
produjo la transición de un sistema económico basado en la propiedad estatal a una
economía de mercado y de una dictadura de partido único a un sistema, si no plenamente
democrático, al menos más abierto. Sin embargo, hay que añadir que el
estilo de gobierno de Yeltsin fue siempre opuesto al espíritu democrático, que la
economía de mercado que se construyó en aquellos años estaba minada por la corrupción
y por la arbitrariedad estatal, y que el proceso de cambio implicó muchos
perjuicios para los ciudadanos.
El nuevo Estado ruso
Boris Yeltsin, el principal promotor de la independencia de Rusia y su presidente
en los años noventa, procedía de las filas comunistas. Tuvo una brillante carrera
política y en 1985 se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista en
Moscú, cargo del que fue destituido tras un enfrentamiento con Gorbachov, a quien
acusó públicamente de falta de decisión al abordar las reformas necesarias. Este
enfrentamiento con la cúpula soviética, cada vez más desprestigiada, incrementó
la popularidad de Yeltsin, quien a partir de 1989 se convirtió en impulsor de la soberanía
rusa, frente a los intentos de Gorbachov de defender el poder central. En
1990 abandonó el Partido Comunista y en junio de 1991 venció en las primeras
elecciones presidenciales democráticas que se celebraron en Rusia. Su momento
de gloria le llegó en agosto de 1991, cuando se puso al frente de los manifestantes
que en Moscú se opusieron al intento de golpe de Estado. En diciembre de 1991 se
reunió con los líderes de Ucrania y Bielorrusia, con los que acordó la disolución de
la Unión Soviética. Rusia se convirtió así en un Estado independiente y ocupó el
puesto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Rusia era un mosaico de etnias diversas y el nuevo Estado no se definió en un sentido
étnico. La ciudadanía rusa correspondía a todos los habitantes del Estado, independientemente
de la etnia a que pertenecieran y la lengua que hablaran. Por otra parte,
el hecho de que muchos ciudadanos de etnia rusa hubieran quedado en el territorio de
otros Estados, como Estonia, Ucrania o Kazajistán, fue aceptado sin protesta. El porcentaje
de rusos era particularmente elevado en las repúblicas bálticas de Estonia y
Letonia, donde se aprobaron leyes que exigían el conocimiento de la lengua local para
obtener la ciudadanía, pero ello tampoco generó un conflicto. Únicamente en Moldavia,
una república de lengua rumana situada entre Ucrania y Rumania, se produjo la
secesión violenta de la región del Transdniester, una región al este del río Dniester
cuya población es mayoritariamente rusa debido al flujo migratorio que se produjo en
la época soviética, cuando la región se convirtió en un foco de desarrollo industrial.
Al igual que el propio Yeltsin, la mayor parte de los líderes y los cuadros de la
nueva Rusia habían pertenecido a la burocracia soviética, pues no se produjo un
desplazamiento de los funcionarios comunistas del tipo que se dio en la Europa
centro-oriental. Por otra parte, no existía un diseño institucional que pudiera sustituir
fácilmente a la dictadura del partido. No estaban bien definidas las relaciones entre
el presidente y el parlamento y existía además el complejo problema de las relaciones
entre el poder central en Moscú y las 89 entidades territoriales que integraban
la República Federal Rusa. Yeltsin no prestó, sin embargo, gran atención a estas
cuestiones en la etapa inmediatamente posterior a la independencia, cuando su prestigio
era máximo, porque consideró prioritaria la reforma económica.
Las reformas económicas
Yeltsin era un hombre de acción, y asesorado por jóvenes economistas como su primer
ministro Yegor Gaidar, principal arquitecto de la reforma, optó por una terapia
de choque que transformara el sistema soviético en una economía de mercado en
el menor tiempo posible, una opción que recomendaban también las grandes instituciones
económicas internacionales. El coste social fue muy alto y en los primeros
años de la reforma se deterioró gravemente el nivel de vida de buena parte de los
rusos, que ya había retrocedido durante los últimos años del período soviético. El
primer problema eran los precios, que en el período soviético eran fijados por la
administración y a finales de 1991 resultaban en muchos casos artificialmente bajos.
En enero de 1992 Gaidar liberalizó los precios de muchos artículos de consumo, lo
que generó una espiral inflacionista. La inflación se mantuvo muy elevada hasta
1995, pero la liberalización fue en conjunto un éxito, pues los precios pudieron volver
a cumplir su función económica de orientar la oferta y la demanda, algo que en
Rusia no había ocurrido durante setenta años.
Se aceleró también la privatización de las propiedades estatales, tales como las
viviendas (a mediados de los años noventa la mitad de las familias rusas eran ya propietarias de sus viviendas), las pequeñas empresas y, a partir de 1993, también
las grandes. El proceso fue tan rápido que en 1996 casi el 90% de los trabajadores
de la industria estaban empleados en el sector privado, aunque en buena medida las
empresas privatizadas siguieron bajo el control de sus directivos anteriores, quienes
se hicieron con importantes paquetes de acciones. Surgieron por otra parte numerosas
empresas nuevas, muchas de ellas dedicadas al pequeño comercio, y se desarrolló
la banca privada. En el sector agrario el ritmo de cambio fue más lento,
pero se redujo gradualmente el papel de las grandes granjas colectivas, mientras
que aumentó el de los productores privados, normalmente, familiares, que en 2001
suministraban algo más de la mitad de la producción agraria. La última fase de la
privatización se produjo a finales de 1995, cuando una decena de las mayores empresas
que seguían en manos del Estado fueron cedidas a buen precio a grandes
banqueros rusos.
En contraste con el ritmo acelerado de la privatización, fue lento el desarrollo
de aquellas instituciones sin las que una economía de mercado no puede funcionar
adecuadamente, tales como compañías de seguros, empresas de auditoría y sobre
todo órganos de regulación estatal. El nuevo Estado ruso se mostró poco eficiente
en funciones básicas como asegurar que los contratos se cumplen, recaudar los impuestos
necesarios, evitar la inflación y ofrecer una red de protección social. Los
límites entre legalidad e ilegalidad se hicieron muy difusos y se produjo el ascenso
del crimen organizado, que adquirió una influencia económica considerable, aunque
quizá la importancia de este fenómeno se haya exagerado debido a su espectacularidad.
Para el empresario medio, los obstáculos principales no venían de la extorsión
criminal, sino de una burocracia arbitraria y corrupta. Las mayores empresas podían
obtener exenciones fiscales gracias a su influencia política, mientras que muchas
otras escapaban de la presión fiscal mediante el falseamiento de su contabilidad.
De hecho era casi imposible que una empresa subsistiera dentro de la legalidad, es
decir, sin recurrir a la evasión fiscal y al soborno de funcionarios. La salida de capital
al extranjero ha sido también muy importante. En cambio, la falta de seguridad
jurídica y la arbitrariedad burocrática frenaron la inversión extranjera, a pesar del
atractivo que representan las riquezas naturales de Rusia, su amplio mercado, sus
trabajadores cualificados y sus bajos salarios. En 2000 la inversión directa extranjera
en Rusia fue tres veces menor que en Polonia y diez veces menor que en China.
El descenso de los salarios reales se mantuvo durante todos los años noventa,
en los que la productividad del trabajo se redujo, mientras que el desempleo no
aumentó mucho. Los trabajadores se aferraron al empleo en sus antiguas empresas,
aunque se deteriorara el nivel adquisitivo de los salarios, y los empresarios no trataron
de reducir costes mediante despidos masivos. La desigualdad de ingresos se
incrementó y un 20% de la población se vio reducida a la pobreza, según estimaciones
oficiales. La importancia que adquirió la economía sumergida hace, sin embargo,
pensar que el hundimiento del nivel de vida no fue tan grande como lo
sugieren las estadísticas. Prueba de ello es que durante los años noventa aumentó el consumo. Por otra parte, no ha habido ni en los años noventa ni después estallidos
significativos de protesta social, aunque no han faltado las huelgas. La gente se ha
centrado en sus propios problemas de supervivencia, desinteresándose de los problemas
generales.
La crisis política de 1993
El malestar social generado por el inicio de las reformas y la ausencia de un reparto
de poder bien establecido entre el presidente y el parlamento contribuyeron, sin embargo,
a que se produjera una grave crisis política. Cuando en marzo de 1993 Yeltsin
anunció que se disponía a asumir plenos poderes, el Congreso de los diputados
intentó destituirle, pero no alcanzó la mayoría cualificada de dos tercios de los
votos, necesaria para ello. En septiembre, Yeltsin anunció que se proponía disolver
el Congreso y que gobernaría por decreto hasta que fuera elegido un nuevo parlamento.
Ante ello el Soviet Supremo (la cámara alta del parlamento) acordó su destitución
y el vicepresidente Alexander Rutskoi asumió la presidencia interina, pero
Yeltsin logró garantizarse el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo el control.
Rutskoi y quienes lo apoyaban se negaron a abandonar el edificio del parlamento,
pero cuando a comienzos de octubre manifestantes favorables a los parlamentarios
trataron de ocupar otros edificios oficiales, Yeltsin recurrió a la fuerza y
envió carros armados contra el parlamento. Los enfrentamientos causaron un centenar
de muertos.
Lo ocurrido fue una tragedia para la naciente democracia rusa, pero Yeltsin salió
reforzado. En diciembre de 1993 el pueblo ruso eligió un nuevo parlamento, que
retomó su vieja denominación de Duma, y aprobó en referéndum una nueva constitución,
de marcado carácter presidencialista. Tras ello el gobierno de Yeltsin se
hizo más arbitrario y corrupto y tendió a apoyarse en los grandes magnates de las
empresas privatizadas, los llamados oligarcas, que asumieron el control de los principales
medios de comunicación. La salud del presidente se estaba deteriorando,
debido a problemas cardiacos y quizá también al alcoholismo, algo muy frecuente
entre los varones rusos.
A la limitada consolidación de la democracia contribuyó la debilidad de los partidos
políticos, que no lograron convertirse en representantes de la voluntad popular
del conjunto de Rusia. A diferencia de lo ocurrido en algunos países de la Europa
centro-oriental, en Rusia el hundimiento del comunismo no fue el resultado de una
movilización popular a favor de la democracia, sino que fue la dirección comunista
la que optó por el cambio. El incipiente movimiento democrático surgido a finales
de los años ochenta no llegó a formular un programa coherente tras la desaparición
de la Unión Soviética y sus diversos componentes adoptaron líneas distintas. Algunos
de ellos apoyaron a Yeltsin y otros a la oposición. Los niveles de afiliación
a los partidos cayeron muy pronto. Ninguno de los diferentes partidos surgidos del movimiento democrático tuvo resultados satisfactorios en las elecciones de 1993,
en las que surgió una Duma muy fragmentada, en la que cerca de la mitad de los
diputados apoyaban las reformas liberalizadoras emprendidas por Yeltsin, mientras
que en la oposición destacaba la importancia de los comunistas y de los ultranacionalistas.
Los problemas de la federación y la primera guerra
de Chechenia
Rusia no era un Estado unitario, sino una federación integrada por 89 entidades de
diverso tipo, 21 de las cuales tenían entidad de repúblicas autónomas y comenzaron
a asumir a partir de 1990 amplios poderes.
La relación entre estas entidades y el
gobierno central se basaba a menudo en acuerdos bilaterales, al margen de lo estipulado
por las leyes. Con todo, se evitó que la federación se disolviera. Sólo la república
de Chechenia, de mayoría musulmana, optó por la secesión de hecho.
Por un tiempo pareció que Rusia iba a aceptar la secesión de Chechenia, un territorio
de apenas un millón de habitantes, situado en la vertiente septentrional del Cáucaso,
pero en 1994 Yeltsin se decidió a actuar. Los chechenos eran uno de los pueblos
incorporados al Imperio ruso en las guerras del siglo XIX y durante la Segunda Guerra
Mundial fueron deportados por orden de Stalin a Asia Central, de donde no se les permitió
volver hasta el período de Khruschev. En el momento de la disolución de la
Unión Soviética los nacionalistas chechenos pretendieron obtener la independencia,
al igual que lo hicieron las quince repúblicas socialistas soviéticas que integraban la
Unión, a las que la Constitución soviética sí reconocía el derecho a la secesión.
En las difíciles circunstancias de Rusia a finales de 1991, no les fue, sin embargo,
difícil a los nacionalistas chechenos más radicales, encabezados por el Dzochar Dudaiev,
que había sido general de aviación en el ejército soviético, hacerse con el
poder en Chechenia mediante un golpe de mano. Tras ello Dudaiev convocó elecciones,
las ganó y proclamó la independencia. Su régimen se caracterizó desde muy
pronto por sus tendencias autoritarias, por la ilegalidad generalizada y por el colapso
de los servicios públicos, lo que dio lugar al desarrollo de una oposición interna.
Para el gobierno ruso, la dirección que había tomado Chechenia se convirtió en
un grave problema, por motivos políticos (la secesión unilateral de una república
era un mal precedente), económicos (ya que el principal oleoducto desde los yacimientos
del Caspio atravesaba territorio checheno) y de seguridad (en 1994 criminales
chechenos secuestraron varios aviones). En una primera fase, Rusia se limitó
a suministrar armas a los enemigos internos de Dudaiev, que iniciaron una insurrección
en septiembre de 1994, pero su escaso éxito llevó a Yeltsin a la crucial
decisión de atacar con una columna blindada rusa Grozny, la capital chechena, en
noviembre. El ataque fracasó ante la firmeza de las fuerzas chechenas que contaban
con la ventaja defensiva que ofrecen las calles y edificios de una gran ciudad y los rusos tuvieron importantes bajas.
Era el comienzo de una sangrienta guerra que se
prolongó durante casi dos años, fue impopular en Rusia y desacreditó a Yeltsin.
En
diciembre el ejército ruso comenzó un bombardeo masivo de Grozny, que causó
miles de muertos entre la población civil, y en marzo de 1995 la ciudad fue ocupada,
tras lo cual la resistencia chechena adoptó técnicas guerrilleras, mientras que los
rusos adoptaron medidas represivas al margen de la legalidad, incluida la tortura
de los sospechosos arrestados.
A mediados de 1995 las llanuras de Chechenia estaban bajo firme control ruso
y la resistencia se limitaba a las montañas fronterizas. Los chechenos recurrieron
entonces a tácticas terroristas, sobre todo por iniciativa de su líder más radical,
Samil Basaiev, quien en junio de 1995 cruzó la frontera con un centenar de hombres
y ocupó un hospital en una pequeña ciudad rusa, tomando más de mil rehenes, tras
lo cual pudo retirarse. En abril de 1996 un misil ruso mató a Dudaiev, pero la resistencia
no cesó y en agosto ambas partes acordaron un cese el fuego.
- La consolidación de la nueva Rusia: la era de Putin.
Vladimir Putin ha dominado la política rusa desde 1999. Fue presidente de Rusia
durante dos mandatos, habiendo triunfado en las elecciones presidenciales de 2000
y 2004. Puesto que no podía presentarse a un tercer mandato sin modificar la Constitución,
en 2008 optó por apoyar la candidatura de un joven colaborador, Dimitri
Medvedev, que fue elegido presidente y tuvo como primer ministro al propio Putin,
quien luego recuperó la presidencia en las elecciones de 2012.
Putin se había formado en el KGB, el servicio secreto soviético, y en 1998 Yeltsin
le puso al frente del FSB, el nuevo servicio secreto, puesto que dejó para con-vertirse en primer ministro en el verano de 1999. Por entonces era un desconocido
para la mayoría de los rusos, pero su popularidad no tardó en crecer, debido a la
imagen de hombre enérgico que dio desde el primer momento, sobre todo en relación
con Chechenia. Esa popularidad se ha mantenido debido a que bajo su mandato
Rusia ha gozado de estabilidad política y desarrollo económico, en contraste con
las dificultades de los años noventa, mientras que su creciente autoritarismo preocupó
poco a la mayoría de los ciudadanos. La política exterior de Putin, orientada
a que Rusia recupere su posición de gran potencia, ha contribuido a su popularidad.
La segunda guerra de Chechenia
En 1999 se reanudó la guerra en Chechenia. En contraste con la primera fase del
conflicto, que fue muy impopular en Rusia, durante esta nueva fase la opinión pública
apoyó la actuación del gobierno, a pesar de las bajas que sufrieron las tropas
rusas y de las atrocidades que estas cometieron. A ello contribuyó sobre todo la actuación
de los rebeldes chechenos, que se hicieron odiosos a los ojos del ruso medio.
El acuerdo firmado en 1997 por Yeltsin y el nuevo presidente checheno había
establecido un plazo de cuatro años para llegar a una solución definitiva. Entre tanto
Chechenia mantuvo una independencia de hecho, al tiempo que se hundía en el
caos y aumentaba la criminalidad, especialmente los secuestros.
Por otra parte, creció
la influencia del islamismo y se adoptó la sharia, es decir la ley islámica tradicional,
que implicaba castigos corporales, amputaciones y ejecuciones públicas. El más radical
de los líderes islamistas, Basaiev, aspiraba a crear un Estado islámico que no
incluyera sólo Chechenia, sino todo el norte del Cáucaso. En agosto de 1999 una
columna chechena encabezada por Basaiev invadió la vecina región de Daguestán,
pero fue desalojada por las tropas rusas tras duros combates. Pero lo que más indignó
a la opinión rusa fueron varios atentados terroristas indiscriminados, incluida
la destrucción en plena noche de dos edificios de viviendas en Moscú, que causó la
muerte de más de doscientas personas en septiembre de ese año y se atribuyó a un
grupo checheno.
Lo ocurrido justificó ante la opinión rusa el ataque contra Chechenia que ordenó
Putin. Las tropas rusas actuaron con más eficacia que cinco años antes, tomaron
Grozny en octubre y ello permitió la instalación de un gobierno favorable a Rusia.
El conflicto se prolongó, sin embargo, durante varios años, en los que los chechenos
recurrieron a métodos terroristas copiados de Oriente Medio, como los atentados
suicidas, cometidos a veces por mujeres, a los que los rusos replicaron con una represión
feroz, que a menudo castigaba a la población civil. Los ataques terroristas
que tuvieron más eco fueron las toma de rehenes en un teatro de Moscú, en 2002,
y en una escuela de Beslán, en 2004, que provocaron numerosas víctimas. Los drásticos
métodos antiterroristas rusos terminaron, sin embargo, por ser eficaces y una
cierta paz ha retornado a Chechenia bajo un despótico gobierno local fiel a Putin.
El Estado ruso en el siglo XXI
En las elecciones parlamentarias celebradas en 2003 el partido apoyado por Putin,
Rusia Unida, logró más de dos tercios de los escaños. Comunistas y nacionalistas
lograron una representación minoritaria, mientras que los liberales, divididos e identificados
por la opinión con las dificultades de los años noventa, obtuvieron unos
resultados pésimos. El desánimo ciudadano se manifestó, sin embargo, en una fuerte
abstención. En las elecciones presidenciales del año siguiente, Putin obtuvo un
triunfo rotundo al recibir el 71% de los votos. Putin tenía realmente el apoyo de la
mayoría de los ciudadanos, que mostraban escasa confianza en la oposición, pero
ésta se vio también perjudicada por el creciente autoritarismo del régimen. Un claro
ejemplo de ello es el retroceso de la libertad de prensa. Las cadenas televisivas contrarias
a Putin han pasado a manos de propietarios más favorables al poder y los
periodistas que tratan de investigar temas como la corrupción o los abusos del régimen
han encontrado graves dificultades. El caso que más eco ha tenido en la
prensa internacional ha sido el de Anna Politovskaia, una periodista asesinada en
2006 que se había distinguido por sus críticas al régimen de Putin y su denuncia de
los crímenes cometidos por las autoridades en Chechenia. Su muerte no ha causado,
sin embargo, conmoción en la propia Rusia.
La extensión y la diversidad de Rusia hacen, sin embargo, que el reforzamiento
del aparato central del Estado no signifique necesariamente un efectivo control del
poder local. En los años noventa los gobiernos regionales adquirieron una gran
autonomía real, que en algunos casos favorecía la corrupción y la arbitrariedad de
los gobernantes locales, pero que representaba también un acercamiento de la política
a los intereses más directos de los ciudadanos. Durante la era de Putin se ha
producido, sin embargo, una recentralización. La corrupción, que no ha disminuido,
y la ausencia de una justicia imparcial representan también graves límites para la
efectiva consolidación de la democracia en Rusia.
La mayoría de los observadores extranjeros han llegado a la conclusión de que
el sistema político ruso no es democrático, sino autoritario, pero hay que destacar
que la Rusia de Putin es un país mucho más libre que la antigua Unión Soviética.
En las elecciones parlamentarias de 2011, el triunfo de Rusia Unida se produjo por
un margen más reducido y las protestas por el supuesto fraude electoral congregaron
a decenas de miles de manifestantes, lo que puede significar que un sector importante
de la población rusa comienza a rechazar las prácticas autoritarias y corruptas
del régimen de Putin.
La política exterior: Rusia como gran potencia
En los primeros años tras la caída del comunismo, Yeltsin trató de impulsar la incorporación
plena de Rusia al mundo occidental, pero no tardó en producirse un desencanto y se fue abriendo paso la convicción de que Rusia debía recuperar el papel de gran potencia perdido tras la desmembración de la Unión Soviética, de la
que comenzó a culparse a Occidente. El patriotismo, e incluso una visión nostálgica
de la antigua Unión Soviética, se han convertido en el fundamento ideológico del
régimen de Putin, privando así a los ultranacionalistas y a los comunistas de la que
fue su principal bandera en los años noventa. La tendencia es a percibir las relaciones
internacionales en términos de confrontación y la expansión de la OTAN hacia
el Este ha sido vista como una amenaza. El antioccidentalismo de la opinión pública
subió de tono a raíz de la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 y se reforzó
tras la invasión de Irak en 2003.
La voluntad rusa de hacer valer su poder más allá de sus fronteras se manifestó
en su intervención contra Georgia en 2008. La República de Georgia, con casi cinco
millones de habitantes, se encuentra al sur del Cáucaso, es decir más allá de la frontera
convencional de Europa, aunque es de tradición cristiana. En 1991 optó por separarse
de la Unión Soviética, pero pronto surgieron enfrentamientos étnicos dentro
de la misma Georgia. Tras duros combates, las regiones de Osetia del Sur y Abjasia,
fronterizas con Rusia, adquirieron una independencia de hecho en los primeros años
noventa. Los acuerdos de alto el fuego en ambas regiones estipularon el despliegue
en ellas de fuerzas de paz, fundamentalmente rusas. De hecho Rusia, que aspiraba a
seguir ejerciendo una influencia determinante en el Cáucaso, dio un gran apoyo a
las repúblicas secesionistas, aunque no reconoció oficialmente su independencia.
Las relaciones entre Rusia y Georgia se deterioraron tras la “revolución rosa”
de 2003, en la que manifestaciones masivas en protesta por un fraude electoral forzaron
la dimisión del entonces presidente Eduard Shevardnadze, que había sido ministro
soviético de Asuntos exteriores con Gorbachov. El nuevo presidente Mikheil
Saakashvili, elegido en 2004, adoptó una política encaminada a librarse de la hegemonía
rusa, a lograr el apoyo de Occidente, especialmente de los Estados Unidos,
y a recuperar gradualmente el control de las regiones secesionistas. Ello implicaba
el cierre de las bases militares rusas en Georgia, que databan de la época soviética,
y el ingreso del país en la OTAN, que fue apoyado por Estados Unidos. En 2007
los rusos evacuaron su última base militar, pero en abril de 2008 la OTAN acordó
no aceptar de momento el ingreso de Georgia, debido a la reticencia de algunos Estados
europeos a una medida que habría irritado a Moscú.
En este contexto, en agosto de 2008 las fuerzas armadas de Georgia intervinieron
en Osetia del Sur para poner fin a la secesión. La respuesta rusa fue una inmediata
ofensiva militar. Tras cuatro días de combate, las tropas georgianas habían
sido derrotadas y las columnas rusas habían penetrado más allá de los límites de
Osetia. Por mediación del presidente francés Sarkozy, que ejercía por entonces la
presidencia de la UE, ambas partes firmaron entonces un acuerdo de paz. Días después
Rusia reconoció la independencia de ambos territorios.
La oposición de Putin a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptara
sanciones contra el régimen de Bashar al-Asad en Siria, por sus atrocidades contra la población civil a partir de 2011, ha mostrado una vez más que la política
rusa se rige por el criterio de mantener su influencia exterior (el régimen sirio es un
viejo aliado) frente a los intentos occidentales de promover la democracia y los derechos
humanos, que el Kremlin tiende a considerar pretextos utilizados para extender
la influencia de Estados Unidos y sus aliados. En marzo de 2014, la
ocupación por parte de Rusia de la provincia ucraniana de Crimea ha generado una
gran tensión internacional, pues implica que Putin no respeta las fronteras europeas
surgidas tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991.
Economía y sociedad
La popularidad de Putin debe mucho al crecimiento económico sostenido que se
produjo durante sus dos mandatos presidenciales. Tras la crisis de 1998, que provocó
una importante caída del Producto Interior Bruto, la economía se recuperó con rapidez
y desde 1999 a 2007 el PIB ha crecido a una tasa media anual del 7%. El principal
estímulo para este desarrollo ha venido de la empresa privada, pero la
estabilidad política alcanzada ha creado también un entorno favorable y en términos
generales la política macroeconómica ha sido acertada. El alza del precio del petróleo
en el mercado mundial ha favorecido también a Rusia, tres cuartas partes de cuyas
exportaciones consisten en petróleo, gas y metales. Esto indica, sin embargo, que la
economía rusa está insuficientemente diversificada. La recesión económica internacional
que se inició en 2008 tuvo una inmediata repercusión en Rusia, cuyo PIB
tuvo una fuerte caída en 2009, pero a partir de 2010 la recuperación ha sido rápida.
Rusia presenta una natalidad muy baja, un fenómeno que es común a toda
Europa, y una mediocre esperanza de vida, que resulta insólita en un país desarrollado.
Aunque tanto la natalidad como la esperanza de vida se han recuperado algo
a comienzos del siglo XXI, las proyecciones indican que el descenso de la población
va a continuar. La esperanza media de vida en varones es particularmente baja, debido
sobre todo a la incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida,
como las cardiovasculares y las respiratorias. Además de contar con un sistema sanitario
mucho peor que el de Occidente, los rusos beben mucho, fuman mucho,
hacen poco ejercicio y muestran un cierto fatalismo, que les hace despreocuparse
de medidas tan básicas como el uso del cinturón de seguridad. La inmigración es
reducida, porque los trabajadores extranjeros no son bienvenidos en Rusia, donde
se manifiesta una fuerte tendencia xenófoba.
La magnitud que la corrupción alcanzó en los años noventa fue uno de los problemas
de la nueva Rusia que más destacaron los medios de información, tanto
rusos como internacionales, y cuando llegó a la presidencia Putin anunció que estaba
dispuesto a atajarlo. Las medidas más espectaculares fueron dirigidas contra algunos
de los más destacados oligarcas de la era de Yeltsin, cuyas fortunas tenían orígenes
dudosos. Algunos de ellos se exiliaron cuando se les empezó a investigar, pero Mijaíl Jodorkovski, presidente de la gran compañía petrolera Yukos y quizá el hombre
más rico de Rusia, fue detenido y condenado a nueve años de prisión en 2005
por fraude y evasión fiscal. Dado que las prácticas fraudulentas eran comunes en
las empresas rusas, algunos observadores dudan de que el proceso de Jodorkovski
tuviera sólo el propósito de servir de ejemplo a los corruptos y piensan que se le
castigó sobre todo por su oposición política a Putin. En todo caso, la corrupción
sigue estando muy extendida en la Rusia de hoy, debido a la falta de transparencia
con la que operan las empresas y a la ausencia de una justicia imparcial. De acuerdo
con las encuestas la mayoría de los rusos, sobre todo los jóvenes, no perciben que
el soborno sea un delito.
Los jueces rusos, que en tiempos comunistas no eran más que funcionarios públicos
cuyo deber era servir al Estado y no a los ciudadanos, gozan de escasa independencia.
En casos criminales resulta excepcional que el acusado sea absuelto.
Por otra parte, Rusia se ve afectada por una elevada tasa de delincuencia y en particular
su tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. Especialmente
grave resulta la sospecha de que algunos asesinatos de personajes incómodos hayan
gozado del beneplácito de las autoridades. El caso que más escándalo internacional
ha provocado ha sido el asesinato en 2006 de Alexander Litvinenko, un antiguo
agente secreto ruso exiliado en Gran Bretaña que había acusado de graves crímenes
a sus antiguos colegas del KGB. Su muerte se debió a haber ingerido o respirado
una sustancia radioactiva y se sospechó de dos rusos que se habían reunido con él,
pero Moscú se negó a extraditarlos. Las recientes medidas contra los homosexuales
representan otra demostración de que los valores rusos no están convergiendo con
los occidentales.
En conclusión, Rusia ha experimentado durante las últimas décadas una espectacular
transformación política, económica y social, pero ello no supone una completa
asimilación a los modelos occidentales. Persiste el autoritarismo, la economía está
poco diversificada, la corrupción es mayor que en Occidente y, aunque la Guerra Fría
desapareció, la política exterior sigue marcada por la nostalgia del poderío soviético.
20. China: autoritarismo político y expansión económica.
China era ya un gran imperio cuando Roma dominaba el Mediterráneo y a lo largo de
los siglos sus logros económicos, tecnológicos y culturales la han situado a menudo
entre las áreas de civilización más avanzadas. Durante los siglos de la gran expansión
europea China quedó retrasada frente a Occidente, pero su reciente desarrollo la ha
convertido en uno de los principales actores del mundo de hoy.
El siglo xx no fue, sin
embargo, fácil para China, que sufrió los horrores de la invasión japonesa y de la guerra
civil. El triunfo comunista dio lugar en 1949 a la fundación de la República Popular
China, que bajo el liderazgo de Mao se convirtió en una potencia mundial, pero sometió
a la población a una rígida dictadura y estableció un sistema económico que frenaba
la iniciativa individual. Durante los años sesenta, cuando Japón, Corea del Sur y también
los territorios de población china de Taiwán, Hong Kong y Singapur entraban en
la senda del desarrollo económico acelerado, China sufrió los sangrientos desórdenes
de la Revolución cultural, promovida por los maoístas más radicales.
Tras la muerte de Mao en 1976, el cambio no tardó en producirse. En 1978, el Comité
Central del Partido Comunista adoptó las tesis pragmáticas y reformistas de Deng
xiaoping y se inició una transición gradual hacia la economía de mercado que ha conducido
a China a un éxito económico sin precedentes en el mundo, con una tasa media
de crecimiento del PIB durante treinta años de casi el 10% anual. Esto ha supuesto
una gran elevación del nivel de vida y una drástica reducción del número de personas
que viven por debajo del umbral de la pobreza. La dictadura del partido se afianzó sin
embargo en 1989: cuando los regímenes comunistas se hundían en Europa centrooriental,
la represión brutal acabó con la movilización en favor de la democracia.
Deng Xiaoping, el reformador
La figura más importante de la historia china en los últimos treinta años ha sido
Deng xiaoping, el veterano dirigente comunista que impulsó el giro hacia la eco-
nomía de mercado. Nacido en 1904, Deng marchó a los quince años a Francia, para
trabajar y formarse, y fue allí donde se incorporó a las filas comunistas. Volvió a
China en 1926 y durante los años de la guerra contra Japón y de la guerra civil demostró
su notable capacidad como líder militar.
En 1957 fue nombrado secretario general del Partido Comunista Chino y tras el fracaso del programa de colectivización
e industrialización acelerada impulsado por Mao, el llamado “gran salto hacia
delante”, fue durante los años sesenta uno de los líderes que defendieron una línea
más prudente y pragmática. Ello le llevó a ser destituido y acosado durante la Revolución
cultural.
Tras la muerte de Mao en 1976 y la rápida derrota de los representantes del
maoísmo radical, la llamada “banda de los cuatro”, Deng hizo triunfar en 1978 sus
tesis favorables a la liberalización económica. Apoyó a Hu Yaobang para que fuera
elegido secretario general del partido en 1981, pues él mismo no quiso asumir directamente
los cargos más importantes, excepto la presidencia de la comisión militar del
partido, de la que dependen las fuerzas armadas. A pesar de ello, fue durante los años
ochenta y primeros noventa el personaje más influyente de la política china. Su estilo
era el de promover cambios graduales y permitir que se generalizaran tras haberse
demostrado que resultaban útiles. Su pragmatismo le llevó a pensar que los principios
socialistas y los mecanismos de la economía de mercado eran compatibles.
En los
años ochenta la supresión de las comunas agrícolas (que dio a los campesinos individuales
el control, pero no la propiedad, de la tierra que cultivaban), la liberalización
de los precios de los alimentos, el inicio de la apertura económica al exterior, el impulso
a las empresas industriales promovidas por los municipios, al margen del control
estatal, y el fomento de la competencia supusieron una transformación radical de la
economía china. Por otra parte, Deng demostró que seguía apegado al principio leninista
de la dictadura del partido, como puso de manifiesto cuando apoyó la represión
de las protestas democráticas de Tiananmen. Murió en 1997.
La frustración de las aspiraciones democráticas: Tiananmen
A diferencia de lo ocurrido en Rusia y en Europa centro-oriental, China ha dejado
de ser una sociedad comunista, pero la dictadura del partido se ha mantenido intacta.
El año crucial en que se produjo esa divergencia fue 1989. A lo largo de los años
ochenta la libertad de expresión había ganado terreno en China, aunque dentro de
unos estrictos límites, y ello preocupó al sector más conservador de la dirección comunista.
El secretario general del partido Hu Yaobang, criticado por su actitud tolerante,
fue forzado a dimitir en 1987 y sustituido por Zhao Ziyang. Un movimiento
de protesta en la plaza de Tiananmen, el corazón histórico de Pekín, comenzó en
abril de 1989 cuando Hu murió y algunos estudiantes comenzaron a reunirse para
honrar su memoria.
En los días siguientes decenas de miles de estudiantes se sumaron
al movimiento, que no tuvo un liderazgo organizado ni unos objetivos claramente definidos, pero que aspiraba a una reforma política que acabara con la corrupción y la arbitrariedad del partido y concediera más posibilidades de participación
política libre a los ciudadanos. Su principal demanda era iniciar un diálogo
con las autoridades y al no lograrlo, el 13 de mayo cientos de estudiantes iniciaron
una huelga de hambre en la plaza. El secretario general del Partido Comunista Zhao
Ziyang se mostró favorable al diálogo, pero fue desplazado de todos los cargos por
la mayoría conservadora de la dirección y acabó sometido a arresto domiciliario.
Tras unas semanas de indecisión, Deng y los principales dirigentes optaron por
reprimir las protestas mediante la fuerza armada. No estaban dispuestos a renunciar
al poder del partido y además temían que la extensión de la protesta pudiera conducir
a una reanudación de los disturbios que habían acompañado a la Revolución
Cultural, en la que los funcionarios del partido habían sido humillados y desplazados
por los jóvenes rebeldes maoístas. En realidad los estudiantes que en 1989 se habían
movilizado por el cambio no habían recurrido a la violencia, como habían hecho
veinte años antes los jóvenes guardias rojos, pero los ancianos dirigentes comunistas
veían toda protesta callejera como una amenaza para la estabilidad del país. El
20 de mayo declararon la ley marcial.
La entrada de las tropas enviadas a Pekín para acabar con la protesta se vio frenada
por la acción de muchos ciudadanos, que levantaron barricadas para impedir
su avance. El ataque final a la plaza de Tiananmen se produjo el 4 de junio y la resistencia
pacífica de muchos ciudadanos quedó simbolizada por un hombre que fue
filmado mientras frenaba el avance de una columna de carros armados, interponiéndose
frente al primero. Nunca se le ha vuelto a ver y se supone que fue ejecutado.
Varios cientos, quizá miles, de ciudadanos murieron ese día. A ello siguió una
oleada de detenciones y juicios y el movimiento por la libertad quedó anulado.
Desde entonces han existido protestas por motivos concretos, pero no ha vuelto a
producirse un desafío al sistema.
Economía de mercado, dictadura de partido
y desarrollo acelerado
Las reformas emprendidas a partir de 1979 se centraron en la liberalización económica
y la apertura al exterior. Se trataba de seguir el ejemplo de Japón, Corea del
Sur y Taiwán, que habían logrado un notable desarrollo económico en las décadas
anteriores, y para ello era necesario poner fin al rígido control estatal de la economía
establecido en tiempos de Mao. No se empleó, sin embargo, una terapia de choque,
como la adoptada por Rusia y Europa centro-oriental en los años noventa, sino un
enfoque gradualista, que no ha supuesto la desaparición del sector estatal de la economía.
El Partido Comunista sigue controlando directamente el funcionamiento del
Estado y los sectores fundamentales de la actividad económica. Los órganos del partido no se someten al escrutinio público, sus debates internos no salen a la luz
y sus canales de influencia no responden a preceptos legales establecidos, mientras
que el principio leninista de la subordinación de los órganos del Estado a los órganos
del Partido sigue siendo la clave del sistema. Para ello resulta crucial el
hecho de que todos los nombramientos dependen del Partido, incluso en el caso
de las empresas estatales, que siguen teniendo una gran importancia. En China no
se ha producido una privatización completa, sino que se ha conseguido algo insólito:
unas empresas estatales eficientes, con directivos nombrados por el Partido,
que compiten en el mercado internacional y cotizan en las principales Bolsas mundiales.
Lo cierto es que este sistema de capitalismo estatal ha propiciado en los últimos
treinta años un desarrollo económico acelerado: el PIB ha crecido a una
media anual cercana al 10%.
La apertura al exterior ha sido extraordinaria, pues un país casi cerrado en sí
mismo, como era la China de Mao, se ha convertido en un gigante del comercio internacional.
En 2012 era el primer exportador del mundo y el segundo importador,
tras Estados Unidos. China presenta una balanza comercial muy favorable, que ha
dado lugar a fuertes críticas, pues se ha acusado al gobierno chino de mantener artificialmente
baja la cotización de su moneda, para ganar competitividad mediante
el abaratamiento de sus exportaciones. Como resultado de esa balanza favorable,
sus reservas de divisas extranjeras son las mayores del mundo.
La inversión extranjera
ha contribuido también a su modernización económica y en la actualidad China
es el mayor receptor de inversión extranjera directa. Desde comienzos del siglo xxI
ha empezado también a cobrar fuerza la inversión china en el extranjero, encaminada
en buena medida a asegurar el suministro de materias primas. Por otra parte,
China invierte mucho en deuda pública extranjera y en particular es el principal tenedor
de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La explicación de esto se halla
en la gran capacidad de ahorro de la economía china.
Todo ello no debe hacer olvidar que el INB por habitante y el Índice de Desarrollo
Humano hacen de China un país de desarrollo medio. Algunos de los problemas
más graves a los que se enfrenta son la gran desigualdad social, el deterioro
medioambiental, con fuertes niveles de contaminación atmosférica en las ciudades,
y la corrupción generalizada. Todo sistema autoritario en el que no están garantizadas
ni la independencia judicial, ni la libertad de prensa, genera necesariamente
corrupción y si ello se combina con una etapa de auge económico, las posibilidades
de enriquecimiento ilícito de políticos y funcionarios se multiplican.
Esto es lo que
ocurre en China, pero al mismo tiempo surgen de vez en cuando noticias acerca de
severas condenas de altos personajes por corrupción y los líderes supremos no cesan
de condenarla.
Puesto que los responsables de prácticas corruptas son miembros del Partido, es a éste a quien corresponde investigar a los sospechosos antes de que pueda intervenir la justicia ordinaria, así es que las condenas por corrupción suelen responder, o bien a ajustes de cuentas internos entre facciones políticas, o bien a casos tan escandalosos que perjudican gravemente la imagen del Partido.
Quienes pagan las consecuencias de la corrupción son los ciudadanos comunes, por ejemplo los propietarios desahuciados de sus viviendas con indemnizaciones mínimas, debido a la colusión entre promotores inmobiliarios y autoridades municipales.
Los ciudadanos se ven también privados del conocimiento de su propia historia, porque este es un campo muy sensible para la legitimidad del Partido, que quedaría en entredicho si se revelaran en su auténtica magnitud los crímenes de la
era de Mao, por ejemplo su responsabilidad en la terrible hambruna de comienzos
de los años sesenta, que sigue siendo un tema tabú para la historiografía china.
Desde 2013 China tiene un nuevo líder, xi Jinping.
Los observadores le atribuyen el propósito de mantener inflexiblemente el monopolio del poder en manos del
Partido Comunista, mediante la represión de toda disidencia que lo ponga en cuestión, y al mismo tiempo modernizar China y dar mayor libertad económica y social
a la población. Se ha anunciado que se va a suavizar la política del hijo único: las
parejas en las que el marido o la mujer son ellos mismos hijos únicos podrán tener
dos hijos. Esto no supone dejar a las parejas libertad para tener los hijos que quieran,
pero es un paso adelante hacia la libertad personal en un ámbito crucial y desde el
punto de vista demográfico tiene mucho sentido, porque el problema de China ya
no es el de un fuerte crecimiento, como ocurría cuando se impuso la política del hijo
único, sino el envejecimiento de la población. Y se ha anunciado que se suprimirán
los campos de reeducación, en los que decenas de miles de personas se veían encerradas
hasta cuatro años sin condena judicial previa.
Hong Kong y Taiwán
Colonia británica desde 1842, el pequeño pero densamente poblado territorio costero
de Hong Kong se convirtió desde mediados del siglo xx en uno de los principales
centros financieros del mundo. En 1984 el Reino Unido y la República
Popular llegaron a un acuerdo para su retorno a la soberanía china, que se produjo
en 1997. La ley básica de Hong Kong garantiza a la región unas instituciones mucho
más libres que las del resto del país, aunque no un sistema democrático.
El consejo
legislativo de Hong Kong es elegido en parte por sufragio directo y en parte por
sufragio indirecto. Existe, sin embargo, una oposición activa, que solicita la instauración
de un sistema basado en el sufragio universal. Por otra parte, el mantenimiento
del sistema legal creado durante el dominio británico ha facilitado que Hong
Kong mantenga su tradicional importancia como centro financiero.
La aspiración de los dirigentes chinos es recuperar también la soberanía sobre
Taiwán. Esta isla china se convirtió en 1949 en el último refugio de los vencidos en
la guerra civil, es decir el gobierno de Chiang Kaishek y su partido, el Kuomintang.
Nunca se firmó un armisticio y a partir de 1949 existieron dos entidades que se consideraban
como la legítima expresión del Estado chino: la República Popular China,
que ejerce su soberanía sobre el territorio continental, y la República de China, que lo ejerce sobre Taiwán.
Hasta 1971 fue la República de China la que mantuvo el
escaño en las Naciones Unidas y el puesto permanente en el Consejo de Seguridad,
pero en esa fecha ambos pasaron a la República Popular China. Desde entonces los
sucesivos intentos del gobierno de Taiwán de ser admitido en Naciones Unidas han
fracasado y el número de Estados que mantienen su reconocimiento diplomático
se ha reducido.
Durante casi cuarenta años Taiwán tuvo un régimen dictatorial, pero a partir de
los años sesenta experimentó un importante desarrollo económico y finalmente se
incorporó a la tercera ola de la democratización. Chiang Kaishek falleció en 1975
y fue su hijo y sucesor Chiang Ching-kuo quien inició gradualmente la transición
a la democracia. Por otra parte, las relaciones económicas entre los dos Estados chinos
son muy intensas y los empresarios de Taiwán juegan un gran papel en el continente,
así es que hay motivos para que ambas partes estén dispuestas a mantener
el statu quo, por confuso que éste sea.
La política exterior y de defensa
A partir del inicio de las reformas, China adoptó una política exterior pragmática:
retiró el apoyo que había dado a los rebeldes maoístas de otros países y centró todo
su interés en las relaciones económicas. En las grandes cuestiones internacionales
adoptó inicialmente un perfil bajo, pero con el aumento de su influencia económica
en el exterior ha adoptado una política exterior más activa. A comienzos del
siglo xxI las relaciones con Occidente se enturbiaron, porque el gobierno chino percibía
como una amenaza la promoción de la democracia en el mundo por parte de
Washington y sus aliados. Por ello ha coincidido con Rusia en frenar los intentos
occidentales de imponer sanciones contra regímenes que violan gravemente los derechos
humanos, como ha ocurrido recientemente en el caso de Siria. En otros casos
su papel ha sido más constructivo, como ocurre con su contribución al esfuerzo internacional
para frenar las aspiraciones nucleares de Corea del Norte.
A partir de los años noventa China viene realizando un esfuerzo de modernización
de sus fuerzas armadas, con importantes compras de armamento, sobre todo a
Rusia. Esto causa gran preocupación en Taiwán y también en otros países, como
Japón, que por otra parte cuentan con la protección de Estados Unidos.
21. Japón: prosperidad económica y estabilidad política.
La prosperidad actual de Japón tiene orígenes ya lejanos. El nivel cultural y la calidad
de la administración eran muy elevados desde hace siglos, pero el aislamiento
frente al exterior, que se prolongó desde comienzos del xVII a mediados del xIx,
supuso que el país quedara al margen de los avances occidentales.
Luego vino la gran modernización de la era Meiji (1868-1912), que convirtió a Japón en el primer
país asiático que se incorporó a la revolución industrial. Desde entonces, el rasgo
más notable de la historia japonesa ha sido su capacidad de asimilar las innovaciones
occidentales al tiempo que mantenía su identidad cultural. Se conservaron los
valores tradicionales de sumisión del individuo al grupo y de respeto a los padres
y a los superiores, que conformaban una escala jerárquica en cuya cúspide se hallaba
un emperador divino.
En los años treinta, en pleno auge del nacionalismo y el militarismo,
los dirigentes japoneses trataron de utilizar su creciente poderío económico
y militar para crear un gran imperio asiático, mediante la conquista de China
y la expulsión de las potencias coloniales occidentales, al tiempo que repudiaban
los valores liberales que habían comenzado a penetrar en la sociedad japonesa.
La derrota de 1945 puso fin a esas tendencias y los japoneses demostraron su
capacidad de adaptación al aceptar las reformas estructurales impulsadas por los
ocupantes americanos, incluida una Constitución que consagró la democracia parlamentaria.
Abandonado el sueño de la expansión imperial, el país centró sus esfuerzos
en el desarrollo económico, con un éxito considerable. Al principio las
grandes empresas japonesas se expandieron mediante la adopción de tecnologías
occidentales, pero en los años ochenta Japón se había convertido a su vez en un
centro de innovación tecnológica. Por entonces era común el temor a la competencia
japonesa y algunos analistas argumentaban que el modelo japonés de capitalismo
era más eficaz. Al mismo tiempo, el cine de Kurosawa y las novelas de Mishima
revelaban al mundo la pujanza de la cultura japonesa. Pero a partir de la gran crisis
bursátil de 1990 Japón entró en una etapa de dificultades económicas, que se agudizaron
con la crisis financiera asiática de 1997, y el interés de los observadores
extranjeros por las ventajas de su sistema dio paso al énfasis en sus defectos.
En realidad, ni las empresas japonesas estaban a punto de dominar el mercado
mundial en los años ochenta ni el país entró en los noventa en un declive irremediable.
Lo ocurrido representa más bien una crisis de madurez.
Japón es un país altamente
desarrollado en el que algunos aspectos del modelo económico que le había
permitido desarrollarse se han convertido en obsoletos. En consecuencia, los japoneses
han adoptado una política de reformas que de forma lenta y gradual están
transformando su estructura económica para adaptarla a las nuevas tendencias internacionales.
Al mismo tiempo se está produciendo un cambio de mentalidad, con
un creciente individualismo que atenúa las diferencias culturales entre Japón y Occidente
aunque no las anula.
Las transformaciones económicas
Japón es por su PIB nominal la tercera potencia económica mundial, detrás de Estados
Unidos y China, y queda en cuarta posición, detrás también de India, si su
PIB se mide en términos de Paridad de Poder Adquisitivo. Su producto por habitante se sitúa también entre los más elevados del mundo, aunque a bastante distancia de
Estados Unidos. Hace por otra parte mucho tiempo que las elevadas tasas de crecimiento
anual han dejado de ser características de la economía japonesa. Si la tasa
media de crecimiento del PIB fue del 5% en los años setenta y del 4% en los
ochenta, en el período de 1990 a 2005 se redujo al 0,8%. Esto ha convencido a los
japoneses de que el modelo económico de las décadas anteriores basado en las exportaciones,
con un mercado interior muy protegido, con poca competencia y muy
regulado ha dejado de resultar efectivo.
Las empresas japonesas de mediados del siglo xx habían heredado del Japón
tradicional un modelo de relaciones laborales basado en la deferencia por parte de
los trabajadores y el paternalismo por parte de los empresarios. Era relativamente
frecuente que los trabajadores y también los ejecutivos permanecieran en la misma
empresa durante toda su vida laboral. Las empresas procuraban evitar los despidos
incluso en momentos de dificultades, en los que preferían negociar recortes salariales.
La conflictividad laboral era más reducida que en Occidente y la disciplina
favorecía un mayor control de calidad de los productos. Las grandes empresas mantenían
relaciones estables con sus suministradores e incluso creaban fuertes lazos
entre ellas. El Estado orientaba el desarrollo de las empresas, mediante créditos a
bajo coste ofrecidos a las que parecían más prometedoras y limitaba la competencia
en el mercado interno para proteger a algunos sectores, por ejemplo frenando el
crecimiento de los hipermercados para favorecer la subsistencia de las pequeñas
tiendas. Diversas regulaciones limitaban la entrada de productos extranjeros.
Este modelo ya no estimulaba el crecimiento económico en un período de cambio
tecnológico acelerado como el de finales del siglo xx. La única manera de promover
el crecimiento era incrementar la flexibilidad y las empresas japonesas lo
han hecho. Su estilo de dirección se ha acercado al modelo internacional, sus inversiones
en el extranjero han aumentado, sus ejecutivos aprenden inglés y pasan
largas temporadas fuera del país. El empleo vitalicio ha dejado de ser un ideal y el
creciente individualismo hace que tanto los ejecutivos como los trabajadores se
sientan mucho menos vinculados a sus empresas. La flexibilidad laboral se ha logrado,
como en otros países, mediante el recurso a contratos temporales peor pagados,
que en 2005 representaban un tercio del total.
Los sucesivos gobiernos no han planteado nunca una reforma económica drástica,
pero han llevado a cabo muchas medidas encaminadas a estimular la competencia.
Durante los años noventa se tomaron medidas para liberalizar las
telecomunicaciones, el transporte, el suministro de energía, las finanzas y el comercio
al por menor, todo lo cual ha resultado muy ventajoso para los consumidores.
Por otra parte, la legislación para la defensa de la competencia empieza a aplicarse
con más rigor que en el pasado. La Gran Recesión condujo a un retroceso del PIB
en 2008 y 2009 y de nuevo en 2011, aunque en 2012 la recuperación estaba ya en
marcha.
La estabilidad política
A pesar del impacto de las dificultades económicas, los rasgos básicos de la política
japonesa, mucho menos competitiva que la occidental, apenas se han modificado.
La mejor prueba de ello es que, excepto durante un breve intervalo a mediados de
los años noventa y otro ente 2009 y 2012, el Partido Liberal Democrático (PLD) se
ha mantenido al frente del gobierno desde 1955 hasta hoy. La competencia política
entre las distintas facciones organizadas dentro de este partido resulta por ello tan
importante o más que su competencia con los partidos de la oposición, ninguno de
los cuales ha logrado un respaldo del electorado suficiente como para convertirse
en un serio rival. Por otra parte, el PLD evita que se formen liderazgos duraderos,
así es que, aunque pertenezcan casi siempre a este partido, los jefes de gobierno se
suceden con rapidez. En esas circunstancias los cambios de gobierno rara vez producen
grandes cambios de línea política.
En política exterior, Japón ha mantenido su alianza con Estados Unidos,
formalizada en el tratado de seguridad suscrito por ambos países en 1960. Tras la
derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se comprometió a renunciar a la guerra
y el sentimiento pacifista es muy fuerte en el país. La denominación oficial de
sus fuerzas armadas es por ello la de fuerzas de autodefensa y no han sido desplegadas
en misiones exteriores hasta fines del siglo xx y ello en misiones de paz de
la ONU. Así es que cuando Japón envió tropas a Irak en 2003 esto representó una
novedad importante. Por otra parte, Japón se siente inquieto por el programa nuclear
de Corea del Norte y también por el creciente poderío de China. En parte para compensar
la influencia china, Japón mantiene muy buenas relaciones con Estados Unidos,
Australia e India.
22. Las dos Coreas.
Corea es una antigua nación hoy separada en dos por una banda de cuatro kilómetros
de ancho: la zona desmilitarizada establecida por el armisticio de 1953. Durante
treinta y cinco años, a partir de 1910, había estado sometida a una dominación colonial
japonesa que dejó muy amargos recuerdos. Tras la derrota japonesa de 1945,
la Unión Soviética y los Estados Unidos acordaron la ocupación del país, que
correspondió a los soviéticos al norte del paralelo 38 y a los americanos al sur del
mismo. El resultado de esta partición fue la aparición de dos Estados, que declararon
su independencia en 1948. El régimen comunista que se estableció en el norte bajo
la dirección de Kim Il-sung se opuso, sin embargo, a la partición del país y en 1950
las tropas norcoreanas invadieron el sur. Tras tres años de guerra, en la que Corea
del Sur tuvo el respaldo de una coalición aprobada por Naciones Unidas y liderada
por Estados Unidos, mientras que la China de Mao apoyaba al Norte, se firmó en
1953 un armisticio que consolidó de hecho la división del país. Puesto que nunca se ha firmado un tratado de paz, ambos Estados coreanos siguen teóricamente en
guerra y Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en el ur.
A lo largo de los años se ha desarrollado un extraordinario contraste entre los
dos Estados coreanos. Al norte se halla la República Popular Democrática de Corea,
que a pesar de su denominación oficial es uno de los Estados más autoritarios y cerrados
del mundo, la mayoría de cuyos habitantes viven en la pobreza. Al Sur se
halla la República de Corea, un país que durante los últimos cuarenta años ha experimentado
un desarrollo económico espectacular, cuyas grandes empresas son
conocidas en todo el mundo y cuya población goza de una esperanza de vida muy
alta. El cuadro 8.5, basado en estimaciones porque no hay datos oficiales fiables
acerca de Corea del Norte, muestra alguno de los aspectos más llamativos de este
contraste. Obsérvese que la esperanza de vida del Sur es diez años más larga y su
nivel de ingresos por habitante es 19 veces mayor, mientras que el Norte compensa
su atraso económico dedicando al gasto en defensa un porcentaje de su PIB mucho
mayor.
Desarrollo y democratización en Corea del Sur
En los años cincuenta, Corea del Sur era un país casi tan pobre como su vecino del
Norte, pero a partir de los sesenta se inició un desarrollo económico espectacular.
El general Park Chung-hee, cuya dictadura se prolongó desde 1961 a 1979, fue el
gran impulsor del despegue económico coreano, que siguió el modelo japonés y se
basó en la exportación, en una fuerte intervención estatal y en el gran esfuerzo laboral
de una población sin derechos sindicales. Al igual que en el caso japonés, el
modelo restringía la entrada de capital y de mercancías extranjeras en el mercado
interior, muy protegido y poco competitivo, mientras que las grandes empresas exportadoras
gozaban de subsidios gubernamentales y de créditos muy favorables.
Ello condujo a una gran concentración de los recursos económicos en unas pocas
empresas: a comienzos de los años ochenta, las diez mayores proporcionaban el
20% de la producción industrial del país. El modelo funcionó, en el sentido de que
Corea del Sur mantuvo durante un largo período tasas de crecimiento que oscilaban un cuarto de siglo.
Sin embargo, dejó una pesada herencia de falta de competencia
en el mercado interno, que sólo lentamente comenzaría a ser corregida.
Park fue asesinado en 1979 por el jefe de su propio servicio secreto, pero al año
siguiente un golpe de Estado llevó al poder a otro general. La nueva dictadura fue acogida
por fuertes protestas populares, sobre todo en la ciudad de Kwangju, donde fueron
violentamente reprimidas, con un balance de más doscientos muertos. El nuevo régimen
fue, sin embargo, menos autoritario de lo que había sido el de Park. La oposición
democrática estaba encabezada por políticos como Kim Young-sam y Kim Dae-jung,
futuros presidentes ambos, y el segundo fue condenado a muerte por su participación
en las protestas de 1980, pero la presión de los Estados Unidos contribuyó a que la
condena le fuera conmutada y se le permitiera exiliarse. Regresó a Corea en 1985.
Aunque el desarrollo económico se mantuvo a un ritmo muy satisfactorio en los
años ochenta, el régimen no logró nunca una gran popularidad y en 1987 optó por
hacer concesiones. El general Roh Tae-woo, que había participado en el golpe de Estado
de 1980, fue designado como candidato del partido gobernante en las elecciones
presidenciales de 1987 y enfrentado a fuertes protestas, impulsadas por obreros, estudiantes
y oficinistas, optó por anunciar un programa de reformas democratizadoras.
La división de la oposición entre las candidaturas de los dos Kim facilitó el triunfo de
Roh, quien se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido en la historia
de Corea. Su mandato se inició en 1988, un año en que la celebración de los Juegos
Olímpicos en Seúl potenció la imagen internacional de Corea.
En las elecciones presidenciales de 1993 triunfó Kim Young-sam, quien se había
destacado en la oposición a la dictadura y que en una de esas sorprendentes alianzas
que caracterizan la política coreana había unido sus fuerzas a las del partido gubernamental
para crear en 1990 un nuevo partido centrista.
El ingreso de Corea del Sur en la OCDE en 1996 supuso el reconocimiento internacional
de que el país se había incorporado plenamente al mundo desarrollado.
Tan sólo un año después, sin embargo, llegó la grave crisis financiera asiática, que
afectó gravemente a Corea y puso de relieve la necesidad de impulsar las reformas
económicas, que se habían iniciado gradualmente desde el establecimiento de la
democracia. El modelo de desarrollo diseñado por Park había resultado útil para el
despegue de un país atrasado, pero no era ya adecuado para una economía avanzada,
en la que las libertades democráticas hacían ya difícil imponer a la población los
sacrificios en que se basó la primera etapa de la expansión. Kim Dae-jung, elegido
presidente en 1998, fue quien tuvo que hacer frente a la crisis económica, que fue
muy aguda pero de escasa duración. Corea recibió un importante préstamo del
Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Kim Dae-jung puso en marcha importantes
reformas. El sector financiero se abrió a los inversores extranjeros, que
pasaron a controlar varios de los principales bancos, mientras que el sector público
asumió temporalmente el control de algunas de las mayores empresas en crisis. En
1999 la economía coreana recuperó su crecimiento.
Superada la grave crisis financiera de 1997-1998, la economía surcoreana ha
crecido a un ritmo satisfactorio, pero lejos de los niveles alcanzados en las últimas
décadas del siglo XX. Los grupos industriales se han reestructurado y las exportaciones
tienen un componente cada vez mayor de alta tecnología. Los tres grandes
astilleros coreanos suministran el 40% de la construcción naval mundial, mientras
que Samsung y LGE se han abierto camino hasta la cúspide en el importante mercado
de productos electrónicos de consumo. La Gran Recesión ha tenido menos
impacto en Corea que en otros países. En 2013 ha sido elegida presidenta Park Gun-
Hye, hija del anterior dictador y primera mujer que asume la jefatura de Estado en
un país de Asia nororiental.
Corea del Norte: un régimen autoritario y cerrado al exterior.
En Corea algunos apellidos están muy difundidos. La transformación democrática de
Corea del Sur ha sido impulsada, como hemos visto, por dos políticos de apellido Kim,
que no están emparentados, mientras que el Norte lleva seis décadas bajo la dictadura
de otros tres Kim, padre, hijo y nieto. Kim Il-Sung, supremo líder de la República Democrática
Popular de Corea desde 1948 hasta su muerte en 1994, estableció un sistema
totalitario centrado en el culto a la personalidad, inspirado en el modelo de Stalin, pero
con raíces en la cultura coreana. Nacido en 1912 en el seno de una familia cristiana
que emigró a China, Kim se incorporó al Partido Comunista Chino en 1941 y jugó un
papel importante en la guerrilla antijaponesa durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió
entrenamiento militar en la Unión Soviética y en 1945 fue puesto por los soviéticos
al frente de un gobierno provisional en su zona de ocupación, que tres años
después se convirtió en la República Democrática Popular de Corea. En 1950 lanzó la
invasión del Sur, pero el contra-ataque de las fuerzas lideradas por Estados Unidos le
obligó a refugiarse en China con su gobierno, hasta que la intervención militar china
le devolvió el control sobre Corea del Norte. Tras el armisticio de 1953 promovió una
rápida y completa colectivización de la economía norcoreana.
Kim Il-sung definió la ideología oficial de su régimen con el término coreano
juche, que significa basarse en las propias fuerzas y que se tradujo en un cierre del
país respecto al exterior tanto en el plano económico como en el cultural. Corea del
Norte apenas tiene comercio exterior y nunca ha tratado de imitar las reformas económicas
que impulsaron el desarrollo económico de China a partir de 1979. El colapso
de la Unión Soviética en 1991 completó el aislamiento del país, que en 1992
eliminó toda referencia al marxismo leninismo de la Constitución, para exaltar solamente
el nacionalismo autárquico basado en el concepto de juche. Una de las últimas
decisiones de Kim Il-sung fue la de impulsar un programa para la producción
de armas nucleares, lo que generó una grave preocupación internacional.
Kim Il-sung murió en 1994 y le sucedió su hijo Kim Jong-Il, en quien había
comenzado a delegar funciones de gobierno desde muchos años antes.
El carácter dictatorial del régimen se ha mantenido sin cambios y también su aislamiento, lo
que hace muy difícil a los observadores extranjeros apreciar lo que ocurre en el
país. Los primeros años de Kim Jong-Il fueron particularmente duros para la población
de Corea del Norte, que padeció una terrible hambruna, causada en parte
por problemas climatológicos y en parte porque el sistema económico había arruinado
la agricultura. Se supone que esta hambruna causó cientos de miles de muertes,
aunque no se dispone de información precisa.
El régimen se esfuerza en que los norcoreanos carezcan de información sobre
el elevado nivel de vida del Sur, pero esto resulta cada vez más difícil. No hay acceso
a Internet ni teléfonos móviles y sólo está permitido sintonizar la radio estatal,
pero el contrabando ha hecho que la minoría más próspera disponga de reproductores
de vídeo, de películas surcoreanas y de aparatos de radio que pueden sintonizar
las emisoras del sur. Por otra parte se mantiene estrictamente el modelo comunista
de propiedad estatal de los medios de producción, pero se han extendido las actividades
económicas informales y el mercado negro suministra muchos productos a
la población, con el consiguiente incremento de la corrupción. El gobierno no interviene
con energía contra la economía informal, probablemente para evitar una
miseria mayor. Algunos empresarios chinos han comenzado a invertir en el país,
pero el volumen del comercio exterior sigue siendo minúsculo.
Por otra parte, el país sigue manteniendo unas fuerzas armadas con un millón de
hombres, a un tremendo coste presupuestario. Esto supone que, en la eventualidad de
una guerra, las ciudades coreanas cercanas a la frontera, incluida Seul, sufrirían un
castigo durísimo, aunque no hay duda de la gran superioridad tecnológica de las fuerzas
armadas surcoreanas y sus aliados estadounidenses. Este es probablemente el motivo
por el que el régimen norcoreano está impulsando un programa de armamento nuclear.
En los últimos quince años Corea del Norte se ha convertido en uno de los grandes
protagonistas en la grave cuestión de la proliferación de armas nucleares, tras haber
realizado su primera prueba de explosión nuclear en 2006. El fallecimiento de Kim
Jong-Il en 2012, a quien ha sucedido su hijo Kim Jong-un, no ha alterado la situación.
Para los surcoreanos la posibilidad de una segunda guerra con el Norte representa
una amenaza constante, pero también es preocupante la perspectiva de un colapso del
régimen norcoreano que condujera a una súbita reunificación del país, como ocurrió
en Alemania. La diferencia de nivel de vida entre las dos partes de Corea es muy superior
a la que existía entre las dos partes de Alemania y Corea del Sur no dispone de
los recursos para proporcionar una ayuda masiva al Norte. Sin embargo, la reunificación
se mantiene como un objetivo, tanto para los surcoreanos como para los norcoreanos.
23. India: la mayor democracia.
Pakistán y Bangladés tienen más habitantes que cualquier país europeo. La tasa de
fecundidad se ha reducido drásticamente durante las últimas décadas, aunque todavía
se sitúa en tres hijos por mujer en Pakistán. Hace cuarenta años, sin embargo,
la media era de cinco o seis hijos por mujer, lo que condujo a un importante crecimiento
demográfico, que todavía hoy plantea el desafío de proporcionar educación
y empleo a unas generaciones que han sido muy numerosas. La esperanza de vida
está aumentando y se sitúa ya cerca de los 70 años, mientras que hace cuarenta años
era de 50 o menos, salvo en el caso de Sri Lanka, cuya esperanza de vida es hoy
propia de un país desarrollado.
El desarrollo económico
Su Ingreso Nacional Bruto, según la paridad de poder adquisitivo, sitúa a India
como la novena potencia económica del mundo, mientras que el de Pakistán representa
algo más de un tercio del español. El ingreso por habitante se sitúa en magnitudes
propias de países de desarrollo medio, en el mejor de los casos. Las tasas
de crecimiento económico de India y Pakistán han sido elevadas en las últimas décadas,
pero no lo suficiente para asegurar una rápida reducción de la pobreza. El impacto de la recesión mundial de 2008 fue limitado. En 2012, el crecimiento de
India se ha situado muy por debajo de la tasa habitual.
El desarrollo humano
El índice de Desarrollo Humano de Sri Lanka se sitúa en el segundo cuartil, el de India
en el tercero y el del resto de la región en el cuarto. El índice de desigualdad económica
se sitúa a un nivel medio, similar al español, y contribuye a que el bienestar de una
buena parte de la población sea muy reducido, una realidad que se refleja en el IDH
ajustado por la desigualdad. La corrupción es muy elevada en India y todavía más en
los otros países, como se refleja en el valor bajo que alcanza el índice elaborado por
Transparencia Internacional: 36 en India frente a 65 en España. La tasa de homicidios
es bastante más elevada que en España y alcanza valores inquietantes en Pakistán.
Tendencias políticas
India ha mantenido sus instituciones democráticas desde la independencia y puede
considerarse un país libre, aunque no alcance los niveles de libertad propios de los
países más desarrollados. Pakistán, en cambio, ha pasado por repetidas experiencias
de gobierno autoritario, aunque la democracia se ha restablecido en 2008 y al igual
que los restantes países de Asia meridional debe considerarse semilibre. El enfrentamiento
entre India y Pakistán es el principal motivo de que sus gastos en defensa sean
elevados en proporción al PIB, sobre todo en el caso de Pakistán, que gasta proporcionalmente
más para compensar el hecho de que su PIB es mucho menor que el de
India. Sin embargo, su descenso en los últimos años indica una reducción de la tensión.
En el caso de Sri Lanka, el importante gasto en defensa es resultado de la guerra
civil, que se prolongó de 1983 a 2009 y enfrentó a las fuerzas del gobierno con los
Tigres Tamiles, un grupo insurgente fundado en 1976, que tenía su base de apoyo
en la comunidad tamil del noreste del país (de religión hinduista, en contraste con
el predominio del budismo en el resto de Sri Lanka) y que a partir de 1987 se distinguió
por el empleo de terroristas suicidas. Tras diferentes fases de lucha, en 2002
se firmó un cese el fuego entre el gobierno y los Tigres Tamiles, pero el proceso de
negociación no condujo a un acuerdo de paz. A partir de 2008 el gobierno de Sri
Lanka ha lanzado una gran ofensiva militar que ha concluido con la derrota completa
de los insurgentes en 2009. En Nepal, en cambio, parece haberse consolidado
el acuerdo de paz de 2006 que puso fin a la insurrección iniciada diez años atrás
por el Partido Comunista de Nepal (maoísta). India, como veremos con más detalle
más adelante, se ha visto afectada en estos años por diferentes tipos de conflicto:
una insurrección separatista en Cachemira, varias en el noreste del país, una insurrección
rural maoísta en varios estados del este y la acción del terrorismo yihadí
en algunas de las principales ciudades. Y el yihadismo es también el principal componente
de la violencia política que ha afectado a Pakistán en estos últimos años.
India: la mayor democracia
India es una de las grandes potencias emergentes y el Estado democrático más poblado
del mundo. Sus instituciones democráticas han subsistido desde que en 1947
logró la independencia y en los últimos años ha entrado en un periodo de desarrollo
económico importante. No faltan, sin embargo, los problemas a resolver: la pobreza
en la que viven buena parte de sus ciudadanos, la corrupción que debilita sus instituciones,
los estallidos de violencia provocados por diferencias étnicas o religiosas.
La herencia de Nehru
Durante medio siglo, de 1947 hasta 1989, la estabilidad democrática fue acompañada
por el gobierno de una misma fuerza política, el Partido del Congreso, que
había protagonizado la lucha por la independencia, y por una misma familia, excepto
durante un breve intervalo a fines de los años setenta.
El fundador de esta notable
familia política, la de los Nehru-Gandhi (que no tiene relación de parentesco
con Mahatma Gandhi, el famoso líder de la lucha pacífica por la independencia)
fue Jawaharlal Nehru, que gobernó desde 1947 hasta su muerte en 1964. Su hija,
Indira Gandhi, gobernó de 1966 a 1977, fue derrotada por la oposición en las elecciones
de ese año, y regresó al poder tras su triunfo en las de 1980. Fue asesinada
por separatistas sijs en 1984 y le sucedió su hijo Rajiv Gandhi, que gobernó de 1984
a 1989 y fue asesinado a su vez en un atentado terrorista en 1991. Su viuda Sonia
Gandhi, de origen italiano, asumió la dirección del Partido del Congreso en 1998.
Pero, a partir de su derrota electoral en 1989, el Congreso ha perdido su posición
de partido hegemónico y se ha entrado en una etapa de alternancia en el poder entre
complejas coaliciones encabezadas por el propio Congreso o por su principal rival,
el Bharatiya Janata Party (BJP).
Esa transición al pluripartidismo forma parte de la transformación del modelo
que se diseñó en tiempos de Nerhu. El anterior sistema económico, basado en el
proteccionismo frente al exterior y una gran regulación estatal, ha dado paso a un
nuevo sistema más liberal y más abierto al exterior. El laicismo de Nehru sigue
siendo la base de la convivencia entre los ciudadanos de distintas confesiones, pero
el ascenso del BJP demuestra la creciente fuerza de un movimiento nacionalista
indio basado en la fe hinduista. La política exterior de no alineación promovida por
Nehru, que convirtió a la Unión Soviética en el principal socio de India, ha dado
paso a una mejor relación con Estados Unidos, que antaño era el principal aliado
de Pakistán. Y el problema de las castas, que durante mucho tiempo se evitaba en
el debate político, porque con la igualdad ante la ley había perdido relevancia, ha
reaparecido con el surgimiento de partidos basados fundamentalmente en la antigua
casta de los intocables (dalit) o en castas intermedias, que se sienten víctimas de
una discriminación económica y social.
El gobierno Rao y las reformas económicas
En 1991, tras la victoria electoral del Congreso, P. V. Narashima Rao formó un gobierno
que durante los siguientes cinco años impulsó una importante transformación
del sistema económico. Con una edad de setenta años en el momento en que formó
gobierno y habiendo sido previamente ministro con Indira Gandhi y con Rajiv
Gandhi, Rao –que se convirtió en jefe del gobierno porque Rajiv fue asesinado en
plena campaña electoral– no parecía la persona más adecuada para afrontar la difícil
tarea de desmontar todo el sistema de regulaciones administrativas que asfixiaba la
economía india. Se había abierto paso, sin embargo, la convicción de que el modelo
existente no permitía el despegue económico del país y Rao actuó en consecuencia.
El crecimiento del PIB por habitante, que había sido de un modesto 1% anual en
los años setenta y había aumentado al 3% en los años ochenta, en los que Rajiv
Gandhi inició ya ciertas reformas, alcanzó el 4% en los noventa. El ejemplo de las
eficaces reformas que China había adoptado previamente contribuyó al cambio de
rumbo, aunque rara vez se mencionara en público, debido a la rivalidad entre ambos
países, pero el mayor impulso vino de la dificilísima situación en que se hallaba la
Hacienda india en 1991, con un brutal déficit fiscal. Las reformas fueron coordinadas
por un brillante economista, el ministro de Finanzas Manmohan Singh.
Largos años de un crecimiento económico mediocre mantenían en la miseria a
buena parte de la población india. A comienzos de los años noventa el 60% de los
niños padecían cierto grado de desnutrición, el 85% de la población carecía de servicios
de saneamiento adecuados, algo más de la mitad de los adultos eran analfabetos
y sólo había seis millones de teléfonos para 950 millones de habitantes. El
modelo económico se basaba en el aislamiento respecto al mercado exterior, surgido
en parte del rechazo hacia el colonialismo, y en la desconfianza respecto a la iniciativa
privada. Las importaciones se veían restringidas por la imposición de cuotas
y de elevadas tarifas, los sectores estratégicos de la economía, como la industria
pesada, se atribuían en exclusiva al sector público, y las empresas privadas funcionaban
bajo un régimen de autorizaciones administrativas, que frenaba su iniciativa
y era una fuente de corrupción.
Las reformas del gobierno Rao implicaron la apertura a la inversión extranjera,
la reducción de los obstáculos a la importación, la desregulación de la actividad
empresarial, la privatización de empresas públicas y la inversión en infraestructuras.
Todo ello estimuló la competitividad de la economía india. Resultados especialmente
notables se obtuvieron en el terreno de los servicios informáticos, a medida
que más y más empresas de Estados Unidos y otros países subcontrataban tales servicios
a empresas indias, que disponían de informáticos bien formados y de teleoperadores
que dominaban el inglés. La ciudad meridional de Bangalore se convirtió
en uno de los principales centros informáticos del mundo.
Esta primera fase de reformas, importante porque implicaba un cambio de modelo,
encontró la oposición de muchos intereses creados y sólo transformó parcialmente la economía india. La productividad siguió siendo baja y grandes regiones
del país quedaron al margen del nuevo dinamismo económico. Las tarifas aduaneras,
a pesar de su importante descenso, siguieron siendo más elevadas que en la mayoría
de los países emergentes de Asia y América Latina.
El mercado laboral siguió
siendo poco flexible, lo que beneficiaba a los empleados del sector público y del
sector privado formal, pero dejaba desprotegidos a los trabajadores del amplio sector
informal y dificultaba la reestructuración de las empresas. El Estado siguió gastando
elevadas sumas para subsidiar el consumo de ciertos productos, especialmente los
combustibles, de manera poco racional desde el punto de vista económico pero popular
entre los electores. En cambio, sectores cruciales para el desarrollo como la sanidad,
la enseñanza primaria y la red de transportes no recibieron la atención debida.
El Partido del Congreso sufrió una severa derrota en las elecciones de 1996 y
Rao se vio forzado a dimitir. Su imagen se vio deteriorada por diversos escándalos
de corrupción y llegó a ser procesado, aunque resultó finalmente absuelto poco
antes de su muerte, que se produjo en 2004.
El nacionalismo hinduista y el gobierno Vajpayee
El 85% de los ciudadanos indios son de religión hinduista, cerca del 15% son musulmanes
y el resto se divide entre distintas minorías, incluidos cristianos, sijs y
budistas. La lengua más hablada es el hindi, pero la oposición de los hablantes de
otras lenguas, especialmente en el sur, ha impedido que se convierta en la única
lengua oficial de la federación, así es que el inglés se mantiene como segunda lengua.
La diversidad religiosa, étnica y lingüística es en realidad uno de los rasgos
característicos de ese inmenso país que es India y desde la independencia ha existido
el propósito de respetarla. En el terreno religioso ello se ha traducido en el laicismo,
es decir, que el Estado no reconoce a ninguna religión la preeminencia. Los cuadros
del Congreso se han nutrido sobre todo de miembros de la casta más elevada, los
brahmanes, pero el partido ha prestado siempre atención a las minorías, especialmente
a la casta más baja, los dalit (antiguos intocables) y a los musulmanes.
En los últimos años ha cobrado, sin embargo, fuerza una corriente nacionalista
que propugna la hindutva, término que podíamos traducir por “hinduidad”, es decir
la afirmación de una identidad india basada en la religión hinduista.
Desde su punto
de vista, sijs y budistas no son sino corrientes dentro del hinduismo (algo que los
interesados rechazan) mientras que el Islam y el cristianismo representan una amenaza
extranjera. Esta corriente tiene su origen en una organización cultural fundada
en 1925, Rashtriya Swayamsevak Sangh, a la que pertenecen muchos de los dirigentes
del Bharatiya Janata Party. El BJP, fundado en 1980, adquirió una fuerza
electoral significativa a finales de aquella década y alcanzó por primera vez la jefatura
del gobierno a finales de los noventa.
El tercer componente del movimiento
es el Vishva Hindu Parishad (VHP), una organización fundada en 1964, cuyas campañas en favor de la hindutva han degenerado a veces en violencia contra los musulmanes.
En 1990 el VHP lanzó una campaña para la demolición de una mezquita
en la ciudad de Ayodhya para reedificar el templo del dios Ram que supuestamente
habría sido derribado para construirla. Dos años después la mezquita fue asaltada
y destruida, lo que desencadenó una oleada de violencia entre hinduistas y musulmanes.
El gobierno de Atal Bihari Vajpayee, entre 1998 y 2004, se mostró, sin embargo,
más moderado de lo que hacían temer los antecedentes de su partido. Vajpayee, que
tenía 73 años en 1998, era el líder político más prestigioso del movimiento nacionalista
y supo resistir las presiones del ala más radical del mismo, que exigían medidas
como la construcción del templo de Ram en el sitio de la destruida mezquita
de Ayodhya, la aprobación de un código civil uniforme para todos los ciudadanos,
que significaría la anulación del código de familia específico de los musulmanes, y
la reducción de la autonomía de Cachemira, un estado de mayoría musulmana en
el que se había desarrollado un importante movimiento insurreccional. En parte, la
reticencia de Vajpayee a aplicar estos propósitos se debió a que no encabezaba un
gobierno monocolor del BJP, sino que se apoyaba en una coalición multipartidista.
Por otra parte, durante su gobierno se produjo un caso gravísimo de violencia intercomunitaria
en el estado occidental de Gujarat, gobernado también por el BJP.
Ocurrió en 2002, cuando, en respuesta al incendio de un tren en que militantes hinduistas
regresaban de una concentración en Ayodhya, se desencadenaron ataques a
las comunidades musulmanas en sus barrios y aldeas, con un balance de dos mil
muertos, ante la pasividad, cuando no la connivencia, de las autoridades locales del
BJP. Este obtuvo, sin embargo, un gran éxito en las siguientes elecciones locales
en Gujarat.
La política económica de Vajpayee siguió la línea liberal iniciada por Rao e impulsó
en particular la privatización de empresas. Los resultados fueron satisfactorios
y en los primeros años del siglo XXI India alcanzó las tasas de crecimiento más elevadas
de su historia. Se ha producido un despegue industrial, en sectores como el
farmacéutico, en el que las empresas indias producen a buen precio versiones genéricas
de fármacos cuya patente ha caducado; el automóvil, sobre todo la producción
de componentes; el acero, sector en el que la empresa india Mittal es el líder
mundial; el cemento y el aluminio. La expansión de los servicios informáticos ha
seguido su espectacular curso. Sin embargo, los nuevos sectores dinámicos no emplean
más que un pequeño porcentaje de la fuerza laboral. La inversión extranjera
ha contribuido a la modernización de la economía y actualmente India es el segundo
mayor receptor de inversión extranjera directa, después de China. En el crucial terreno
de la educación hay que destacar que en 2001 el gobierno lanzó un importante
plan para la mejora de la enseñanza primaria y secundaria.
En 1998 India realizó su primera prueba nuclear subterránea, ejemplo que fue
inmediatamente seguido por Pakistán. Ello desencadenó fuertes críticas internacionales
y las principales potencias occidentales impusieron restricciones en la venta de armamento y de tecnología de alto nivel tanto a India como a Pakistán. Por otra
parte, Vajpayee inició un proceso de diálogo con Pakistán, que culminó con la declaración
de Lahore, que pareció abrir la vía a una solución negociada de las diferencias
entre ambos países.
Poco después, sin embargo, India detectó la infiltración
de tropas pakistaníes en los pasos fronterizos situados al norte de la ciudad de Kargil,
en Cachemira, lo que dio lugar a combates en los que, durante el verano de
1999, perecieron al menos 500 soldados indios. Al año siguiente una visita oficial
de Clinton, la primera de un presidente americano en más de veinte años, supuso
un importante acercamiento entre ambas naciones, sobre todo en el terreno de las
relaciones económicas. En conjunto, y a pesar de la opción por el arma nuclear, la
política exterior de Vajpayee ha sido prudente, aunque diversos atentados terroristas
han envenenado las relaciones indo-pakistaníes.
Tras una severa derrota de su partido en las elecciones de 2004, Vajpayee dimitió
como jefe de gobierno y al año siguiente anunció su retirada de la política activa.
El retorno del Congreso y el gobierno Singh
En las elecciones de 2004 el Partido del Congreso y sus aliados obtuvieron 220 escaños,
el BJP y los suyos 185 y el Frente de Izquierda, encabezado por el Partido
Comunista de India (marxista) obtuvo 59. La líder del Congreso, Sonia Gandhi,
la viuda de Rajiv, quien el BJP reprochaba su origen extranjero, no quiso, asumir la
jefatura de gobierno y propuso a Manmohan Singh, de 71 años, el arquitecto de las
reformas económicas de los años noventa. Los comunistas, que llevaban años gobernando
en Bengala occidental con una orientación favorable a la empresa privada,
aceptaron dar apoyo parlamentario a Singh, aunque sin incorporarse a su gobierno,
al igual que hicieron otros pequeños partidos.
La extrema fragmentación del nuevo parlamento respondía al hecho de que,
con la parcial excepción del propio Congreso, que sólo obtuvo el 27% del voto, no
existen en India partidos con implantación en el conjunto del país, sino que su base
electoral se suele reducir a unos pocos estados e incluso solo a uno. El nivel de corrupción
de muchos políticos e incluso sus contactos con el crimen organizado son
muy notorios, hasta el punto de que más de un centenar de diputados tenían problemas
con la justicia. La elección de Singh representó, por otra parte, un triunfo
del secularismo frente al exclusivismo hinduista, al tratase del primer jefe de gobierno
de religión sij.
Durante el mandato de Singh el PIB indio ha crecido a una tasa muy elevada y
la incidencia de la recesión mundial de 2008 fue modesta. La industria india está
en plena expansión, pero la productividad del sector agrario, que sigue empleando
a la mayoría de la población, es baja. La deficiencia de las infraestructuras sigue
siendo un grave obstáculo para el desarrollo. Las condiciones de saneamiento son
lamentables, pues se estima que la mayoría de los indios carecen de retrete, con deletéreas consecuencias para la salud. Un plan de mejora de la salud en las áreas rurales,
lanzado en 2005, puede hacer mucho bien en esta materia. El comercio interior
se ve frenado por la escasa calidad de la red de carreteras, en contraste con el desarrollo
de las autopistas chinas, mientras que puertos y aeropuertos requieren también
fuertes inversiones. El gobierno Singh ha impulsado la creación de acuerdos
entre el sector público y el privado para la construcción de carreteras y aeropuertos.
No menos importante es el problema de la educación primaria. El esfuerzo de los
últimos años ha permitido que el 95% de la población en edad escolar asista a la
escuela, al menos hasta los catorce años, pero la calidad de la enseñanza es a menudo
baja: los dos estados indios analizados en el informe PISA de 2009 quedaron
en los lugares penúltimo y antepenúltimo de la clasificación.
La política exterior india ha conseguido algunos éxitos notables en los últimos
años. Las relaciones con Pakistán han mejorado, aunque se sigue estando lejos de
un acuerdo sobre Cachemira. Las relaciones comerciales con China han recibido
un gran impulso, de manera que en 2007 China se convirtió en el principal socio
comercial de India. Con Estados Unidos se ha alcanzado un importante acuerdo de
cooperación nuclear, a pesar de la oposición de los comunistas. Y en el terreno de
la defensa se ha producido un notable acercamiento con Israel, que se ha convertido
en un importante suministrador de armamento para las fuerzas armadas indias, en
competencia con Rusia, que ha sido tradicionalmente el socio principal de India en
esta materia.
El balance favorable del gobierno Singh condujo a que el Congreso obtuviera
un buen resultado en las elecciones parlamentarias de 2009, lo que le ha permitido
mantenerse en el poder.
Insurrecciones y terrorismo
La democracia india ha sido capaz de ofrecer vías de participación política a las
múltiples tendencias que han surgido en un país tan grande y con tanta diversidad
religiosa, lingüística y étnica, pero ello no ha impedido que se desarrollen focos de
conflicto armado. El caso más grave ha sido el de Cachemira. Este territorio, de
población mayoritariamente musulmana, aunque con presencia también de hinduistas
y budistas, estaba regido en 1947 por un maharajá hinduista que inicialmente
quiso optar por la independencia, pero que tras desencadenarse una insurrección
apoyada por Pakistán, decidió la incorporación a India. Ese fue el origen de la primera
guerra indo-pakistaní, que concluyó con un alto el fuego en 1949. Desde entonces,
la línea de control del alto el fuego se ha convertido en la frontera de hecho
entre ambos países e India ha mantenido su dominio sobre la mayor parte de Cachemira,
que representa el único estado de mayoría musulmana de toda la federación.
La violencia se desencadenó de nuevo a finales de los años ochenta, con la
aparición de grupos insurgentes con apoyo pakistaní que cometiron numerosos atentados terroristas. India respondió con el envío masivo de tropas y con medidas represivas
que implicaron violaciones de los derechos humanos. La intensidad del
conflicto se ha reducido desde comienzos del siglo XXI hasta un nivel muy bajo en
la actualidad.
Otra región conflictiva es el Noreste, un triángulo delimitado por las fronteras
de China, Birmania y Bangladés, que presenta una gran diversidad étnica y se halla
integrado por siete estados. En el curso de los años han surgido allí numerosos grupos
rebeldes de base étnica, opuestos al dominio indio y a la llegada de inmigrantes
tanto, de Bangladés como de otros estados indios. El gobierno de Delhi ha respondido
a esta amenaza con medidas represivas y con diversos acuerdos de paz, que
implican el pago de grandes sumas a quienes se comprometen a cesar su lucha armada,
pero en algunas áreas la vida cotidiana está controlada por los insurgentes.
Por otra parte, la extrema izquierda maoísta mantiene una insurrección en un cinturón
de áreas rurales deprimidas de la mitad este del país. A estos rebeldes se les
suele denominar naxalitas, por el nombre de la aldea bengalí en que lanzaron su
primera insurrección en 1967.
A estos conflictos se han sumado los atentados yihadíes que en los últimos años
han afectado a diversas ciudades indias. En diciembre de 2001, poco después de
los atentados del 11-S en América, se produjo un ataque contra la sede del parlamento
indio en Delhi, que causó un gran impacto en la opinión. Cuatro años después,
en 2005, más de sesenta personas murieron en varios ataques simultáneos en
lugares públicos de Delhi. En 2006 doscientas personas perecieron en atentados simultáneos
con explosivos contra varios trenes en Mumbai, la antigua Bombay, en
una operación que presentaba puntos en común con los atentados del 11-M en Madrid
de dos años antes. Y otro gravísimo incidente terrorista se ha producido también
en Mumbai en noviembre de 2008, cuando un grupo llegado de Pakistán atacó varios
objetivos, buscando especialmente la muerte de extranjeros, occidentales o judíos.
Pero, en conjunto, el número de víctimas mortales de la violencia política en
India se ha reducido notablemente en los últimos años: de casi 6.000 en 2001 a 800
en 2012.
24. Pakistán: democracia, militarismo e islamismo.
El Pakistán de nuestros días es un país surgido de una doble partición. La primera
tuvo lugar en 1947 cuando las tierras mayoritariamente musulmanas de la antigua
India se separaron para fundar un nuevo Estado independiente, en un proceso que
fue acompañado de matanzas comunitarias y de desplazamientos masivos de población,
al cruzar las fronteras millones de hindúes y sijs, en dirección a la India, y
de musulmanes, en dirección a Pakistán.
Regiones históricas como Bengala y Punjab
quedaron divididas, pero el foco de conflicto más grave fue el ya mencionado
de Cachemira, que dio origen a la primera guerra entre India y Pakistán. La línea de alto el fuego de 1949, que dejaba dentro de la India a la mayor parte del territorio,
nunca ha sido refrendada por ambos contendientes en un tratado de paz.
Pakistán presentaba la singularidad de estar integrado por dos territorios situados
en ambos extremos de la India septentrional, Pakistán occidental y Pakistán
oriental, que tenían poco en común, salvo su religión mayoritariamente musulmana.
Esta singularidad acabó en la segunda partición, la de 1971, cuando el territorio
oriental se separó, tras duros combates en que los independentistas tuvieron el apoyo
del ejército indio, para convertirse en un nuevo estado que adoptó el nombre de
Bangladés, es decir Bengala libre.
A pesar de la secesión de Bangladés y de que una sustancial comunidad musulmana
permanece en la India, Pakistán es el segundo país musulmán más poblado
del mundo, tras Indonesia. El 80% de los pakistaníes es sunní, aunque hay una minoría
chií importante y la convivencia entre ambas comunidades no siempre es
buena. Existe, además, una notable diversidad étnica, al igual que en la India. La
lengua oficial es el urdu, una lengua indoeuropea que, como el hindi, tiene su origen
en la lengua de la corte en el Imperio mogol de la India.
Civiles y militares
El diseño básico de las instituciones políticas pakistaníes responde a la influencia
británica, pero a diferencia de lo ocurrido en la India, la hegemonía civil no se ha
consolidado. En parte por la larga rivalidad con el poderoso vecino indio, las fuerzas
armadas han jugado un papel decisivo en la historia de Pakistán, que durante muchos
años ha estado bajo gobierno militar, aunque se conservara una fachada constitucional.
La pauta ha sido la de la alternancia entre gobiernos militares y etapas democráticas
caracterizadas por la inestabilidad. Buena parte de la historia del país se
resume en el gobierno de cuatro generales, que ocuparon el poder de 1958 a 1971,
de 1977 a 1988 y de 1999 a 2008. En los primeros años setenta, en cambio, Pakistán
fue gobernado por un político civil de fuerte personalidad y orientación populista,
Zulfikar Ali Bhutto. Derribado en 1977 por un golpe militar, Alí Bhutto fue condenado
por su supuesta implicación en el asesinato de un oponente político y fue ejecutado,
a pesar de las peticiones internacionales de clemencia. Su hija Benazir
Bhutto le sucedería al frente de su partido.
Alí Bhutto había adoptado algunas medidas favorables a la islamización de las
costumbres, como la prohibición total del alcohol, pero el general que le sucedió,
Zia-ul-Hak fue mucho más lejos en esa dirección. Estableció una comisión encargada
de velar porque toda la legislación se ajustara a la sharia, es decir la ley islámica
tradicional, y el código penal fue enmendado para reintroducir castigos
tradicionales. La intervención soviética en Afganistán incrementó, por otra parte,
la importancia estratégica de Pakistán para Estados Unidos, pues el país se convirtió en la base principal de los rebeldes que se alzaron contra el régimen comunista de
Kabul y las tropas soviéticas que lo apoyaban. En 1988 Zia-ul-Hak pereció en un
accidente de aviación.
La década de los noventa: Benazir Bhutto y Nawaz Sharif
La muerte de Zia en 1988 condujo a una rápida restauración del gobierno civil y
durante una década se alternaron en el gobierno los líderes de los dos principales
partidos del país, el Partido del Pueblo de Pakistán, relativamente secular y encabezado
por Benazir Bhutto, la primera mujer que ha gobernado un país musulmán,
y la Liga Musulmana de Pakistán, de orientación tradicionalista y encabezada por
Nawaz Sharif, un político que había iniciado su carrera durante el régimen militar
de Zia. Las relaciones entre ambos partidos fueron bastante turbulentas. Benazir
Bhutto, nacida en 1953, era hija del anterior presidente Alí Bhutto y había realizado
sus estudios universitarios en Occidente. Tras la ejecución de su padre, hubo de exiliarse,
pero heredó la dirección de su partido, que seguía contando con muchos seguidores.
Su triunfo en las elecciones de 1988 le permitió convertirse en jefa del
gobierno a los 35 años de edad. Gobernó durante dos breves períodos, al igual que
su rival Sharif. Durante el mandato de este último, la tensión con la India se incrementó
a raíz de que en 1998 ambos países realizaran sus primeras pruebas de armas
nucleares y al año siguiente hubo un enfrentamiento armado fronterizo en la frontera
de Cachemira, con resultados desfavorables para Pakistán. Ello condujo a un choque
personal entre Sharif y el jefe del ejército, general Pervez Musharraf, quien le derrocó
en 1999 en un golpe incruento.
El gobierno de Musharraf
El general Pervez Musharraf llegó al poder tras el golpe de Estado que derribó en
1999 al gobierno de Nawaz Sharif. Para consolidar su posición promovió en 2002
una reforma constitucional que de nuevo otorgó al presidente, cargo que él mismo
asumió, la potestad de destituir al gobierno y disolver el parlamento. Creó un partido
a su medida, que venció en las elecciones de 2002. Benazir Bhutto y Nawaz Sharif
se vieron forzados a exiliarse.
Los atentados del 11-S en Estados Unidos plantearon un grave dilema a Pakistán,
que había apoyado al régimen de los talibán, pero se vio obligado a cambiar de
posición cuando éstos se negaron a entregar a Bin Laden. Musharraf se convirtió
en un aliado de los Estados Unidos en la “guerra contra el terror”, lo que le dio respetabilidad
en el plano internacional, aunque irritó a los islamistas pakistaníes. Tras
la caída de los talibán, Pakistán se convirtió en lugar de refugio para muchos militantes
islamistas, afganos o de terceros países, incluido Bin Laden.
Las áreas tribales de la provincia del noroeste, sobre las que el control del gobierno de Pakistán había
sido muy reducido y cuyos habitantes son en su mayoría pastunes, la etnia que en
Afganistán más había apoyado a los talibán, se convirtieron en un foco de conflicto.
La intervención del ejército para eliminar a los extremistas extranjeros establecidos
en la región ha dado lugar a fuertes combates, por el apoyo de las belicosas tribus
locales a los talibán.
Musharraf ha frenado la islamización, aunque también ha buscado en ciertos
momentos el apoyo de una coalición de partidos islamistas, que quedó en tercer
lugar en las elecciones de 2002. Una medida importante ha sido la aprobación en
2006 de una ley de protección de la mujer, que en particular ha mejorado la difícil
situación que anteriormente padecían las víctimas de una violación.
Los diversos partidos de orientación islamista nunca han alcanzado en Pakistán
resultados electorales significativos, pero tienen una notable influencia social a través
de sus mezquitas y de sus centros educativos, las madrasas. No obstante, lo más
grave ha sido la aparición de diversos grupos terroristas, a menudo ligados a organizaciones
islamistas legales. Se sospecha además que los servicios de inteligencia
militares han promovido a algunos de estos grupos, cuya actuación en Cachemira
o en Afganistán podía resultar útil para los intereses estratégicos del Estado pakistaní.
El terrorismo de inspiración yihadí ha causado víctimas tanto entre la minoría
chií, que los radicales sunníes consideran herética, como entre los adversarios políticos
del islamismo. El propio Musharraf ha sido objeto de varios intentos de asesinato
por parte de militantes yihadíes.
La economía pakistaní, que se hallaba en una grave crisis cuando Musharraf
asumió el poder, se ha recuperado durante su mandato, alcanzándose elevadas tasas
de crecimiento anual, pero un tercio de la población vive en la pobreza. La ayuda
económica de los Estados Unidos ha sido importante tras el 11-S, pero la nueva
etapa de crecimiento que ha experimentado Pakistán se ha debido sobre todo a la
adecuada política económica que el gobierno ha seguido a partir del mandato de
Musharraf. La inversión extranjera también ha aumentado, aunque la violencia yihadí
que padece el país frena su incremento. Por otra parte el Estado del sistema
educativo sigue siendo lamentable y la tasa de analfabetismo es muy alta.
El retorno a la democracia
En 2007 Musharraf entró en conflicto con el Tribunal Supremo, a cuyo presidente
destituyó. Ello dio lugar a una campaña de protestas y al reforzamiento de la oposición.
Ese mismo año se produjo un grave incidente cuando las tropas del gobierno
intervinieron en el centro islamista de Islamabad, que se había convertido en un
foco de insurgencia yihadí, provocando un gran número de muertes. Finalmente,
Musharraf autorizó el retorno de los dos líderes políticos exiliados, Benazir Bhutto
y Nawaz Sharif, cuya gestión gubernamental en los noventa no había sido demasiado brillante, pero que seguían siendo los símbolos del poder civil.
Bhutto, sin
embargo, fue asesinada al poco de su regreso en un atentado atribuido a militantes
yihadíes. Su hijo era demasiado joven para asumir la dirección de su partido, así es
que ésta pasó a su viudo Asif Ali Zardari.
Procedente de una gran familia, como los Bhutto, Zardari casó con Benazir en
1987 y fue ministro en el gobierno de su mujer. Su reputación se vio pronto afectada
por acusaciones de corrupción y fue encarcelado desde 1997 hasta 2004. Tras las
elecciones de 2008, en las que su partido fue el más votado, formó un gobierno de
coalición con la Liga Musulmana, dirigida por el antiguo rival de Benazir, Nawaz
Sharif. El acuerdo se rompió pronto, pero ambos partidos lograron un acuerdo para
forzar la dimisión de Musharraf. Tras ello, el propio Zardari fue elegido presidente
de la República.
La mayor amenaza a la seguridad de Pakistán es hoy el Movimiento Talibán de
Pakistán, una confederación de grupos yihadíes surgida en la región fronteriza del
Noroeste, influida por los talibán afganos y basada, al igual que éstos, en la etnia
pastún. Estados Unidos los considera una amenaza terrorista y ha utilizado contra
ellos ataques mediante aviones no tripulados, los llamados drones. La violencia política
en Pakistán culminó en 2009, con casi 12.000 víctimas mortales, cifra que se
redujo a algo más de 6.000 en 2012. Al igual que los afganos, los talibanes paquistaníes
pretenden la total reclusión de las mujeres y son contrarios a la escolarización
de las niñas, lo que les llevó a atentar en 2012 contra una chica de quince años, Malala
Yousazfai, que había destacado por su activismo en favor de la educación femenina.
Malala sobrevivió, fue operada en Gran Bretaña y se ha convertido en un
símbolo mundial de la lucha por los derechos de la mujer. Es de etnia pastún.
25. El conflicto árabe-israelí.
La fundación de Israel en 1948, que se apoyó en una resolución de Naciones Unidas,
no fue aceptada por los Estados árabes vecinos, que consideraron como una forma
de colonialismo el establecimiento de un Estado independiente dominado por los
inmigrantes judíos que habían llegado en las últimas décadas. Ello condujo a cuatro
guerras sucesivas entre Israel y sus vecinos, en 1948-1949, 1956, 1967 y 1973, en
todas las cuales vencieron los israelíes. La población palestina, de lengua árabe y
mayoritariamente de religión musulmana, aunque hay una minoría árabe cristiana,
se encontró a partir de la derrota de 1949 en una situación deplorable. Una parte de
los palestinos permaneció en el territorio de Israel, cuyas fronteras quedaron delimitadas
por la línea de alto el fuego de 1949, y son hoy ciudadanos de Israel, por
lo que se les conoce como árabes israelíes, aunque están sometidos a algunas limitaciones
y están excluidos del servicio militar. Muchos otros huyeron o fueron expulsados
de sus hogares y se refugiaron en los territorios vecinos.
La situación se agravó tras la guerra de 1967, que permitió a Israel ocupar dos
territorios palestinos administrados desde 1948-1949 por Egipto (Gaza) y por Jordania
(Cisjordania). La ocupación de estos territorios no fue reconocida por la comunidad
internacional, pero ello no ha impedido el establecimiento de numerosos
colonos judíos, especialmente en Cisjordania.
Por otra parte, Israel no reconoce
como ciudadanos propios a los palestinos de Gaza y Cisjordania. A partir de los
años setenta, diversas organizaciones palestinas, la principal de las cuales era Al
Fatah, dirigida por Yasser Arafat, condujeron una ofensiva contra Israel por medio
de atentados terroristas, muchos de ellos perpetrados en terceros países.
En 1982
Israel invadió el Líbano para acabar con las bases palestinas en dicho país y cinco
años después se enfrentó por primera vez a una masiva movilización popular de
protesta en los territorios ocupados, la Intifada.
Una de las esperanzas surgidas tras el fin de la Guerra Fría fue que este conflicto,
con más de medio siglo de existencia, podía concluir con una solución negociada.
Vencedor en la guerra del Golfo, George W. H. Bush utilizó toda la influencia que
había adquirido para impulsar una negociación.
Un primer paso se dio con la conferencia
de Madrid de 1991, pero fueron negociaciones bilaterales llevadas en Oslo entre israelíes y palestinos las que condujeron a un principio de acuerdo, firmado
en 1993 bajo el patrocinio del presidente Clinton.
En sustancia, los acuerdos de
Oslo suponían por parte de los palestinos el reconocimiento del Estado de Israel y
por parte de los israelíes el reconocimiento del derecho palestino al autogobierno.
A partir de ahí se inició un largo y complejo proceso de desarrollo de los acuerdos,
cuyo paso más importante fue una retirada parcial israelí de los territorios ocupados
de Gaza y Cisjordania, que hizo posible el establecimiento de una Autoridad Palestina,
dotada de ciertas competencias para el gobierno de los territorios. En 1996
Yassir Arafat fue elegido por sus conciudadanos como su primer presidente.
A medio plazo, el proceso de paz implicaba para los israelíes la renuncia a Cisjordania
y Gaza, donde desde 1967 se habían establecido numerosos colonos judíos,
y para los palestinos la renuncia al retorno al territorio del actual Israel, del que proceden
sus familias.
Para los extremistas de uno y otro bando esto representaba una
traición. Yitzhak Rabin, el jefe de gobierno laborista que había firmado el acuerdo,
fue asesinado por un extremista israelí en 1995. Y por esas mismas fechas las organizaciones
islamistas palestinas, especialmente Hamas, lanzaron una ofensiva terrorista
en las ciudades israelíes, basada en atentados suicidas. Ello contribuyó a
que el Likud, el partido de la derecha, ganara las elecciones de 1996.
El proceso de paz recobró impulso cuando en 1999 los laboristas volvieron al
poder con Ehud Barak y Clinton utilizó toda la influencia de los Estados Unidos
para que se lograra un acuerdo final.
Arafat no estaba, sin embargo, dispuesto a
ceder respecto al crucial problema del derecho al retorno, que los israelíes consideran
una amenaza a la preponderancia judía en el propio Estado de Israel, ni tampoco
en el complejo tema de Jerusalén.
Un provocativo gesto simbólico del líder del partido
Likud Ariel Sharon, una visita a la explanada de las mezquitas de Jerusalén,
sirvió de desencadenante de la llamada Intifada de Al Aqsa en 2000. Pero a diferencia
de la primera Intifada, la de 1987, ésta no consistió en una insurrección popular
sino en una ofensiva de las organizaciones armadas palestinas, que recurrieron
al terrorismo suicida.
A ello respondió el gobierno de Sharon, vencedor en las elecciones
de 2001, con duras represalias militares y con el asesinato de los promotores
del terrorismo. Para evitar las infiltraciones terroristas, Israel comenzó a levantar un
muro que aísla los territorios ocupados. En pleno conflicto Arafat falleció en 2004.
En 2005, año a partir del que se produjo un gran descenso de las acciones terroristas
palestinas, Sharon decidió la retirada unilateral de las tropas y de los escasos
asentamientos de colonos judíos en Gaza. Por el contrario, los asentamientos
judíos en Cisjordania han seguido expandiéndose. En 2006 las elecciones en los territorios
administrados por la Autoridad Palestina, de las que la comunidad internacional
esperaba que favorecieran el proceso de paz, dieron el triunfo a los
islamistas de Hamas, radicalmente contrarios al reconocimiento de Israel. Tras diversos
enfrentamientos. Al Fatah se ha hecho con el control de Cisjordania y Hamas
con el de Gaza.
En 2006, en respuesta al lanzamiento de misiles contra su territorio
por parte del partido radical chií libanés Hezbollah, Israel invadió el sur del Líbano, dando lugar a un intenso conflicto que se prolongó durante un mes.
A finales de
2008, también en respuesta al lanzamiento de misiles, Israel atacó Gaza, en una
operación de corta duración pero que causó más de mil muertes, incluidas las de
muchos civiles palestinos. En conjunto se estima que las sucesivas fases del conflicto
árabe-israelí han causado desde 1948 más de 120.000 muertos y las perspectivas
de una solución negociada siguen siendo muy remotas.
Tres países árabes: Arabia Saudí, Egipto y Marruecos.
La Liga árabe, fundada en 1945 con seis miembros, cuenta en 2013 con veintidós,
incluidas Palestina, que no es un Estado soberano pero tiene el pleno reconocimiento
de los países árabes, y Siria, cuya participación en la Liga fue suspendida en 2011
como respuesta a la violenta represión de las protestas populares por el régimen de
al Assad y la consiguiente guerra civil. Todos los miembros de la Liga incluyen al
árabe entre sus lenguas oficiales, pero sólo dieciocho de ellos son mayoritariamente
de lengua árabe. Analizaremos en este apartado la historia reciente de tres estados:
Arabia Saudí, cuna del Islam, Egipto, el más poblado de los países árabes, y Marruecos,
nuestro vecino del Sur.
Arabia Saudí: petróleo e integrismo
Arabia Saudí es un país singular incluso por su propia denominación oficial, adoptada
en 1932, que alude a la dinastía reinante, la casa de Saud, que se hizo con el
control de su territorio en las primeras décadas del siglo XX. Es también singular
por sus gigantescos recursos petroleros, pues sus reservas se estiman en un 20%
del total mundial, mientras que casi otro 40 % de ese total corresponde al resto de
los países ribereños del Golfo, especialmente Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos
y Kuwait.
Esta riqueza petrolera explica la estrecha relación entre Arabia Saudí y
los Estados Unidos de América, a partir del encuentro histórico entre el presidente
Franklin Roosevelt y el rey Ibn Saud, fundador de la dinastía, en febrero de 1945.
Sin embargo, la cultura saudí presenta un marcado contraste con los valores occidentales.
La ley obliga a todos los ciudadanos saudíes a abrazar la religión musulmana
y la imposición de unas costumbres supuestamente acordes con el Islam,
incluida la segregación estricta de las mujeres, se efectúa con un rigor que sólo fue
superado en el Afganistán de los talibán.
El integrismo saudí se remonta a los orígenes de la casa de Saud, un clan que
en el siglo XVIII selló una alianza con el predicador Ibn Abdel Wahhab, quien reclamaba
el retorno al Islam primigenio y la eliminación de todas aquellas costumbres y prácticas que aunque fueran tradicionales consideraba ajenas al Islam, como
la veneración hacia los santones.
De ahí la denominación de wahhabí que suele
aplicarse a la doctrina islamista dominante en el país, aunque los saudíes rechazan
esa denominación, porque en su opinión Wahhab se limitó a restablecer el Islam
original.
Los recursos generados por el petróleo permitieron a los saudíes exportar
a partir de los años setenta su visión del Islam al conjunto del mundo musulmán, a
través de la fundación de mezquitas, el envío de predicadores y la acogida de estudiantes,
contribuyendo así al auge del islamismo integrista.
La invasión iraquí de Kuwait en 1990 generó, sin embargo, una cadena de reacciones
que condujo al repudio del régimen saudí por parte de los sectores islamistas
más radicales.
Frente a la amenaza que suponía Saddam Hussein, los gobernantes
saudíes permitieron el despliegue de fuerzas americanas en su territorio, el más sagrado
del Islam, y apoyaron el ataque occidental contra un país musulmán como
era Irak.
El lujoso tren de vida de los príncipes saudíes se prestaba también a las
críticas de los islamistas radicales.
El mensaje de Bin Laden, basado en la oposición
a Occidente, en la crítica a la corrupción e incompetencia de los líderes saudíes y
de los demás gobernantes árabes, y en la denuncia del sufrimiento de los palestinos,
tuvo una buena acogida en el país: según una encuesta de 2003 casi la mitad de la
población compartía esas críticas.
Pero los atentados terroristas que se produjeron
en la propia Arabia Saudí generaron posteriormente un gran rechazo entre los ciudadanos
y Al Qaeda no representa ya una amenaza para la Casa de Saud.
La riqueza petrolera ha conducido a un gran aumento del nivel de vida en este
país, que hace medio siglo era pobre y atrasado y hoy goza de un índice de desarrollo
humano elevado, como hemos visto en la tabla correspondiente. No se ha logrado,
sin embargo, impulsar otras ramas de la economía, por lo que la prosperidad
está ligada directamente a las fluctuaciones del precio del petróleo. Por otra parte,
la economía saudí depende mucho del trabajo de los inmigrantes extranjeros, mientras
que muchos saudíes prefieren vivir de las rentas.
El sistema político no favorece las reformas ni la participación ciudadana, pues
aunque se han dado algunas tímidas muestras de apertura, como la formación de
una asamblea consultiva, no elegida sino designada, el poder sigue concentrado en
manos de la familia reinante. Desde la muerte del fundador Ibn Saud en 1953, todos
sus sucesores han sido hijos suyos, que obviamente han llegado al trono a una edad
cada vez más avanzada, y los principales puestos del gobierno vienen siendo ocupados
por otros príncipes de la Casa de Saud.
Egipto: el régimen de Mubarak.
Egipto es el país árabe más poblado, ocupa una posición geoestratégica crucial,
controla el canal de Suez y ha ejercido tradicionalmente una gran influencia política
en su entorno. Se trata de un país de desarrollo medio, que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico significativo aunque no espectacular, en el que
la pobreza sigue teniendo una presencia importante pero en el que ha habido un
progreso social indiscutible: en treinta años la esperanza de vida ha aumentado de
cincuenta a más de setenta años. Durante la larga presidencia de Hosni Mubarak
(1981-2011), su régimen político era autoritario pero toleraba cierto pluralismo.
Se
celebraban elecciones, a las que se presentaban varios partidos, pero el partido del
régimen obtenía siempre una mayoría abrumadora.
El origen ese régimen está en el golpe militar que derribó a la monarquía en
Dos años después uno de los protagonistas del golpe, Gamal Abdel Nasser,
se convirtió en presidente de la República y estableció un partido único, la Unión
Socialista Árabe. La orientación política de Nasser se basaba en el nacionalismo
árabe, en el intervencionismo estatal y en un acercamiento a la Unión Soviética.
La
oposición islamista de los Hermanos Musulmanes, una organización fundada en
1928, fue duramente reprimida, pero el régimen de Nasser nunca pretendió establecer
un control absoluto de la sociedad, como lo hicieron las dictaduras del partido
Baaz en Irak y Siria.
A su muerte, en 1970, le sucedió el entonces vicepresidente Anuar el Sadat, quien
en los años siguientes impulsó un cambio de orientación. Cesó la cooperación con
la Unión Soviética, se produjo un acercamiento a Estados Unidos, se liberalizó la
economía, se impulsó la islamización de la cultura y las costumbres, se proclamó la
sharía como fuente principal de la legislación y cesó la persecución de los Hermanos
Musulmanes.
En sustitución del antiguo partido único, se fundó el Partido Nacional
Democrático, de centro-derecha, y se autorizó el funcionamiento de otros partidos,
algunos de ellos procedentes de la izquierda nasserista. En 1978 Egipto fue el primer
país árabe que firmó la paz con Israel. Tres años después, en 1981, Sadat fue asesinado
por un grupo yihadí y le sucedió el vicepresidente Hosni Mubarak.
Mubarak, como antes Sadat, permitió la existencia de una prensa libre, que a
menudo denunciaba escándalos de corrupción, y de unos partidos políticos minoritarios.
Toleraba a los Hermanos Musulmanes, que no fueron reconocidos como
partido político, pero a los que se permitía una intensa actividad religiosa y social
e incluso podían presentar candidatos a las elecciones. Los límites del pluralismo
eran, sin embargo, estrictos y un poderoso aparato de seguridad se encargaba de reprimir
cualquier amenaza a la estabilidad del régimen, que se veía además facilitada
por la desmovilización política de la gran mayoría de la población.
La tasa de abstención
electoral era muy elevada y la política consistía fundamentalmente en un
intercambio de favores, para el que el partido oficial contaba con muchos más recursos
que los débiles partidos de la oposición.
La corrupción estaba muy generalizada
en todos los ámbitos de la vida: la policía cobraba por no imponer multas y
los alumnos sacaban mejores notas en la escuela pública, gratuita, si acudían a las
lecciones privadas, de pago, que impartían sus propios profesores.
La amenaza del terrorismo yihadí, responsable de la muerte de Sadat, fue eliminada
por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, la islamización de las cosel propio régimen. En las elecciones parlamentarias de 2005 los Hermanos Musulmanes
obtuvieron su mejor resultado hasta entonces, con un 20% de los escaños,
mientras que Mubarak obtuvo casi el 90% de los votos en las elecciones presidenciales.
Tras ellas, su más inmediato rival, candidato de un pequeño partido laico,
fue encarcelado bajo una acusación de delito económico, un incidente revelador
de que el régimen no se encaminaba hacia la liberalización. Nada parecía indicar,
a la altura de 2011, que el régimen no fuera a mantenerse, incluso después de la
previsible retirada del ya anciano Mubarak. Las protestas de la primavera árabe lo
evitaron.
Marruecos: monarquía y pluralismo.
Además de Arabia Saudí y de los emiratos petroleros del Golfo, subsisten en el
mundo árabe otras dos monarquías, las de Jordania y Marruecos. Ambas se caracterizan
porque se ha consolidado en ellas cierto grado de pluralismo político, aunque
el poder de decisión permanece firmemente en manos de la corona.
A diferencia de lo que ocurría en Egipto y en otras repúblicas árabes, la monarquía marroquí no se
apoya en un partido del régimen, sino que los gobiernos suelen integrar a diversos
partidos, al tiempo que incluyen a algunos ministros directamente ligados a la corona.
Aunque no se trata de una democracia, el sistema político marroquí es uno de
los más libres del mundo árabe. Su política exterior se ha caracterizado siempre por
las buenas relaciones con Occidente y sobre todo con Estados Unidos.
Su nivel económico es el de un país de desarrollo medio, que ha tenido en los
últimos años un crecimiento significativo, pero que se encuentra atrasado respecto
a otros países árabes. El atraso es particularmente marcado en el campo de la educación,
largo tiempo descuidada, de manera que a comienzos del siglo XXI casi la
mitad de los ciudadanos adultos eran analfabetos, un porcentaje bastante más elevado
que el de países como Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto y Argelia.
Sin embargo,
el incremento de la esperanza de vida, que en el transcurso de treinta años
ha pasado de 52 a 72 años, prueba el avance del país.
La etapa colonial duró menos de medio siglo. En 1912 Marruecos quedó sometido
al protectorado de Francia –en la mayor parte de su territorio– y de España
–en la región septentrional ribereña del Mediterráneo–, y la independencia se
produjo en 1956.
Desde entonces tres monarcas se han sucedido en la jefatura del
Estado: Mohamed V, el líder de la independencia, fallecido en 1961; su hijo Hassan II,
un hábil político que logró sobrevivir a diversas conspiraciones contra la monarquía,
y Mohamed VI, que sucedió a su padre cuando éste falleció en 1999. La consolidación
de la monarquía en Marruecos no ha sido fácil, a pesar del prestigio que a la
dinastía alauí le da su tradición secular.
En la etapa del protectorado se habían sucedido
las insurrecciones armadas y en las primeras décadas de la independencia hubo también diversas rebeliones y conspiraciones, las más peligrosas de las cuales fueron protagonizadas por mandos militares.
La monarquía podía haber caído en Marruecos, como ocurrió en Túnez, Egipto,
Irak e Irán, pero Hassan II logró evitarlo gracias a una sutil política que combinaba
la captación con la represión.
La etapa más difícil se produjo en los primeros años
setenta, en los que Hassan II sobrevivió a dos intentos sucesivos de golpe militar.
La dureza de la represión hizo que aquella época se recuerde hoy como “los años
de plomo”. La “marcha verde” de 1975, que condujo a la ocupación marroquí del
Sahara occidental, hasta entonces bajo dominio colonial español, fue un éxito para
Hassan II, quien obtuvo una gran popularidad basada en la movilización del sentimiento
nacional. Fue, sin embargo, el inicio de una larga guerra contra las guerrillas
independentistas del Frente Polisario, apoyado por Argelia. En 1991 se llegó a un
acuerdo de alto el fuego, pero el conflicto todavía no ha hallado una solución aceptable
para todas las partes implicadas.
Tras el fin de la Guerra Fría, en la que Rabat había sido un firme aliado de Occidente,
el régimen de Hassan II comenzó a ser criticado por la opinión internacional,
debido a sus deficiencias en materia de derechos humanos, las críticas que se
abrieron paso también en el interior del país. Al igual que en el conjunto del mundo
musulmán, se produjo también un auge del islamismo, cuya principal organización
de masas, Justicia y Beneficencia, fue fundada en 1987.
Hassan II respondió a la
nueva situación con una limitada apertura, que condujo a la liberación de presos
políticos, al retorno de exiliados y a una reforma constitucional que en 1993 afirmó
los derechos humanos.
El joven rey Mohamed VI despertó grandes esperanzas al acceder al trono en
La formación de una comisión encargada de investigar los excesos represivos
de los “años de plomo” anunció una etapa de mayor apertura. La prensa es ahora
más libre, aunque diversas sanciones contra publicaciones críticas han marcado los
límites de la libertad de expresión. La reforma del código de la familia otorgó en
2004 mayores derechos a la mujer, en contra de la opinión islamista. El terrorismo
yihadí ha protagonizado algunos atentados sangrientos, pero ha sido frenado antes
de que se convirtiera en una amenaza tan grave como en otros países árabes. Ha
crecido, en cambio, el islamismo moderado dispuesto a aceptar la monarquía marroquí
y ésta no ha tenido dificultades para mantenerse durante las protestas de la
primavera árabe, que tuvieron una escasa incidencia en el país.
26. La primavera árabe y sus consecuencias.
En diciembre de 2010 un joven tunecino que se había sentido humillado por la policía
se prendió fuego como protesta y murió a los pocos días. Ese fue el origen de
una campaña de manifestaciones masivas contra el régimen dictatorial de Zine Ben
Ali, que provocaron su caída en enero de 2011. El ejemplo tunecino cundió a toda velocidad por los países árabes, en muchos de los cuales se produjeron grandes movimientos
de protesta, especialmente en Egipto, donde los manifestantes ocuparon
durante semanas la plaza de Tahrir, en el Cairo, hasta que Mubarak, abandonado
por la cúpula militar, se vio forzado a dimitir en marzo de 2011. La analogía con las
protestas que en 1989 provocaron el hundimiento del régimen comunista en los países
de Europa centro-oriental, e incluso con la oleada insurreccional que en 1848
afectó a buena parte de Europa, eran evidentes: el movimiento de protesta se propagaba
en cuestión de semanas de un país a otro.
Los acontecimientos de 1848 habían
sido calificados de primavera de los pueblos y muy pronto la expresión primavera
árabe hizo fortuna para referirse a los de 2011. Cabe recordar también que, a corto
plazo, los movimientos de 1848 fracasaron y que el triunfo del liberalismo en la
mayor parte de Europa no se consolidó hasta más de veinte años después. En la Europa
centro-oriental, en cambio, el desplazamiento del comunismo por la democracia
liberal y la economía de mercado fue un proceso muy rápido. En al caso de la primavera
árabe, su resultado sigue siendo incierto cuando acaba el año 2013.
Los acontecimientos de este tipo son impredecibles, pero una vez producidos
es posible analizar los factores que han contribuido a provocarlos. La causa de fondo
hay que buscarla en el descontento de amplios sectores de la población frente a
unos regímenes que se caracterizaban por el autoritarismo, la violación de los derechos
humanos y la corrupción. En el plano del desarrollo económico y humano,
hemos visto que en las últimas décadas se había producido un avance importante,
pero ello no había sido suficiente para satisfacer las ansias de mejora de la población.
En particular existía el problema de la escasez de empleo para la nueva generación,
muy numerosa debido a la elevada natalidad de veinte años antes, y hay que
añadir que una población con un elevado porcentaje de jóvenes suele ser más propensa
a las exigencias de cambio. La elevación de los precios de los alimentos que
se había producido entre 2007 y 2011 era otro factor importante de descontento,
dado que la alimentación sigue representando un elemento importante del presupuesto
familiar de los países árabes. Por último, las redes sociales de Internet favorecieron
la movilización, aunque hay que destacar que lo decisivo fue la presión en
la calle, en la que los manifestantes demostraron una y otra vez que estaban dispuestos
a arriesgar su libertad y su integridad física para derrocar a unos regímenes
odiados.
La respuesta de los distintos regímenes fue muy distinta. En algunos casos los
gobernantes trataron de dar respuesta, al menos parcial a las demandas de los manifestantes,
como ocurrió sobre todo en Marruecos, donde el rey promovió la redacción
de una nueva Constitución, más abierta aunque preserva el poder real, que
ha sido aprobada en referéndum en julio de 2011. En Túnez y en Egipto los dictadores
acabaron aislados cuando sectores influyentes, notoriamente la cúpula militar
egipcia, consideraron que su caída facilitaría el encauzamiento de las protestas.
En
Yemen, el proceso de cambio fue más prolongado y conflictivo, pero al final el régimen
también cedió; en noviembre de 2011 hubo un acuerdo con la oposición, en virtud del cual Alí Abdullah Saleh abandonó la presidencia que ostentaba desde
1990, para cedérsela a quien había sido su vicepresidente, quien fue el único candidato
en las elecciones presidenciales de 2012.
En Libia y en Siria, por el contrario,
sus respectivos dictadores, Muammar al Gaddafi y Bachir al Assad, se aferraron al
poder y no ofrecieron más respuesta que la represión, lo que precipitó a sus países
en la guerra civil. El apoyo aéreo occidental a los rebeldes facilitó la derrota de
Gaddafi en agosto de 2011 y en octubre fue capturado y asesinado.
Bachir al Assad
se mantiene en cambio en el poder, a costa de una mortífera guerra civil que ha provocado
desplazamientos masivos de población. Todo ello explica el muy distinto
número de víctimas mortales que la violencia política ha producido en cada país,
que a fines de 2013 se estima en casi 300 en Túnez, 1.700 en Egipto, 2.000 en
Yemen, 25.000 en Libia y 120.000 en Siria.
El futuro es incierto en casi todos los países que protagonizaron la primavera
árabe. En Túnez, el partido más votado en las elecciones constituyentes de octubre
2011 fue el islamista Ennadah, que obtuvo el 37% de los votos y formó un gobierno
de coalición. La protesta de la oposición laica ha conducido a una situación de crisis
política, que habrán de resolver las elecciones previstas para 2014.
En Libia, el triunfo de la rebelión apoyada por Occidente no ha conducido a la
estabilidad. Frente a la represión brutal desencadenada por Gaddafi, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adoptó en marzo de 2011 una resolución que autorizó
medidas para proteger a la población civil. Apoyándose en ella, Francia, Estados
Unidos y Gran Bretaña lanzaron una campaña de ataques aéreos que facilitaron
la victoria de los rebeldes. En 2012 se celebraron elecciones, pero el gobierno surgido
de ellas apenas controla la situación, que se caracteriza por la proliferación de
milicias armadas, varias de las cuales se han convertido en la autoridad más efectiva
del territorio que controlan.
En Egipto, tras la caída de Mubarak, asumió el poder un consejo militar, que
convocó elecciones presidenciales en 2012. Los candidatos de la oposición laica
fueron derrotados en la primera vuelta y a la segunda sólo pasaron el candidato apoyado
por los militares y el de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, que
había obtenido el 24% de los votos en la primera vuelta y triunfó en la segunda con
el 51%. La orientación marcadamente islamista de su política provocó un fuerte rechazo
y en junio de 2013 se produjeron masivas manifestaciones en su contra, hasta
que el 3 de julio un golpe militar le derrocó. Las protestas en la calle de los Hermanos
Musulmanes han sido disueltas con gran violencia, sus líderes han sido encarcelados
y la posibilidad de que el proceso de cambio culmine en una democracia
son escasas.
En Yemen, uno de los países árabes menos desarrollados, el nuevo presidente
ha impulsado el diálogo con la oposición y están previstas elecciones parlamentarias
en 2014.
El territorio yemení es el foco de actuación de Al Qaeda en la Península
Arábica, contra la que Estados Unidos ha lanzado diversos ataques con aviones no
tripulados, pero la amenaza que representa es limitada.
Siria ha sido el país donde más trágica ha sido la evolución a partir del inicio de las
protestas en 2011. El actual régimen sirio nació de un golpe militar que en 1970 dio
el poder a Hafez al Assad, líder de una de las facciones del Partido Baaz, de orientación
panarabista y de izquierda, quien mantuvo un férreo control del poder hasta su fallecimiento
treinta años después. En 2000 le sucedió su hijo Bachir. Los puestos clave del
régimen, incluida la cúpula de las fuerzas armadas, los ocupan los miembros del grupo
religioso al que pertenecen los Assad, el grupo alauí cercano al Islam chií, a pesar de
que la mayoría de los sirios son musulmanes sunníes. Las protestas de 2011 no tuvieron,
sin embargo, una motivación religiosa, sino cívica: al igual que en otros países árabes
la movilización popular se dirigió contra un gobierno autoritario y corrupto.
La violencia de la represión condujo a que las protestas se convirtieran en una
revuelta armada, de carácter básicamente sunní. Los intentos de adoptar sanciones
contra al Assad en el Consejo de Seguridad fracasaron ante la oposición de Rusia,
tradicional protectora del régimen sirio. Una posible intervención militar, como la
que acabó con el régimen de Gaddafi, presentaba demasiadas dificultades y resulta
menos atractiva para Occidente desde que los yihadíes han cobrado protagonismo
en las filas rebeldes. El régimen ha contado en cambio con el apoyo de Irán.
En
agosto de 2013 las fuerzas del régimen lanzaron un ataque con misiles cargados de
gas sarín contra un barrio de Damasco ocupado por los rebeldes, causando centenares
de víctimas, en su gran mayoría civiles. Ello abrió la posibilidad de una represalia
militar por parte de Estados Unidos, pero la tensión ha disminuido tras
haber aceptado al Assad la destrucción verificada de su arsenal químico. Las posibilidades
de una solución negociada parecen escasas y el balance, cuando acaba
2013, es de 120.000 muertos, más de dos millones de refugiados en los países vecinos,
un desastre humanitario y un país dividido.
27. Turquía: democracia, islamismo y autoritarismo.
Turquía e Irán, la antigua Persia, son dos países musulmanes, pero no árabes, que
se encuentran entre las mayores potencias del Oriente Medio. Ambos tienen un extenso
territorio, una población importante, un nivel de desarrollo medio y han experimentado
en las últimas décadas un progreso significativo, visible en el aumento
de la esperanza de vida. Sin embargo, las diferencias entre ambos países son también
grandes. En Irán se instauró en 1979 un régimen islamista autoritario, cuyos
líderes han destacado por su retórica antioccidental, mientras que Turquía es un
aliado tradicional de Occidente, que se integró en la OTAN en 1951, mantiene un
sistema democrático, aunque no plenamente libre, y ha sido gobernada desde 2002
por un partido islamista moderado, lo que ha supuesto una ruptura con la orientación
laica que la república turca había adoptado desde su fundación.
Turquía optó por el laicismo y la occidentalización durante el régimen de Mustafá
Kemal Ataturk, fundador de la república, presidente desde 1923 hasta 1938 y desde entonces reverenciado como padre de la patria. A partir de 1945 el régimen turco se abrió al pluralismo político, pero su historia ha estado marcada por sucesivos
golpes militares en 1960, 1971 y 1980.
El golpe de 1980 se produjo en el contexto
de aguda crisis económica y de una extrema violencia política, protagonizada
por grupos de extrema izquierda y sobre todo de extrema derecha, que había causado
más de cinco mil muertos en los últimos años.
La cúpula militar asumió el poder político, disolvió el parlamento, detuvo a los principales líderes y prohibió
la actividad de la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales. Su objetivo
era restablecer el orden, crear un entorno favorable para la recuperación económica
y restablecer el predominio de los valores asociados a la figura de Kemal Ataturk.
En parte lo logró, al precio de graves violaciones de los derechos humanos, y en
1983 promovió el retorno a una forma de democracia controlada, mediante unas
elecciones parlamentarias a las que sólo pudieron concurrir partidos nuevos aceptados
por los militares.
Los resultados electorales no se ajustaron, sin embargo, a
sus expectativas. Un partido de centro-derecha encabezado por Turgut Ozal obtuvo
el 45% de los votos y mayoría absoluta en el parlamento y uno de centro-izquierda
consiguió el 30%, mientras que el partido de derecha apoyado directamente por la
cúpula militar obtuvo sólo el 23%.
Turgut Ozal, un tecnócrata con buena preparación económica, fue presidente
del gobierno desde 1983 hasta 1989, fecha en que pasó a la presidencia de la República.
Bajo su mandato la economía turca se recuperó y el país retornó a la normalidad
democrática, aunque se produjo un nuevo estallido de violencia cuando un
partido kurdo, el PKK, desencadenó en 1984 una insurrección armada que provocaría
cerca de cuarenta mil muertes en los siguientes quince años.
Tras las elecciones
de 1991 se formó un gobierno de coalición presidido por el conservador Suleiman
Demirel, un veterano político que ya había gobernado en los años sesenta. Su gobierno
se vio mediatizado por presiones de la cúpula militar, que vetó en especial
cualquier tipo de concesión a las aspiraciones particularistas de la minoría kurda.
En 1993 Demirel asumió la presidencia de la República y cedió la jefatura del gobierno
a su colaboradora Tansu Çiller, una profesora universitaria formada en Estados
Unidos que se convirtió en la primera mujer que presidía un gobierno turco.
Dos años después, en 1995, las elecciones legislativas dieron por primera vez
la victoria relativa a un partido islamista, el Partido de la Prosperidad (Refah), que
obtuvo el 21% de los votos. El líder islamista Necmeddin Erbakar formó un gobierno
de coalición, con Çiller como vicepresidenta.
La cúpula militar no estaba,
sin embargo, dispuesta a aceptar un gobierno islamista y forzó su dimisión en 1997.
Al año siguiente la justicia disolvió el partido Refah, porque sus propósitos islamistas
eran contrarios a los principios de la República. Las elecciones de 1999 dieron
la victoria a los partidos laicos.
Los principios kemalistas en que se basaba la República implicaban una concepción
nacionalista que negaba la diversidad de la población turca.
Con excepción de las minúsculas minorías cristiana y judía, se esperaba que todos los ciudadanos fueran musulmanes, aunque la República fuera laica, y de lengua turca, aunque existiera una importante minoría de lengua kurda. En tales principios pervivía la tradición de un nacionalismo extremadamente agresivo que se desarrolló a comienzos
del siglo XX y que condujo al genocidio desencadenado contra la minoría armenia
en 1915, en plena guerra mundial, que causó cerca de un millón de muertes
y que sin embargo Turquía siempre se ha negado a reconocer.
Todavía hoy existe una discriminación respecto a dos minorías, una religiosa, la aleví, y otra étnica y
lingüística, la kurda.
Los alevíes, que posiblemente representen un 20% de la población total, son
una corriente religiosa lejanamente emparentada con el chiísmo, cuyos miembros
mantienen un perfil bajo y ocultan a veces su identidad religiosa, debido a la persecución
que tradicionalmente han sufrido.
En los años setenta y ochenta bastantes jóvenes alevíes se incorporaron a las organizaciones de la izquierda radical y ello
contribuyó a que la extrema derecha realizara diversos atentados contra su comunidad y a que el régimen militar de 1980 tratara de imponer su integración forzosa
en el Islam sunní.
La minoría kurda, cuya lengua pertenece a la familia indoeuropea y que habita
en las regiones montañosas del este de Turquía, tuvo durante décadas prohibido el
uso público de su lengua. Los militantes kurdos de extrema izquierda que integraban
el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) fueron represaliados por el régimen
militar de 1980, pero tras reorganizarse en el exilio, en Siria y Líbano, lanzaron
en 1984 una ofensiva guerrillera que se mantuvo durante quince años.
Bajo
el liderazgo de Abdullah Ocalan, a quien rendía un auténtico culto de la personalidad,
el PKK llegó a contar con decenas de miles de combatientes. La represión fue
muy dura, e incluyó el desplazamiento forzoso de millones de kurdos, que se vieron
obligados a abandonar sus aldeas para evitar que los guerrilleros pudieran encontrar
apoyo en ellas, y el asesinato de cientos de intelectuales y políticos kurdos por parte
de grupos vinculados a los servicios de seguridad.
La captura de Ocalan en 1999
supuso un duro revés para el PKK, que renunció a la lucha armada al año siguiente,
y aunque posteriormente se han producido algunos ataques violentos, la fase más
aguda del conflicto ha concluido.
Las elecciones de 2002 dieron el triunfo a un nuevo partido islamista moderado,
el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), dirigido por Recep Tayyip Erdogan, quien
en los años noventa, cuando militaba en Refah, fue alcalde de Estambul.
Erdogan revalidó su éxito en las elecciones de 2007, en las que su partido obtuvo el 46% de
los votos, gracias a una gestión en conjunto positiva. El crecimiento económico ha
alcanzado durante su gobierno unas tasas muy satisfactorias.
En política internacional Erdogan ha conseguido un éxito importante, al haber aceptado la Unión
Europea que en 2005 se iniciaran negociaciones para un eventual ingreso de Turquía,
que se podría convertir en el primer país musulmán de la UE. Las dificultades
para que ello ocurra son, sin embargo, grandes, ya que su ingreso encuentra fuerte
oposición en varios países europeos, incluida Alemania y Francia. Para incorporarse a la UE, Turquía debería mejorar en los campos de los derechos humanos, el respeto a
las minorías y la reducción de la influencia política de las fuerzas armadas, materias
en las que Erdogan ha impulsado avances significativos, pero, sin embargo, las
perspectivas de ingreso se van alejando.
En las elecciones parlamentarias de 2011, Justicia y Desarrollo ha logrado su tercer
triunfo consecutivo, lo que ha permitido a Erdogan mantenerse como presidente del
gobierno.
Por otra parte, aunque no se ha producido una imposición de los valores islámicos,
la oposición laica sigue temiendo que la moderación de Erdogan no sea más
que un disfraz temporal bajo el que se oculta un programa radical. Las perspectivas
de futuro son, pues, complejas, pero Turquía se halla ante una oportunidad de consolidar
su opción democrática, después de décadas de conflictos violentos.
28. La república islámica de Irán.
El auge general del islamismo, es decir del movimiento que pretende establecer un
gobierno basado en los supuestos principios originales del Islam, tuvo su primera
gran manifestación con la revolución iraní de 1979, que condujo a la caída de la
monarquía y al establecimiento de una república controlada por el clero chií y en
especial por el líder carismático de la revolución, el ayatollah Ruhollah Jomeini.
De acuerdo con la constitución aprobada ese mismo año de 1979, en la cúspide del
nuevo régimen se hallaba el guardián de la ley, posición que asumió el propio Jomeini,
mientras que un consejo de guardianes, no electivo, adquirió importantes
poderes para garantizar la orientación islámica de las leyes e instituciones.
El componentedemocrático de las instituciones iraníes, cuyo elemento esencial es el parlamento,
se ve limitado por la acción del consejo de guardianes, controlado por el
clero, que puede prohibir la participación de candidatos y vetar leyes.
Al triunfo revolucionario le siguió una fuerte represión, dirigida en primer término
contra los responsables del pasado régimen y muy pronto contra las fuerzas
políticas laicas que inicialmente habían apoyado la revolución. Los derechos de las
mujeres fueron reducidos y se les impuso un estricto código de vestimenta.
En el terreno internacional, el régimen de Jomeini adquirió una orientación antioccidental.
La guerra con Irak, iniciada por Saddam Hussein pero prolongada por la pretensión
iraní de provocar la caída del dictador iraquí, provocó cerca de doscientas mil muertes
en Irán y tuvo un gran coste económico.
Tras la muerte de Jomeini en 1989, el puesto de supremo guardián fue asumido
por Ali Jamenei, un clérigo de rango medio que carecía de la autoridad carismática
de su predecesor. Como presidente del gobierno fue elegido otro clérigo, Akbar
Hashemi Rafsajani, quien impulsó una política algo más pragmática. Se dio prioridad
a la recuperación de la economía, que atravesó una etapa de dificultades, y se
adoptó una política exterior menos dada a la confrontación. La política demográfica
experimentó un cambio radical, al abandonarse la anterior orientación natalista, que
dio paso a la promoción del control de la natalidad.
La situación de los derechos humanos no mejoró, pues los disidentes siguieron exponiéndose al encarcelamiento
e incluso a la condena a muerte, y en el exterior Irán siguió tratando de impulsar el
islamismo mediante el apoyo a grupos radicales, como la organización chií libanesa
Hezbolá, lo que supuso la implicación en actos terroristas.
En particular, el propio Rafsayani parece haber autorizado el atentado contra una mutualidad judía de Argentina,
que causó 85 muertos y centenares de heridos en 1994.
Las elecciones presidenciales de 1997 dieron la victoria a un clérigo de orientación
moderada, Mohamed Jatami. Durante sus dos mandatos presidenciales, pues en
2001 ganó de nuevo las elecciones, Jatami impulsó una política reformista, basada
en la liberalización interior y en la mejora de las relaciones internacionales de Irán.
Fue, por ejemplo, el primer líder mundial en proponer un “diálogo de civilizaciones”,
aunque esta disposición no le valió apoyo alguno por parte del presidente Bush, quien
en un discurso de 2002 incluyó a Irán, junto a Irak y Corea del Norte, en un supuesto
“eje del mal”.
Pero el principal problema que encontró la política reformista de Jatami
fue la oposición de los sectores más duros del régimen, que controlaban el consejo
de guardianes y tenían el apoyo del propio guardián supremo Ali Jamenei. El impulso
dado a la libertad de prensa, por ejemplo, se frustró porque los tribunales suspendieron
la publicación de periódicos reformistas. Las manifestaciones estudiantiles en favor
de las reformas fueron reprimidas y algunos destacados aliados de Jatami fueron encarcelados.
La esperanza de cambio que su triunfo había suscitado inicialmente en
amplios sectores de la sociedad dio paso a la decepción.
En las elecciones presidenciales de 2005, los sectores más conservadores promovieron
la candidatura de Mahmoud Ahmadinejad, por entonces alcalde de Teherán,
que no era clérigo y destacaba por su carisma personal, sus convicciones
islamistas y su estilo populista.
Su presidencia estuvo marcada por un nuevo radicalismo
en política exterior y por una política económica basada en la subvención
del consumo mediante los ingresos que proporciona la exportación del petróleo.
En
el plano interno los rasgos autoritarios del régimen se acentuaron y de nuevo se
aplicaron con rigor las disposiciones sobre la vestimenta femenina.
Por otra parte, los indicios de que el programa nuclear desarrollado en los últimos años por Irán
tiene por objetivo la construcción de armas atómicas y la negativa iraní a ofrecer
garantías al respecto condujeron a la adopción de sanciones económicas internacionales
que han perjudicado gravemente al país.
En 2009 Ahmadineyad triunfó en unas elecciones presidenciales que fueron denunciadas
como fraudulentas por la oposición, lo que dio lugar a importantes protestas
en la calle, que fueron severamente reprimidas. Las elecciones presidenciales
de 2013 han dado, sin embargo, el triunfo a un clérigo moderado, Hassan Rouhani,
que parece favorable a poner fin al prolongado enfrentamiento de Irán con Occidente.
El principio de acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos en torno al
tema más controvertido, el programa nuclear iraní, puede representar, si es que sale
adelante, el fin de ese enfrentamiento.
29. Sudáfrica del racismo a la democracia.
África subsahariana.
África es un gran continente de treinta millones de kilómetros cuadrados, es decir
el triple de extenso que Europa, con algo más de 1.000 millones de habitantes, repartidos
entre más de cincuenta Estados. Rara vez, sin embargo, se analiza el continente
en su conjunto. Egipto y el Magreb forman parte del mundo árabe e islámico
y cuando nos referimos a África pensamos sobre todo en las grandes extensiones
del mundo subsahariano, poblado mayoritariamente por etnias que hablan lenguas
pertenecientes a los grupos Níger-Congo y Nilo-Sahara, es decir por las gentes que
de manera poco precisa solemos designar como negros. La gran barrera desértica
del Sahara separa ambos mundos.
El África subsahariana es la región más joven del mundo (con un 24% de población
entre 15 y 24 años) y, aunque el nivel de desarrollo humano sigue siendo
muy precario en muchos de sus países, en la última década se atisban signos de progreso
en el ámbito económico, la lucha contra la pobreza extrema, la mortalidad
infantil o la educación y se constata un retroceso de la violencia por conflictos armados.
Ya no puede caracterizarse al subcontinente en su conjunto como una zona
atrapada en el círculo vicioso de la guerra y la pobreza. Hoy la realidad continental
es mucho más heterogénea. Aunque hay Estados fallidos y muchos países permanecen
atrapados en el autoritarismo patrimonialista o sufren regímenes híbridos, en
contraste, algunos prosperan como regímenes democráticos. Casi todos, sin embargo,
siguen necesitando un mejor reparto de la riqueza y sobre todo mayor eficacia
y probidad en sus instituciones estatales, atenazadas por el clientelismo y la corrupción.
La demografía
El África subsahariana, poblada por 850 millones de personas, se caracteriza por
un fuerte crecimiento demográfico, como resultado de una elevada tasa de fecundidad
(casi cinco hijos por mujer de media regional), que, sin embargo, está en descenso,
y por una esperanza de vida media muy reducida, 56 años. En el cuadro 11.1
aparecen los datos demográficos de aquellos países subsaharianos que tienen más
de veintidós millones de habitantes. Puesto que existen dos países que se denominan
Congo, hay que precisar que el mencionado en los cuadros del tema es la República
Democrática del Congo, es decir el antiguo Zaire, que tiene por capital a Kinshasa,
y no la República del Congo, que tiene por capital a Brazzaville.
En los últimos treinta años el crecimiento demográfico de los países subsaharianos
ha sido muy elevado, con una tasa anual que se sitúa en el 2,5%, es decir
tres o cuatro veces mayor que la tasa española, aunque se espera que esta tendencia
se frene en las próximas décadas. Aun así, el conjunto del continente africano, que
representaba el 10% de la población mundial en 1950, podría constituir el 20% en
2050 (2.000 millones). Esto se debe, como se ha dicho, a la alta tasa de fecundidad
(4,8 hijos por mujer), que es aún más elevada en las áreas rurales más pobres y en
países como Uganda y Zambia (más de 6) o Níger (7 hijos). Faltan programas estatales
para promover el control de la natalidad (menos del 20% de la población
usa métodos anticonceptivos modernos) y las costumbres sociales siguen siendo
favorables a las familias numerosas. Con la excepción de algunos países, como Sudáfrica,
donde en los últimos treinta años se ha producido una reducción notable de
la fecundidad, la tendencia ha sido un descenso mucho más lento que en otras regiones;
de hecho en algunos países, como el Congo, apenas se ha producido.
La caída de la mortalidad también está siendo lenta. En los años setenta del
siglo XX la esperanza de vida se situaba entre los cuarenta años de Mozambique y
los poco más de cincuenta de Sudáfrica y Kenia. Si durante los treinta años siguientes
aumentó considerablemente en casi todos los países del mundo, la mejora fue
más débil en África, aunque se ha acelerado en la última década, con una subida
media de ocho años. En 2012 la esperanza de vida de los principales países subsaharianos
oscilaba entre los 48 años de Congo, donde el progreso ha sido mínimo,
y los casi 66 de Madagascar. Entre los países más poblados, han experimentado
mayor incremento en las últimas décadas Ghana, Madagascar, Sudán y Etiopía, que
partían de un nivel muy bajo. En cambio llama la atención los exiguos progresos
hechos en Sudáfrica, Kenia o Uganda.
Estos resultados tan pobres en la lucha contra la mortalidad se deben al escaso
desarrollo de la atención sanitaria, a los problemas de nutrición y en particular al
devastador impacto del sida. La tasa de mortalidad materna es muy alta, agudizada
en muchos países por la temprana edad de matrimonio. Lo mismo ocurre con la
mortalidad infantil: por cada 1.000 nacidos vivos, mueren 122 antes de los cinco
años. Según cifras de Naciones Unidas, la ingesta diaria de alimentos en el subcontinente estaba por debajo de las 2.000 kilocalorías en ocho países, con las peores
cifras en Congo y Eritrea. Más de uno de cada cuatro subsaharianos (unos 223 millones
de personas) no ingiere las calorías necesarias para mantener una vida sana
y productiva. Como media, en el conjunto del subcontinente se ingieren unas 250
calorías menos de las necesarias. La prevalencia de anemia y de déficit de vitamina
A en el periodo 1993-2005 fue del 67% de la población. Este legado de hambre durante
décadas, además de obstaculizar el crecimiento infantil, incrementa enfermedades,
mortalidad y discapacidad, inflando los costes sanitarios y dañando la
economía y el tejido social: los individuos mal alimentados son menos productivos
y menos receptivos a aprender y a defender sus derechos.
Con respecto al sida, los países subsaharianos han sido los más afectados por
la epidemia. Concentran el 70% de los casos registrados en el mundo, es decir, unos
25 millones de africanos son seropositivos. En particular, sólo el efecto del sida explica
el estancamiento de la esperanza de vida en Sudáfrica. En los últimos años la
epidemia se ha estabilizado y la ratio de prevalencia ha caído del 5,8% de adultos
en 2001 al 4,7%. El número de nuevos infectados al año ha bajado de 2,6 millones
a 1,6 millones y han aumentado las personas con tratamiento, de 50.000 en 2002 a
7,5 millones en 2012. Sin embargo, su impacto sigue siendo gravísimo, porque sólo
se cubre con tratamiento al 62% de los infectados, a pesar del esfuerzo de la ayuda
internacional y de los gobiernos, cada vez más comprometidos en el problema. Incide
sobre todo en la población joven, que se halla en los años más activos de su
vida, y deja por tanto muchos huérfanos. Una peculiaridad africana es su prevalencia en mujeres (4 infectadas por cada 1,6 hombres), hasta el punto de que tres cuartas
partes de las mujeres afectadas en todo el mundo son africanas. En parte, la situación
es el resultado de las deficiencias higiénicas y sanitarias, que aumentan el riesgo
de contagio por vía sexual de las mujeres, y en parte, de la sumisión sexual que sufren
muchas africanas. Los conflictos armados también han contribuido a la extensión
de la enfermedad debido a las numerosas violaciones cometidas por los
combatientes. Además, la falta de recursos económicos ha dificultado la lucha contra
esta pandemia y la difusión de los preservativos se ha visto frenada por la hostilidad
de algunos grupos religiosos y líderes políticos, que se han negado durante
años a admitir la evidencia científica de que se trata de una enfermedad de transmisión
sexual.
La otra característica de la demografía subsahariana es que la mayoría de la población
habita en áreas rurales, pero se observa una creciente tasa de urbanización.
Se prevé que el porcentaje de población urbana pase del 40 al 60% en los próximos
quince años (de 300 a 750 millones de personas) y que casi la mitad sean pobres.
En 2013, Lagos (Nigeria) ya sobrepasa a El Cairo como la ciudad más poblada de
África.
La economía.
El África subsahariana tiene un peso mínimo en la economía mundial. Representa
en torno al 2% del Producto Mundial Bruto, aunque se están revisando al alza las
cifras de muchos países conforme mejora la calidad de sus estadísticas. Hasta hace
pocos años, el continente parecía haber quedado casi por completo al margen de la
globalización que había impulsado los intercambios en muchas otras áreas del planeta.
La gran potencia económica subsahariana es Sudáfrica, pero su PIB, medido
según el tipo de cambio de su moneda, aún representa poco más de una quinta parte
del español. En cuanto al PIB de la región por habitante, que es mejor medir según
la paridad de poder adquisitivo, en la mayoría de los países aún se sitúa en niveles
muy bajos, en torno a mil o dos mil dólares, mientras que en Sudáfrica casi alcanza
los diez mil.
A partir de la grave crisis económica continental de los años ochenta, las instituciones
económicas promovieron la adopción de políticas de ajuste del gasto público
y de liberalización económica, lo que ha llevado a que el índice de libertad
económica en la región esté hoy a niveles medios o incluso altos, como ocurre en
los casos de Sudáfrica, Kenia y Uganda. Las medidas de liberalización en principio
no impulsaron un despegue económico y en algunos países se hicieron impopulares
debido a la reducción del gasto público que implicaban. Por otra parte, la inestabilidad
política, el débil imperio de la ley y el peso de una burocracia corrupta e ineficaz
han seguido frenando la iniciativa empresarial, a lo que hay que añadir las
gravísimas deficiencias en todo tipo de infraestructuras.
Sin embargo, en los últimos quince años la situación parece estar cambiando
en algunos países, no sólo por la creciente demanda china de materias primas (petróleo
y minerales) y la subida de los precios de éstas y de algunos productos agrícolas,
sino porque el subcontinente se ha beneficiado de nuevos flujos de inversión
internacional directa, especialmente de China pero también de otros países. Algunos
Estados africanos (Ghana, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda) se han convertido
en mercados frontera, un término que los expertos financieros emplean para
denominar aquellos que, aun sin las garantías de los mercados emergentes (Brasil,
India, etc.), son capaces de generar altos beneficios y mostrar signos de crecimiento
sostenido y mejoras en la gobernanza económica. Además, el subcontinente ha recibido
buena parte del grueso de la ayuda internacional al desarrollo y se ha favorecido
de la condonación de los intereses de su abultada deuda externa a cambio de
inversiones en salud o educación. Poco a poco, la creciente urbanización (un incentivo
para las inversiones extranjeras), la tecnología (el 0,7% de población usaba
móviles en 2000, frente al 45% actual) y el incremento de ingresos han dinamizado
la economía en bastantes países al crecer la demanda interna y recogerse los beneficios
de las reformas económicas emprendidas.
La media anual de crecimiento del PIB de la región desde que comenzó el siglo
XXI ha sido del 5%, cuando en los noventa había sido del 2,2. Entre 2000-2010
seis países africanos han estado entre los de mayor incremento del PIB anual del
mundo: Angola 11% (por delante de China), Nigeria, Etiopía, Chad, Mozambique
y Ruanda, con cifras en torno al 8% (además de Uganda, Burkina Faso y Tanzania
entre el 6 y 7%) y se espera que en los próximos años este nivel se mantenga. En
2013 el crecimiento anual del PIB del continente se acercó al 6%. Es cierto que el
rápido incremento de la población se come buena parte de este acrecentamiento,
por lo que el PIB por habitante y año no aumenta al mismo ritmo. Aun así, esta última
variable ha experimentado desde 2000 un incremento de en torno al 3% en
países como Mozambique, Etiopía, Ghana, Tanzania, Uganda, Ruanda o Nigeria.
En algunos de ellos la gestión económica ha mejorado (con reformas fiscales y
control de la inflación) y sus gobiernos, con más ingresos gracias el crecimiento,
han sabido preservar reservas para tiempos de recesión (como Tanzania y Mozambique)
y hacer inversiones que se han traducido en desarrollo humano, como en la
democrática Ghana. En cambio, en regímenes autoritarios patrimonialistas como
Chad, Angola o Guinea Ecuatorial el crecimiento ha beneficiado básicamente a
las élites.
El panorama general es, sin embargo, muy heterogéneo. Algunos países se han
mantenido estancados durante mucho tiempo, como ha sido el caso de Kenia. Otros
muchos países incluso han retrocedido, como ha ocurrido con los afectados por los
últimos conflictos armados. Así es que siguen siendo numerosos los africanos que
forman parte de esos mil millones de pobres que viven en países con pocas perspectivas
de desarrollo, cuyas dificultades ha analizado Paul Collier en su libro El
club de la miseria.
La última crisis económica también ha golpeado al subcontinente, pero parece
que no tanto como a otras regiones más desarrolladas. La mayoría de los gobiernos
adoptó políticas adecuadas para minimizar su impacto: Sudáfrica hizo uso de sus
reservas de divisas, Nigeria rescató algunos bancos, mientras Uganda, Kenia y Tanzania
incrementaron el gasto público en infraestructuras para reactivar su economía.
Los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco de Desarrollo Africano)
triplicaron sus préstamos a la región, lo que permitió contar con financiación
anticíclica para hacer frente a la crisis. No obstante, puede haber dificultades si las
economías industriales del mundo más desarrollado no se recuperan y recortan más
su ayuda exterior, si la demanda de productos y la inversión directa de China no se
mantiene o si los precios de los alimentos siguen subiendo y la creación de empleo
no es suficiente para absorber el crecimiento demográfico.
Entre las tendencias más importantes de la economía africana a comienzos del
siglo XX hay que destacar el auge de la explotación de sus recursos minerales. África
alberga casi la mitad de las reservas mundiales de diamantes y oro, más ricos yacimientos
de uranio, cobre, plomo y minerales raros, como el coltán o el radio. Con
respecto al petróleo, algunos países subsaharianos, como Sudán, Nigeria y Angola,
eran ya importantes productores y exportadores desde hace décadas, pero últimamente
se han encontrado nuevos yacimientos, sobre todo en perforaciones submarinas
en las costas del golfo de Guinea. En la actualidad el principal productor
subsahariano sigue siendo Nigeria, seguida de Sudán, Angola y de Guinea Ecuatorial,
cuya industria petrolera acaba de despegar. Las exportaciones subsaharianas
se han visto favorecidas por la calidad de sus crudos, por el alza de precios que se produjo a comienzos del siglo XX, por el deseo occidental de diversificar sus suministros
energéticos y por el desarrollo de China, que se está convirtiendo en una
importante importadora. No se debe, sin embargo, exagerar el potencial petrolífero
del África subsahariana. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2012 la
región producía un 10,9% del petróleo mundial pero sus reservas se estiman en
menos del 5% del total mundial.
La economía regional depende en exceso del sector primario-extractivo (fundamental
también en países como Mozambique, Congo, Tanzania o Zambia, entre
otros) que, más allá de sus riesgos para la gobernabilidad, al fomentar la corrupción
y el clientelismo, genera pocos puestos de trabajo, es muy sensible a una bajada de
precios en el mercado mundial y no siempre proporciona altos ingresos fiscales,
porque muchos gobiernos (Zambia y Mozambique son ejemplos) ofrecen sustanciales
rebajas de impuestos a las multinacionales para atraer inversión extranjera;
sin contar con los casos en que los ingresos fiscales se utilizan en inversiones no
productivas o sirven, como se ha indicado, para enriquecer a las élites que hegemonizan
el poder político. Un ejemplo es Angola, donde el petróleo genera el 96%
de las exportaciones, que es el 81% de los ingresos estatales, pero sólo supone un
0,2% de los empleos. De ahí la importancia de una buena gobernanza de los recursos
naturales (como en Botsuana), que se trata de estimular con diversas iniciativas del
BM, el FMI y otros organismos.
Para que el subcontinente progrese es imprescindible una mayor diversificación
económica. Algunos países ya están en ese camino: en ocho de los doce que más
crecen, el sector extractivo ya no es tan esencial y empiezan a tener relevancia las
exportaciones de productos manufacturados o agrícolas, como en Etiopía, Uganda
o Kenia. De hecho el sector clave del África subsahariana es el agropecuario, que
sigue absorbiendo al grueso de la mano de obra en una región con un 60% de población
rural. El continente posee el 61% de las tierras potencialmente cultivables
del planeta, pero se cultivan menos de la mitad y su productividad es muy baja, con
una elevada actividad de subsistencia (el 85% del total) en la producción total y en
el empleo; incluso muchos países son importadores netos de alimentos o dependen
de la ayuda alimentaria. Siguen predominando las prácticas agrícolas tradicionales,
de manera que la vía para incrementar la cosecha ha sido hasta ahora extender el
área de cultivo a costa de bosques y pastos o sobreexplotar las tierras. La transformación
del sector, que apenas constituye el 15% de la riqueza del PIB africano, es
clave para el crecimiento económico del subcontinente (empleos, ingresos, reducción
de pobreza) y para su seguridad alimentaria, pues se siguen produciendo hambrunas
en las aún frecuentes crisis humanitarias provocadas por guerras o desastres
naturales, en especial sequías. Hay alimentos suficientes, sin embargo, millones de
africanos no pueden adquirirlos por falta de recursos o porque no consiguen comprarlos
o venderlos debido al escaso desarrollo de los mercados, las malas comunicaciones
y, por tanto, los altísimos costes de transporte. Además, durante décadas
las políticas de los gobiernos nacionales se concentraron en favorecer a las poblaciones urbanas con estrategias de industrialización dejando marginadas las áreas
rurales y el desarrollo agrario o penalizando la agricultura con tasas arbitrarias,
mientras beneficiaban con subsidios e incentivos a otros sectores. A ello hay que
añadir los efectos del proteccionismo agrario de muchos países desarrollados, al
dar ventajas a sus agricultores en el mercado internacional en perjuicio de regiones
como la subsahariana; más la volatilidad internacional de los precios de los alimentos,
que han entrado en el juego de la especulación bursátil mundial, como demostraron
las subidas de 2007-2008 y 2010-2011, con grave daño para la seguridad
alimentaria de muchos países. Estos factores se superponen a las condiciones sociales
locales de desigualdad, con derechos de propiedad consuetudinarios y comunitarios
poco seguros, muchos pobres sin tierra, de los cuales buena parte son
mujeres y trabajadores mal pagados, casi todos empleados sin cobertura legal; más
las dificultades de los desatendidos pequeños propietarios, por ejemplo para acceder
a créditos y seguros agrícolas, sobre todo si son mujeres.
Aun así se constatan avances. El sector crece de media anual entre el 2 y el 5%.
Siete de los quince países con mayor incremento de la producción agrícola en el
mundo son africanos: Angola, Guinea, Eritrea, Mozambique, Nigeria, Etiopía y
Burkina Faso. El potencial de cultivos clave (caña de azúcar, trigo, maíz, aceite de
palma y soja) es enorme, si bien se requieren inversiones para mejorar la gestión
agrícola y aplicar tecnologías más eficientes en el uso de los recursos (suelo, agua
y energía), mejores semillas y fertilizantes, infraestructuras (comunicaciones y agua)
y más regadíos. Mayor productividad aumentaría la oferta de alimentos y bajaría
su precio, además de disminuir la presión sobre los recursos. Una opción es atraer
y vender tierras a inversionistas extranjeros. Ya han comprando grandes compañías
y gobiernos a bajos precios: Corea del Sur, Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, India y
China (sólo en Congo ha adquirido 2,8 millones de hectáreas) así como agricultores
sudafricanos en países vecinos. Esta vía, sin embargo, puede poner en riesgo el acceso
a tierra, pastos, agua y trabajo de las comunidades locales y la biodiversidad
(por monocultivo y uso de pesticidas), además, no está claro si garantiza la seguridad
alimentaria o sólo los intereses de la agroindustria. Naciones Unidas y la Unión
Africana (Plan de Acción Nairobi 2011) ya han alertado de la necesidad de vigilar
la transparencia de los contratos de estas inversiones para que contribuyan al
desarrollo rural y a la sostenibilidad medioambiental.
Respecto al comercio, los principales socios de África, como clientes, inversores
y suministradores de ayuda, siguen siendo los países occidentales, sobre todo las
antiguas metrópolis coloniales, pero la gran novedad es el creciente papel de China.
El gigante asiático ha encontrado en África una fuente de aprovisionamiento en
productos energéticos y materias primas y un mercado para sus productos de consumo
a bajo precio. China ocupa el tercer puesto como inversor directo en la región
(detrás de EE. UU. y Francia) y, lo más importante, Pekín no condiciona su cooperación
oficial a objetivos socio-políticos, estrategias productivas o infraestructuras
básicas como hacen los países occidentales democráticos.
Hay que tener en cuenta que la dependencia regional de la ayuda externa al desarrollo
sigue siendo muy alta: para doce Estados del área supone el 85% del presupuesto
público anual, de ahí la capacidad de influencia de los donantes
internacionales. Se trata del principal flujo económico regional (78.500 millones
de dólares en 2011, según la OCDE) y casi dobla la cifra de inversiones extranjeras
directas (en torno a 38.000 en 2012 según el Banco Mundial).
El otro elemento económico relevante son las remesas de los migrantes africanos
(16 millones), la mayoría a otros países del subcontinente con más oportunidades
laborales (Sudáfrica, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria) y el resto a Oriente
Medio, Europa o Norteamérica, como los 250.000 sudaneses que trabajan en Arabia
Saudí o los 200.000 angoleños de Portugal. Los flujos de remesas generados han
aumentado mucho en los últimos veinte años, hasta alcanzar los 30.000 millones
en 2012, cifra que se acerca a la de la inversión exterior directa, con Nigeria, Kenia,
Sudán, Uganda y Senegal como principales receptores.
El bienestar social.
El Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que combina datos de esperanza de
vida, educación y PIB, sitúa a los países subsaharianos en los últimos lugares. Según
los datos correspondientes a 2013, de los 44 países clasificados como de desarrollo
humano bajo (es decir con un índice inferior a 0,536), 36 eran subsaharianos y copaban
(junto a Afganistán y Haití) las treinta últimas posiciones. La media para el
conjunto del África subsahariana es de 0,47 y los países más prósperos de la región
son, por este orden, Gabón, Botsuana, Sudáfrica y Namibia, con índices entre el
0,68 y el 0,63, frente al 0,94 de España. Casi la mitad de la población del África
subsahariana se encuentra en situación de pobreza extrema, con un poder adquisitivo
que no llega a 1,25 dólares por día. En las dos últimas décadas se han registrado
mejoras: el porcentaje de población en esa situación ha pasado del 57% en 1990, al
51% en 2005 y al 45% en 2012, pero por el alto crecimiento demográfico regional,
más personas han ingresado en la extrema pobreza (124 millones) que salido de
ella. La desigualdad de ingresos es bastante elevada y muy alta en el país más próspero
de la región, Sudáfrica, en donde se manifiestan todavía los efectos de largos
años de segregación racial. De los 91 millones de personas que se han incorporado
en los diez últimos años al mercado de trabajo, sólo 37 lo han hecho en el sector
formal.
El informe de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio para 2013 señala
que en la última década ha habido avances considerables en áreas clave. Destaca
la reducción de la población malnutrida. Ghana ha cumplido los objetivos y
algunos de los países de la costa atlántica están en camino de hacerlo.
También se constatan grandes progresos en la mortalidad infantil gracias a las innovaciones sanitarias
y la vacunación.
En Ruanda, por ejemplo, moría uno de cada cinco niños
en 1991 y sólo uno de cada veinte en 2011. Las muertes por malaria en el subcontinente
se han reducido un 30% y un 74% por sida. Otros datos positivos se refieren
a la paridad de género, la universalización de la educación primaria y el acceso a
agua potable. Se han empezado a poner en marcha programas de protección social
y algunos gobiernos están utilizando los Objetivos del Milenio como instrumento
de planificación.
A pesar ello, el África subsahariana es la región con el más alto Índice de Desigualdad
de Género (véase el capítulo 2): un 0,577 de media, por detrás de los países
árabes (0,555) y a una distancia enorme del país que encabeza el ranking, Holanda
(0,045), y de España (0,103). Este hecho perjudica gravemente la salida de la pobreza
extrema, tal como señalan los informes de Naciones Unidas, dado el papel
esencial de la mujer a la hora de romper la cadena de la desnutrición y la pobreza
a través de su influencia en las decisiones del hogar. Es esperanzador el avance de
la presencia femenina en los parlamentos africanos; las mujeres ocupan el 22% de
los puestos (la media en los países OCDE es del 25%) y desde 2000 han llegado a
la Presidencia de sus países Ellen Johnson-Sirleaf en Liberia, Joyce Banda en Malawi
y Aminata Touré en Senegal. Luisa Dias Diogo ya fue presidenta de gobierno
en Mozambique en 2004-2010.
El atraso en educación se refleja en bajas tasas de alfabetización. Casi dos tercios
de los adultos son analfabetos en Burkina Faso o Níger y en el conjunto del
África subsahariana lo son el 35%. Sin embargo, en la última década algunos países
han hecho un esfuerzo presupuestario importante, de manera que en la actualidad
la tasa bruta de matrícula en primaria para la región está entre el 90 y el 100% y en
secundaria en el 70%, aunque más de un tercio no acabará los estudios primarios.
La media de años de escolarización de los niños subsaharianos es de 4,5 años, de
los 9,2 esperables, y aún menor en las chicas. Las dotaciones de las escuelas siguen
siendo deficientes, con profesores mal formados y poco motivados.
Todavía muy pocos estudiantes concluyen los estudios equivalentes a secundaria y la enseñanza
universitaria es minoritaria (un 6,2% de matrícula) y de baja calidad.
El gasto público en salud representa un porcentaje bajo respecto a un PIB que
a su vez es muy bajo, lo que se traduce en una insuficiencia de recursos para hacer
frente a los problemas sanitarios de un continente muy afectado por las epidemias,
especialmente por el sida, como ya hemos visto.
Si en los países más desarrollados
hay 30 médicos por cada 10.000 personas, la media en África es de 2. La población
con acceso a agua potable en 2008 era del 60% (47% en áreas rurales) y sólo un
31% contaba con adecuados servicios sanitarios, 33% con acceso a electricidad,
18% a carreteras asfaltadas y 11% a internet, según datos del Banco Mundial.
Hay que señalar la dificultad de países de renta baja para recaudar impuestos, con una
base tributaria escasa, una fiscalidad débil sobre las multinacionales y un grado de
evasión fiscal enorme que se agrava con la corrupción.
La corrupción es un problema arduo en el África subsahariana, lo mismo que
en otros países poco desarrollados. Según las estimaciones de Transparencia Internacional,
en 2012 quince de los treinta países más corruptos del mundo eran subsaharianos,
con Somalia, Sudán, Chad, Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Congo y
Angola a la cabeza. La gran corrupción es protagonizada por los dirigentes políticos,
que cobran cuantiosas comisiones para la firma de contratos con compañías extranjeras
y en ocasiones derivan hacia sus cuentas bancarias parte de la ayuda exterior
recibida.
La falta de transparencia en la gestión del gasto público facilita la corrupción
y ésta se ve también favorecida por las extensas redes clientelares, a menudo
basadas en lazos étnicos, en las que se apoya el poder político. Desde hace unos
años el problema, que perjudica más a los más pobres, empieza a ser reconocido en
África. Se han lanzado campañas anticorrupción, pero su efectividad ha sido hasta
ahora muy limitada. Según el Afrobarómetro de 2013 las instituciones peor valoradas
eran la policía y la justicia.
Respecto a la delincuencia, aunque la documentación estadística de que se dispone
es escasa, hay indicios de que en los últimos años su incidencia ha aumentado.
La tasa de homicidio en algunos países (Costa de Marfil, Zambia, Uganda, Congo)
es muy elevada, lo mismo que en Sudáfrica, aunque menor que la de algunos países
centroamericanos. El rápido crecimiento de las ciudades, la escasez y corrupción
de las fuerzas policiales, la abundancia y la baratura de las armas de fuego, potenciada
por los conflictos armados, y la ineficacia de una justicia mal dotada son otros
tantos factores que contribuyen al auge de la criminalidad.
Corrupción y delincuencia se convierten a su vez en obstáculos para el desarrollo.
En resumen, la nueva vitalidad económica de la región ofrece bases para un
cierto optimismo respecto del futuro regional. Pero el crecimiento económico por
sí solo no resolverá su grave problema de desarrollo humano si no va acompañado
de políticas de salud, educación, nutrición, mejora de infraestructuras y servicios
(transporte, sanidad, energía) y una mayor calidad del gobierno y las instituciones.
La política.
La mayoría de los Estados africanos se convirtieron tras la descolonización en regímenes
de partido único o dictaduras militares, que ignoraban los derechos humanos,
perseguían a la oposición e impedían la alternancia política. La independencia
sólo se tradujo en la recuperación de la soberanía nacional, pero no en la democracia.
Además, en el contexto de la Guerra Fría, las potencias extranjeras no tuvieron
reparo en apoyar a las dictaduras más corruptas y represivas en función de sus intereses
estratégicos.
Así es que el recurso a la fuerza se convirtió en el principal
medio de acceder al poder y de mantenerse en él. Más de la mitad de los gobernantes
subsaharianos que perdieron el poder entre 1960 y 2003 lo hicieron como resultado
de un golpe o de una guerra, mientras que tan sólo el 10% lo hicieron por haber sido derrotados en unas elecciones. Hay que destacar que dieciocho de los diecinueve gobernantes que abandonaron el poder por este último motivo lo hicieron
después de 1990.
Antes de esa fecha en África era inimaginable que el cambio de gobernantes se produjera por la vía electoral. Hasta entonces el continente apenas había estado expuesto a la democracia. La sociedad civil era muy débil en casi todos los países y a menudo era ahogada por el Estado.
Por otra parte la etnicidad más que la división en clases sociales era el elemento central de la estructura social.
La oleada democratizadora que acompañó el final de la Guerra Fría se hizo
notar también en África. El cambio más espectacular se produjo en Sudáfrica, donde
una transición negociada hizo posible el paso de un régimen de brutal segregación
racial a una democracia multiétnica. Nelson Mandela, héroe de la lucha contra la
segregación, fue puesto en libertad en 1990 y cuatro años después ganó las primeras
elecciones basadas en un sufragio universal sin discriminación. En varios países,
empezando por Benin en 1990, los gobiernos, desacreditados por los malos resultados
económicos de la década anterior y presionados por protestas en la calle, aceptaron
negociar una transición mediante conferencias representativas de los distintos
sectores de la sociedad, sobre todo en los Estados francófonos. En pocos años, la
mayoría de los países subsaharianos habían adoptado, al menos parcialmente, los
principios democráticos. Desde entonces los medios de comunicación son más libres,
la sociedad civil tiene más posibilidades de organizarse, se celebran elecciones
multipartidistas y los parlamentos tienen un mayor papel. Pero, tras unos años esperanzadores,
a finales de los noventa se produjeron serios retrocesos, sobre todo
como consecuencia de guerras civiles. Esperanzadoramente, a partir de 2002 hubo
una cierta recuperación.
En los últimos siete años, sin embargo, apenas se han producido avances. El
autoritarismo patrimonialista y el clientelismo siguen arraigados en la cultura política
y pocos países subsaharianos pueden considerarse democracias plenas. En la
clasificación de Freedom House para 2013 que hace balance del año anterior, sólo
once Estados subsaharianos son considerados libres: Senegal, Sierra Leona, Ghana,
Benin, los tres del sur, Namibia, Botsuana y Sudáfrica, además de los pequeños Lesotho,
Cabo Verde, Santo Tomé-Príncipe y Mauricio. Si se suma su población, apenas
un 13% de los subsaharianos se podrían calificar como libres.
A pesar de los esfuerzos de la oposición, algunos líderes que llegaron al poder antes de la oleada democratizadora llevan casi treinta años gobernando, varios incluso más: José E. Dos Santos en Angola y Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial
desde 1979, Paul Biya de Camerún desde 1982, Yoweri Museveni de Uganda desde 1986 y Robert Mugabe en Zimbabue desde 1987. Veinte Estados africanos están clasificados como no libres, con varios de ellos ocupando los peores puestos en el
ranking de libertades civiles y derechos políticos: Eritrea, Guinea Ecuatorial, Somalia, Sudán y Chad.
Otros diecinueve países son considerados semilibres, la mayoría con regímenes híbridos.. Sólo la mitad de este grupo muestra signos de avances hacia la democracia. En la mayoría faltan instituciones estatales fuertes que protejan las libertades individuales e impidan el acoso a la oposición política y a la libertad de prensa.
Unos Ejecutivos que concentran un excesivo poder utilizan todos los mecanismos de la legalidad democrática a su disposición para debilitar las instituciones públicas que deberían controlarlos (legislativa y judicial, sobre todo), para eliminar restricciones constitucionales a sus mandatos y para obstaculizar comicios justos. Así es difícil derrotar a los partidos en el poder,
que suelen ganar las elecciones legislativas y presidenciales por márgenes abrumadores (un ejemplo es el Frelimo de Mozambique).
Las coyunturas electorales se convierten incluso en peligrosas para la estabilidad de los Estados porque destapan
conflictos latentes y dan pie a estallidos de violencia por alegaciones de fraude o por la resistencia de los derrotados a renunciar al poder. Los últimos ejemplos son Etiopía (2005), Kenia (2007), Zimbabue (2008) o Congo y Costa de Marfil (2011).
También es habitual que los líderes electos utilicen la maquinaria estatal para beneficiar los intereses económicos del grupo étnico al que pertenecen y excluir al resto: en Kenia, por ejemplo, el presidente Daniel Arp Moi favoreció a los Kalenjin
y sus dos sucesores a los Kikuy.
Ganó un militar reformista, el general Olusegun Obasanjo, que había protagonizado
una fallida transición a finales de los setenta, pero en sus dos mandatos
constitucionales (hasta 2007) gobernó como un autócrata. Los procesos electorales
convocados desde 1999 han sido cada vez menos justos y creíbles, siempre ganados
por el mismo partido aún en el gobierno. El actual presidente, Goodluck JoÁfrica
No son frecuentes las coaliciones y partidos interétnicos en países muy fragmentados
en los ámbitos étnico y religioso, con fronteras trazadas en la era colonial
sin tener en cuenta este factor. El recurso al clientelismo político (empleo no competitivo,
subsidios a la población urbana, etc.) para comprar apoyos es, además, una
pesada carga para los presupuestos estatales. Generalmente falta un sistema estable
de partidos políticos nacionales centralizados (como tienen Sudáfrica, Botsuana,
Mauricio) que facilite coaliciones interétnicas, una más fácil distribución de favores
a élites regionales y políticas sin poner en cuestión la autoridad del gobierno y la
cohesión interna, así como fuerzas armadas leales y más unificadas.
Otros elementos
decisivos son la calidad del liderazgo y la capacidad de negociación entre las élites,
sobre todo tras un golpe de Estado o conflicto armado (Sierra Leona, Liberia).
Un arquetipo de las dificultades de la democracia africana (Paul Collier habla
de “democrazy”, jugando con dos acepciones de crazy¸ loco y frustrado) es Nigeria.
Con gobiernos militares desde 1966, las primeras elecciones se celebraron en nathan, rige un país de estructura federal, pero siempre de precario equilibrio entre un norte musulmán muy pobre que desconfía de la preeminencia del sur cristiano,
más desarrollado gracias a su riqueza en petróleo, con graves problemas de seguridad
y sobre todo de corrupción. No hay partidos étnicamente mixtos y los recursos
del petróleo se utilizan para aplacar a las élites regionales, cuyos intereses
dominan sobre el general.
El contraejemplo de apertura y transparencia es Ghana, con elecciones justas y
pacíficas desde 1992 y un sistema bipartidista asentado. Allí el poder legislativo ha
desempeñado un papel político más relevante que en otros países. Una prensa y
sobre todo una radio libres han sido esenciales para denunciar problemas e irregularidades
contribuyendo a la transparencia en elecciones.
Las asociaciones y ONG de la sociedad civil, ayudadas por las nuevas tecnologías, ayudan a combatir la corrupción.
La diáspora emigrada ha tenido una influencia positiva, lo mismo que la madurez de los líderes políticos, que han aceptado resultados de las elecciones por muy ajustados que hayan sido los márgenes. Ocho partidos han firmado un código
de buena conducta y hay un compromiso gubernamental de transparencia en las industrias
extractivas para reducir la corrupción en la gestión de los ingresos públicos obtenidos del sector, que supone el principal reto democrático.
Probablemente también ha contado el aprendizaje de la experiencia de los países vecinos (han admitido
refugiados de las guerras civiles de Liberia y Costa de Marfil) y se beneficiaron de
que su compatriota Kofi Annan fuese secretario general de Naciones Unidas entre
1997 y 2006.
La repetición regular de elecciones multipartidistas por sí misma (todos los países
africanos las celebran menos Eritrea y Somalia) no está garantizando una rápida
maduración democrática, aunque cada vez más Estados están consiguiendo eludir
la inestabilidad política y la violencia y algunos están logrando gobiernos cada vez
más trasparentes y responsables, mayor respeto a los derechos y libertades individuales
y más justicia social. Según el Afrobarómentro 2008, las actitudes favorables
a la democracia como régimen preferible a cualquier otra forma de gobierno se
mantienen altas en casi todos los países desde 1999, con una media de un 70% en
el continente.
De hecho la población sigue determinada a resistir los abusos: en varios países
(Malawi, Zambia, Nigeria, Senegal) se ha impedido que los presidentes eliminaran
los límites temporales a su mandato. La sociedad civil se está reforzando, sobre
todo en países como Kenia y Nigeria, con activistas en pro de derechos humanos
y sociales cada vez más activos. Hay más medios de comunicación independientes
accesibles, las nuevas tecnologías de la información permiten que los impedimentos
tradicionales de organización para grupos de oposición se vayan debilitando y las masas de ciudadanos, poco a poco más educados, son más conscientes de los intentos de engaño y manipulación política y más críticos con la
corrupción.
En consecuencia, el África subsahariana sigue muy por detrás de otros continentes
en democracia, con progresos lentos y en muchos casos inciertos, pero cabe esperar que la evolución en esa línea continúe.
Los conflictos armados.
Los países de la región tienen un presupuesto militar reducido en términos absolutos,
aunque en algunos casos es elevado en relación con el PIB. La media continental
es del 1,5% del PIB. Sudáfrica es, con gran diferencia, la principal potencia
militar subsahariana. Durante los últimos años parece haber una rebaja del gasto
militar, lo que a su vez refleja una tendencia a la disminución de los conflictos armados.
La principal misión de los ejércitos africanos desde la independencia no ha
sido la defensa de las fronteras exteriores de sus países, porque afortunadamente
ha habido relativamente pocas guerras internacionales, sino la participación en los
conflictos internos. En consecuencia, los conflictos armados, mayormente internos
aunque a veces con participación extranjera, han sido endémicos. Más de veinte
países se han visto afectados por guerras o insurrecciones graves en las dos últimas
décadas y la región ha acaparado el 90% de los conflictos bélicos mundiales. Esta
conflictividad está ligada a un bajo nivel de desarrollo.
Todo parece indicar que existe un círculo vicioso en el que el atraso económico, la incapacidad de los estados
para promover el desarrollo y la aparición de conflictos se refuerzan mutuamente,
como ya se ha explicado en un capítulo anterior, que también analiza las características
de las guerras africanas actuales: enfrentamientos entre grupos rivales por
el control del poder político, que a su vez constituye la fuente más rápida de enriquecimiento,
a menudo con un componente étnico.
De hecho, muchas de las guerras civiles han comenzado con la rebelión de grupos discriminados o excluidos políticamente.
El período de conflictividad más grave fue el de los años noventa, porque desde
comienzos del siglo XXI su incidencia se ha reducido de forma considerable. Las
guerras más cruentas fueron en parte una herencia de la Guerra Fría. Angola y Mozambique,
tras su independencia de Portugal en 1975, cayeron en una inacabable
etapa de guerra civil en la que se enfrentaron gobiernos marxistas y rebeldes antimarxistas,
respaldados respectivamente hasta 1991 por distintos países de ambos
bloques: Cuba y Sudáfrica, sobre todo. A medida que los conflictos se prolongaron,
sus aspectos ideológicos se atenuaron y la lucha descarnada por el poder entre dirigentes
políticos rivales se convirtió en lo fundamental, sin descartar la importancia
que adquirió el control de ciertos recursos económicos, como las minas de diamantes
de Angola. En Mozambique se llegó a un acuerdo definitivo de paz en 1992,
pero en Angola la guerra continuó hasta 2002. Las muertes sólo en acciones bélicas
directas fueron unas 140.000 en cada país.
otro gran conflicto enfrentó a etíopes
y eritreos, en la zona más pobre del planeta entonces. Etiopía vivía desde 1977 bajo
el brutal régimen comunista de Mengistu Hailé Mariam, apoyado primero por la
URSS y luego por Cuba. Eritrea, una antigua colonia italiana incorporada a Etiopía
en 1952 por decisión de Naciones Unidas, luchaba por su autonomía contra Addis
Abeba desde hacía años.
Hasta 1991, cuando cayó el régimen de Mengistu, la represión,
la guerra civil, sequías y hambrunas devastaron Etiopía. En 1993, se reconoció la secesión eritrea, pero entre 1998 y 2000 ambos Estados se enfrentaron de nuevo por problemas fronterizos. El balance de muertos tras tantas crisis pudo superar
el millón.
Peor aún fue la suerte del otro país del llamado Cuerno de África, Somalia, que
ya había disputado una guerra fronteriza con Etiopía en los setenta. En 1991, al caer
la dictadura que había controlado el país desde 1969, estalló un conflicto civil que
sumió al país en el caos y provocó una catástrofe humanitaria.
Ni la misión de Naciones Unidas ni las tropas norteamericanas enviadas después lograron garantizar
la distribución de ayuda humanitaria y un mínimo orden. Tras la muerte de 19 marines,
EE. UU. retiró su misión en 1993 y los cascos azules se marcharon en 1995.
Desde entonces ha seguido la lucha entre facciones.
La región septentrional del país, Somaliland, que fue colonia británica (el resto del país había sido colonia italiana)
se ha independizado de hecho, aunque ningún Estado lo ha reconocido oficialmente.
En el sur del país ha cobrado fuerza un movimiento islamista basado en
los tribunales islámicos locales y, frente a esta amenaza, una alianza de facciones
formó en 2006 un gobierno federal de transición, incapaz hasta hoy de recuperar el
control de las áreas meridionales del país bajo control islamista. Allí tiene su base
el grupo terrorista yihadista Al-Shabab, protagonista de atentados en la vecina
Kenia.
El conflicto sigue activo y Somalia se ha convertido en ejemplo de Estado
fallido, con un gobierno incapaz de garantizar el funcionamiento básico de las instituciones
y con amplias áreas de su territorio bajo el control de señores de la guerra
locales, bandas guerrilleras o delincuentes organizados, tres tipos de actores que no
siempre es fácil diferenciar. Además, la ausencia de ley y orden ha hecho de las
costas del África Oriental el área del mundo más afectada por ataques piratas.
Asaltantes somalíes secuestran barcos de cualquier nacionalidad apoyados por clanes
locales y una red transnacional de intermediarios que negocia rescates con armadores
y aseguradoras.
En el África occidental varios países experimentaron conflictos civiles en los
últimos años, pero el máximo nivel de violencia se alcanzó en dos pequeños Estados
fronterizos entre sí, Liberia (1989-2003) y Sierra Leona (1991-2002), donde todos
los bandos terminaron perpetrando atrocidades: asesinatos, violaciones, reclutamiento
de niños soldados, etc.
El control y venta de preciados minerales (diamantes) las alimentaron y se cerraron sólo gracias a la intervención internacional, tras casi un cuarto de millón de muertes.
Algo similar ha sucedido en la región de los Grandes Lagos, donde la guerra
ha ido pasando por casi todos los Estados del área.
En Uganda, durante más de dos
décadas, el régimen autoritario de Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986 con
relativa eficiencia en el ámbito económico y en la lucha contra el sida, ha tenido
que hacer frente a varios grupos rebeldes, entre ellos uno de los más extraños y sanguinarios
del mundo, el Ejército de Resistencia del Señor, apoyado por Sudán.
En
Ruanda y Burundi el tradicional conflicto entre las etnias hutu (mayoritaria) y tutsi
(tradicionalmente dominante) tuvo su punto más trágico en 1994, con el genocidio de tutsis a manos de hutus en Ruanda. Allí se impusieron finalmente las guerrillas tutsis, lideradas por Paul Kagame, que sigue gobernando un país considerado no
libre.
Genocidas y civiles hutus huyeron a Congo perseguidos por sus adversarios y
su presencia desestabilizó el antiguo Zaire: en 1997 cayó la dictadura de Mobutu Sese Seco, que lo gobernaba desde 1965. Tutsis congoleños, apoyados por tropas
de Ruanda y Uganda, así como otros grupos de opositores, confluyeron en un frente
bajo la dirección nominal de Laurent Kabila, quien ocupó el poder. La tregua duró
poco porque los antiguos aliados pronto lucharon contra el nuevo líder, que fue asesinado
en 2000. Le sucedió su hijo Joseph Kabila, que desde el precario acuerdo de
paz firmado en 2002, pese al respaldo occidental y de Naciones Unidas, no ha conseguido
crear un Estado eficaz (y menos aún democrático) que controle sus fronteras
y sus recursos naturales y pacifique el país combatiendo a las diversas y sangrientas
milicias que actúan en Congo, en muchos casos apoyadas por países vecinos
(Ruanda, Burundi y Uganda), con los ricos yacimientos minerales del país en el
punto de mira de todos.
El otro gran foco tensión se extiende por la línea en la que se entremezclan poblaciones
de lengua árabe y religión musulmana con etnias subsaharianas de religión
animista y cristiana en torno a lo que se denomina Sahel, la franja de transición
entre el desierto del Sahara y la sabana que lo delimita al sur.
Los conflictos más
largos y sangrientos se han producido en Chad y, sobre todo, en Sudán. El primer
país salió de una larga guerra civil entre cristianos del sur y musulmanes del norte
(1965-1987) en la que intervinieron Francia y, sobre todo, Libia, para caer bajo la
dictadura de Idriss Déby, que gobierna desde 1990 favoreciendo a su propio grupo
étnico y aprovechando desde 2003 los beneficios de la exportación de petróleo. La
guerra civil se reabrió (2005-2010), muy ligada al conflicto sudanés de Darfur y
llevó a un enfrentamiento con Sudán, cuyo régimen apoyaba a los rebeldes chadianos
y viceversa.
Por lo que respecta a Sudán, su primera guerra civil (1955-1972) se cerró con
un régimen de autonomía para las etnias subsaharianas. Desde 1983 el gobierno incumplió
los acuerdos con el Sur, y en paralelo intentó imponer la sharía en todo el
país, en pleno avance del islamismo. El resultado fue una nueva insurrección de las
regiones periféricas, marginadas en la toma de decisiones y la explotación de las
riquezas naturales del país, con su principal escenario en el sur. Desde 1989 el problema
atrajo la atención occidental cuando tomó el poder el dictador Omar al-Bashir,
quien estableció un régimen islamista que llegó a dar hospitalidad a Bin Laden
a comienzos de los noventa.
Esta segunda guerra civil se prolongó hasta 2005, con
casi dos millones de muertos y el doble de desplazados. La presión occidental forzó
al presidente sudanés a convocar en 2011 el referéndum que permitió la secesión
de Sudán del Sur, rico en recursos naturales. Entre tanto estallaba en 2003 un nuevo
conflicto de base étnica en la región oriental de Sudán Darfur, fronteriza con Chad,
de población musulmana, pero donde se han enfrentado tribus de lengua árabe con otras no arabizadas.
Durante una década se han sucedido las atrocidades, incluso
se habla de genocidio por las matanzas cometidas por las milicias árabes, consentidas
por el gobierno de Jartum. Aunque hubo un acuerdo en 2006, los combates no
han cesado del todo y el presidente Omar al Bashir tiene abierto un proceso por crímenes
de guerra y lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
En 2013 han estallado nuevos conflictos en Sudán del Sur y la República Centroafricana.
En el primer caso, una descarnada lucha por el poder entre dirigentes
enfrenta ahora a las dos principales tribus sursudanesas: dinka y nuer. En el segundo
país, con un Estado fallido tras una guerra civil cerrada en falso (2004-2007), milicias
islamistas (apoyadas por mercenarios de Sudán y Chad y por exconvictos) se
levantaron en 2012 contra el gobierno (respaldado a su vez por Uganda, Congo y
Sudán del Sur) y ocuparon las zonas mineras.
El resultado ha sido una crisis humanitaria
por las matanzas de las milicias musulmanas y los grupos de autodefensa
católicos. En Nigeria, además, opera desde 2002 el independiente movimiento Boko
Haram (“La educación occidental es sacrílega”), causante de unas mil muertes al
año, que ha ampliado su influencia a Níger. Lucha por crear un Estado islamista en
el norte musulmán del país, con el problema de fondo de la división étnico-religiosa
del país y el atraso socio-económico del norte respecto del sur.
El riesgo de que algunos grupos étnicos acaben viendo en el salafismo yihadista
una fórmula para expresar reivindicaciones étnico-territoriales ya se ha visto en
Mali en 2012, donde los nacionalistas tuareg en alianza con grupos yihadistas que
actúan en la franja occidental del Sahel (desde Nigeria a Mali) se sublevaron para
establecer un Estado independiente en el norte basado en la sharía, proyecto fracasado
gracias a la intervención militar francesa.
La lucha contra este tipo de insurgencia
está complicando la gobernabilidad de los países del área y se ha convertido
en la prioridad de la política subsahariana de las potencias occidentales, en particular
de Francia.
A pesar de los conflictos aún abiertos (Somalia, Sudán del Sur, Congo y República
Centroafricana) el panorama no tiene nada que ver en impacto y número de
víctimas con lo que sucedía a finales de los noventa y principios del milenio cuando
se desarrollaban guerras simultáneas en Angola y Mozambique, Etiopía-Eritrea,
Congo, Sudán, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Costa de Marfil,
Chad y Uganda.
En los conflictos de hoy las víctimas se cuentan por cientos y en
los de entonces por decenas de miles, con un legado terrible y duradero. Los países
que los sufrieron siguen atrapados en el autoritarismo y ocupan casi todos los últimos
puestos en el IDH, con esperanzas de vida de poco más de 50 años o incluso
menos (Congo). No obstante, algunos han conseguido recuperar posiciones en la
última década: Etiopía y Eritrea han llegado a los 60 y 62 años respectivamente,
aunque bajo dictaduras; Sierra Leona es uno de los once países subsaharianos considerados
libres, con un crecimiento anual del PIB del 10%, y Liberia, semilibre,
ha ganado once posiciones en el IDH y alcanzado los 58 años de esperanza de vida
durante la presidencia de Ellen Johnson-Sirleaf. Además, muchos de estos Estados frágiles se benefician hoy de tener vecinos más estables, dado que nada incrementa
más el riesgo de guerra que tenerla en la frontera.
La labor de mediación y pacificación de distintas instancias internacionales y
de líderes africanos también ha contribuido a que la conflictividad se reduzca. Naciones
Unidas destina tres cuartas partes de su presupuesto militar a operaciones
en el continente africano.
En 2013, siete de las quince misiones activas están abiertas
allí: Sahara Occidental, Liberia, Costa de Marfil, Congo, Darfur-Sudán, Sudán del
Sur y Mali. La organización ha promovido el embargo de armas contra Estados
africanos en conflicto, acuerdos internacionales para impedir el tráfico ilegal de minerales
preciosos extraídos de países en guerra y tribunales internacionales para enjuiciar
a responsables africanos de crímenes contra la humanidad. También ha
resultado crucial en algunos casos la intervención de fuerzas militares de potencias
occidentales, sobre todo de las antiguas metrópolis. Por último, tanto la Unión Africana
(UA), creada en 2002 para sustituir a la precedente Organización de la Unidad
Africana, como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (15 países),
con Nigeria como país más fuerte, han tenido protagonismo en los últimos
conflictos regionales, incluyendo el envío de fuerzas armadas.
Sudáfrica: del racismo a la democracia.
El gran triunfo de la democracia en África en estas últimas décadas ha sido la transformación
de Sudáfrica. Este país, uno de los más poblados y el de mayor PIB del
continente, sufrió durante largas décadas un sistema de extrema discriminación racial,
denominado apartheid. Plenamente institucionalizado en 1948, el apartheid
implicaba el dominio de la minoría blanca, de origen holandés y británico, sobre la
gran mayoría de la población, clasificada a su vez en tres grupos: negros, mestizos
y asiáticos. La larga lucha contra la opresión racista la protagonizó el Consejo Nacional
Africano, fundado en 1912, que durante mucho tiempo se limitó a emplear
medios pacíficos, pero a partir de 1961 promovió acciones armadas. A fines de los
años ochenta las protestas en los barrios negros habían adquirido un gran nivel de
violencia, mientras que el régimen racista se hallaba internacionalmente aislado,
así es que, en el nuevo contexto del fin de la Guerra Fría, las autoridades optaron
por una salida negociada con la oposición negra.
El primer paso se dio con la liberación de Nelson Mandela, veterano dirigente
del Congreso Nacional Africano (CNA), encarcelado desde 1962, cuya firmeza en
prisión le había convertido en el principal símbolo de la resistencia contra el racismo.
Su grandeza de ánimo, su firme propósito de crear una democracia multirracial
y su voluntad de reconciliación contribuyeron mucho al éxito de la transición
democrática sudafricana. En 1993 se le concedió el Premio Nobel de la Paz, en
compañía de Frederick de Klerk, el gobernante blanco que había impulsado el fin
del apartheid. La transición no fue fácil y estuvo marcada por estallidos de violencia, pero el paso decisivo se dio en 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas abiertas a todos los ciudadanos sin distinción de razas, en las
que el Congreso Nacional Africano triunfó con el 62% de los votos.
Nelson Mandela se convirtió en presidente de la nueva Sudáfrica.
Como otros movimientos de liberación nacional, el Congreso Nacional Africano
tenía un componente ideológico marxista y recibió el apoyo de la Unión Soviética.
Ha mantenido hasta hoy una alianza con el Partido Comunista de Sudáfrica, al que
pertenecían varios de sus líderes, y con la confederación sindical sudafricana. Sin embargo,
en el contexto de los años noventa, tras el hundimiento de la Unión Soviética,
sus dirigentes renunciaron a los objetivos máximos de su programa político (transferencia
de propiedad de tierras, minas, bancos e industrias al pueblo de Sudáfrica) y
adoptaron un programa socialdemócrata. No sólo evitaron las nacionalizaciones,
sino que optaron por la liberalización económica y pusieron fin a muchas medidas
proteccionistas establecidas por el anterior régimen. Las empresas blancas que dominaban
la economía fueron respetadas, mientras que la crisis de algunos sectores
tradicionales contribuyó a un elevado nivel de desempleo, todo lo cual generó cierto
descontento popular. Se optó por la prudencia en las medidas económicas y se hizo
un esfuerzo de reconciliación para evitar la confrontación racial, con una Comisión
de la Verdad y Reconciliación que escuchó a víctimas y verdugos y perdonó y amnistió
a quienes confesaban.
Para muchos, los mecanismos de corrección de la desigualdad social han sido
insuficientes. La brecha entre blancos y negros sigue siendo enorme, sobre todo en
el campo, donde una muy tímida reforma agraria apenas ha revertido el legado del
Apartheid, que supuso la expropiación sistemática de tierras en manos de población
negra desde 1913.
Sin embargo, la política de gasto público impulsada por el gobierno
ha contribuido a un rápido desarrollo de las infraestructuras básicas y de los
servicios sociales, que ha mejorado mucho las condiciones de vida del grueso de la
población. Se ha desarrollado una importante clase media negra, favorecida por
medidas de acción afirmativa que promueven el acceso de los negros a puestos bien
pagados. Los blancos, que representan el 10% de la población, siguen teniendo un
nivel de vida muy superior al de la mayoría de sus compatriotas: disfrutan del 39%
de los ingresos –en 1970 era el 70%– frente a los negros (80% de la población) que
han pasado, sin embargo, del 20 al 45%. Aunque casi una cuarta parte de la población
vive por debajo del nivel de pobreza (de ella el 90% son negros), ésta se ha reducido
desde 2001, sobre todo con la introducción de subsidios a la infancia para
casi el 30% de los niños sudafricanos. También ha habido muchos avances en el
problema de la vivienda para pobres (tres millones de nuevas construcciones desde
1994) y en las infraestructuras de agua y electricidad. En 2012 se ha aprobado un
“Plan nacional de desarrollo” para luchar contra la pobreza y la igualdad. El problema
serán los recursos para ponerlo en marcha, porque la crisis económica también
ha afectado al país: las cifras de crecimiento son bajas desde 2009, con un 25%
de desempleo oficial, y una pronunciada caída de la competitividad de su economía
Particularmente grave es la escasa calidad tanto del sistema sanitario público (refugio
para los más pobres) como sobre todo del sistema educativo, en concreto de
buena parte de las escuelas en que se forman los niños negros, cuyo futuro profesional
queda así comprometido. La escasez, el absentismo y la baja formación de los profesores
está en la raíz del problema. Sólo el 5% de los negros adultos tienen formación
universitaria, un porcentaje que se eleva al 30% en el caso de los blancos.
Las comunidades blanca, negra, mulata e india siguen viviendo en mundos separados.
Sólo la clase media se mezcla en sus barrios. Los blancos se concentran en
Ciudad del Cabo y Johannesburgo (capital comercial) y en otras ciudades más pequeñas.
La principal preocupación de este grupo es su marginalidad política, al no
tener puestos relevantes en el CNA. Además, los afrikaners descendientes de holandeses
(un 60% de los blancos) están viendo cómo su lengua pierde presencia pública.
También el número de pobres blancos está aumentando. En todo caso los
grupos extremistas, tanto blancos como negros, han desaparecido y el crimen (homicidios
y violaciones) está bajando un poco, a pesar de que sus cifras son altísimas.
La hegemonía política del Congreso Nacional Africano se ha mantenido en las
sucesivas elecciones parlamentarias de 1999, 2004 y 2009, en las que ha obtenido
entre el 65 y el 70% de los votos.
Aunque los fenómenos de clientelismo y corrupción
son cada vez más graves (Sudáfrica ocupaba el puesto 55 de 180 en 2005 y ha
pasado al 72 en 2013) los triunfos electorales del Congreso reflejan el apoyo que
mantiene entre la mayoría de la población. Tras la presidencia carismática de Nelson
Mandela, en 1999 le sucedió su vicepresidente Thabo Mbeki, miembro en otro
tiempo del Partido Comunista, que ha destacado por su pragmatismo en los temas
económicos, su impulso a la política social y sus esfuerzos para contribuir a la pacificación
de los conflictos africanos y para potenciar el papel de África en el escenario
mundial.
La desconfianza hacia la cultura occidental llevó, sin embargo, a
Mbeki a un error gravísimo, el de negar la explicación acerca de la etiología del
sida aceptada por la comunidad científica internacional y negarse a promover las
medidas adecuadas. Finalmente esta posición ha sido abandonada por el gobierno
sudafricano, pero se han perdido unos años preciosos para hacer frente a una epidemia
que ha tenido un efecto devastador en el país (un 10,5% de la población es
seropositiva), contribuyendo a que la esperanza de vida se haya estancado en las
últimas décadas. En 2013 era de algo más de 53 años.
En 2005 Mbeki, que había sido reelegido para un segundo mandato, destituyó
a su vicepresidente Jacob Zuma, un político muy popular que se enfrentaba por entonces
a graves cargos por corrupción en un contrato de suministro de armas y también
a una denuncia por violación. Mbeki, que legalmente no podía presentarse a
un tercer mandato, se encontró con que la mayoría del Congreso apoyaba a Zuma,
que había salido bien parado de sus problemas con la justicia; de hecho este último,
en teoría más escorado a la izquierda que su predecesor, fue elegido presidente en
2009 y se presentará a la reelección presidencial de 2014. Se da por segura su victoria, pese a no haber mejorado las cifras de desempleo y haber permitido utilizar
los programas para revertir el apartheid como instrumento de enriquecimiento de
personas ligadas al CNA.
Pese al desgaste del CNA, la oposición política es aún débil, de ahí los problemas
para controlar los abusos de poder (como el desmedido uso de la fuerza en la
huelga minera de 2012 con 34 muertos) y la corrupción (baja, sin embargo, respecto
al resto del continente), que han propiciado el brote de una nueva élite negra muy
vinculada al partido y los sindicatos. La Alianza Democrática, un partido centrista
que reclama políticas liberales (votado por blancos, algunos negros y muchos indios
y mestizos) no tiene aún posibilidad de presentar verdadera batalla al CNA. Entre tanto
el gobierno parece dividido entre quienes demandan reformas desreguladoras para dinamizar
la economía y quienes siguen muy ligados al mundo sindical (hoy muy dividido)
y reclaman más políticas sociales. A ello se suma el problemático liderazgo de
Jacob Zuma, muy alejado de la ejemplaridad de Mandela.
En fin, Sudáfrica es hoy un país de desarrollo humano medio, que ha mantenido
unas tasas de crecimiento económico relativamente satisfactorias. Ha logrado evitar
que el fin del régimen racista condujera a una etapa de violencia y al éxodo de la
minoría blanca, cuya contribución al desarrollo económico del país sigue siendo
fundamental debido a su elevado nivel de formación. Además el proyecto político
nacional de una Sudáfrica multiétnica (con once lenguas oficiales de igual rango)
es apoyado por dos tercios de la población, el mismo porcentaje que respalda la democracia.
Sigue habiendo división, pero mucho menos que hace 20 años. El Mundial
de Fútbol en 2010 y la repercusión internacional de la muerte de Nelson
Mandela en 2013 reflejan el reconocimiento mundial por los logros conseguidos.
30. Economía y sociedad en América Latina.
Con notables diferencias entre los países que la integran, el conjunto de América
Latina presenta rasgos comunes en su evolución histórica a lo largo del último
cuarto de siglo: el desarrollo de regímenes democráticos, el crecimiento y diversificación
económicos y, en consecuencia, la mejora del nivel de renta y la calidad
de vida para la mayor parte de la población.
La evolución política ha estado marcada por la superación de los sistemas autoritarios
y dictatoriales de las décadas anteriores y su sustitución por regímenes democráticos.
Persisten limitaciones y tensiones en algunos países, donde la fragilidad
institucional y las crisis del sistema de partidos evidencian que dichos regímenes
no se encuentran plenamente consolidados. En otros, la prolongación en el poder
del mismo gobernante, poniendo fin al principio de no reelección, o del mismo partido
ha frenado la pluralidad democrática e introducido prácticas populistas autoritarios.
A nivel internacional durante el periodo se han desarrollado distintas
propuestas de integración regional, destacando singularmente UNASUR, el Sistema
de Integración Centroamericano y la Alianza del Pacífico.
En el campo económico, la década de los noventa se caracterizó por un retorno
a la ortodoxia de las instituciones financieras internacionales y la liberalización económica,
superando la crisis de la deuda exterior y privatizando las grandes empresas
estatales.
Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI se produjo un retorno
a tentaciones intervencionistas y proteccionistas, en parte por el fracaso estrepitoso
que supuso para amplias capas sociales las experiencias liberales anteriores. El impacto
de la crisis global fue atemperado en América Latina por el incremento del
precio de las materias primas y de la demanda exterior, al tiempo que se reintroducían
prácticas macroeconómicas más ortodoxas y se abrían las economías nacionales
al comercio exterior. Todo ello ha producido el más extenso y sostenido crecimiento
del conjunto de las economías latinoamericanas.
A lo largo del último cuarto de siglo las sociedades latinoamericanas han experimentado
la más acelerada transformación estructural de su historia. El proceso de
crecimiento demográfico ha motivado el aumento de la ocupación territorial y el
sobredimensionamiento de las grandes ciudades; los beneficios económicos han
profundizado la desigualdad social a consecuencia del agravamiento del diferencial
de riqueza; la inmigración a las grandes ciudades, la expansión educativa y la revolución
tecnológica han provocado la ruptura de las raíces tradicionales y la aculturación.
Por otra parte, se ha producido un salto cualitativo en todos los niveles de
enseñanza, se ha incrementado muy considerablemente el papel de la mujer y han
descendido los perjuicios étnicos. El acceso a los nuevos medios de comunicación
y las redes sociales marcan diferencias sociales notables; mientras se mantienen sólidas
bases tradicionales, emergen nuevos sistemas de identificación y agrupamiento
sociales.
Dinámicas demográficas.
El gran crecimiento demográfico de América Latina fue uno de los rasgos más sobresalientes
a lo largo de todo el siglo XX. Si a comienzos de siglo el subcontinente
tenía apenas 60 millones de habitantes, a mediados ya alcanzaba los 159, en 1990
se había disparado hasta los 440 y a final de siglo contaba con 540 millones de habitantes.
Este aumento vertiginoso ha sido motivado por el descenso de la mortalidad,
gracias a la mejora en las condiciones de vida y la elevación del nivel de
sanidad, mientras se ha mantenido un lento descenso de la natalidad.
Como puede verse en el cuadro 12.1, que ofrece datos demográficos acerca de
una selección de países latinoamericanos, Brasil es el gigante del subcontinente.
El crecimiento de la población en las últimas décadas se ha situado a un nivel medio
y en la mayoría de los países la tasa de fecundidad se sitúa hoy un poco por encima
de la tasa de reemplazo de dos hijos por mujer, con algunas excepciones: la de Cuba
es tan sólo 1,4. El progreso económico y social se ha traducido en un importante
aumento de la esperanza de vida.
Junto al crecimiento demográfico, la población latinoamericana se caracteriza
por su muy desigual reparto; con altas densidades en el centro de México, el este
brasileño y estuario del río de la Plata, frente a la práctica despoblación amazónica,
del norte de Chile y las alturas andinas. Tan notable como esto ha sido el proceso de
abandono de las zonas rurales, motivado por la pobreza de unas explotaciones agrarias
que no permiten el mantenimiento de la población sobre ellas asentada, y el crecimiento
de las ciudades (la población urbana pasó de un 45% en 1950 a un 71% en
1990 y un 79% en 2010).
En casos puntuales, esta concentración urbana se ha producido
de un modo extraordinario, hasta conformar algunas de las megalópolis más grandes del mundo (México, Buenos Aires, Río de Janeiro-Sao Paulo, Bogotá).
Esto ha tenido consecuencias negativas, ante la imposibilidad de atender las necesidades
de infraestructuras y viviendas, incrementar el mercado laboral al mismo
ritmo y conseguir integrar a la nueva población; el resultado ha sido la ampliación
constante de barrios marginales, con una población desempleada o subempleada,
con pésimas condiciones de vida, que en numerosas ocasiones han estallado en conflictos
sociales y donde la delincuencia organizada encuentra las mejores condiciones
de proliferación.
El incremento demográfico, la concentración poblacional en grandes urbes y el
desigual reparto de los beneficios del crecimiento económico han aumentado significativamente
los índices de conflictividad social. Además de las causas indicadas,
ésta ahonda sus raíces en la oposición campo-ciudad, en la diversidad étnica y cultural,
en los altos niveles de analfabetismo (aún en los años setenta casi un tercio
de la población de la mayor parte de los países latinoamericanos era analfabeta; en
los noventa, Brasil, el país con mayor PIB de la región, tenía una quinta parte de la
población analfabeta), y de un modo especial en el muy desigual reparto de la riqueza;
América Latina es la región con las mayores diferencias de renta.
Desarrollo económico limitado.
A finales de los años setenta América Latina entró en la peor crisis de su historia.
La crisis económica internacional de esa década había afectado profundamente a
todos los países de la región, salvo México y Venezuela, productores de petróleo, de su tejido económico estos se dilapidaron por la especulación, la huida de capitales
y la corrupción de las élites políticas. Aunque el resto de América Latina fue afectada,
los índices de crecimiento se mantuvieron durante el resto de la década gracias
a la continuidad de las exportaciones y al crecimiento de los flujos financieros externos.
La crisis alcanzó plenamente a estos países como consecuencia de la quiebra
de ambos apoyos: la elevación de los tipos de interés aplicados a la deuda externa
y el fin del ciclo desarrollista basado en las exportaciones.
Los Estados se endeudaron masivamente para pagar los créditos antes suscritos a bajo interés y para reflotar
los créditos privados de empresas que eran nacionalizadas ante su declaración
de quiebra; el nivel de endeudamiento llegó hasta el punto de que los Estados se
vieron incapaces de pagar los intereses, mucho menos amortizarlos, por lo que el
bloqueo económico fue total.
La crisis de los años ochenta generó un estancamiento
generalizado, disparó las tasas de inflación e hizo caer la renta per cápita de la región
un 8,3% entre 1980 y 1990. Razones suficientes para que esta gran depresión haya
sido denominada la Década Perdida.
Durante los años noventa se conjugaron políticas económicas que en general
tendieron a la homologación con los criterios de las instituciones financieras internacionales;
tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo,
con la ayuda de plataformas multinacionales como CEPAL, aconsejaron a los gobiernos
en prácticas de ajuste estructural: liberalización del mercado comercial y
laboral, reformas fiscales y privatización de empresas públicas. La aplicación de
estas medidas tuvo un efecto macroeconómico muy positivo: se redujo la inflación
a niveles de un dígito, cuando en los ochenta fueron habituales los dos dígitos (incluso
tres, como la hiperinflación argentina). Diecisiete países incrementaron su
tasa de crecimiento medio anual: el ingreso per cápita promedio de la región creció
al 1,5% anual durante toda la década. Casi todos los países del área registraron
una reducción de la variabilidad de sus resultados de crecimiento, y 13 países lograron
simultáneamente aumentar el crecimiento y conferirle mayor estabilidad.
El aumento de la exportación y la reanudación de la entrada de capitales privados netos
posibilitaron una balanza de pagos más sólida, pero de nuevo dependiente de flujos
externos.
Como se puede observar en el cuadro 12.2, el crecimiento económico de las últimas
décadas ha sido importante, pero sin llegar a las elevadas tasas de Asia oriental.
El ingreso por habitante, medido según la paridad de poder adquisitivo, se sitúa
en general en niveles medios, aunque con grandes diferencias entre los más de
veinte mil dólares de Chile y los poco más de mil de Haití, el país más pobre del
continente. El índice de libertad económica es alto, con las excepciones de Venezuela
y sobre todo de Cuba, país para el que este índice no se calcula.
Esta dependencia exterior y la fragilidad de las bases sobre las que se sustentaba
el crecimiento explican la paradoja de que estos indicadores macroeconómicos positivos
fueran alcanzados al mismo tiempo que se sucedían crisis de gran profundidad. En 1994 México padeció una inesperada crisis –cuando se anunciaban los réditos de la entrada en el Tratado de Libre Comercio– a consecuencia de la inestabilidad
creada por la revolución zapatista; esta crisis rápidamente se extendió al
resto del continente a través de lo que se bautizó como efecto tequila.
Un efectocolateral fue la gran desinversión de capital estadounidense y europeo, que fue sustituido
por inversiones españolas en toda la región; los sectores financieros, energéticos
y de telecomunicaciones fueron los que en más medida recibieron capitales
españoles.
La caída de los mercados del sudeste asiático en 1998 tuvo una repercusión
muy negativa para América Latina; así como la crisis de 1999, esta vez ocasionada
por la devaluación sorpresiva del real brasileño. Sin embargo, la crisis más
dramática se produjo entre 2001 y 2003 en Argentina, con el secuestro gubernamental
de los ahorros privados, el fin de la paridad peso-dólar y la quiebra de numerosas
entidades bancarias, lo que a su vez produjo un efecto devastador en el
tejido industrial, el mercado de trabajo y el consumo interno.
Como puede verse en el cuadro 12.3, en las últimas décadas se ha producido
una significativa mejora en el Índice de Desarrollo Humano. En la actualidad la
mayoría de los países se sitúan en los cuartiles segundo y tercero del IDH. Sólo
Chile y Argentina se sitúan en el primer cuartil, de desarrollo muy alto, y sólo Haití
queda en el cuarto, el de desarrollo bajo.
El elevado grado de desigualdad social, muy superior al de España, hace que el bienestar real sea menor del que cabría suponer
de las cifras medias, como se refleja en el IDH ajustado por la desigualdad.
El índice de percepción de la corrupción, que se expresa en un valor que es mayor
cuanto menor es la corrupción, muestra la gravedad de este problema en muchos países, con la excepción de Chile, donde la corrupción es algo menor que en España.
Haití y Venezuela son dos de los países más corruptos del mundo. El nivel de violencia
individual es también elevado y la tasa de homicidios alcanza hoy valores
altísimos en Venezuela, Guatemala y Colombia, y todavía peores en otros países
que no figuran en el cuadro, alcanzando las cotas más elevadas del mundo en Honduras,
91,6, y en El Salvador, 69,2.
La primera década del siglo XXI fue en la región de gran dinamismo en el campo
económico. La superación de los efectos de la crisis, la rentabilización de las políticas
de reajuste de la década anterior, el mantenimiento de la inversión exterior
produjeron una mejora sustancial en todos los índices; lo que además se vio favorecido
por la estabilidad institucional (a pesar de los graves riesgos en algunos países),
el entorno externo favorable y sobre todo el incremento del precio de las
materias primas, especialmente de hidrocarburos y productos alimentarios. El resultado
fue que en el periodo 2002-2008 el incremento del PIB anual en la región
se situó por encima del 4%; un crecimiento inédito por su volumen –en los veinte
años anteriores apenas se había llegado a un 2% anual de media– y por su extensión,
alcanzando a prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo Haití. Tras
mantener un crecimiento ininterrumpido durante más de seis años, el impacto de la
crisis global truncó la dinámica anterior, haciendo contraerse el crecimiento hasta
alcanzar la recesión; en 2009 se produjo un crecimiento negativo de un 1,9%; esto
tiene una repercusión directa en la destrucción de empleo; la tasa de desocupación, que en 2008 estaba en un 7,5% en el conjunto regional, alcanzó un 9% en 2009.
Sin embargo, esta crisis encuentra a la región mejor preparada que en décadas pasadas,
con mayor capacidad de maniobra y resistencia, sin los episodios dramáticos
vividos en crisis anteriores; no hubo quiebras masivas ni cierres bancarios, no se
produjeron cancelaciones del pago de la deuda e incluso países como Brasil, Perú
y Chile mostraban el retorno al camino del crecimiento desde el primer semestre
de 2010, que tres años después sostenían con índices significativos la mayor parte
de los países de la región.
A nivel global, América Latina tan sólo tiene trascendencia como suministrador
de materias primas (lo que le ha favorecido de forma extraordinaria en la última
coyuntura de incremento de precios) y su crecimiento actual, con ser significativo,
está lejos del que sostienen otros países y regiones en vías de desarrollo.
En conjunto
su importancia en el mercado global está disminuyendo de forma constante desde
los años setenta; si en 1970 el conjunto de las exportaciones de la región suponían
un 5% del total mundial y en 1985 aún se mantenían en el 4,5%, en 1995 ya habían
caído al 3,8, en 2005 apenas superaban el 3,2% y en 2012 ya no alcanzaba al 3% a
pesar de la exitosa superación de los efectos de la crisis global. El éxito de las economías
de algunos países como Brasil, México, Chile o Colombia no puede evitar
la pérdida de competitividad e influencia a nivel mundial de la economía latinoamericana.
31. La democracia en América Latina.
La oleada democratizadora.
La transformación política en América Latina ha sido uno de los grandes y más positivos
rasgos de la historia de la región en las últimas tres décadas. A mediados de
los años setenta, en América Latina existía una minoría de países gobernados por
gobiernos democráticos y una amplia variedad de regímenes autoritarios y dictatoriales.
La pervivencia del Estado de derecho en la región fue difícil a lo largo del
siglo XX, alcanzando su peor situación en ese momento; a la larga dictadura militar
del general Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), de la familia Somoza en
Nicaragua (1936-1979 ), del general Hugo Banzer en Bolivia (1971-1978) o la sucesión
de gobiernos militares en El Salvador (1931-1979), Guatemala (1954-1986),
Brasil (1964-1985) y Perú (1974-1980), se sumaron los golpes de Estado e instauración
de gobiernos dictatoriales en Chile (1973-1990), Ecuador (1973-1979), Uruguay
(1973-1985) y Argentina (1976-1983).
A causa de dinámicas internas,
motivadas por las limitaciones de la fórmula autoritaria, incapaz de enfrentar con
éxito el incremento de las dificultades económicas nacionales, a lo largo de los años
ochenta se produjo un cambio de tendencia trascendental que posibilitó la emergencia
de gobiernos democráticos.
Examinando los ciclos de expansión y contracción de los regímenes democráticos,
Samuel Huntington, en La tercera ola. La democratización a finales del
siglo XX, mostraba el trascendental cambio efectuado en América Latina.
Si la primera
oleada inaugural abarcaba buena parte del siglo XIX, hasta alcanzar el período
de entreguerras, la segunda se extendería con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial; ambas fueron seguidas de sendos periodos de contracción del Estado de
derecho y multiplicación de gobiernos autoritarios o dictatoriales (1922-1942,
1958-1974).
La expansión de la democracia en América Latina se insertaría en una
tercera oleada que comenzó en la Península Ibérica a mediados de los años setenta,
se multiplicó al otro lado del Atlántico a lo largo de los ochenta y culminó a comienzos
de los años noventa en las transiciones de los antiguos países de Europa
del Este.
La transición de gobiernos autoritarios a regímenes democráticos se produjo en
la mayor parte de los casos mediante un traspaso formal de competencias, la reapertura
de institucionales anteriormente clausuradas o mediatizadas, la celebración
de elecciones libres, el establecimiento de nuevos marcos constitucionales y la formación
de un muy variado sistema de partidos. En ningún país de la región se produjo
el cambio de régimen como consecuencia de revoluciones, levantamientos o
golpes de Estado. A pesar de su sincronía, las motivaciones de la transferencia de
poder no obedecieron a ninguna coyuntura transnacional, sino a dinámicas internas
que obstaculizaron la continuidad de los gobiernos militares.
Si en los países centroamericanos las transiciones se produjeron como consecuencia de una búsqueda
de solución al conflicto armado motivado por la pervivencia de las guerrillas, en
Brasil fue el propio gobierno militar el que pilotó una progresiva transición hasta
la asunción completa del régimen democrático; en Argentina, la humillante derrota
en la campaña para la recuperación de las Malvinas motivó que la junta militar depusiera
sus poderes y diera paso a los gobiernos civiles; no hubo derrota castrense
en Chile, pero la Junta Militar presidida por Augusto Pinochet fracasó en su intento
de perpetuación en el poder a través de una consulta plebiscitaria sobre cambios
constitucionales, lo que motivó el comienzo de una transición tutelada. En el fondo
de todos estos procesos se encuentran los resultados socioeconómicos de la década
perdida; el impacto de la crisis económica de comienzos de los ochenta y el cambio
de coyuntura financiera mundial, multiplicando los intereses de la deuda, impidieron
el sostenimiento de unos regímenes que hacían descansar su legitimidad en el freno
al establecimiento de gobiernos filocomunistas y, de forma muy especial, en el mantenimiento
del statu quo social y la promesa de un desarrollo económico permanente.
Como puede verse en el cuadro 12.4, desde 1991, fecha en la que habían desaparecido
ya la mayoría de las dictaduras, hasta nuestros días América Latina ha
experimentado un ulterior aunque no muy marcado retroceso del autoritarismo, con
la excepción de Venezuela, donde se ha incrementado, de manera que hoy todos
los países pueden considerarse libres o semilibres, excepto Cuba.
Un dato positivo es que los gastos en defensa no sólo son bajos, sino que se han reducido un poco
más en los últimos años, lo que demuestra que ningún país latinoamericano se siente
amenazado por sus vecinos.
En toda la región durante los años noventa se produjo una profundización en el
estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. La consolidación de los nuevos
sistemas democráticos se realizó al mismo tiempo que se enfrentaba el doble desafío
de la recuperación económica y la vertebración ordenada de las crecientes demandas
sociales.
Para la región, esta consolidación encontró su expresión más explícita en
la celebración regular de consultas electorales a lo largo de las dos últimas décadas;
más allá del carácter formal de los procesos, la renovación ordinaria de los dirigentes
políticos y del pacífico relevo al frente de las instituciones consolidó la pervivencia
de las prácticas democráticas y la propia fe en el sistema.
Sin embargo, la región no se vio exenta de procesos abruptos que rompieron la
continuidad institucional. Entre 1997 y 2005 se produjeron en Ecuador tres deposiciones
presidenciales (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) en
medio de amplias movilizaciones sociales con objetivos desestabilizadores.
En Argentina la congelación de los depósitos bancarios y la pérdida del valor de los ahorros
(el corralito) decretados por el gobierno en diciembre de 2001 desataron una virulenta
crisis social que produjo una rápida sucesión de presidentes, tres en dos semanas.
Movilizaciones, huelga general y confrontación cívica fueron la antesala
del golpe de Estado que trató de derrocar a Hugo Chávez, que tras tres días de cautiverio
(11-14 de abril, 2002) fue liberado por un contragolpe que lo restituyó en la
Presidencia.
En Bolivia, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se vio presionado hasta abandonar la Presidencia y huir del país (2003) y su sucesor Carlos Mesa se vio obligado a dimitir del cargo ante el incremento de unas movilizaciones de origen
sindical e indigenista que paralizaban el país (2005).
También precedido de protestas populares, en Honduras se produjo un clásico golpe de Estado en junio de 2009,
provocando la expulsión del país del presidente Zelaya.
Ante una buena parte de la ciudadanía ese doble proceso de recuperación socioeconómica
y consolidación democrática legitimaba el sistema político en tanto
en cuanto garantizara unas mejores condiciones de desarrollo. La mejora de la coyuntura
económica durante los años noventa, y el largo ciclo alcista de la primera
década del siglo XXI han permitido el mantenimiento de la fidelidad ciudadana hacia
la democracia; si bien en las coyunturas de crisis –de las que la mayor parte de los
países de la región han estado exentos durante este periodo– la tentación de búsqueda
de atajos en la recuperación ha permitido el ascenso de prácticas políticas no
siempre acordes con la gobernabilidad democrática.
Esta necesaria legitimación del
Estado de Derecho como instrumento de desarrollo y bienestar, unida a la herencia
histórica del caudillismo y a la extensa personalización de los poderes del Estado,
son la base de la pervivencia del populismo en América Latina.
Procesos de integración.
Durante la década de los años noventa se materializaron los procesos de integración
económica más ambiciosos y efectivos de la historia latinoamericana. En el conjunto
subcontinental no han faltado precisamente los proyectos transnacionales o
el ofrecimiento de modelos de integración y cooperación regional; desde el Congreso
Anfictiónico convocado por el propio Bolívar en Panamá todos estos intentos
habían corrido una semejante suerte aciaga.
Desde 1969 persiste la Comunidad Andina de Naciones (CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, hasta
2006, Venezuela), pero los resultados en el incremento del intercambio comercial
han sido bastante parcos. Más alcance tuvo el proyecto de alcanzar un mercado unificado
de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que a través del Tratado de Asunción
(1991) tomó el nombre de Mercado Común del Sur (Mercosur) y se dotó de
personalidad jurídica con el Protocolo de Ouro Preto de 1994. Desde 1999 los países
integrados conforman un área sin arancel aduanero, salvo en los sectores del azúcar
y automovilístico. A lo largo de la última década se han profundizado y madurado
los programas de cooperación, al tiempo que se ha producido una institucionalización
de mayor nivel, tanto a través de las Cumbres de Presidentes como a través de
instancias específicas (entre las que destacan la Comisión de Representantes Permanentes,
cuyo presidente representa a Mercosur frente a terceros; la Comisión de
Comercio, órgano encargado de la gestión aduanera y arancelaria; y el Tribunal Permanente
de Revisión).
Desde finales de 2006 Mercosur cuenta con un Parlamento con sede en Montevideo.
Ese mismo año Venezuela solicitó su integración como Miembro de pleno derecho, comenzando con los trámites de incorporación Bolivia al año siguiente; los países de la CAN y Chile son miembros observadores, además de tener suscritos acuerdos de libertad de residencia y trabajo.
Durante la primera década del siglo XXI, mientras se percibía desde el sur la
creciente integración de los países centroamericanos y caribeños en la órbita estadounidense
a través de los tratados de libre comercio, los gobiernos del subcontinente
lanzaron el más ambicioso proyecto de cooperación e integración: la Unión
de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
La originalidad del proyecto radica en vertebrar un espacio geográfico muy definido, que si bien es muy variado social y
económicamente, presenta fundamentales puntos comunes y, tal vez lo más importante,
la necesidad de una urgente cooperación supranacional que coadyuve al establecimiento
de instituciones fuertes y responsables que garanticen la gobernabilidad
y el desarrollo de la región. Nunca antes se ha intentado un proyecto tan ambicioso
que abarque todos los países de América del Sur; y si bien el entusiasmo de los distintos
gobiernos por el proyecto es muy variado (encontrándose Brasil en el extremo
más activo y positivo, mientras Argentina se sitúa en el contrario), ninguno de los
doce países ha querido quedarse al margen.
La ambición extensiva del proyecto no está en el mismo nivel que su limitada dimensión institucional; por explícitas razones
presupuestarias no se creó ninguna estructura administrativa ni política que coordinara
la actividad de la Unión, quedando las anuales reuniones de Jefes de Estado
como instancia máxima de conducción política de la Comunidad, mientras las estructuras
de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores son las responsables
del desarrollo de las decisiones tomadas en dichas reuniones.
El conocido
recurso al establecimiento de una Secretaría Pro Témpore (ejercida en UNASUR
de forma rotativa y anual por el presidente del país organizador de la última cumbre),
se percibe como escasamente funcional, dado que poco puede añadir al trabajo
realizado desde los ministerios, además de representar para los respectivos presidentes
una carga de escasa consideración. Inicialmente fue creada la Comunidad
Sudamericana de Naciones (CSN), que celebró las dos primeras Cumbres en Brasilia
(2005) y Cochabamba (2006), sentando las bases para los proyectos iniciales
de articulación regional. En la cumbre de Cartagena (2007) se potenció la nueva
comunidad, creando definitivamente UNASUR. El proyecto político de la CSN y
el económico del Mercosur, con unos mismos protagonistas y una voluntad explícita
de síntesis, están llamados a integrarse –el modelo de la Unión Europea es seguido
implícitamente–, siendo el marco de UNASUR el más adecuado para dotar a la entidad
sudamericana de una densidad que la convierta en motor de transformación
regional.
La creación y desarrollo de UNASUR es fruto de cambios estructurales en las
políticas exteriores nacionales y las relaciones internacionales de Suramérica. Frente
al énfasis en la liberalización comercial del “regionalismo abierto” de los años noventa
–presentes en los modelos de la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur–,
emerge una agenda que prioriza las dimensiones sociales, políticas y de seguridad, centrando los vectores económicos en los campos de la energía y las infraestructuras.
Frente a proyectos de rango superior –ALCA, integración latinoamericana– o
de radio subregional –CAN, Mercosur–, el proyecto de UNASUR visualiza una
unidad geográfica muy definible y con gran homogeneidad.
En tercer lugar, este proceso coincide temporalmente con un ciclo político inaugurado por nuevos y variados
gobiernos de izquierda y con liderazgos regionales que, con estrategias contrapuestas,
promueven una mayor autonomía de la región frente a Estados Unidos.
La capacidad de actuación de la que ya ha hecho gala UNASUR en la gestión de
crisis y la defensa de la democracia, una función que hasta ese momento reclamaba
para sí la OEA –y con ella, la actuación de Washington ante las crisis de la región–,
relegada a un segundo plano. La capacidad de resolución mostrada ante la crisis
colombiano-ecuatoriana (2008) y la crisis boliviana (2009) evidenciaron el liderazgo
brasileño en su seno, pero también la necesidad de Brasil de contar con un
amplio marco regional susceptible de alcanzar consensos.
Sin embargo, el liderazgo brasileño y su concepción geopolítica subcontinental han tenido como consecuencia
unas limitaciones ostensibles en el modelo institucional desarrollado y la propia definición
del proyecto, limitando ostensiblemente las posibilidades de una integración
real al no aceptar ningún tipo de transferencia de soberanía a una superior instancia
supranacional.
El modelo de integración de Mercosur encontró una respuesta desde la perspectiva
liberal con el lanzamiento de la Alianza del Pacífico en abril del 2011.
Constitucionalizada en junio de 2012, la Alianza pretende crear una unión comercial
entre México, Colombia, Perú y Chile (con la prevista incorporación de Panamá y
Costa Rica). El proyecto pronto trascendió el mero hecho de la liberación arancelaria
, apostando por la libre circulación no sólo de mercancías sino también de capitales
y personas. El proceso de integración ayudó a visualizar la trascendencia
económica del ámbito del Pacífico y cohesiona un bloque complementario de proyección
global. Aunque oficialmente la Alianza persigue objetivos fundamentalmente
económicos, su mera existencia y el propio volumen de los mercados en
proceso de integración hacen que sea un agente de primer nivel en la geopolítica
del continente.
La integración económica de la mitad septentrional del continente americano
ha avanzado a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado
en 1993 por Canadá, Estados Unidos y México, con el propósito de eliminar barreras
al comercio y la inversión. Un intento de extender este modelo a todo el continente,
mediante la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
fracasó en 2005, tras infructuosas negociaciones. Como alternativa a ese proyecto,
Fidel Castro y Hugo Chávez lanzaron en 2004 la iniciativa de lo que ha terminado
siendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –Tratado de
Comercio de los Pueblos, habitualmente conocida por el acrónimo ALBA, de la
que actualmente forman parte Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y cinco
pequeños Estados del Caribe.
32.Evolución política de los principales Estados latinoamericanos.
Evolución política de los Estados lationamericanos.
A lo largo del último cuarto de siglo se han consolidado una transformación democrática
y una apertura al comercio internacional que han permitido un desarrollo
socioeconómico singular en la historia del continente. Si durante la mayor parte del
siglo XX el sistema político basado en el Estado de derecho fue más una excepción
que la norma en los países latinoamericanos, para el final de la centuria la democracia
se imponía en todos los países, salvo Cuba.
Desde el final de la guerra mundial
hasta los años noventa, la característica principal de la vida política de la región
(salvo el caso de México) fue la inestabilidad.
Al finalizar la década de los ochenta,
encontrándose la región inserta en la más grave crisis económica de su historia, se
produjo una ola democratizadora que sentó las bases para una normalización costosa
y precaria que, a pesar de graves déficit de gobernabilidad, alcanzó el siglo XXI con
una esperanzadora apuesta por la consolidación definitiva de regímenes democráticos,
tan sólo perturbada por la utilización de prácticas populistas y los riesgos
inherentes a la pérdida de gobernabilidad ocasionada por la corrupción.
México.
Con una dimensión demográfica muy significativa (casi 120 millones de habitantes)
y una economía entre las diez más grandes del mundo, México se sitúa como un
líder natural para la comunidad latinoamericana. Su cercanía con Estados Unidos,
la proyección de sus inversiones directas en la mayor parte de los países de la región
y la capacidad de influencia de sus medios de comunicación multiplican la proyección
del país hacia el hemisferio.
A diferencia del contexto general de los países de la región, el régimen político
mexicano permaneció inalterable la mayor parte del siglo XX; el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) dominó las instituciones mexicanas durante décadas,
consolidando una hegemonía que alcanzaba todos los niveles de las administraciones
públicas y las manifestaciones sociales. Tras medio siglo en el poder, la solidez
y estabilidad del régimen del PRI comenzó a debilitarse. La deflación de 1981 significó
la primera bancarrota nacional y, para solucionar el problema de la gran deuda
externa, fueron elegidos presidentes tecnócratas (De la Madrid, Salinas de Gortari),
que reflotaron la economía, introdujeron programas privatizadores, frenaron el crecimiento
de la abrumadora burocracia y multiplicaron el comercio exterior.
Pero
durante sus presidencias se evidenció el agotamiento del modelo priista, saltando a
la luz pública el sistema de corrupción generalizada, mientras surgían alternativas
políticas con fuerte contenido social. En las elecciones de 1994 aún el PRI salió
victorioso, pero con un respaldo electoral recortado hasta el 50%; el nuevo presidente,
Ernesto Zedillo, continuó con las políticas liberalizadoras, debió hacer frente
a la crisis de 1994 (económica y política, por la rebelión del Ejército Zapatista de
Liberación) y recibió los primeros beneficios del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá.
En las lecciones de 2000, tras siete décadas ininterrumpidas en el poder, el PRI
fue derrotado; aunque mantuvo una mayoría en el Parlamento, en 2006 incrementó
su caída situándose como tercera fuerza política nacional, mientras la mayor parte
de las gobernaciones y municipalidades pasaban a manos de otras fuerzas políticas.
Su relevo lo cogió el Partido de Acción Nacional (PAN), que en 2000 situó en la
presidencia a Vicente Fox, siendo relevado en 2006 por Felipe Calderón, ya con
mayoría en el Parlamento.
La gestión del conservador PAN se caracterizó por una
reducción de la burocracia federal, un recorte fáctico de la autonomía de los estados
y la limitada reforma de los programas sociales. La economía mexicana, crecientemente
integrada con la de Estados Unidos, mantiene unos índices de crecimiento
notables (4,6% del PIB en 2006, 5,4% en 2010, máximo de la última década), fundamentalmente
basados en los altos precios de la exportación petrolera, la creación
de tejido industrial subordinado (maquiladoras), las remesas de emigrantes en Estados
Unidos y la inversión exterior.
El problema más grave para el desarrollo mexicano
ha sido el incremento sustancial del crimen organizado; los cárteles de la
droga han ido aumentando su capacidad de actuación, monopolizando los tráficos
ilícitos hacia Estados Unidos, incrementando los niveles corrupción institucional y
la violencia social, lo que hizo necesario el despliegue del ejército para combatir
esta delincuencia.
En las elecciones de 2012, el PRI volvió a obtener el respaldo mayoritario del
electorado, tras un profundo proceso de refundación en la renovación de sus cuadros
dirigentes.
El nuevo presidente Enrique Peña Nieto introdujo programas de transformación
institucional en dirección contraria a las políticas de las décadas anteriores,
algunas tan socialmente incisivas como la nueva ley de educación pública y
la reforma sindical; culminando con las más emblemáticas, la reforma energética
(que de hecho abría el sector a la inversión privada y el capital exterior) y el abandono
del principio de la no reelección (elemento simbólico que desencadenó el comienzo
de la Revolución Mexicana).
Brasil
Por sus condiciones geográficas (8,5 millones de kilómetros cuadrados), demográficas
(más de 200 millones de habitantes) y económicas (sexta potencia mundial),
Brasil reunía capacidades para conformarse como un líder regional. Sin embargo,
no ha sido hasta el último cuarto de siglo cuando de forma efectiva el país ha dado
los pasos necesarios para erigirse como un referente internacional y alzarse con el
liderazgo sudamericano.
La razón fundamental por la que no se ha producido antes fue la decisión estratégica
de conformar un crecimiento hacia el interior.
La dictadura instaurada por
Getulio Vargas de 1930-1945, los gobiernos electos de los generales Eurico Dutra
y del propio Vargas y definitivamente una nueva dictadura militar de 1964 a 1985
mantuvieron unos principios económicos autárquicos y políticas de crecimiento endogámico.
Esto permitió la conformación de grandes complejos industriales, la expansión
hacia el interior de la Amazonia con la construcción de Brasilia y el
comienzo de la articulación territorial; pero también dificultó una apertura exterior
que permitiera a Brasil jugar un papel singular en el ámbito internacional.
La peculiar dictadura militar fue desmontada por las propias fuerzas armadas
desde finales de los años setenta, a través de una transición que pretendía ser “lenta,
gradual y segura” mediante elecciones presidenciales indirectas.
El movimiento popular
a favor de elecciones directas de 1984 –con motivo del veinte aniversario del
gobierno militar– hizo que en los comicios del año siguiente se impusiera, frente al
candidato oficialista, el líder de la movilización, Tancredo Neves.
Su muerte antes
de la toma de posesión hizo que ocupara la presidencia en 1985 José Sarney. La
labor fundamental de Sarney fue la de sentar las bases de un nuevo régimen político
a través de una Asamblea Constituyente, que dictaría un sistema presidencialista,
como fue recogido en la Constitución de 1988. En las primeras elecciones directas
de 1989 fue elegido presidente Fernando Collor de Mello (Partido da Renovação
Nacional); pero la crisis económica irresuelta y los escándalos por corrupción le
obligaron a presentar la dimisión antes de ser juzgado por el Parlamento, sucediéndole
el vicepresidente Itamar Franco (1992).
Ese año Brasil, que había padecido fuerte índices de inflación a lo largo de
décadas, alcanzó el 1.100% de crecimiento anual, siendo la de 1993 de un 6.000%.
Para frenar ese derrumbe se llevó a cabo una transición financiera y económica,
protagonizada por el nuevo ministro de Economía, Fernando Enrique Cardoso,
que introdujo el Plan Real con gran eficacia; frenó la hiperinflación, recuperó la
confianza de las entidades crediticias internacionales y aumentó significativamente
el mercado laboral. Este éxito aupó a Cardoso a la presidencia en 1994
(Partido Social-Demócrata de Brasil), revalidada en las elecciones de 1998; su
primer mandato fue singularmente positivo, aumentando el tejido industrial brasileño
y optimizando la explotación de recursos naturales, mientras el segundo
estuvo marcado por la crisis del real y cierta desaceleración económica; pero lo
que mayor controversia produjo fue la crisis energética: el incremento generalizado
de demanda de energía no pudo ser satisfecho y se desabasteció a buena
parte del país.
La impopularidad de Cardoso arrastró a su propio partido; en las elecciones de
2002 se impuso el Partido de los Trabajadores, que llevó a la presidencia a Luis
Inácio Lula da Silva; el aspirante derrotado en todas las campañas electorales anteriores
conseguía la victoria con el mayor respaldo de votos populares de la historia.
Su gobierno se ha caracterizado por una muy ambiciosa política de reparto de la riqueza,
potenciación del desarrollo nacional integrado y expansión de la influencia
exterior de Brasil. Aunque de los doce puntos programáticos de su primer mandato
apenas pudo materializar un tercio y a pesar de los escándalos por corrupción y financiación
ilegal, Lula renovó su victoria en 2006, lo que le mantuvo como presidente
de Brasil hasta 2010.
Durante su mandato la economía brasileña dio un salto
cualitativo extraordinario, hasta situarse como octava potencia mundial al final de
la década; al mismo tiempo, la política exterior adquiría rango de potencia internacional,
liderando los procesos de integración sudamericanos y diseñando líneas de
proyección estratégica hacia Europa y África.
El primer día de 2011 tomó posesión como presidenta de Brasil Dilma Rousseff,
anterior ministra de Minas y jefa de gabinete de Lula, quien se impuso en la segunda
vuelta electoral, consiguiendo el 65% de los sufragios. La continuidad entre ambas
presidencias se produjo de forma institucional, más allá del relevo de los principales
dirigentes gubernamentales anteriores.
Se profundizó en las líneas de liberación
económica e internacionalización de la economía brasileña, al tiempo que se reforzaban
los programas sociales y se materializaban los grandes proyectos de infraestructuras
de integración regional. El ejercicio de una política exterior de nivel global
fue ratificado por la selección de Brasil, se hace de la Copa del Mundo de Fútbol
(2014) y los Juegos Olímpicos del 2016.
Argentina
Aunque de corta duración, la dictadura militar ha marcado la pauta de la política
argentina durante décadas. La restauración democrática en diciembre de 1983 puso
fin a ocho años de dictadura, en los que las fuerzas armadas como institución ostentaron
el poder y desencadenaron una represión extensiva, protagonizando el más
traumático episodio de la nación. La creciente corriente de oposición interna a la
pervivencia del régimen trató de ser sofocada señalando un “enemigo exterior”, por
lo que se desencadenó la guerra de las Malvinas.
Fue el fracaso de esta contienda
y la profundización en la crisis económica lo que obligó a la Junta Militar a ceder
sus poderes y dar paso a una acelerada transición. Sin embargo, la utilización política
del recuerdo de la dictadura ha hecho que persista en la memoria de la sociedad
argentina como un esencial punto de referencia.
La transformación del sistema político argentino corrió a cargo del primer gobierno
democrático de este periodo, presidido por Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica
Radical (UCR). Su gestión se centró en el doble desafío que supuso la liquidación
del régimen dictatorial y afrontar la gran crisis económica que padecía el país. La
primera se profundizó hasta alcanzar la depuración de responsabilidades de las tres
primeras juntas militares, el sometimiento al poder civil de las fuerzas armadas y
la consolidación de las instituciones democráticas. Mayor complejidad y menor
éxito tuvo en el intento de frenar el declive económico y la creciente inflación; de
hecho fue la incapacidad de su gobierno para contener la hiperinflación lo que le
obligó a adelantar las elecciones.
Con su triunfo en las elecciones de 1989 volvió al poder el Partido Justicialista
(PJ), con Carlos Saúl Menem como presidente, si bien eran poco reconocibles en su
programa de gobierno las señas de identidad peronistas. Para acabar con la crisis
económica Menem aplicó sistemáticamente los preceptos neoliberales (privatización
del sector público, reducción de aranceles, liberalización de los mercados), e incluso
fue más allá, hasta diseñar todo un nuevo sistema financiero que suponía la paridad
del peso con el dólar (Ley de Convertibilidad). La política económica diseñada por
el poderoso ministro de Economía Domingo Caballo aumentó la confianza exterior,
lo que supuso la entrada de capitales y la concesión de créditos blandos, con los que
se favoreció el crecimiento con precios estables, multiplicó la inversión exterior y
repuntó la exportación; sin embargo, esa misma política desincentivó la industrialización,
multiplicó las diferencias de los niveles de renta y la precariedad laboral; a
pesar de su gravedad, el flanco más débil, sin embargo, se encontraba en la dependencia
exterior y, cuando se produjeron las crisis internacionales –en especial la de
1998–, todo el sistema de crecimiento basado en la paridad se colapsó.
Esta crisis fue de nuevo la causa de una alternancia en el ejecutivo, volviendo
la UCR al poder con Fernando de la Rúa. Las posibilidades de reacción ante la crisis
comenzaban en la contención de la fuga de capitales –favorecida por el artificial
mantenimiento de la paridad–; pero un nuevo plan del recuperado Domingo Caballo
se evidenció tan ineficaz como impopular, en especial la medida de restricción de
la retirada de efectivo en los depósitos privados (el corralito, diciembre de 2001).
La imposibilidad de acceder a sus ahorros empujó a la ciudadanía a las calles y la
movilización popular motivó primero la dimisión del ministro, el establecimiento
del Estado de sitio y la definitiva salida del presidente (20 de diciembre de 2001).
La inestabilidad de las instituciones ante la acometida de la calle se manifestó en la
sucesión desorganizada de máximos responsables (tres presidentes en dos semanas),
hasta que la Asamblea Legislativa eligió al peronista Eduardo Duhalde presidente
provisional (2 de enero de 2002), que rápidamente decretó la suspensión de pagos,
puso fin a la Ley de Convertibilidad y devaluó el peso.
Duhalde reintrodujo la vieja
política industrializadora de sustitución de importaciones –favorecida por el encarecimiento
de las compras en el exterior–, lo que ayudó al aumento de la exportación
y un modesto superávit fiscal; las políticas sociales se debieron reforzar para atajar
los efectos desestabilizadores de la extensión de la pobreza y la actuación de grupos
organizados antisistema.
Las elecciones de 2003 depararon la continuidad peronista, con Néstor Kirchner
(PJ) en la Presidencia, pero introduciendo un marcado giro populista. Su gestión
buscó vehementemente el contraste con las anteriores políticas neoliberales, pero
sin salirse de la ortodoxia de las grandes instituciones financieras internacionales;
nacionalizó empresas privatizadas, levantó la suspensión de pagos y el corralito, y
devolvió la confianza a los mercados exteriores a través de la amortización de la
deuda.
El crecimiento del PIB durante los años de bonanza económica internacional,
la reducción de la pobreza y el aumento de puestos de trabajo estuvieron, sin em-
bargo, más relacionados con el incremento de las exportaciones agroganaderas y la
mayor explotación de los recursos energéticos. Aquellos partidarios o críticos que
veían en Kirchner la reencarnación de un nuevo Perón reforzaron sus argumentos
cuando el presidente propició la candidatura de su esposa para sucederle. Cristina
Fernández de Kirchner fue elegida presidenta de la República Argentina en octubre
de 2007, desarrollando una gestión de continuidad respecto a la etapa anterior, pero
debiendo hacer frente al cambio de coyuntura económica que provocó a nivel interno
la crisis agraria y a nivel internacional la gran crisis global de 2008 y 2009. A
pesar de la ostensible reducción en el crecimiento y la multiplicación de conflictos
sociales, Cristina Fernández fue reelecta en las elecciones de 2011 por un amplio
margen de diferencia a consecuencia de una oposición muy fragmentada y con escasas
propuestas alternativas. En su segundo mandato se profundizaron los conflictos
sociales (sindicatos, medios de comunicación, sectores exportadores) y se
completó el ciclo de la nacionalización energética (YPF).
Las tensiones dentro del
peronismo oficialista y la ruptura social ocasionada por los efectos de la crisis económica
tuvieron como telón de fondo el mantenimiento de una política económica
errática –lo que ocasionó una desinversión exterior y la fuga de capitales, aumento
del índice la inflación y desabastecimiento– y el proyecto gubernamental de reforma
constitucional que permitiera la prolongación del mandato.
Chile
La República chilena era el régimen democrático más longevo y estable de la región
hasta que el 11 septiembre de 1973 un golpe de Estado instauró una dictadura dirigida
por una Junta Militar liderada por el general Augusto Pinochet.
Lo que inicialmente
iba a ser una experiencia breve (presentada como una responsabilidad de las
Fuerzas Armadas para reconducir la crisis nacional), acabó institucionalizándose a
través de la Constitución de 1980. El régimen efectuó en los años ochenta un reajuste
profundo de la economía nacional, dando entrada a las entonces triunfantes prácticas
neoliberales, que se materializaron en la privatización de empresas estatales, la liberalización
de los mercados y la reducción del gasto público; la nueva política económica
produjo un importante incremento de la producción, la apertura del país al
comercio internacional y la entrada de capitales exteriores, pero también aumentó
las diferencias de renta y la desatención a las clases más humildes. Era el comienzo
del milagro económico chileno, que unido a su moderada e institucional transición
a la democracia sentaron las bases de la ejemplaridad de su modelo. La transición
comenzó con el fracaso del proyecto de Pinochet para prolongar su régimen autoritario;
la convocatoria de un referéndum para la reforma política en 1988 se saldó
con el triunfo de la oposición y la definitiva salida de la Junta Militar en 1990.
A pesar de una amplia pluralidad ideológica, el sistema de partidos chileno ha
mantenido una gran estabilidad electoral, a consecuencia del sistema electoral bi-
nominal, que favorece la conformación de grandes coaliciones. Desde las primeras
elecciones de esta nueva era democrática se articularon dos grandes formaciones,
una conformada por aquellos partidos que habían realizado una oposición a la dictadura
(Concertación de Partidos por la Democracia, que unirá fuerzas de un muy
amplio arco ideológico, desde la Democracia Cristiana hasta el comunismo) y otra
con aquellos partidos surgidos para mantener la estabilidad social y los logros económicos
alcanzados durante la dictadura (Democracia y Progreso, y Unión de Centro,
posteriormente unidas en la Alianza por Chile).
El primer presidente electo fue el democristiano Patricio Aylwin, como representante
de la Concertación, que a través de sucesivas Presidencias mantuvo el
poder durante dos décadas.
La labor de Aylwin se centró en sentar las bases del
nuevo régimen democrático (muy mediatizado por la permanencia de Pinochet al
frente de las fuerzas armadas y la invariabilidad constitucional), reducir los niveles
de pobreza y reconocer la violación de los derechos humanos durante la dictadura
(Informe Rettig), manteniendo en todo momento invariables las principales bases
de la política económica heredada. Esta persistencia en las políticas ortodoxas hizo
que a la entrega del poder a su sucesor, los índices económicos alcanzaran niveles
sin comparación en el continente (7% de crecimiento del PIB). En consecuencia, la
posterior presidencia de Eduardo Frei –también democratacristiano– fue continuista
en todos los aspectos, incluido el éxito económico; sin embargo, la solidez del modelo
de crecimiento chileno se puso a prueba con las crisis internacionales –en especial
la de 1998–, que produjo un repunte del desempleo; al mismo tiempo que el
encarcelamiento de Pinochet en Londres –a consecuencia de una orden de captura
internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón– reabría el debate nacional
entre partidarios y detractores del ex dictador.
Todo ello produjo una amplia inestabilidad –aunque muy atenuada respecto a
otros países latinoamericanos, como la vecina Argentina–, coincidente con las elecciones
de 2000 que llevaron a la presidencia al socialista Ricardo Lagos, como representante
de la Concertación. Su gestión, lejos de lo que había vaticinado la
oposición conservadora durante la campaña, se caracterizó por una optimización y
ampliación del sistema económico, firmando tratados de libre comercio con Estados
Unidos, Mercosur, Unión Europea, China y Corea del Sur; desarrollando al mismo
tiempo un programa de grandes obras en infraestructuras y ampliando ciertos programas
sociales –sanitarios, educativos y asistenciales–. Políticamente, la gestión
de Lagos culminó con la propuesta y aprobación de reforma de la Constitución de
1980, que borraba los aspectos menos democráticos heredados del período dictatorial.
El éxito de su gobierno quedó palpable con unos índices de aceptación popular
del 70% al final de su mandato, los más altos de cualquier presidente hasta ese momento
en cualquier momento de su mandato. Este respaldo fue rentabilizado en la
campaña electoral de 2006, la cuarta ganada por la Concertación, que por primera
vez elevó a la máxima magistratura chilena a una mujer, la socialista Michelle Bachelet,
que ya anteriormente había sido la primera mujer que estuvo al frente del
Ministerio de Defensa. En su mandato mantuvo las políticas estructurales, profundizando
en las políticas sociales (gratuidad de la sanidad, reforma educativa, programas
de viviendas sociales), reforzando la seguridad interior y dando rumbos más
ambiciosos a la política exterior chilena. Al final de su mandato alcanzó unos índices
de popularidad nunca antes logrados por ningún otro presidente.
Esta promoción hacia su gestión no pudo ser aprovechada por la candidatura
de la Concertación en las elecciones de 2010, que de nuevo presentaba a Eduardo
Frei como aspirante a la presidencia. En estos comicios se produjo la gran alternancia,
poniendo fin a 20 años de gobiernos de la Concertación; triunfó la candidatura
de Sebastián Piñera, un rico empresario con experiencia política en la oposición
y líder de Renovación Nacional, el gran partido de la derecha chilena. A los pocos
días de su toma de posesión, cuando aún no se habían completado los nombramientos
institucionales, el programa de acción del gobierno debió ser alterado a consecuencia
de un gran terremoto que afectó a la región central del país, donde se
concentra el 80% de la población, causando pérdidas equivalentes al 15% del PIB
nacional.
La gestión de Piñera se centró en optimizar el sistema económico a través
de la agilización de los trámites empresariales, la simplificación impositiva y la
proyección exterior; especialmente significativa fue su participación en la gestación
y entrada en función de la Alianza del Pacífico. El resultado de estas gestiones fue
el mantenimiento de un elevado crecimiento económico (por encima del 5% del
PIB anual) y el mantenimiento de una inflación contenida; pero al mismo tiempo
se manifestó su incapacidad para reducir el diferencial entre rentas (Chile mantiene
un 0,493 en el Índice Gini, el más alto entre los países de la OCDE y y uno de los
máximos en América Latina). Crecimiento económico y desigualdad social produjeron
conjuntamente movimientos sociales de protesta (estudiantes, sindicatos, movimiento
Mapuche), que alteraron periódicamente el país.
Este descontento social y la incapacidad para presentar nuevos liderazgos hicieron
que en las elecciones de 2013 no pudiera revalidarse el triunfo de la derecha
chilena. La Concertación proclamó candidata de nuevo a Michelle Bachelet, quien
sostuvo un discurso socialmente comprometido y propuso convocar una Asamblea
Constituyente que dejara atrás la Constitución heredada de la dictadura. Su capacidad
de liderazgo y promesas electorales reunieron un respaldo mayoritario en la segunda
vuelta electoral.
Colombia
La bicentenaria historia de Colombia ha tenido dos constantes: la fortaleza de unas
instituciones legitimadas a través de elecciones periódicas y la persistencia del ejercicio
de la violencia política. La política colombiana durante el último cuarto de
siglo ha mantenido ambas constantes, caracterizándose por la alternancia en el gobierno
de los dos partidos tradicionales, la expansión activista de las guerrillas, el
crecimiento de las actividades del narcotráfico y, en contraste con todo lo anterior,
la solidez de su desarrollo económico.
Los dos grandes partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, se han sucedido
en el gobierno nacional en los últimos 150 años (salvo la interrupción de la
dictadura del general Rojas Pinilla, 1953-1957). Esta estabilidad partidista, sin embargo,
nunca llegó a garantizar la alternancia pacífica, produciéndose reiterados
episodios de extrema violencia, alcanzando su culminación en el periodo 1946-
1958 –en la historia colombiana conocido sencillamente como “La Violencia”–. La
inmovilidad del sistema de partidos y la represión de cualquier movimiento alternativo
motivaron en los años sesenta y setenta el surgimiento de núcleos guerrilleros
que acabaron conformándose como el gran cáncer político colombiano: Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 1964), Ejército de Liberación Nacional
(ELN, 1965), Ejército Popular de Liberación (EPL, 1967), Movimiento 19
de Abril (M-19, 1970).
El amplio apoyo de las clases más desfavorecidas, la migración
rural hacia las grandes ciudades y el colosal beneficio del tráfico de drogas
sirvieron para sostener las que acabaron siendo las más antiguas y fuertes guerrillas
de toda Latinoamérica.
Desde los años ochenta, a la violencia generada por la guerrilla se sumó la aparición
de poderosos cárteles de la droga, que vertebraron fuertes grupos financieros
con una capacidad de corrupción a todos los niveles del Estado. También en los
ochenta comenzaron a organizarse grupos paramilitares contrarrevolucionarios, en
unas ocasiones armados de forma oscura por instancias estatales y en otras como
ejércitos privados de narcotraficantes para proteger amplias zonas de recolección y
transformación de coca. Durante este periodo los distintos grupos guerrilleros pasaron
de realizar acciones tradicionales de ocupación del territorio a utilizar técnicas
propias de grupos terroristas; la violencia no sólo se encontraba ya en zonas rurales
sino que golpeaba el corazón de las grandes ciudades.
En un clima de creciente imperio de la violencia y el narcoterrorismo, el nuevo
presidente César Gaviria (1990-1994) propuso la convocatoria de una Asamblea
Constituyente que elaboró una nueva Constitución (1991), con el objetivo de pacificar
el territorio y dar una respuesta política de consenso a las distintas facciones
en armas. Perteneciente al Partido Liberal, durante la presidencia de Gaviria se introdujeron
políticas económicas de corte neoliberal que promovieron la apertura
del sistema colombiano al comercio exterior, lo que produjo un fuerte incremento
de las exportaciones, pero no consiguió las inversiones externas que perseguía. La
razón fundamental del escaso atractivo para la inversión exterior sigue siendo la
violencia; el principio de no extradición incluido en la Constitución hizo que se entregara
a la justicia el principal capo de la droga, Pablo Escobar, que posteriormente
huyó de su lugar de reclusión y acabó siendo abatido en una operación policial
(1993). El también liberal Ernesto Samper (1994-1998) mantuvo a grandes rasgos
las políticas económicas, introduciendo programas de fuerte vocación social, especialmente
en las áreas de salud, educación y lucha contra la pobreza.
Aunque persistió la actuación militar y policial contra los grupos violentos, toda su presidencia
se vio ensombrecida por la acusación de financiación ilegal de su campaña electoral
procedente del narcotráfico.
El nivel de actividad de las organizaciones violentas había alcanzado tal dimensión
que se vieron comprometidas las áreas más sensibles de integración territorial
y puesta en serio peligro la seguridad nacional. Con la persecución y desmembración
de los grandes grupos de la droga (Medellín y Cali), las guerrillas y los paramilitares
acabaron controlando el tráfico de estupefacientes, enriqueciendo aún más
sus posibilidades de actuación y corrupción.
Esto hizo que en la campaña electoral
de 1998 las propuestas para acabar con la violencia centraran los discursos políticos
de los candidatos. Rompiendo con la continuidad liberal, se acabó imponiendo el
candidato conservador Andrés Pastrana (1998-2001), quien articuló su acción de
gobierno en la apertura de un proceso de paz y el establecimiento de negociaciones
directas con las principales organizaciones guerrilleras, comenzando por la más
trascendente de ellas, las FARC. Para realizarlo se despejó militarmente el amplio
territorio de El Caguán –que las FARC acabaron convirtiendo en un santuario–, lo
que produjo tensiones entre el estamento militar y el Gobierno. A pesar del escaso
avance de las negociaciones, Pastrana las mantuvo abiertas por consejo de los observadores
internaciones. Tras más de dos años sin resultados y habiendo aprovechado
las FARC para ganar posicionamiento estratégico y reconocimiento exterior,
Pastrana cerró la mesa y ordenó la vuelta a la política previa.
Este fracaso de la iniciativa
más amplia de pacificación y el volumen de amenaza al que habían llegado
las actuaciones de unas bandas armadas en gran parte financiadas por el narcotráfico
hizo que el mismo electorado que apoyó la apertura de un proceso de paz después
demandara un ejercicio de fuerza.
En las elecciones de 2002 se impuso, por primera vez desde la fundación del
sistema de partidos tradicionales, un candidato ajeno al mismo, el ex liberal Álvaro
Uribe, que revalidó su mandato en las elecciones de 2006, garantizándose su magistratura
hasta 2010. El programa de Uribe presentaba tres grandes vectores: lucha
contra la insurgencia, políticas económicas liberalizadoras y renovación del sistema
político colombiano. La prioridad de la lucha contra la guerrilla partió de unos criterios
de exigencia para entablar conversaciones y acogerse a medidas de gracia;
tan sólo los aceptaron los paramilitares –Autodefensas Unidas de Colombia–, lo
que hizo que se propagara la idea de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad
y narcotráfico (con la acusación de connivencia de miembros de los gobiernos de
Uribe con los paramilitares).
La política de seguridad democrática tuvo como objetivo
principal la materialización de la presencia del Estado en todo el territorio
nacional, la deslegitimación de la guerrilla de las FARC y el incremento de la presión
militar utilizando todos los medios para conseguir su final; si en anteriores periodos
se había contemplado la posibilidad de un acuerdo pacificador, Uribe
perseguía infligir una derrota militar. La reforma institucional se fue concretando
en la reagrupación de ministerios, introduciendo prácticas de gestión contra la pa-
trimonialización de las instituciones del Estado por los partidos tradicionales (reducción
del número de cargos electos y recorte de las pensiones a los servidores
públicos); si bien la reforma más importante fue la constitucional, para permitir la
reelección presidencial inmediata.
La economía colombiana acumuló a lo largo de
su gestión unas sólidas bases de crecimiento, máxime con el aumento de la actividad
exportadora y la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; 2006
se cerró con un crecimiento de un 6% del PIB, algo inédito desde mediados de los
setenta, culminando un progreso ininterrumpido en el último lustro, y al que la gran
crisis internacional de 2008 afectó menos que a la media de los países de la región.
Los éxitos cosechados durante su mandato y los altos índices de popularidad empujaron
a Uribe a intentar conseguir una nueva reelección en los comicios de 2010,
pero el Tribunal Supremo de Colombia negó la posibilidad de la reforma constitucional
necesaria para permitir su candidatura.
El respaldo popular ganado por Uribe lo recibió su heredero político, Juan Manuel
Santos (2010), quien en principio mantuvo una continuidad natural con las políticas
anteriores. Sin embargo, tras su primer año de gobierno comenzó a introducir
cambios en la política exterior (acercamiento a la Venezuela de Chávez), en la economía
(reforzando las infraestructuras y políticas sociales) y muy significativamente
en la defensa. Sin relajar la estrategia de acoso permanente a los grupos armados,
Santos abrió cauces de contacto que acabaron posibilitando un nuevo ciclo de negociaciones,
en esta ocasión fuera de Colombia.
Venezuela
La evolución socioeconómica de Venezuela ha estado al tiempo potenciada y lastrada
por el beneficio de la explotación petrolera. La abundancia energética ha llegado
a determinar una dependencia económica absoluta; el 96% de sus dividas
proceden de la exportación de crudo. Los enormes beneficios del petróleo han sido
también la causa de un desarrollo muy reducido del resto de la producción industrial
y aún más de la agricultura; el sistema de subvenciones estatales y la facilidad de
importar productos manufacturados y agrarios contribuyeron a crear una enorme
deuda exterior cuando los precios del crudo bajaron a comienzos de los ochenta, lo
que a su vez produjo una espiral inflacionista que incidió en las clases medias y
bajas, desestabilizando socialmente el país.
El origen del desarrollo petrolero y la conversión de Venezuela en potencia exportadora
comenzó en la segunda mitad de siglo, durante la dictadura de Pérez Jiménez,
quien introdujo políticas económicas y ambiciosos programas de infraestructuras
que dinamizaron el país. Su final en 1958 inauguró un nuevo sistema de partidos,
dominado por Acción Democrática (nacionalista y progresista) y COPEI (democracia
cristiana), que se alternaron en el poder durante las siguientes cuatro décadas.
Los crecientes beneficios de la exportación energética durante las las presidencias
de Herrera Campins, Lusinchi y Pérez Jiménez no consiguieron reducir las grandes
diferencias de renta ni la inestabilidad social, derroche de divisas en subvenciones
incontroladas, fuga de capitales y una corrupción que degeneró la vida política venezolana.
El triunfo electoral de Rafael Caldera (1994) al frente de una coalición
progresista (Convergencia) puso fin efectivo al turnismo anterior, pero no introdujo
cambios significativos en el sistema de gobierno, por lo que no consiguió solucionar
los profundos problemas estructurales.
Riqueza nacional, inmovilidad e injusticia social y corrupción sentaban las bases
para una gran alternativa. En las elecciones de 1998 se impuso un outsider del anterior
sistema, el ex coronel Hugo Chávez, protagonista de un golpe de Estado fallido
en 1992.
Su programa inicial tenía tres grandes objetivos: reforma constitucional,
lucha contra la corrupción y reducción de la pobreza. Utilizando los instrumentos
del Estado y siempre ateniéndose escrupulosamente a la ley vigente, Chávez fue
transformando el régimen venezolano hasta convertirlo en un bonapartismo populista
cobijado bajo la figura totémica de Bolívar.
La nueva Constitución de 1999
cambió el nombre al país –República Bolivariana de Venezuela– y con ella se fue
polarizando y radicalizando la escena política. En 2001 Chávez solicitó y obtuvo
del Congreso la Ley Habilitante, que le confería plenos poderes legislativos, con
los que se dictaron las Leyes de Hidrocarburos, de Tierras y de Pesca (calificadas
de “comunistas” por la patronal, la principal asociación sindical y los partidos de
la oposición, que convocaron una huelga general).
La incapacidad para frenar la
actuación presidencial de los partidos opositores radicalizó su actuación, que culminó
con el golpe de Estado de abril de 2002, inicialmente triunfante (llegó a jurar
su cargo un nuevo presidente, Pedro Carmona, líder de la patronal venezolana) pero
finalmente fallido.
La huelga general e indefinida de finales de ese año y comienzos
del siguiente lejos de debilitar al ejecutivo, polarizó aún más la cada vez más tensa
política venezolana. En agosto de 2004 se celebró un referéndum revocatorio, del
que salió triunfante Chávez; como lo hizo en las elecciones parlamentarias de 2005
–con abstención de todas las fuerzas de oposición, lo que dejaba el Congreso en su
integridad en manos chavistas– y presidenciales de 2006.
En esta campaña electoral
Chávez, utilizó de forma oficial un heterogéneo conjunto de ideas bajo la denominación
de “socialismo del siglo XXI”; lejos de ser una nueva doctrina ideológica, la
expresión designa un conjunto de prácticas gubernamentales características del capitalismo
de Estado impregnado con altas dosis de populismo y enmarcado en un
efectista discurso progresista y nacionalista.
En enero de 2007 Chávez obtuvo su segunda Ley Habilitante, que le permitió
disponer durante 18 meses de plenos poderes para legislar en los más trascendentales
campos, desde el económico –hidrocarburos, industria y agricultura– hasta el
social –organización vecinal, ley municipal–.
A finales de ese mismo año, el 2 diciembre
se celebró un plebiscito para aprobar una nueva Constitución, con un resultado
adverso a la propuesta; sin embargo, las enormes facultades de la Ley
Habilitante y el monopolio de la acción legislativa en la Asamblea permitieron a Chávez desarrollar las más trascendentales incorporaciones de la non nata Constitución,
como la transformación de las fuerzas armadas (reconvertidas en el principal
instrumento de defensa de la revolución bolivariana), la ley de propiedad social
(que permite la incautación de medios de producción y comercialización privados),
la ley de comunicación social (que de hecho instaura una censura que castiga la
discrepancia) y el establecimiento de la milicia nacional (organización de cuadros
y militarización de la población civil para la defensa armada del régimen).
Este conjunto de actuaciones marcó la consolidación definitiva del régimen autoritario,
clonando algunos aspectos del cubano, pero manteniendo las formas democráticas.
Durante su presidencia y con los enormes beneficios petroleros como base sostenedora,
Chávez desarrolló una agresiva política exterior, que pretendía la extensión
de la revolución bolivariana al resto del continente; que consiguió sus
resultados más efectivos en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y algunos países
del CARICOM, lo que culminó con el acercamiento a Brasil y Argentina que supuso
la entrada en Mercosur.
Con un discurso vehementemente antiimperialista y recuperando
el ideal latinoamericanista, la plataforma del ALBA y los abundantes petrodólares
permitieron construir una extensa red clientelar de agrupaciones,
movimientos y partidos políticos a lo largo de toda América Latina. A partir de 2008
la influencia exterior de Chávez comenzó a disminuir como resultado de la crisis
global y el deterioro económico de Venezuela.
Desde mediados de 2011 se fueron conociendo los graves problemas de salud
de Chávez, dados por superados una y otra vez. No le impidieron alcanzar una última
victoria en las elecciones presidenciales de octubre de 2012; pero ni siquiera
pudo comenzar el mandato, muriendo a comienzos de marzo de 2013.
Ya desde su larga postración le sustituyó en funciones el vicepresidente Nicolás Maduro, que
acabó siendo refrendado en las nuevas elecciones de abril, aún bajo el luto por la
desaparición del líder. Sin el carisma de su padrino y con crecientes divisiones internas
en el régimen, Maduro se enfrenta a dificultades económicas, agravadas por la
errática política del régimen, a problemas de desabastecimiento, generados por las
trabas a las importaciones en un país que exporta petróleo e importa buena parte de
los artículos de consumo, y a un elevadísimo nivel de delincuencia violenta, que han
reducido el anteriormente muy mayoritario apoyo social al chavismo.
33. Elementos estructurales de la política estadounidense.
A lo largo del cuarto de siglo que siguió al final de la Guerra Fría, Estados Unidos
culminó su transformación en la única superpotencia global, logrando un nivel de
liderazgo y una capacidad de influencia comparable a la de los grandes imperios
de la historia.
Su superioridad militar, la hegemonía de su economía, su influyente
cultura popular y su aventajado desarrollo científico y tecnológico sentaron las bases
de una incontestable hegemonía política, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética.
No obstante, en los últimos años, a raíz de la última crisis económica, la
emergencia de China y el repliegue internacional de Washington tras sus últimas
intervenciones en Irak y Afganistán, su liderazgo parece algo menos sólido.
En este tema se repasan, en primer lugar, las características estructurales del
país en comparación con las otras democracias avanzadas próximas por geografía
o herencia cultural. Después se analiza la evolución política de EE. UU. contrastando
las últimas cuatro presidencias. En la era Reagan, durante los años ochenta,
se materializó la revolución conservadora que tanta huella dejó.
Durante la presidencia de George H. W. Bush se afrontaron cambios trascendentales en el panorama internacional y una difícil situación económica. Bill Clinton tuvo que diseñar la nueva política exterior de la superpotencia y fue el reformador que puso las bases de su nueva economía.
La respuesta bélica a los ataques terroristas del 11-S vertebró la presidencia de George W. Bush, que se cerró con la crisis económica de 2008, la mayor desde la Gran Depresión. Finalmente, Barak Obama se tuvo que hacer cargo de las guerras en Irak y Afganistán y afrontar la recesión económica con reformas y recortes presupuestarios federales.
Economía y política en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Es difícil establecer comparaciones entre EE. UU. y los países del área centro y suramericana.
En cambio, por nivel de desarrollo económico y humano y por compartir
un sistema político democrático muy estable, consolidado desde hace muchas
décadas, y una tradición cultural común, cobra sentido confrontar sus datos con Canadá,
Australia y Nueva Zelanda, países, además, con sus mismos orígenes históricos
por haber sido todos ellos colonias británicas. A pesar de las distancias
geográficas y de las diferencias en volumen de población y actividad productiva,
los cuatro son ricos en recursos naturales, tienen economías muy abiertas y sociedades
civiles muy vivas, así como excepcionales niveles de bienestar. Igualmente
se han formado a partir de constantes flujos de inmigrantes de muy variado origen
y son aliados estratégicos, tanto en lo comercial como en los ámbitos de la diplomacia
y la seguridad.
La demografía.
EE. UU. es un gigante demográfico, por detrás sólo de China e India, con más de
trescientos millones de habitantes, el doble que Rusia y el equivalente a la UE antes
de su última ampliación. Las cifras de los otros tres países son muy inferiores, en
particular Nueva Zelanda. Su rasgo común es que entraron en la tercera fase de la
transición demográfica hace décadas, pero la tasa de fecundidad se ha sostenido en
todos ellos en torno al 2% (algo inferior en Canadá), evitando así un envejecimiento
demográfico como el que ya afrontan países de Europa Occidental. Esta situación
tiene mucho que ver con la inmigración.
Los inmigrantes constituyen casi el 16% de la población estadounidense (unos
50 millones, procedentes sobre todo de México y Centroamérica) y más del 20%
en los otros países. Los demógrafos calculan que este grupo aportará el 82% del
crecimiento demográfico y de su población activa entre 2005-2050. La igualdad de
oportunidades, una vez que se acepta la lengua inglesa y los valores cívicos democráticos
del Estado, está en la base de la identidad nacional de estos países.
Construidos desde su nacimiento por inmigrantes, han forjado su imagen de nación como
amalgama de tradiciones culturales muy variadas: anglosajonas, aborígenes, francesas
(en el caso de Canadá) más las de las distintas oleadas migratorias. En la actualidad
destaca la pujanza de la minoría hispana en EE. UU. (en tres décadas los
norteamericanos blancos no latinos serán minoría), mientras que en Australia y
Nueva Zelanda cada vez es más significativo el peso de la población de origen asiático.
Las políticas de integración canadienses son las más eficaces, a juzgar por el
éxito en el rendimiento escolar de sus inmigrantes. El mayor problema es la inmigración
ilegal, sobre todo la frontera sur de EE. UU. y, en Australia, por sus aguas limítrofes con Indonesia.
En EE. UU. viven once millones de ilegales, a veces con familias ya nacidas en el país y en riesgo de inmediata deportación.
Hay muy pocos visados anuales para trabajadores extranjeros cualificados y resulta muy caro para
los empresarios legalizar su situación pese a la demanda del mercado laboral. La
resolución del problema es un reto urgente.
En los cuatro países la esperanza de vida es elevada, parecida a la española, en
torno a la media de 80 años de la OCDE. Otro elemento a destacar es la carestía de
sus servicios sanitarios. El gasto sanitario en EE. UU. es del 17,6% del PIB, el más
elevado de la OCDE, aunque sólo la mitad del mismo es estatal (para atención a
ancianos, discapacitados y población de escasos recursos), el resto son seguros médicos
privados. En cambio, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda hay, como en
Gran Bretaña, servicios públicos de salud.
El desarrollo económico.
EE. UU. tiene el mayor PIB del mundo (aún un 25% superior al de China), que supone
un cuarto del Producto Mundial Bruto y es el sexto país por ingreso per cápita,
sólo superado por Qatar, Luxemburgo, Singapur, Noruega y Hong Kong.
Se trata de una economía que cuenta con enormes recursos naturales, una actividad económica
muy diversificada, grandes infraestructuras, incluida una sólida investigación,
y una alta productividad, lo que hace de ella una de las más competitivas del mundo.
Es el primer productor industrial del mundo y el segundo exportador después de
China. Los otros tres países también disponen de un INB per cápita alto, sobre todo
Australia y Canadá, así como de economías avanzadas y muy competitivas. Su actividad
productiva en porcentaje del PIB se distribuye de forma similar en los cuatro
países: en torno al 2% de agricultura, 20% de industria y más del 70% en servicios,
el 80% en EE. UU.
Las tasas de empleo (porcentaje de la población entre 15 y 64 años que tiene trabajo) son altas, por encima del promedio de la OCDE, con una proporción de mano de obra cualificada elevada y unas cifras de desempleo bajas,
menos del 7%.
La última crisis sacudió con dureza EE. UU., pero no así los otros tres países,
cuyos sistemas bancarios, más regulados y gestionados con pulcritud por Bancos
Centrales muy independientes, aguantaron su impacto y mantuvieron su crecimiento.
La economía norteamericana parece haber superado la recesión: en 2013
ha recuperado cifras de crecimiento del PIB próximas al 3%, como tenía en 2005,
pero su competitividad ha disminuido en los últimos años y ha pasado de la primera
plaza en 2009 a la quinta de 2013, según el índice del World Economic Forum.
El mayor lastre es su descomunal deuda pública: 17 billones de dólares, más del 120%
del PIB. Pero cuenta con algunas bazas que pueden ayudar a revertir este retroceso.
En primer lugar, su capacidad de innovación. EE. UU. es uno de los países con
mayor gasto en I+D, casi el 3% del PIB, una inversión que se completa con la que
realizan las empresas privadas, también muy elevada.
De hecho es el país que registra un mayor número de patentes en el mundo.
En segundo lugar su creciente autosuficiencia energética: las nuevas técnicas de extracción de gas y petróleo (el
fracking y la perforación horizontal), que permiten extraer hidrocarburos atrapados
entre rocas y estratos más finos así como múltiples pozos en un solo yacimiento,
han convertido a EE. UU. en el primer productor de gas, y muy pronto también de
petróleo por delante de Arabia Saudí y Rusia. Los gastos en energía de las industrias
norteamericanas se están recortando, viejas industrias en declive (acero, químicas,
etc.) vuelven a tener demanda y todo ello ha supuesto la creación de casi dos millones
de puestos de trabajo. También Canadá, Australia y Nueva Zelanda disponen
de estos activos y, además, se han beneficiado de la creciente demanda de materias
primas (sobre todo china) que disparó sus exportaciones mineras. Las cuatro son
economías muy abiertas, con elevados índices de libertad económica, por lo tanto muy bien adaptadas a la globalización económica.
Sus sistemas económicos están
muy interrelacionados, con tratados bilaterales de libre comercio –en particular los
de EE. UU. y Canadá a partir de la creación del NAFTA con México– y en las últimas
décadas se han reorientado hacia la región Asia-Pacífico.
El desarrollo humano.
EE. UU. ocupa el tercer puesto en el Índice de Desarrollo Humano, por detrás de
Noruega y Australia; Nueva Zelanda está en el sexto lugar y Canadá en el onceavo.
A pesar de su riqueza y bienestar, en EE. UU. el índice de desigualdad es elevado
(40,8), sólo algo inferior al ruso o al chino y casi 10 puntos por encima de la media
de la UE. También es alto en Nueva Zelanda, no así en Canadá y Australia, aunque
los cuatro países están lejos de los más igualitarios, los escandinavos, con 25 puntos.
En EE. UU. la población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana
aproximadamente ocho veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior:
en España son seis veces, mientras que en los otros tres países está en el entorno
de 5. La movilidad social norteamericana también es inferior a la de los países escandinavos:
en Dinamarca un niño pobre tiene dos veces más posibilidades de entrar
en el quintil más rico de ingresos que en EE. UU. La última crisis ha incrementado
la desigualdad, aunque dentro del país hay muchas variaciones entre los distintos
Estados.
En los cuatro países el nivel educativo es muy alto, tanto por el porcentaje de
población adulta con nivel de secundaria (casi el 90% en EE. UU. y Canadá cuando
en los países OCDE la media es el 74%) como por la calidad de la educación. La
calificación de los informes PISA en primaria y secundaria es óptima para Canadá,
Australia y Nueva Zelanda. EE. UU. está en la media de la OCDE y sus Estados
tantean reformas para no perder el ritmo en la formación de capital humano.
En
cambio sus universidades (un 42% de los adultos tiene diploma universitario) siguen
destacando por su nivel de excelencia.
En el índice de desigualdad de género, Canadá y Australia están dos posiciones
por detrás de España (puesto 15), pero EE. UU., se encuentra en el 42.
En cambio, los ciudadanos de los cuatro países se sienten más satisfechos con su vida que los
españoles, con un promedio de 7,2 sobre 10, frente al 6,3 de España. Los niveles
de corrupción son bajos en los cuatro países, sobre todo en Nueva Zelanda.
En EE. UU. sorprende su alto nivel de violencia interpersonal, a pesar de haber descendido
algo en el último lustro. La tasa de homicidios dobla la media de la OCDE
y también la población carcelaria es elevadísima.
El estilo de vida en comunidades alejadas de centros urbanos, la tradición de poseer armas de fuego, teóricamente
amparada por la Constitución, y los intereses de la Asociación Nacional del Rifle,
principal lobby de un sector muy lucrativo, tienen mucho que ver en ello: en la actualidad
hay 300 millones de armas en manos privadas.
La democracia.
El sistema político norteamericano es considerado uno de los pilares de la democracia
moderna. EE. UU., país pionero en la universalización del sufragio masculino
en el siglo XIX, nunca experimentó paréntesis autoritarios.
Su primera Constitución (1778), la más antigua del mundo, sigue en vigor hoy con algunas enmiendas y ha
permitido una continuidad institucional envidiable, que se complementa con un sólido
entramado normativo basado tanto en la tradición (derecho consuetudinario de
matriz británica) como en la fructífera labor legislativa de sus Cámaras, una estructura
federal que funciona con eficacia y un arraigado consenso nacional sobre los
grandes principios e intereses del país.
Estas características se pueden aplicar también a Australia, Nueva Zelanda (primer
país en extender el voto a la mujer 1893) y Canadá, a pesar de las diferencias
con el sistema político norteamericano, pues tienen un sistema de gobierno parlamentario,
frente a la República presidencialista de EE. UU. Los ciudadanos de los
cuatro países mantienen una confianza sólida en sus instituciones y participan mayoritariamente
en las elecciones. Sus sociedades civiles son muy dinámicas, con
un fuerte sentido comunitario plasmado en el tiempo destinado al voluntariado:
13 minutos al día de media en Nueva Zelanda, 8 en EE. UU., 1 en España.
El régimen presidencialista de EE. UU. se sustenta en una rigurosa división de
poderes: en primer lugar, reparto de poder entre las administraciones federal, estatal
y local, con grandes cuotas de autogobierno y regulación impositiva; en segundo
lugar, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos legitimados mediante
elección directa y con sistemas de fiscalización mutua. Un último control es el establecido
por el llamado cuarto poder: el estricto respeto a la libertad de prensa, la
fuerza de los medios de comunicación y la transparencia en el acceso a la información
pública funcionan como refuerzo de la democracia.
Su sistema de partidos políticos presenta algunas singularidades.
Dos únicas fuerzas políticas, los Partidos Republicano y Demócrata, se alternan en el poder.
Sin embargo, ni su actividad ni su influencia resultan absolutas ante una sociedad
civil tan dinámica y en buena medida ajena a ellos. Los dos grandes partidos son
sobre todo formidables máquinas electorales; pero, tras los comicios, los miembros
de las cámaras sienten mayor fiscalización de sus bases electorales que de la
dirección de sus partidos.
La utilización de elecciones primarias para seleccionar candidatos en el interior de los partidos y el hecho de que aquéllos tengan que buscar la financiación de sus campañas hacen que las cúpulas de los partidos detenten
menos poder del que es usual en Europa. Si a esto se suma la independencia
en la relación entre los medios de comunicación y la clase política, más las interconexiones
de ésta con las organizaciones de la sociedad civil y el mundo empresarial,
el resultado es una amplia autonomía de los representantes populares y una
muy laxa “disciplina de voto”. En EE. UU. la política se hace desde la base y los
cargos electos (desde los alcaldes a los gobernadores, congresistas y senadores)
tienen que explicar y dar cuenta de sus decisiones y políticas a los votantes de
manera permanente.
El Partido Republicano fue reconstruido organizativa e ideológicamente en la
década de los ochenta, recuperando las bases esenciales del moderantismo optimista
de la edad dorada de los cincuenta, al que se sumó la práctica de un radical liberalismo
económico y la defensa de valores morales en consonancia con el crecimiento
de las distintas Iglesias en un país profundamente religioso. El artífice de esta renovación
fue Ronald Reagan, el presidente republicano más influyente de las últimas
décadas.
El Partido Demócrata arrastró serios problemas de identidad desde el fin de la
presidencia Carter, aunque la pérdida de los apoyos electorales en los estados del
Sur venía produciéndose desde finales de los años sesenta.
El partido llegó al comienzo de la década de los noventa sin un programa claro y alternativo al levantado
por los republicanos, asumiéndolo de hecho en buena medida y enajenándose con
ello las simpatías de la parte del electorado damnificada con las prácticas ultraliberales
de Reagan.
Su recomposición fue obra de Bill Clinton, que acercó la formación
a posiciones de centro y supo atraer el voto de las clases medias urbanas y de las
trabajadoras de bajo nivel de renta.
El retorno republicano al poder federal en el año 2000 derivó del éxito de las
políticas socioeconómicas de Clinton y del crecimiento sostenido de la economía
bajo su mandato, con una sociedad estadounidense más conservadora y menos dispuesta
a contribuir en los gastos sociales.
El republicanismo de George W. Bush fue más deudor de Reagan que de su padre, tanto en la reducción de la carga fiscal
como en la voluntad de una política internacional más asertiva tras los atentados
del 11-S. Pero el fracaso de ambas políticas posibilitó el regreso al poder de los demócratas
en la figura de Barak Obama.
El actual presidente, en las posiciones más progresistas del Partido Demócrata, supo conjugar pragmatismo y un discurso emoen la línea de la mejor tradición política norteamericana.
En la actualidad, sin embargo, los dos partidos están muy divididos y parecen
incapaces de cooperar.
Además, se está produciendo una renovación generacional
en la clase política y los nuevos líderes, que no hicieron la guerra de Vietnam, tienen
una percepción muy distinta de los intereses internacionales de EE. UU. y otorgan
mucha menos atención a la OTAN y a la alianza estratégica con Europa Occidental
que al Pacífico. En el Partido Demócrata hay una corriente más próxima a la socialdemocracia
europea, que es la que representa Obama, partidaria de actuar lo
menos posible en el exterior, y otra que sigue la tradición de Clinton de realismo
en el ámbito internacional e intervencionismo estatal en lo doméstico, pero lo más
limitado posible. En el Partido Republicano, frente al sector más clásico ligado a la
defensa de valores morales en la línea de Reagan, el activismo de su ala más radical
–el movimiento del Tea Party–, defensora a ultranza de la libertad individual,
daña las posibilidades de la formación de conseguir el respaldo del electorado centrista
en 2016.
Política exterior y de seguridad.
Desde principios del siglo XX Estados Unidos fue incrementando su poder a escala
global. Su estabilidad política y, sobre todo, el dinamismo de su economía y su ética
del trabajo permitieron que los intereses económicos norteamericanos se expandieran
por la mayor parte del mundo, amparados en la innovación en los ámbitos científico-
técnicos, financieros y empresariales. Sin embargo, hasta la Primera Guerra
Mundial el país era una gran potencia económica, pero mantenía una actitud aislacionista
en lo internacional, siguiendo la tradición de política exterior dominante
desde su Independencia. El idealismo internacionalista del presidente Wilson, inspirador
de la Sociedad de Naciones en 1918, fue rechazado por el Senado norteamericano.
EE. UU. no participó en dicha organización y el país retomó su línea de
repliegue internacional hasta que la sacudida de la Segunda Guerra Mundial forzó
un cambio de política. En 1945 EE. UU. había alcanzado su máxima extensión
territorial (incorporó a su administración gran número de islas del Pacífico), militar
(tenía tropas de ocupación en muchos países desde Filipinas y Japón hasta Alemania)
y económica (con tres cuartas partes del capital mundial invertido y dos tercios
de la capacidad industrial); era el primer país acreedor y protector de Europa y el
único capaz de reabastecer de productos vitales a los países destruidos por la guerra.
La necesidad de reconstruir la economía mundial para poder mantener su estatus
como potencia económica y el desafío político y de seguridad que supuso la URSS
de Stalin forzaron a F. D. Roosevelt y a Harry Truman a reorientar la política exterior
de EE. UU. hacia un mayor compromiso en la conformación de un nuevo orden
internacional (Bretton Wood, Naciones Unidas, Plan Marshall) retomando la senda de Wilson, aunque con una orientación más realista. Desde 1945 la política aislacionista
ya no fue una opción. EE. UU. conformó un sistema de seguridad y defensa
de dimensiones y capacidades inigualables que se consolidó durante la guerra fría.
Su fortaleza económica y militar se traspuso en influencia política y social y EE. UU.
se convirtió en modelo a seguir por el mundo occidental y, sobre todo, en garante
de la seguridad internacional; aunque en este campo, como era lógico, siempre priorizó
sus intereses nacionales, incluso en los organismos multilaterales, y no dudó
en actuar unilateralmente cuando la defensa de aquéllos así lo aconsejó.
En la historiografía anglosajona ha llegado a ser un lugar común denominar al
siglo XX como American Century, para poner de manifiesto ese creciente protagonismo
de Estados Unidos que alcanzó niveles máximos en la última década del
siglo con la desaparición de la URSS, al asumir el papel de única superpotencia.
Su economía es la más influyente (primer país productor y consumidor, máximo
inversor, mayor mercado financiero, primera potencia tecnológica); su política exterior
es determinante en cualquier escenario y en las relaciones de cada país; invierte
en defensa más que el resto de Estados del mundo, posee la mayor flota en
todos los mares, el mayor número de vehículos aéreos y terrestres y el mayor arsenal
estratégico; y su capacidad de influencia cultural (soft power) ha alcanzado los niveles
máximos de su historia. En consecuencia, Estados Unidos ha logrado un nivel
de poder equivalente al de los grandes imperios de la Historia, con la sustancial diferencia
de que lo ha conseguido en un momento de completa integración de la humanidad:
Estados Unidos es el primer imperio global. Otras particularidades son
que tampoco se asienta sobre un dominio territorial determinado, sino que se manifiesta
por capacidad de influencia y no de control y, por último, de forma notable
y paradójica, es el primer imperio que se niega a serlo. En Estados Unidos el concepto
político de imperio ha sido visto históricamente como algo negativo; el país
nació de un proceso de independencia frente al dominio británico, a lo largo del
siglo XIX se convirtió en adalid de las emancipaciones de las Américas y en el XX
abanderó los procesos de descolonización en los imperios europeos. El debate sobre
el estatus imperial alcanzado por EE. UU. y su coste se ha reabierto desde finales
del siglo pasado.
Tradicionalmente, la implicación de los Estados Unidos en los asuntos internacionales
ha sido un asunto menor para el ciudadano medio; la política exterior, por
exitosa que sea, no suele arrojar grandes dividendos electorales. Sin embargo, los
estadounidenses han sido conscientes desde 1945 de la necesidad del liderazgo de
la Presidencia de su país y de las responsabilidades y costos humanos y económicos
que tiene el desempeño de dicho liderazgo. Esta percepción ha cambiado desde el
final de la Guerra Fría, cuando pareció que la democracia y el libre mercado habían
triunfado definitivamente a nivel global, y sobre todo a partir de la guerra de Irak.
El fracaso de la política más unilateral de G. W. Bush hizo crecer el antiamericanismo
en la opinión pública mundial, en EE. UU. se acentuó la percepción de que
las soluciones multilaterales eran poco eficaces y de que la carga de ejercer como policía mundial era demasiado pesada.
En consecuencia, desde entonces la opinión
pública estadounidense se muestra más dubitativa acerca del papel que EE. UU.
debe cumplir en el sistema internacional y ha resurgido la tentación de rebajar su
activismo en este ámbito, aunque el repliegue al aislacionismo sea ya imposible en
la era de la globalización y los intereses globales de Washington obliguen a seguir
desempeñando un papel central en los asuntos mundiales. Por lo que respecta a los
partidos, en términos generales, pero no de forma absoluta, el Demócrata tiende a
confiar más en la cooperación con otros países mediante el multilateralismo y el
Republicano a utilizar medios unilaterales, como se ha demostrado en las últimas
dos décadas.
34. Estados Unidos: las presidencias de R. Reagan y George H. W. Bush.
La herencia de la era Reagan y el mandato
de George H. W. Bush (1989-1993).
Durante los años ochenta se llevó a cabo en Estados Unidos una revolución conservadora
que trataba de responder a la crisis económica y a la merma de credibilidad
exterior ocasionadas, primero, por la subida del precio del petróleo y la
competencia de otras potencias económicas y, en segundo lugar, por los efectos de
la derrota en Vietnam y la crisis de los rehenes en Irán. Esta situación de aparente
postración se transformó al final de la década en una imagen no sólo de recuperación
de la energía nacional, sino de triunfo en la larga contienda de la Guerra Fría.
Reagan: el triunfo del neoliberalismo.
La presidencia de Ronald Reagan (1981-1988) tuvo una importancia singular en la
evolución política de Estados Unidos y sentó las bases de una refundación del Partido
Republicano, desde entonces portavoz de los intereses de los sectores más tradicionales
y económicamente más poderosos del país.
En su política interior Reagan introdujo programas neoliberales en la gestión
gubernamental: reducción de impuestos, disminución del gasto público, desaparición
de toda la burocracia considerada innecesaria y recorte de la inversión en todos
los sectores considerados prescindibles. Se trataba de reducir la presencia del Estado
en todas aquellas áreas que, supuestamente, el intervencionismo había invadido.
En el fondo estaba la vieja interpretación del conservadurismo estadounidense que
proclama la menor injerencia posible del Estado en la vida del ciudadano, dado que
el sistema le proporciona las mayores oportunidades de promoción mediante la libre
competencia y la responsabilidad personal. Sus primeros efectos fueron la disminución
de las políticas sociales, el aumento de la marginación y el incremento de la
desigualdad entre las rentas.
Con aquellas medidas más una política laboral ultraliberal (con los sindicatos a la baja y la eclosión de nuevas prácticas empresariales
y financieras) la economía estadounidense resurgió y se abrió una nueva etapa de
prosperidad. La inflación se redujo a la mitad en tres años y el índice de desempleo
bajó hasta menos del 7%, a pesar de la ampliación del mercado laboral; se crearon
un total de siete millones de nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, las políticas
fiscales aplicadas y el crecimiento general tuvieron efectos secundarios demoledores.
Por una parte, el déficit público fue aumentando anualmente hasta proporciones
tan alarmantes que hubo de reconsiderarse la promesa de no subir los impuestos.
La deuda exterior y el déficit en las balanzas de pagos crecieron a un ritmo análogo
porque un dólar de nuevo muy caro permitía comprar barato en el exterior pero
hacía muy difícil exportar en condiciones competitivas.
Estas razones explican el
hundimiento de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1987, con efectos sociales
multiplicativos por los escándalos financieros provocados por los tiburones especulativos
de Wall Street.
En su política exterior la presidencia de Reagan estuvo caracterizada por el endurecimiento
de la posición negociadora estadounidense, tanto en sus relaciones
con Moscú como hacia el resto del mundo. Partiendo de la constatación de que la
URSS no había perdido un ápice de su influencia y se había reducido la estadounidense
en amplias zonas del planeta, el objetivo marcado fue invertir esa dinámica
e imponerse de modo definitivo en la rivalidad de la Guerra Fría.
Se aprobó un incremento
sustancial del gasto militar y se desarrollaron nuevas capacidades como
la bomba de neutrones y la Iniciativa de Defensa Estratégica. La URSS primero intentó
responder a estos avances, pero acabó reconociendo su incapacidad para una
respuesta ni presupuestaria ni técnica. No tuvo más remedio que negociar un desarme
efectivo, tanto de armas intermedias como estratégicas; proceso que la desmembración
de la Unión Soviética paralizó ya en el periodo presidencial de Bush.
En Washington se interpretó ésta como la victoria en la Guerra Fría por destrucción
del enemigo.
En la política exterior hacia el resto del mundo también se notó una mayor
asertividad que llegó a la intervención unilateral en Granada y el raid sobre Libia.
Se buscó impedir que los procesos de cambio abiertos se resolvieran en contra de
los intereses norteamericanos o alterasen el equilibrio internacional. Tal política
exigió un denodado esfuerzo de financiación y la sustitución de la política de
mayor exigencia sobre derechos humanos mantenida por Carter en favor de la
lucha contra las fuerzas filocomunistas, en ocasiones sosteniendo dictaduras de
corte militar, sobre todo en América Latina y Asia.
El balance final resultó muy
positivo para los intereses de Estados Unidos. Aprovechando la crisis en la Unión
Soviética y la disposición al diálogo de Gorbachov, Washington pudo imponer
sus criterios. El apoyo a los movimientos anticomunistas hizo que la situación del
ejército soviético en Afganistán se volviera insostenible y comenzara su retirada,
como ocurrió con los vietnamitas en Camboya y los cubanos en Angola; las maniobras
desestabilizadoras de Libia desaparecieron y en Centroamérica fracasaron las iniciativas guerrilleras.
El Muro de Berlín cayó y el bloque del Este entró en
proceso de disolución.
Continuidad y crisis: George H. W. Bush (1989-1993).
Para bien y para mal, la herencia de Ronald Reagan se hizo sentir durante la presidencia
de su sucesor, George Bush. Quien había sido vicepresidente durante los
ocho años anteriores, se vio favorecido por la gran popularidad del presidente saliente
y consiguió un fácil triunfo en las elecciones de 1988. Pero el optimismo de
Reagan difícilmente podía mantenerlo Bush, un rico empresario y a la vez buen conocedor
de los mecanismos de la administración y de la mala situación interna que
atravesaba el país.
Su presidencia estuvo caracterizada por la necesidad de afrontar
las dificultades económicas y los enormes desafíos de adaptación a un nuevo escenario
internacional.
Los excesos cometidos por los sectores público y privado en la segunda mitad
de los años ochenta hicieron que Estados Unidos acabara la década en una delicada
situación económica, que se fue agravando en los años posteriores. Al déficit público
generado durante la presidencia anterior se unía la baja en productividad de
la industria norteamericana y la competencia comercial de los países europeos y
Japón. Con un importante stock de producción, la caída de las exportaciones e incluso
la pérdida de una importante cuota del mercado interior, los gestores empresariales
denunciaban el alto costo social de las empresas. Los sindicatos, en cambio,
se quejaban de las astronómicas ganancias de los ejecutivos en los últimos años.
Y
todos criticaban la pasividad gubernamental. Estas críticas minaron la confianza de
la economía estadounidense y demostraron las debilidades del dogma neoliberal
que insistía en la capacidad de autorregulación del mercado. El resultado final fue
la peor crisis económica desde 1973: en 1992 Estados Unidos alcanzaba la mítica
cifra de los 10 millones de desempleados, se multiplicaron los cierres de empresas,
bajó el valor de las propiedades inmobiliarias y quebraron algunas sociedades financieras.
Esta vez la crisis afectó más a los profesionales especializados y directivos
empresariales que a los trabajadores industriales o los agricultores, víctimas
habituales de las recesiones y reestructuraciones productivas.
La crisis obligó a reconsiderar la promesa reiterada por el presidente desde la
campaña electoral de no subir los impuestos. En 1990 el déficit de la Hacienda Federal
obligó a elevar los impuestos directos y a eliminar parte de las exenciones tributarias
establecidas en los años ochenta, al tiempo que aumentaban los impuestos
indirectos sobre consumo.
La incapacidad para frenar la crisis económica y la ruptura
de la promesa electoral sobre fiscalidad hundieron la popularidad de Bush a
pesar de sus éxitos en el exterior.
En su discurso sobre el Estado de la Unión de 1991, G. Bush pudo proclamar,
parafraseando a Truman en 1947: “somos la única nación con la fuerza moral y material para acaudillar el mundo”. La guerra contra el “imperio del mal”, como lo
había calificado Reagan, había concluido con una victoria, ratificada cuando el día
de Navidad de ese año la bandera roja dejó de ondear sobre el Kremlin.
Pero el presidente
también estaba señalando la gran responsabilidad que Estados Unidos estaba
dispuesto a asumir en la política internacional. George Bush debió hacer frente al
mayor cambio operado en la escena internacional desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial y a la desaparición del programa exterior que Estados Unidos había mantenido
desde hacía cuatro décadas: la lucha indirecta contra la Unión Soviética.
Cuando Bush fue investido en enero de 1989, la geopolítica mundial –salvo la emergencia
del Tercer Mundo– era muy semejante a la existente a finales de los cuarenta,
pero cuando dejó el cargo en enero de 1993 todo había cambiado.
El arquitecto de su política exterior fue el secretario de Estado James Baker,
perteneciente a la corriente realista, que había sido jefe del gabinete de la Casa
Blanca durante el primer mandato de Reagan y lo volvió a ser en los últimos seis
meses de Bush. Baker trató de reaccionar sin triunfalismos a los cambios que se estaban
operando en la escena internacional. Las relaciones con la URSS estuvieron
presididas por la prudencia y la continuidad.
Bush apoyó el proceso de reformas
llevado a cabo por Gorbachov y mantuvo con el presidente soviético estrechos vínculos,
por considerarlo una oportunidad para reorientar las relaciones Este-Oeste hacia
cauces de menor antagonismo competitivo. Fruto de esta línea de actuación fue la
firma del Tratado sobre Reducción de Armas Estratégicas (START, 1991), que preveía
una reducción de un tercio del arsenal de armas nucleares de largo alcance.
En
la Europa Oriental el objetivo fundamental fue mostrar apoyo a su autonomía política
y sus procesos de transición a la democracia procurando a un tiempo mantener
un clima de colaboración con Moscú que evitara cualquier utilización de la violencia.
Los momentos más delicados se produjeron con la proclamación de las independencias
de los países bálticos y en el proceso de reunificación alemana.
En los asuntos latinoamericanos se mantuvo la continuidad con respecto a la
administración anterior. Bush sostuvo a la Contra en Nicaragua y el bloqueo económico
contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega y respaldó el esfuerzo de
unificación de los sectores antisandinistas, lo que permitió la derrota electoral del
sandinismo en las elecciones de 1990.
Tampoco apoyó el plan de paz de Esquipulas,
que buscaba una salida negociada y democrática para los conflictos de Centroamérica.
Su actuación más significativa se produjo en Panamá, donde una intervención
militar directa norteamericana en 1989 derrocó a Manuel Antonio Noriega, antiguo
colaborador de Washington, que había endurecido su régimen y relanzado la recuperación
de la soberanía panameña sobre el canal con un discurso populista.
La decisión exterior más trascendente de la administración Bush fue liderar la
respuesta internacional ante la invasión de Kuwait por el Irak de Saddam Hussein
(2 de agosto de 1990). Ante la posibilidad de que Saddam acabara controlando
buena parte de las reservas petroleras de Oriente Próximo, Estados Unidos comenzó
su despliegue militar (operación defensiva “Escudo del Desierto”), mientras solicitaba y obtenía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un mandato de intervención
en caso de que Irak no abandonase de inmediato el territorio kuwaití.
La política dilatoria de Hussein y los esfuerzos diplomáticos dilataron la operación.
Mientras, se fueron sumando fuerzas militares de muy distintos países: occidentales
–sobre todo de Gran Bretaña y Francia– e incluso islamicos –Arabia Saudí, Siria y
Egipto–, hasta alcanzar la cifra de 700.000 soldados pertenecientes a 34 Estados:
el mayor ejército reunido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El grueso
del contingente fue estadounidense (unos 450.000 soldados), así como el mando
de las operaciones (el general Norman Schwarzkopf) y la comunicación de las mismas.
La operación ofensiva “Tormenta del Desierto”, que el propio Saddam denominó
“la madre de todas las batallas”, comenzó el 17 de enero. Dada la superioridad
en capacidades y potencia destructiva (fuerza aérea y misiles), el conflicto acabó
rápidamente (27 de febrero). En Estados Unidos la guerra fue interpretada como
un conflicto nacional, generó una enorme expectación entre la opinión pública y la
victoria fue celebrada rememorando los laureles de 1945. Pero la euforia se evaporó
con rapidez: el mantenimiento del régimen de Saddam, el elevado coste económico
de la participación estadounidense y la aparición de denuncias sobre montajes informativos
contribuyeron al descenso del apoyo al presidente.
35. Las presidencias de Bill Clinton y George W. Bush.
El retorno de los demócratas: Bill Clinton (1993-2000).
La campaña presidencial de 1992 estuvo marcada por un enfrentamiento entre los
triunfos en la política internacional y la crisis económica interior. El Partido Demócrata
encontró dificultades para elegir un candidato de peso. El electo fue el gobernador
del sureño estado de Arkansas, sin formación en política internacional,
por lo que basó su campaña en los asuntos domésticos, sobre todo en la mala situación
económica. En el resultado final también influyó la presencia de un tercer candidato,
el independiente Ross Perot, empresario multimillonario cuyo programa era
aplicar el programa neoliberal pero su discurso populista sencillo y directo le permitió
conseguir una quinta parte del voto popular. Esto perjudicó a Bush, que tan
solo obtuvo el 38% frente al 43% del candidato demócrata.
William Jefferson Clinton fue investido presidente en enero de 1993, iniciando
una Presidencia de ocho años durante la cual sentó las bases de la más larga y fructífera
etapa de crecimiento económico desde los años cincuenta. Clinton desarrolló
con inteligencia un nuevo estilo de comunicación, más directo y persuasivo, basado
en su brillante oratoria y su empatía. En un principio utilizó el paralelismo con Kennedy,
incluido el papel de su esposa; aunque la senadora Hilary Rodham Clinton
tuvo una influencia mucho mayor –de hecho más que cualquier otra “primera
dama”, desde Eleanor Roosevelt–, pues se convirtió en una suerte de última consejera,
especialmente en los asuntos de política interna y llegando a defender iniciativas
presidenciales ante el Congreso.
La salida de la crisis y el triunfo de la Nueva Economía.
La agenda doméstica de la administración Clinton estuvo dominada por dos temas
fundamentales: superar la delicada situación económica heredada de Bush y alcanzar
un consenso sobre las políticas sociales. El histórico déficit público que arrastraba
Estados Unidos mermaba su capacidad para superar la crisis. La reducción
fiscal que habían aplicado las administraciones republicanas había dejado exhaustas
las arcas federales, lo que constituyó una losa cuando el dólar dejó de ser moneda
refugio internacional y el gasto de amortización de la deuda ascendió a porcentajes
muy gravosos. La pérdida de competitividad de la economía estadounidense, especialmente
de los sectores más tradicionales de la industria y la agricultura, se vio
agravada por la salida de inversión al exterior y el comienzo de la deslocalización
productiva que llevaba emparejada la globalización.
El primer bloque de medidas
para afrontar la situación se orientó a recortar los gastos federales con el objetivo
de reducir a la mitad el gran déficit público. El conjunto de la administración fue
reestructurado y reducido el número de trabajadores federales, mientras año tras
año se recortó el gasto militar, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y las
grandes inversiones en equipos. También se puso en marcha un sistema fiscal más
equitativo –subiendo ligeramente los impuestos de forma general, especialmente a
los mayores patrimonios–, al tiempo que se incentivaban las inversiones públicas
y sobre todo privadas –lo que redirigió la inversión empresarial de nuevo al interior–
y se reducían los costes laborales, lo que se tradujo en una mayor creación de
empleos. Un nuevo Consejo Económico Nacional se encargó de coordinar todas
las políticas sectoriales y de agilizar la internacionalización de la economía norteamericana.
Se buscó superar los dogmáticos presupuestos neoliberales, pero dejando
amplia autonomía a la iniciativa privada, fundamental agente de creación de riqueza.
El resultado final de este conjunto de reformas fue la rápida reducción del déficit
federal durante el primer mandato y la acumulación de un superávit histórico a lo
largo del segundo. De este modo Estados Unidos recuperó el liderazgo crediticio
mundial y el dólar volvió a ser la moneda refugio en el agitado mercado financiero
global.
Con estas sólidas bases la economía estadounidense desarrolló nuevos sistemas
de creación de riqueza basados en mejoras tecnológicas para incrementar la productividad.
Fue la revolución de la llamada nueva economía, expresión que sintetiza
sobre todo la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a los procesos
de producción y comercialización de las empresas. Con ella creció la productividad
de todos los sectores (sobre todo en los de servicios y en especial los financieros),
que ayudó a mejorar en competitividad, en el control de la inflación y en la reducción
de la prima de riesgo en los mercados financieros.
Un factor fundamental fue la utilización
de las nuevas tecnologías para la compra-venta y la prestación de servicios
(E-Bussines), bien entre empresas o entre la empresa y el consumidor. Sus efectos
más destacados fueron la realización de las transacciones comerciales o financieras en tiempo real y las veinticuatro horas del día, la supresión de la mayor parte de los
intermediaros, incluidas las instituciones estatales, y la posibilidad de acceso del
consumidor –sea privado o corporativo– en igualdad de nivel y oportunidades al
mercado con independencia de su localización.
En la expansión de la economía estadounidense incidieron también los nuevos
sistemas de producción y comercialización basados en la continua mejora de equipos
informáticos y de su aplicación en red. Estados Unidos se convirtió a lo largo
de los años noventa en el principal país suministrador tanto de equipos informáticos
(hardware) como de programas y aplicaciones (software). Aún más importante fue la
repercusión que su masiva difusión tuvo en el mundo empresarial: si a finales de los
años ochenta la aplicación de la informática había revolucionado el sector financiero,
la expansión al resto del mercado y al interior de los hogares, más el desarrollo creciente
de Internet, posibilitaron la creación de nuevos sectores empresariales y multiplicaron
la productividad del resto.
Durante los noventa, el incremento de las
empresas del sector (las conocidas como “puntocom”) y la enorme concentración
de financiación que éste atrajo (concentró el 90% de la inversión extranjera en Estados
Unidos) le permitió una situación de privilegio en el mercado mundial e hizo
de las nuevas tecnologías una pujante fuente de creación de riqueza.
El saneamiento de las arcas federales permitió a la administración Clinton plantear
una amplia reforma de las políticas sociales como forma de socializar los beneficios
del crecimiento económico. Sin embargo, el presidente se encontró con la
oposición cerrada del Partido Republicano, que moderó e incluso llegó a frenar la
mayor parte de sus reformas. Desde las elecciones legislativas de mitad del mandato
de 1994, los republicanos contaron con mayoría en las dos cámaras –lo que no sucedía
desde hacía cuatro décadas–, que utilizaron para obstaculizar la política social.
A pesar de la enorme trascendencia que por sí mismas tenían las reformas en cobertura
de desempleo, enseñanza o protección del medio ambiente, el paquete legislativo
que más esfuerzos motivó y más duras reacciones concitó en el Congreso
fue el vinculado a la reforma sanitaria. Pretendía lograr una cobertura básica para
la parte más desfavorecida de la población estadounidense, sin cuestionar la pervivencia
del sistema sanitario privado ni los muy onerosos sistemas de las sociedades
médicas y farmacéuticas. Sin embargo, los republicanos lo rechazaron y tildaron al
matrimonio Clinton de “radical”, el calificativo utilizado en Washington para denominar
las concepciones ideológicas más extremistas, en ocasiones sinónimo de
socialista e incluso filocomunista. Durante el primer mandato, el líder de la mayoría
republicana en la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, se convirtió en el azote
de la Casa Blanca, encabezando la labor de oposición y utilizando los más gruesos
descalificativos contra la labor presidencial. Los republicanos pretendieron incluso
forzar a Clinton a una reducción de todos los gastos sociales bloqueando durante
meses la aprobación del presupuesto para 1996.
Ese era año de elecciones presidenciales y los republicanos decidieron utilizar
su presión en el legislativo como parte de su campaña.
Pero fue precisamente la radicalización de su discurso y la inflexibilidad de sus posiciones lo que acabó facilitando
la estrategia de Clinton. Un programa moderado que conjugaba la exhibición
de sus éxitos económicos con la promesa de políticas sociales redistributivas, el respeto
a los esenciales principios del Estado junto a la incorporación necesaria de nuevos
valores, hicieron que la candidatura de Clinton se visualizara como la más
centrista y abierta al consenso. El resultado fue un nuevo triunfo demócrata en noviembre
de 1996, renovando Clinton su mandato, algo que no conseguía ningún candidato
demócrata desde la última reelección de Roosevelt en 1944. Este éxito se vio
empañado por el triunfo de los candidatos republicanos en la renovación parcial de
las cámaras del Congreso, que ampliaba aún más las mayorías conservadoras.
El segundo mandato de Clinton estuvo caracterizado por el sostenido crecimiento
económico, la moderación de sus programas de política social y, de forma creciente,
por los escándalos de todo tipo a los que debió hacer frente el matrimonio Clinton.
Mientras los republicanos moderaban su intransigencia en las cámaras legislativas
para no poner obstáculos a la bonanza económica, la labor de acoso a la presidencia
se trasladó, primero, a los medios de comunicación, para acabar en los tribunales y
las comisiones de investigación. Los tres asuntos más espinosos fueron los relacionados
con la búsqueda de financiación de la campaña, algunas operaciones inmobiliarias
realizadas antes de llegar a la Casa Blanca (caso Whitewater) y sobre todo las
relaciones extraconyugales del presidente. Este fue el asunto que más complicaciones
creó a Clinton, obligado a realizar un juramento público negando los hechos, cuando
el cúmulo de pruebas evidenciaba lo contrario. La presión de los medios conservadores
se incrementó y en 1999 el Senado inició un proceso de destitución (impeachment)
por perjurio y obstrucción a la justicia. El intento fracasó al no conseguir la
iniciativa los dos tercios de apoyo requeridos, pero oscureció los últimos años del
mandato de Clinton, a pesar del elevado apoyo popular que siguió manteniendo hasta
el final. Éste provenía inicialmente de aquellos sectores que veían en la operación de
acoso un último intento de los sectores más reaccionarios para frenar la transformación
social en marcha, pero sobre todo del balance económico de Clinton, que había
llegado a la Casa Blanca con el mayor déficit fiscal de la historia y la abandonaba
con superávit, a pesar de haber aumentado de forma considerable el gasto social.
El liderazgo selectivo
La Presidencia de Clinton fue la primera que articuló una política exterior que pretendía
superar la herencia y los esquemas interpretativos de la Guerra Fría. La promoción
de la democracia en todo el mundo, el apoyo al desarrollo económico –basado
en el libre comercio– como medio de garantizar la gobernabilidad y la cohesión social,
el control de las armas de destrucción masiva y la confianza en las organizaciones
internacionales, la cooperación y el multilateralismo fueron las bases
estructurales de su acción exterior.
Mientras sus antecesores habían tenido como objetivo prioritario responder al
enemigo soviético, Clinton estuvo al frente de una superpotencia sin antagonista.
Los secretarios de Estado de Clinton, Warren Christopher y Madeleine Albright,
eran dos reputados internacionalistas –jurista y politóloga, respectivamente–, que
ampliaron los criterios de intervención en la escena internacional y tuvieron que
hacer frente a situaciones inéditas, para las cuales no existían respuestas programadas.
Fue una etapa de expectativas sobre las posibilidades de una acción internacional
multilateral, cuando se apoyó la actuación de Naciones Unidas –donde
Albright fue embajadora estadounidense de 1993 a 1997– y los procesos de pacificación
de conflictos heredados de la etapa anterior. La responsabilidad de ser la
única superpotencia exigía el mantenimiento de un sistema diplomático ágil y de
unas Fuerzas Armadas capaces de intervenir en las más variadas situaciones. Pero
dado que Clinton se esforzó por recortar los gastos en defensa, la necesidad obligó a
seleccionar aquellos ámbitos y circunstancias en las que la intervención estadounidense
debía ser aplicada. Éste fue el llamado liderazgo selectivo, la renuncia a desempeñar
el papel de gendarme universal, pero la aceptación de la responsabilidad
que llevaba consigo el mantenimiento del estatus de superpotencia única.
No hubo áreas prioritarias de intervención. Aunque desde Washington se siguió
de cerca la evolución de la nueva Rusia, se priorizaron los aspectos de estabilidad
política y desarrollo económico, entendiendo que eran los medios más adecuados
para mantener asegurado el arsenal atómico soviético. También Europa vio disminuir
la atención que durante décadas le había prestado Estados Unidos una vez que
cayó el Muro, en pleno proceso de ampliación y profundización institucional de la
Unión Europea. Aunque de nuevo fue necesaria una intervención militar de EE. UU.
en el continente para la resolución de las guerras civiles que siguieron a la fragmentación
de Yugoslavia, primero consiguiendo la pacificación de Bosnia (Acuerdos
de Dayton, 1995) y luego limitando la agresiva política serbia, lo que culminó
con la acción militar directa sobre Belgrado y la ocupación de la región de Kosovo
(1999), intervenciones realizadas bajo bandera de la OTAN.
La degradación de las condiciones políticas en África y la aparición de fenómenos
de ingobernabilidad (Estados fallidos) requirieron un incremento de la atención
sobre el continente. En él se explicitaron las dudas existentes entre las
necesidades de intervención y las posibilidades de actuación.
Clinton decidió apoyar
con medidas militares los programas de ayuda humanitaria hacia la población somalí
que padecía las consecuencias de un conflicto civil entre señores de la guerra.
El derribo de dos helicópteros Black Hawk en Mogadiscio en el curso de una batalla
urbana tuvo una gran repercusión mediática. Estados Unidos decidió retirar todos
sus soldados sobre el terreno y mantener tan sólo un apoyo logístico; dado que no
había intereses nacionales en juego, se desaconsejaba toda intervención directa.
Pero el fracaso más dramático se produjo en el genocidio de Ruanda en 1994,
cuando no se hizo nada por frenar la campaña de limpieza étnica contra los tutsis.
Desde el Consejo de Seguridad, Madeleine Albright realizó una dolorosa autocrítica: la ausencia de intereses nacionales no era óbice para mirar hacia otro lado
cuando se cometía un crimen de lesa humanidad de tal magnitud.
Si la política exterior y la economía han estado siempre muy vinculadas en
EE. UU., durante el mandato de Clinton se evidenciaron crecientes sinergias. Su
administración prestó menor atención política a las relaciones con América Latina,
pero crecieron los intercambios económicos gracias a la ampliación de los tratados
bilaterales que ya habían empezado a elaborarse durante la presidencia de George
Bush. De ese modo se profundizó en la Iniciativa para las Américas y entró en
vigor el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (1994), comienzo del diseño
de una gran unión aduanera de todos los países de las Américas. Ese mismo planteamiento
se encuentra detrás del empuje dado por Clinton al Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), creado en 1989 pero que no celebró ninguna
cumbre de líderes hasta 1993, cuando la convocó en Seattle. La cuenca del Pacífico
ha sido contemplada por Washington como una oportunidad de reforzar su
crecimiento económico, mientras se asiste con preocupación al ascenso de las
economías asiáticas y al cuestionamiento de la hegemonía estadounidense en la
región.
Uno de los campos más innovadores introducidos en el ámbito de la política
exterior por la administración Clinton fue la preocupación por el medio ambiente.
Aunque las campañas ecologistas llevaban décadas alertando sobre el proceso de
degradación planetaria, no fue hasta mediados de los años noventa cuando los gobiernos
comenzaron a manifestar su interés por el asunto, coincidiendo con los primeros
informes científicos sobre las causas del agujero de ozono en la atmósfera y el
incremento del calentamiento global.
El vicepresidente Al Gore, tanto en el desempeño
de su cargo público como aún de forma más explícita con posterioridad, fue
una de las más destacadas y decisivas voces para incorporar esta causa al debate
político. La ratificación institucional de esta preocupación fue el apoyo de Estados
Unidos al recorte de las emisiones de gases contaminantes y la firma del protocolo
de Kioto, el último acto significado llevado a cabo por Clinton antes de abandonar
la Casa Blanca, a sabiendas de que el Senado no iba a ratificarlo.
La voluntad imperial: George W. Bush (2001-2009).
El periodo presidencial de George W. Bush estuvo marcado por la enfática respuesta
dada a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Un acontecimiento tan
excepcional exigió la adopción de medidas igualmente excepcionales. Bush ocupó
la Casa Blanca para gobernar un país en la cima de su poder, ejerciendo una hegemonía
pacífica y con el mayor superávit fiscal de la historia. Al final de su mandato
Estados Unidos estaba empantanado en dos guerras simultáneas, con su liderazgo
mundial seriamente cuestionado, el mayor déficit fiscal que nunca había tenido la
Hacienda federal, necesitado de la ayuda crediticia de países directamente competidores y habiendo hecho desaparecer buena parte de las políticas públicas puestas
en marcha desde hacía décadas.
Las elecciones presidenciales del año 2000 fueron las más reñidas de la historia
de Estados Unidos. Tras derrotar en las primarias del Partido Republicano al senador
John McCain, el gobernador del Estado de Texas e hijo del anterior presidente,
George W. Bush, debió enfrentarse al durante ocho años vicepresidente, Al Gore.
Éste consiguió la mayoría en el voto popular (48,4% frente al 47,9%), si bien Bush
ganó en número de estados y votos electorales (271 frente a 266). Junto a estos
apretados resultados se produjo la impugnación del recuento de votos en algunos
lugares del país y, de forma más amplia, en el estado de Florida, cuyo gobernador
era el hermano del candidato, Jeb Bush. La Corte Suprema de Florida ordenó el recuento
manual de todos los votos del Estado y, ante la multiplicación de impugnaciones,
extendió su orden al conjunto de la Unión.
La Corte Suprema de Justicia
revocó esa orden, paralizando el recuento manual de votos, lo que podría haber alargado
la proclamación del nuevo presidente en varios meses. Con apenas una diferencia
de 500 votos populares, todos los electores del Estado de Florida le fueron
adjudicados al candidato republicano, lo que le permitió ser elegido como cuadragésimo
tercer presidente de Estados Unidos. Era la primera vez desde 1876 que la
Corte Suprema debía tomar partido por un candidato; de igual forma, desde la elección
de 1888 no era proclamado un candidato que no había conseguido la mayoría
de los votos directos. También era la segunda vez que el hijo de un presidente conseguía
ser elegido para la máxima magistratura, lo que no se producía desde la designación
de John Quincy Adams en 1825.
El programa electoral de Bush fue el compendio de todas las tendencias que el
conservadurismo estadounidense había generado durante los años noventa, variadas
en cuanto a orientación ideológica, sistema de referencias sociales y programas económico
y exterior. En consecuencia, durante la campaña sintetizó su posición como
“conservador compasivo”, lo que de hecho era muy poco indicativo de un programa
que integraba el recorte de impuestos y gastos federales, la reducción de la presencia
militar exterior o la participación de organizaciones religiosas en el reparto de las
ayudas públicas. De todos modos, poco de lo programado inicialmente pudo llevarse
a cabo; la conmoción causada por los atentados terroristas del 11 de septiembre
obligaron al gobierno a poner en marcha políticas inicialmente no contempladas;
pero aún más importante, exigieron del país grandes esfuerzos y una gran capacidad
de adaptación.
Seguridad, déficit y crisis.
La política interna de George W. Bush pretendió caracterizarse inicialmente por
una vuelta a los planteamientos neoliberales del periodo Reagan, bien que aprovechando
las ventajas de la globalización económica, con un muy ambicioso recortede los impuestos, apoyo a la actividad empresarial y desregulación de los mercados
laboral y financiero. La elección de un gabinete marcadamente conservador se
plasmó en la elección para el cargo de fiscal general del senador John Ashcroft, vehemente
defensor de la pena de muerte, acérrimo opositor al aborto, y en la explícita
oposición a aceptar la presión de los grupos liberales en su política social. Otras
medidas fueron el endurecimiento frente a la inmigración, el recorte de las ayudas
a los sectores más desfavorecidos y el apoyo a sectores religiosos.
Sin embargo,
los ataques terroristas del 11 de septiembre convirtieron la seguridad en el tema
estrella durante sus mandatos.
El ataque al corazón del territorio nacional, a sus centros económico-empresariales
y de defensa, realizados con instrumentos no militares procedentes del interior
del país, hizo que el reforzamiento de la seguridad se convirtiera en la prioridad
gubernamental. Se creó el Departamento de Seguridad Nacional, un nuevo ministerio
encargado de coordinar la actuación de un gran número de agencias y cuerpos
de seguridad, sobre el que recayó la responsabilidad de hacer frente a las nuevas
amenazas.
El segundo campo prioritario de actuación durante las administraciones de
George W. Bush fue el económico. En el momento de su toma de posesión, el nuevo
presidente recibió un superávit fiscal de 236.000 millones de dólares, el más amplio
de la historia. Ejecutando inmediatamente una de sus promesas electorales, el gabinete
económico de Bush presentó un plan de recortes de impuestos valorado en
726.000 millones de dólares –el Congreso lo aprobó en 558.000 millones–, que favorecía
especialmente a los sectores de menores ingresos y sobre todo a las grandes
fortunas. El plan se completaba con el anuncio de un sostenido recorte impositivo
durante toda una década que alcanzaría los 1,2 billones de dólares, mientras se pretendía
cancelar un tercio de la deuda pública, otros 2 millones de dólares. En condiciones
de crecimiento económico sostenido este recorte habría podido tener
resultados positivos; pero se puso en marcha coincidiendo con dos procesos que lo
condujeron al fracaso: el agotamiento del ciclo de crecimiento de la nueva economía
y el incremento de los gastos federales por las guerras de Afganistán e Irak.
El resultado
fue que tres años después del comienzo de su gestión la Hacienda pública
no sólo había enjugado todo el superávit sino que el déficit fiscal alcanzaba los
374.000 millones de dólares, la peor situación de todos los tiempos. En condiciones
ordinarias, Bush hubiera perdido la reelección, pero el protagonismo de las guerras
en Afganistán e Irak, donde aparentemente se había conseguido una victoria rápida
sobre Saddam Hussein, hizo que en las elecciones de noviembre de 2003 el presidente,
presentándose como victorioso comandante en jefe y mejor garantía de seguridad,
recibiera el apoyo mayoritario del electorado estadounidense.
El segundo mandato presidencial resultó una prolongación crecientemente desfavorable
del primero. Aunque las primeras señales de crisis se mostraron en agosto
de 2007, fue un año más tarde cuando se evidenció su gravedad: el incremento del
interés bancario y la bajada del precio de la vivienda pincharon simultáneamente la burbuja inflada artificialmente durante años y la combinación especulativa de los
créditos subprime y los bonos de alto riesgo pusieron en muy grave riesgo la estabilidad
de todo el sistema financiero estadounidense. La respuesta de la administración
Bush se centró prioritariamente en salvaguardar su sistema financiero. Las
cámaras del Congreso aprobaron la apertura de una línea de crédito extraordinario
de 700.000 millones de dólares a disposición de los grandes bancos, posteriormente
ampliados para acoger también a las grandes empresas, afectadas por la reducción
del consumo y el incremento de intereses. Estas grandes ayudas públicas a la iniciativa
privada se vieron completadas con la adopción de mayores niveles de regulación
sobre los sectores financieros y empresariales. De ese modo, al cierre de su
presidencia, Bush aprobaba un giro de ciento ochenta grados respecto al neoliberalismo
que había llevado a la Casa Blanca, al hacer partícipe al Estado no sólo de
las grandes políticas económicas sino también de la dirección de las grandes empresas
nacionales.
36. La presidencia de Barak Obama y Donald Trump.
Cambio y recuperación: Barack Obama (2009-2016).
Generando una enorme expectación con su campaña electoral (tanto dentro como
singularmente fuera de Estados Unidos), el triunfo de Barack Obama supuso un
cambio significativo en la política del país. Con dos guerras abiertas, una crisis económica
de dimensiones desconocidas y profundos conflictos sociales internos, el
programa de gobierno tenía desde un principio unas prioridades muy marcadas.
El
cambio de administración y la aparición de un discurso y unas prácticas socializadoras
nuevas crearon grandes expectativas, que la dura realidad no siempre permitió
satisfacer. La hegemonía republicana en la Cámara de Representantes, y el activismo
de su ala más reaccionaria, el nuevo movimiento del Tea Party, limitaron
enormemente la gestión presidencial, pero dañaron la posibilidad del republicanismo
de conseguir el respaldo del electorado centrista.
Discurso refundacional y propuestas innovadoras.
Tras las crisis exterior e interior heredadas del periodo de George W. Bush, la entrada
de Obama en la Casa Blanca fue interpretada desde una perspectiva refundacional.
No sólo había que cerrar guerras y superar la depresión económica, sino que
el conjunto del sistema debía ser profundamente modificado, haciendo que los principios
democráticos se impusieran sobre intereses minoritarios. La ciclópea empresa
requería de un consenso mayoritario, por lo que la llamada a la unidad de propósitos
centralizó la campana electoral de 2008. Con el lema “Yes, we can”, un joven e inexperto
senador por Illinois, desconocido por la mayor parte de los estadounidenses
al comienzo de la campaña presidencial, consiguió ganar la más original y seguida campaña electoral de las últimas décadas. Barack Hussein Obama se impuso contra
todos los pronósticos utilizando herramientas del siglo XXI frente a criterios y métodos
aún anclados en la tradición, con un discurso que recuperaba las más altas
cuotas de significación y trascendencia, enfatizando la denuncia de los problemas
más que realizando promesas de resolución.
Apenas llevaba dos años en el Senado cuando, en febrero de 2007, frente al Capitolio
de Illinois (donde Abraham Lincoln pronunció su histórico discurso de reconciliación
nacional), Obama presentó su candidatura a la Presidencia.
El largo
proceso electoral comenzó por las primarias del Partido Demócrata, donde se impuso
en dura puja a la favorita inicial, la esposa del anterior presidente, Hillary Clinton.
En la campaña presidencial se enfrentó al candidato republicano, el ex veterano
de la guerra de Vietnam y senador John McCain; ambos candidatos representaban
opciones minoritarias y no tradicionales dentro de sus respectivos partidos y suponían,
de distinta forma, una ruptura con la herencia de la administración Bush.
Frente a la experiencia política y el reconocimiento popular de McCain, la campaña
de Obama se centró en presentar la necesidad de un cambio profundo, realizando
una llamada no a los partidarios sino a la ciudadanía, utilizando una capacidad de
movilización, motivación y convicción incontestables por el candidato republicano.
Obama obtuvo una mayoría de votos que evidenció el deseo y la voluntad de un
país agobiado por la crisis económica, cansado de campañas bélicas y anhelante de
un “nuevo comienzo”, como lo manifestó el presidente electo en su discurso desde
el Monumento a Lincoln, dos días antes de su toma de posesión.
En política interior la prioridad fundamental del nuevo gobierno se encontraba
en hacer frente a la grave situación económica motivada por la crisis financiera y la
quiebra del mercado hipotecario. Obama mantuvo y amplió el paquete de ayuda a las
grandes instituciones bancarias, pero variando sustancialmente sus complementarias
medidas en la reforma del sistema, aumentando la presencia del Estado y los niveles
de regulación. En el segundo año de su mandato, disponiendo de las primeras cifras
de crecimiento que señalaban el final de la crisis, afrontó una más ambiciosa reforma
–la más importante llevada a cabo en los últimos 70 años, desde la generada en respuesta
a la crisis de 1929–, incrementando los sistemas de control de las direcciones
empresariales y financieras tanto por los accionistas de las mismas como por las autoridades
gubernamentales.
Al comienzo de su segundo mandato las cifras macroeconómicas
indicaban que la crisis estaba superada: a finales de 2013 la economía
estadounidense crecía a un ritmo del 3,5% y los niveles de desempleo se situaban por
debajo del 7% (igualando el nivel previo a la crisis); a pesar del crecimiento del déficit
fiscal y el necesario recorte del gasto público, el sector privado ganaba de nuevo confianza
y los índices de consumo interno y exportación crecían de forma sostenida.
De forma paralela a la superación de la crisis, en la agenda doméstica el segundo
gran triunfo de la administración Obama fue sacar adelante la reforma sanitaria
(Medicare), frenada durante décadas por las poderosas compañías farmacéuticas y
médicas. A pesar de las enormes presiones realizadas a través de la Cámara de Representantes por la mayoría republicana, lo que hizo que los trámites legislativos
se demoraran sustancialmente, la aprobación del Medicare en 2010 y su entrada en
vigor en 2013 supuso un paso singular en el sistema de prestación de servicio de
salud pública, ampliando sustancialmente la cobertura entre los más necesitados.
La política doméstica de Barack Obama contó a lo largo de toda su presidencia
con el hándicap de la minoría parlamentaria del Partido Demócrata.
El control republicano
de la Cámara de Representantes –y en ocasiones también del Senado–
hizo que el empuje popular del presidente se viera contrarrestado por el ejercicio
de oposición desde el Capitolio, lo que a menudo fue interpretado como una lucha
de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Especialmente grave fue este enfrentamiento
con la tramitación más trascendental cada año, el presupuesto federal.
La
mayoría republicana utilizó la negociación presupuestaria para oponerse a iniciativas
presidenciales –dejándolas sin financiación–, o exigiendo su retirada para la
aprobación del presupuesto. Esta política de confrontación utilizando los fondos
federales como arma de presión (sequestration) llevó a la necesidad de prórrogas
presupuestarias, ocasionando cierre parciales (furlough) e incluso la parálisis completa
de la administración federal (shutdown). Obama no vio aprobado de forma
ordinaria el presupuesto federal la mayor parte de sus años de mandato.
El origen de esta cerrada oposición republicana se halló en el crecimiento interno
de corrientes rupturistas, opuestas a cualquier concesión a los proyectos de
Obama. La facción más denotada fue el movimiento del Tea Party, un conjunto
ideológicamente heterogéneo nucleado alrededor de la idea de una necesaria reducción
de los poderes federales y una explícita oposición a la clase política profesional
y al establishment de Washington.
Surgido en los primeros meses de 2009 (inmediatamente
después de la elección de Obama) en respuesta a la aprobación de ayudas
federales a las grandes empresas y bancos en dificultades por la crisis, el movimiento
se fue consolidando a través de su capacidad de movilización y alcanzó su
mayor dimensión con las elecciones legislativas de mitad de mandato (2010),
cuando lograron introducir candidatos propios en las Cámaras del Capitolio.
La
presencia de miembros del Tea Party en las filas republicanas radicalizó el partido,
que endureció su oposición a la Presidencia con el objetivo de mantener unido el
partido; pero esta estrategia tuvo un efecto contraproducente, pues en las elecciones
presidenciales de 2012 el candidato republicano Mitt Romney no pudo despegarse
de ese ala radical, dejando el centro político a Obama, quien revalidó su mandato.
Paradójicamente, este fracaso aumentó la fortaleza del movimiento dentro del republicanismo,
que ante las elecciones legislativas de 2014 incrementó su número
de candidatos en un panorama de crisis de identidad partidista.
Frente al discurso
refundacionista de Obama, el Tea Party aumentó sus seguidores alrededor de la idea
de los orígenes constitucionales y las limitaciones legislativas y presupuestarias del
gobierno federal. Conservadores en general y reaccionarios ante cambios sociales
en marcha, el movimiento se enriqueció con visiones libertarias y liberales (demandantes
de menores y más sencillos impuestos, menos controles, menos intromisión gubernamental), recibió el respaldo de sectores religiosos fundamentalistas y el
aplauso de amplias capas sociales –desde trabajadores agrícolas rurales hasta grandes
empresarios internacionales– con una visión muy reduccionista de la vida política.
Pacificación y rectificación.
Las tendencias de continuidad y cambio fueron paradójica y simultáneamente conjugadas
en las políticas exteriores y de defensa de la presidencia de Obama. La doble
idea motriz que articuló todo su mandato fue la de pacificación y reorientación exterior.
La primera se materializó en la puesta del punto final a las guerras de Irak y Afganistán,
que no fue ni sencillo ni rápido; la segunda conformó un conjunto aún más amplio y
ambicioso de programas que de forma armónica buscaban responder al ascenso de
nuevas potencias globales, redimensionar los presupuestos de Defensa, responder a
las demandas exteriores de responsabilidad multipolar, ejercer un liderazgo selectivo
en zonas de máxima singularidad y, en el fondo, mantener la defensa de los intereses
estadounidenses en un mundo no sólo globalizado sino crecientemente disputado.
Ambas ideas fueron articuladas en un discurso que recuperaba las ideas motrices de la
excepcionalidad estadounidense –legitimadora de su vocación exterior– y en una ejecución
donde el pragmatismo y la reducción de gasto dictaban las decisiones a tomar.
Poner fin a la intervención militar en Irak y encontrar una salida adecuada a la
cooperación internacional en Afganistán eran los puntos esenciales de la agenda
exterior y de defensa de Obama.
La intervención en Afganistán ha sido la participación
bélica más prolongada (de octubre de 2001 a diciembre de 2014) y costosa
(500.000 millones de dólares de costes directos y 2,7 billones de indirectos) de la
historia de Estados Unidos; aun legitimada por la Declaración de Naciones Unidas
y el establecimiento de la misión internacional ISAF (en la que tuvieron diferente
grado de participación hasta 43 países distintos), la evolución del conflicto y la incapacidad
de resolución militar aconsejaron su finalización.
Ambos conflictos han deparado un coste humano y económico extraordinario
para Estados Unidos. Fueron movilizados en conjunto casi un millón y medio de soldados;
de los cuales 6.000 murieron y 550.000 sufrieron daños físicos. Se ha estimado
que el costo conjunto superará los 4 billones de dólares; como en su mayor parte fue
financiado a través de préstamos, su amortización e intereses se extenderá al menos
hasta el 2025; atender a los veteranos de estas guerras, tanto por pensiones como por
cuidados médicos, costará entre 650.000 y 900.000 millones a lo largo de décadas.
Si durante la administración de su antecesor se pretendió materializar un orden
imperial estadounidense –a un coste muy alto y con un resultado fallido–, desde la
orientación de Obama Estados Unidos sienta las bases para sostener un liderazgo
de largo alcance en un mundo crecientemente interconectado, multidependiente y
donde el poder internacional ya no reside exclusivamente en los Estados.
37. La construction de la Unión Europea.
Europa es una península de Eurasia, cuyos límites convencionales se sitúan en los
Urales y el Cáucaso. A partir del siglo XV se convirtió en el área de mayor desarrollo
tecnológico del planeta e inició su expansión ultramarina que culminó a fines del
siglo XIX, cuando los imperios coloniales europeos cubrían buena parte de la superficie
del globo.
Las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX fueron
en buena medida guerras europeas, pero su resultado fue que las potencias
estrictamente europeas quedaran reducidas a un papel secundario frente a las dos
superpotencias, una americana, Estados Unidos, y otra euroasiática, la Unión Soviética.
El continente quedó dividido en dos bloques, el oriental alineado con la
Unión Soviética, y el occidental con Estados Unidos, mientras que los imperios coloniales
europeos desaparecieron gradualmente. A la antigua rivalidad belicosa de
las potencias europeas le sucedió un proceso de integración iniciado con el Tratado
de Roma de 1957 y que ha conducido a la actual Unión Europea, que se ha extendido
por Europa oriental a partir de la desaparición del bloque soviético en 1989.
Economía y política en Europa.
Europa es un continente muy desarrollado y democrático, cuyos habitantes gozan
de un elevado nivel de vida, especialmente en su mitad occidental. En 2012 Noruega
era el país con el Índice de Desarrollo Humano más alto del mundo y de los dieciséis
países que superaban el índice 0,9, sobre un máximo posible de 1, la mitad eran
europeos. Varios Estados europeos son además grandes potencias económicas, aunque
debido a sus cifras de población relativamente modestas su PIB, medido según
la paridad de poder adquisitivo, quedaba en 2012 por detrás no sólo de los dos gigantes,
Estados Unidos y China, sino también de Japón, India y Rusia. Según las estimaciones del Banco Mundial, en ese año Alemania ocupaba el sexto puesto,
Francia el séptimo y Gran Bretaña el noveno (detrás de Brasil).
Tendencias demográficas
Alemania es el país más poblado de Europa, excluida Rusia, aunque ocupa tan sólo
el puesto dieciséis a nivel mundial, y le siguen Francia, Gran Bretaña e Italia. Casi
todos los países europeos han tenido una tasa de crecimiento modesta en las últimas
décadas, y en el futuro próximo sólo una inmigración muy elevada podría evitar el
descenso de la población. Ello se debe a la reducción de la tasa de fecundidad. En
2012 sólo un pequeño grupo de países europeos, en su mayoría nórdicos pero también
Francia, alcanzaban la tasa de dos hijos por mujer, en parte debido a sus activas
políticas de ayuda a las familias con niños, mientras que, en el otro extremo, en
Bosnia la tasa es de tan sólo 1,1. La esperanza de vida es muy elevada en Europa
occidental y algo menos en los países ex comunistas del Este.
El desarrollo económico
Por el volumen de su PIB, Alemania es el primer país de Europa, Rusia excluida, y
le siguen Francia, Gran Bretaña e Italia. Las cifras más altas de ingresos por habitante
se alcanzan en los países noroccidentales, como Suecia y Alemania, siendo
menores en los países meridionales, como Italia y España, y sobre todo en los países
ex comunistas de la Europa centro-oriental, entre los cuales se dan también diferencias
importantes, por ejemplo entre Polonia y la menos desarrollada Rumanía.
En las últimas décadas el crecimiento económico ha tenido un ritmo en general
medio, con tasas en torno al 2% anual, satisfactorias para países cuya población
crece poco, dándose las mayores diferencias en el Este, donde unos países han realizado
de manera más satisfactoria que otros la transición de la economía estatalizada
a la economía de mercado. El índice de libertad económica es alto en toda
Europa, incluso en países con un porcentaje de gasto público muy elevado, como
es el caso de Suecia.
El desarrollo humano.
El índice de desarrollo humano alcanza valores muy altos, incluso si se le ajusta
para tener en cuenta el efecto de la desigualdad, en toda la Europa septentrional.
Sólo seis países del mundo tenían en 2012 un IDH ajustado por la desigualdad superior
a 0,85 y cinco de ellos eran europeos: Noruega, Australia, Países Bajos, Alemania,
Irlanda y Suecia. Casi todos los restantes países europeos se encuentran en
el primer cuartil del IDH y sólo unos pocos Estados ex comunistas, incluida Rusia,
se sitúan en el segundo. El Índice de Percepción de la Corrupción muestra el grado
de transparencia alcanzado en la Europa septentrional: Dinamarca, Finlandia,
Nueva Zelanda y Suecia son los cuatro países menos corruptos del mundo. Italia
es el país más corrupto de Europa occidental y aún peor es la puntuación de Grecia
(36), Rusia (28) y Ucrania (26). La tasa de homicidios es muy baja en Europa Occidental
y elevada en algunos países del Este. Lituania, con 6,6 homicidios por
cien mil habitantes, tiene la tasa más elevada de Europa, excluida Rusia, donde
llega a 10,2.
Tendencias políticas.
La gran mayoría de los países europeos son democracias liberales y la libertad ha
avanzado mucho a partir del hundimiento del bloque soviético en 1989.
La influencia
de la Unión Europea ha contribuido de manera importante a la consolidación
de la democracia en los antiguos Estados comunistas. Los únicos países del continente
que la organización Freedom House consideraba no libres en 2013 eran Rusia
y Bielorrusia, mientras que algún otro, como Ucrania, se sitúa en la categoría de
semilibres. La paz que reina en el continente se traduce en que los gastos de Defensa
sean en general bajos y están descendiendo aún más. En Gran Bretaña y Francia
son algo más elevados porque estos países mantienen la capacidad de proyectar sus
fuerzas armadas en misiones internacionales.
La Unión Europea es una organización internacional de carácter económico y político
que agrupa a 28 Estados soberanos europeos. Su origen está en el Tratado de
Roma de 1957, por el que se fundó la Comunidad Económica Europea, integrada
inicialmente por tan sólo seis Estados: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda
y Luxemburgo.
En su inicio representaba en la práctica poco más que una unión
aduanera, aunque preveía una progresiva integración. Su desarrollo la ha convertido
en una realidad mucho más ambiciosa, dotándose de un amplio conjunto de instituciones,
un corpus legislativo de creciente incidencia, políticas comunes en muchos
campos y elementos muy tangibles y al mismo tiempo cargados de simbología como
el pasaporte europeo y una moneda común, el euro, que, sin embargo, no todos sus
miembros han adoptado. Su población de más de 500 millones de habitantes, sólo
es inferior a las de China e India, y su PIB de más de 16 billones de euros en 2013,
calculado según la paridad de poder adquisitivo, es superior al de Estados Unidos.
Ello la convierte en un gigante mundial, pero debe recordarse que no se trata de un
Estado, sino de una organización cuyos componentes han cedido a la Unión un importante
poder de decisión en diversos campos, pero mantienen su soberanía, y
cuyos intereses y opciones no son siempre coincidentes, por lo que rara vez hablan
con una sola voz en el ámbito internacional.
La primera ampliación se produjo en 1973, con la incorporación de Gran Bretaña,
Irlanda y Dinamarca, y la democratización de la Europa del sur hizo posible
el ingreso de Grecia, en 1981, y de España y Portugal en 1986. La estructura institucional
no se modificó sustancialmente hasta la adopción del Acta Única
Europea en 1987. Cinco años después, en 1992, se firmó en Maastricht el tratado
por el que surgió la Unión Europea, que implicaba un grado de integración muy
superior al establecido en el Tratado de Roma de 1957. En 1995 se incorporaron
Suecia, Finlandia y Austria, mientras que la incorporación de los antiguos Estados
comunistas de la Europa centro-oriental requirió un proceso mucho más prolongado,
dada la entidad de las reformas necesarias para que su estructura legal y su
nivel económico les permitieran homologarse con los Estados miembros. En 2004
se produjo la mayor ampliación, con la entrada de diez Estados, ocho de ellos ex
comunistas, y otros tres se han incorporado con posterioridad. Por otra parte, en
2001 entró en funcionamiento la moneda única europea, el euro, que adoptaron
doce de los entonces quince miembros de la Unión, porque Gran Bretaña, Dinamarca
y Suecia optaron por conservar su propia moneda.
Posteriormente se ha
autorizado la adopción del euro a otros cinco países, con lo que hoy la eurozona
cuenta con diecisiete miembros, mientras que otros once Estados de la Unión
Europea quedan al margen, aunque se prevén nuevas incorporaciones en los próximos
años. La política monetaria de los diecisiete Estados de la eurozona ha quedado
en manos del Banco Central Europeo, cuyo actual presidente es el italiano
Mario Draghi.
La institucionalización quiso culminarse de la forma más tradicional y ambiciosa,
dotando a Europa de una Constitución, pero el intento se frustró, debido en
último término a que las identidades nacionales siguen primando sobre el sentimiento
europeísta de los ciudadanos.
Los jefes de Estado y de gobierno de los 25
Estados que entonces constituían la Unión firmaron en Roma en 2004 el texto de
la Constitución, que a continuación debería ser ratificado por cada uno de los Estados,
algunos de los cuales decidieron someterlo a referéndum. El proceso de ratificación
quedó, sin embargo, interrumpido cuando al año siguiente los ciudadanos
de Francia y Holanda votaron mayoritariamente en contra en sus respectivos referendos.
Así es que la reforma de la Unión se terminó realizando no a través de una
Constitución, sino a través de un nuevo tratado, firmado en Lisboa en 2009, que
implica un mayor grado de integración.
El Tratado de Lisboa sustituyó a todos los anteriores tratados, cuyas disposiciones
incorporó, e incluyo también los objetivos fundamentales del fracasado tratado
constitucional. El tratado fija la identidad y competencias de las instituciones
europeas: el Parlamento Europeo; el Consejo de la Unión Europea o consejo de ministros;
el Consejo Europeo, o consejo de jefes de Estado o de gobierno, la Comisión
Europea; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el Tribunal de Cuentas, y el
Banco Central Europeo.
El Parlamento Europeo viene siendo elegido desde 1979 por sufragio directo
de todos los ciudadanos europeos, en elecciones que se celebran cada cinco años,
y sus competencias, que son sobre todo legislativas y fiscales, han sido ampliadas
por el Tratado de Lisboa.
Su actual presidente es el socialdemócrata alemán Martin
Schulz. Los grupos parlamentarios más numerosos son el popular y el socialista.
La sede principal del Parlamento Europeo se halla en Estrasburgo.
El Consejo de la Unión Europea, al que habitualmente se conoce como consejo
de ministros, es un órgano ejecutivo integrado por los ministros de los veintiocho
Estados miembros, y en realidad se subdivide en un conjunto de consejos integrados
por los ministros de cada ramo: tales como el consejo de relaciones exteriores o el
consejo de economía y finanzas (ECOFIN).
El Consejo Europeo, que no debe confundirse con el Consejo de Europa (una
organización internacional de escasa trascendencia práctica en la que están representados
47 Estados europeos), es el órgano decisorio más importante de la Unión,
pues está constituido por los jefes de Estado o de gobierno (dependiendo de la estructura
de cada Estado participan el uno o el otro) de los 28 Estados miembros.
De acuerdo con el Tratado de Lisboa, en ciertos casos, especialmente en el ámbito
de la política exterior y de seguridad, las decisiones se han de tomar por unanimidad,
y en otros se requiere una mayoría cualificada. El voto es ponderado en función de
la población de cada país, de manera que a Alemania le corresponde el 16,5 de los
votos y a Malta el 0,1. Para facilitar el funcionamiento del Consejo Europeo, el Tratado
de Lisboa ha instituido la figura del presidente, cargo que desde 2010 ocupa
el belga Herman van Rompuy. Tiene su sede en Bruselas.
La Comisión Europea, integrada en la actualidad por 28 comisarios, uno por
cada Estado miembro, es el órgano encargado del funcionamiento ordinario de la
Unión. Puede proponer medidas legislativas y se encarga de la correcta aplicación
de las decisiones. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, que en este aspecto se aplicará
por primera vez tras las elecciones europeas de 2014, el Consejo Europeo propondrá,
por mayoría cualificada, un candidato al Parlamento Europeo, teniendo en
cuenta el resultado de las elecciones europeas y tras las consultas pertinentes, lo
que supone que el presidente de la Comisión verá incrementada su legitimidad democrática.
El actual presidente es el portugués José Manuel Durão Barroso.
La Comisión
tiene su sede en Bruselas.
La política exterior y de defensa de la Unión Europea vio reforzada su institucionalización
en el Tratado de Lisboa, por el que se creó un nuevo cargo que reúne
las funciones antes diseminadas en varios departamentos, el Alto Representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que lleva aneja la
vicepresidencia de la Comisión Europea y que desde 2010 ejerce la británica Catherine
Ashton. A pesar de ello, sigue siendo difícil que los Estados europeos adopten
una posición común ante los principales asuntos internacionales. En especial
los tres grandes, Gran Bretaña, Francia y Alemania, tienen una política exterior y
de seguridad diferenciadas.
Recuérdese que Gran Bretaña y Francia son potencias
nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En el plano económico la integración ha avanzado mucho más, pero incluso
en este campo siguen siendo crucial el parecer de los gobiernos de los principales
países miembros, y en especial de Alemania, como se ha podido comprobar durante
la grave crisis financiera que a partir de 2010 ha afectado a algunos países de la
eurozona, sobre todo Grecia, Irlanda y Portugal. Esta crisis ha demostrado por otra
parte que la capacidad de maniobra en materia económica de que disponen individualmente
los países de la zona euro es limitada. No pueden recurrir por ejemplo a
la devaluación de su moneda, que era un recurso habitual cuando un país se encontraba
en dificultades. A pesar de ello ningún país ha optado por el abandono del
euro, ni tampoco se ha intentado expulsar a ninguno, lo que muestra la solidez de
la eurozona. Se ha demostrado, por otra parte, la necesidad de ulteriores reformas,
al comprobarse que la unión monetaria requiere para su buen funcionamiento una
mayor integración económica, por ejemplo en lo referente a la supervisión de los
bancos.
38. Alemania: en el corazón de Europa.
Alemania: el mayor país de la Unión.
En un proceso constante de fortalecimiento a lo largo del último cuarto de siglo,
Alemania se ha erigido en el principal líder de Europa. Desde la caída del Muro de
Berlín hasta los efectos de la Gran Recesión en Europa, Alemania ha sabido utilizar
todos sus recursos para conformarse como el permanente referente del continente.
La unificación de las dos Alemanias, separadas durante cuatro décadas, y la reunión
de las dos Europas escindidas a lo largo de la Guerra Fría dibujaron una nueva
realidad continental y un nuevo agente protagonista; la nueva Alemania pasó a ser
el corazón de la nueva Europa.
La base fundamental que motivó este ascenso fue su fortaleza económica.
Siendo el país más poblado de Europa, con un alto grado de formación técnica y
científica, su economía se basa en la producción de manufacturas de alto nivel,
siendo la primera potencia exportadora, lo que le ha conferido la cuarta posición
entre las economías más fuertes del mundo. Esta fortaleza ha sido eficazmente utilizada
a través de una política de Estado, que a lo largo de las últimas décadas ha
tenido como objetivos fundamentales la reunificación de las dos Alemanias, la reconstrucción
nacional y la proyección exterior, tanto en el ámbito comunitario como
global.
La diplomacia alemana consiguió reaccionar muy rápidamente y con gran habilidad
a finales de los años ochenta al hundimiento del bloque del Este, tomando
la iniciativa ante las potencias vencedoras de la guerra y llevando a cabo una unificación
que no levantó los temores que durante medio siglo se habían supuesto.
La URSS estaba demasiado ocupada con sus propios problemas internos y a los
aliados occidentales se les convenció con dos argumentos de peso: la zona oriental
se integraba en una inalterable República Federal Alemana (RFA), no sólo perteneciente
a las instituciones europeas sino convertida en motor decisivo de su avance;
por otro lado, las fronteras de 1945 no eran cuestionadas, el ejército conjunto se reducía
y se mantenía la renuncia al empleo de armas nucleares y químicas.
Sin opositores
externos, el proceso de reunificación fue muy rápido; de mayo a septiembre
de 1990 una serie de tratados bilaterales prepararon los cambios constitucionales,
económicos y sociales para la incorporación de la antigua RDA a la República Federal
de Alemania el 3 de octubre de 1990, menos de once meses después de la
caída del Muro.
Por su mayor población, su posición geográfica central y su gran desarrollo económico,
la Alemania reunificada pasó a ejercer un claro liderazgo dentro de una
Europa en proceso de transformación institucional y política.
Las transiciones hacia
la democracia de los países del Este y la rápida apertura de negociaciones para su
integración en la Unión Europea tuvieron mucho que ver con la fortaleza alemana,
que, a su vez, de ese modo pasaba de ser un país periférico a conformar el centro
natural del viejo continente. Pero la conquista de este liderazgo no fue sencilla ni
mucho menos gratuita.
El entusiasmo con el que alemanes de ambos lados del Muro
festejaron su apertura y caminaron apresuradamente hacia la unificación se fue disipando
lentamente ante los costos que este proceso pronto evidenció; las diferencias
socioeconómicas fueron mucho más difíciles de solventar que los obstáculos
constitucionales o de influencia exterior; mientras que los alemanes occidentales
manifestaban su preocupación ante el costo económico que suponía la anexión, los
ciudadanos de la antigua RDA denunciaban la falta de solidaridad y la permanencia de prejuicios.
A pesar de que el coste económico de la unificación fue mucho más
alto del anunciado (lo que obligó a subir los impuestos y recortar gastos sociales,
mientras se disparaba el desempleo), la mayor parte de la población respaldó la decisión
política, evidenciando que Alemania estaba dispuesta a pagar el precio y a
convertir Berlín, la nueva capital, en el faro guía de la nueva Europa.
Aunque el proceso de unificación contó con un respaldo casi unánime y puede
ser visto como la tarea de toda la nación, resulta necesario reconocer el liderazgo
ejercido durante el periodo por el gobierno de Helmut Kohl.
El líder de la democracia
cristiana alemana había alcanzado el gobierno en octubre de 1982 gracias a
una moción de censura contra el socialdemócrata Helmut Schmidt.
A pesar de que
su posición inicial fue débil y su estilo de gobierno estaba muy alejado de la contundencia
de otros ejecutivos conservadores, la imagen de Kohl fue afirmándose
con una política decidida.
Para 1989, Kohl ya era uno de los principales líderes europeos
y su gestión en el manejo de la unificación le consagró definitivamente. La
democracia cristiana (CDU) venció en las primeras elecciones de la nueva Alemania
(diciembre de 1990), imponiéndose al candidato socialdemócrata, Oskar Lafontaine,
a quien el electorado reprochó su tibio apoyo a la reunificación.
Era su cuarto mandato
como canciller, el más complicado hasta la fecha a consecuencia del estallido
de la crisis económica (en 1993 Alemania sufrió un crecimiento negativo
del –2,1%), el incremento del desempleo y las críticas internas a la nueva política
exterior: por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial soldados alemanes participaban
en misiones en el exterior. Pero en el segundo semestre del siguiente año
Alemania daba muestras de recuperación y creación de riqueza, lo que junto a la
mala campaña del partido socialdemócrata (SPD) permitió a la CDU volver a imponerse
en las urnas (octubre de 1994).
La quinta legislatura del gobierno Kohl estuvo
caracterizada por mayor protagonismo en la política exterior alemana, las
dificultades para cumplir los requisitos de su incorporación a la nueva moneda
común europea, el euro, y la salida a la luz pública de una serie de escándalos que
minaron la popularidad del canciller. Kolh gobernó desde 1982 hasta 1998, fecha
en que su partido, la CDU, obtuvo los peores resultados electorales desde la fundación
de la RFA.
Con un discurso innovador y un nuevo líder, Gerhard Schröder, el Partido Socialdemócrata
consiguió la victoria electoral, formando gobierno en coalición con
los Verdes, cuyo líder, Joschka Fischer, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores.
El gobierno de Schröder incrementó la participación del Estado en la conducción
económica, realizó una reforma fiscal y de las pensiones, reformó el código
de nacionalidad favoreciendo su adquisición por los inmigrantes e introdujo importantes
medidas de protección ecológica, ahorro energético y apuesta por las energías
renovables. En política exterior mantuvo una gran continuidad, reforzando el liderazgo
de Alemania en Europa y aumentando sus responsabilidades en la seguridad
internacional. A pesar de continuar participando de posturas atlantistas y de participar
con uno de los principales contingentes militares en la intervención en Afganistán en 2001, a lo largo del año siguiente las relaciones con Washington sufrieron
un giro significativo, oponiéndose a la agresiva política de Bush.
La trascendencia
de este posicionamiento, coincidente con las dubitativas posturas de la CDU, hizo
que el SPD se impusiera en las elecciones de septiembre de 2002. Durante la segunda
legislatura de Schröder, también en coalición con los Verdes, se puso en marcha
un ambicioso programa socioeconómico, Agenda 2010, centrado en la creación
de empleo, la reforma sanitaria y de pensiones, y la mejora para la integración de
los inmigrantes. Pero la persistencia del desempleo y los resultados adversos en
convocatorias electorales regionales le hicieron adelantar las elecciones a septiembre
de 2005, en las que se impuso la CDU por estrecho margen.
Al frente de la Democracia cristiana alemana se encontraba desde el año 2000
Angela Merkel, que en los años siguientes fue aumentando su prestigio y popularidad.
La apretada victoria de la CDU en 2005 tan sólo le concedía una ventaja de
cuatro escaños en el Bundestag respecto al SPD, por lo que resultó imposible el establecimiento
de coaliciones de gobierno con partidos menores. Aunque había sido
descartada por los candidatos con anterioridad, la solución final fue la reedición de
la Gran Coalición (la primera se produjo en la segunda mitad de los años sesenta)
entre los dos grandes partidos; el SPD tendría más ministros a cambio de respaldar
el nombramiento de Angela Merkel como canciller.
No sólo era la primera mujer
que alcanzaba la Cancillería, también el primer gobernante federal procedente de
la extinta RDA. La primera legislatura de Merkel estuvo caracterizada por la necesidad
de consenso con sus socios de gobierno; una nueva reforma tributaria redujo
la progresividad fiscal, a cambio se mantenía el programa de cierre de las centrales
nucleares para 2020. Durante su semestre de presidencia europea, Merkel impulsó
la superación de la parálisis producida por el fracaso de la no aprobación del Tratado
Constitucional lanzando la iniciativa plasmada en la Declaración de Berlín (2007),
que concluyó con el Tratado de Lisboa. Esta recuperación del liderazgo en la UE
coincidía con una mejora sustancial de las cifras macroeconómicas y la creación
de empleo. Todo ello condujo a que en las elecciones de septiembre de 2009, la
CDU consiguiera un amplio triunfo, manteniendo Angela Merkel la Cancillería, en
esta ocasión apoyándose en una coalición de gobierno con los liberales. Con eficacia
y pragmatismo, alejado de maximalismos y sin dogmas ideológicos, el liderazgo
de Merkel sobrevivió durante los años de la gran crisis global, devolviendo a Alemania
a cifras de crecimiento sostenido mientras el resto de los socios europeos entraban
en recesión. Esto hizo que en las elecciones de septiembre de 2013 de nuevo
la CDU alcanzara la victoria (42% de los votos emitidos, a cuatro escaños de la mayoría
absoluta). A consecuencia del hundimiento de los liberales, la fórmula de gobierno
de nuevo fue la de gran coalición junto con los socialdemócratas.
El
programa conjunto de gobierno para los siguientes cuatro años suavizaba la austeridad
presupuestaria anterior e introducía mejoras sociales significativas en temas
como el salario mínimo y la jubilación.
39. Gran Bretaña: entre la integración y el euroescepticismo.
Por el volumen de su PIB, Alemania es la sexta potencia económica del mundo,
Francia la séptima y Gran Bretaña la novena, pero mientras que aquellas han optado
desde hace más de medio siglo por la integración en una Europa estrechamente
unida, Gran Bretaña ha preferido mantener un mayor grado de independencia, y ha
oscilado entre la participación en el proceso integrador, pero manteniendo su especificidad,
y una actitud euroescéptica nacida de la desconfianza hacia la Europa
continental.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal es su denominación
oficial, poseía a comienzos del siglo XX el imperio territorial más extenso, y era la
segunda potencia económica del mundo, tras los Estados Unidos. Tras la Segunda
Guerra Mundial, a pesar de encontrarse entre las potencias económicas vencedoras,
perdió, sin embargo su posición hegemónica.
Desde 1945 concentró sus energías
en un proceso de reconstrucción social (expansión del Estado del bienestar) y transformación
de los sectores económicos (crecimiento del sector servicios, modernización
industrial), sin alterar el marco constitucional heredado, las prácticas políticas
y el sistema de partidos, los más estables de todo el continente. En 1973 se incorporó
a la Comunidad Europea, pero ha mantenido su peculiaridad y excepcionalidad hasta
el extremo de provocar tensiones con el resto de los socios y contemplar reiteradamente
una posible salida del proyecto europeo.
Durante los años ochenta, los gobiernos conservadores presididos por Margaret
Thatcher desarrollaron una política que cambió profundamente la dinámica sustentada
desde el final de la guerra mundial.
Los procesos de reconversión industrial,
reducción de las políticas públicas y el gasto social, la reducción de la fiscalidad y
la apuesta por una política exterior más agresiva crearon tensiones dentro y fuera
del país, produciendo un enorme costo social; pero a la larga sentaron las bases de
una recuperación económica que permitió acometer una modernización de estructuras
productivas.
Tras tres mandatos consecutivos (que la convertían en la premier
que más tiempo ha gobernado en la historia constitucional británica), Margaret Thatcher
se encontró con fuertes disputas dentro de Partido Conservador. La tercera victoria
consecutiva en 1987, en pleno auge económico y con un reconocimiento
singular en el escenario internacional, no fueron suficientes para evitar que miembros
de su propio gobierno se enfrentaran a los criterios de la premier.
El fondo de
este problema radicaba en la aparición dentro del partido de dos corrientes antagónicas
respecto a Europa: aquellos que pretendían retrasar la incorporación de Gran
Bretaña y los que pensaban que tal opción resultaba un suicidio internacional, por
las escasas dimensiones británicas. Margaret Thatcher se encontraba alineada con
los sectores más euroescépticos. Por otra parte, el deseo de hacer recaer todos los
gastos de los servicios de las administraciones locales y regionales sobre los ciudadanos
hizo que se incrementaran sustancialmente los impuestos, lo que provocó las
movilizaciones en su contra y una caída de la popularidad de la premier a mínimos históricos.
Esta situación, unida a la incidencia en Gran Bretaña de la crisis económica
internacional de finales de los ochenta, hizo que miembros destacados del Partido
Conservador se pronunciaran por una sustitución al frente del ejecutivo.
Thatcher presentó su dimisión en noviembre de 1990. Su ministro de Hacienda,
John Major, fue elegido por el partido para sucederla.
La situación en Gran Bretaña a comienzos de los años noventa presentaba un
conjunto de contrastes que la singularizaban. Aunque persistía la crisis económica,
los indicios eran considerablemente mejores que una década antes y sobre todo las
expectativas eran mucho más optimistas; aunque Gran Bretaña permanecía en
Europa, su discurso era frontalmente contrario a cualquier tipo de desarrollo institucional
y cesión de soberanía; aunque el partido en el gobierno se encontraba claramente
dividido, la incapacidad del Partido Laborista para presentar alternativas
hacía que los conservadores mantuvieran el poder sin problemas. Usualmente es
presentado el gobierno de John Major (1990-1997) como una mera continuidad del
de su antecesora y principal promotora, Margaret Thatcher; pero, si bien por experiencia
y orientación ideológica así pudiese parecer, en realidad los años noventa
británicos tienen poca similitud con la década anterior.
Manteniendo un discurso
aparentemente crítico con el proceso de conformación europeo, que consolaba a la
facción euroescéptica del conservadurismo, Major supo hacer partícipe a Gran Bretaña
de los grandes pasos en la construcción europea (tratados de Maastricht y Amsterdam),
aun manteniendo a la libra esterlina fuera del proceso de fusión con el
resto de las divisas europeas en el euro. Un proceso semejante se siguió para solucionar
el problema del terrorismo en Irlanda del Norte; manteniendo un firme discurso
público, se negoció con la organización terrorista IRA, que tenía un fuerte
apoyo social entre la minoría católica de Irlanda del Norte, hasta conseguir el 1 de
septiembre de 1994 un alto el fuego que abriera posibilidades de diálogo; semanas
después siguieron el ejemplo los grupos paramilitares protestantes, pacificando Irlanda
del Norte y abriendo las posibilidades de superación del conflicto y la reconciliación
social.
La cuestión europea y el problema norirlandés fueron los grandes
triunfos de Major, reconocidos ampliamente aunque no de forma general dentro de
su propio partido. El Partido Conservador arrastraba un problema de liderazgo, a
su vez referenciado a profundas divergencias respecto a temas tan importantes como
la política exterior, la gestión económica y laboral, o la cuestión irlandesa.
Ya en
julio de 1995 las discrepantes voces internas obligaron a Major a presentar su dimisión
como líder conservador y a la celebración de unas elecciones internas; su
reelección reforzó su posición en el partido, pero no acabó con la división interna,
dado que no radicaba en diferencias personales sino ideológicas.
Estos problemas
de liderazgo y de división interna ocasionaron la derrota en las elecciones de 1997.
El laborismo británico había realizado una larga travesía por el desierto que
había transformado profundamente el partido.
A mediados de los años noventa, los
logros alcanzados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial parecían tan lejanos
como las veleidades sindicalistas mantenidas en los años setenta.
Una nueva generación de políticos había transformado profundamente el discurso y los objetivos
del partido, renovando sus medios de actuación –abandonando la exclusividad de
las plataformas sindicales– y abriéndose a nuevos nichos electorales; era el nuevo
laborismo, o tercera vía, utilizando el título de su obra manifiesto; una renovación
de la socialdemocracia utilizando la experiencia de la gestión del mercado y los logros
de la globalización para conseguir un más extenso, equitativo y eficaz reparto
de la riqueza.
Al frente de esta generación se encontraba desde 1994 Anthony Charles
Lynton Blair (Tony Blair), que con 41 años era el más joven líder que había tenido
el partido. La renovación de su propuesta electoral y el estado de división en
que se encontraban los conservadores hicieron que en las elecciones de mayo de
1997 el Partido Laborista se impusiera por mayoría absoluta. Durante su primera
legislatura el centro de su gestión política fue doble; por una parte heredó las dos
grandes cuestiones perseguidas por Major: definir el papel de Gran Bretaña en la
Unión Europea y alcanzar una definitiva pacificación en Irlanda del Norte; por otra
parte, recuperar los sistemas públicos de salud y educación, que tras ser un modelo
en las décadas de la posguerra habían sufrido los efectos del neoliberalismo thatcheriano,
encontrándose en una difícil situación; por último decidió abordar reformas
institucionales: creación de las asambleas parlamentarias de Escocia y Gales,
anulación del carácter hereditario de la pertenencia a la Cámara de los Lores y creación
del cargo de alcalde de Londres.
Las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas de Irlanda del Norte condujeron
al acuerdo de Viernes Santo en el castillo de Stormont, que preveía el establecimiento
de un gobierno autónomo respaldado por una asamblea legislativa, la
retirada de las tropas británicas, la transformación de la policía militar, el desarme
de los grupos paramilitares y el cese completo de la violencia política. Aun sufriendo
períodos de gran tensión y negociaciones al borde de la ruptura, el proceso de pacificación
y resolución del problema norirlandés ha sido un éxito relativo: en 2005
el IRA anunció el cese de la “lucha armada” (dándose por disuelto desde septiembre
de 2008), los grupos paramilitares protestantes desaparecieron y la normalidad volvió
a las calles de Belfast.
Sin agotar su primer mandato, Blair convocó elecciones en junio de 2001; la
buena situación económica, la mejor proyección exterior y la resolución del problema
norirlandés hicieron que, por primera vez en su historia, el Partido Laborista
se impusiera por mayoría absoluta en dos elecciones consecutivas.
La segunda legislatura
de Blair estuvo caracterizada por el apoyo inquebrantable mostrado por
el premier a la política exterior de George W. Bush, especialmente por la vehemente
implicación de Gran Bretaña en las guerras de Afganistán e Irak, en gran medida
en contra de la mayoritaria opinión pública de su país. El inicial éxito de estas campañas
y el importante crecimiento económico de mediados de la década hicieron
que por tercera vez consecutiva Tony Blair y el Partido Laborista se impusiera en
las elecciones de 2005 por mayoría absoluta. Sin embargo, la intervención exterior
pronto se volvió en su contra, al tiempo que en el interior de su partido aparecían figuras representativas exigiendo la depuración de responsabilidades por la implicación
de Gran Bretaña en la guerra de Irak. Aunque los casos son distintos, la experiencia
de Major aconsejó a Blair no enrocarse en el poder y facilitar la
renovación de su gobierno contando con el partido.
Siguiendo su propuesta, fue
elegido Gordon Brown, ministro de Hacienda durante todo el mandato de Blair y
principal compañero, a la vez que rival, en la reforma del laborismo.
A pesar de los esfuerzos en el cambio de discurso, la permanencia de programas
y planteamientos ideológicos hizo que el mandato de Gordon Brown deba ser visto
como una continuidad. El énfasis puesto en los incrementos presupuestarios para
la partida de sanidad y educación o la pequeña reforma fiscal bajando los tipos de
retención, además del efectista cambio de posición respecto a la participación británica
en el conflicto de Irak, no representaban cambios de fondo.
Sin embargo, lo
más importante de su mandato fue su coincidencia con el estallido de la gran crisis
global; el importante crecimiento habido en los años anteriores impidió una reacción
decidida del que había sido el verdadero director de la economía británica en los
últimos años. El mantenimiento de los gastos, sumado al recorte de los ingresos fiscales
y la reducción de los ingresos motivada por la bajada del comercio hicieron
que a lo largo de 2009 el déficit público fuera incrementándose considerablemente;
por todo ello, la campaña electoral de mayo de 2010 fue afrontada por el Partido
Laborista con aires derrotistas.
Frente al legado laborista se alzó un Partido Conservador renovado liderado
por David Cameron, heredero de un thatcherismo destilado por las experiencias de
la economía global, cuyo mensaje central se basó en la idea de cambio y renovación.
Los resultados electorales dieron el triunfo a los conservadores, pero sin alcanzar
la mayoría absoluta, por lo que necesitaron alcanzar una coalición de gobierno con
el Partido Liberal, cuyo líder, Nick Clegg, ocupó el cargo de viceprimerministro.
La prioridad fundamental del gobierno conservador-liberal era mejorar la acuciante
situación económica y rebajar el déficit público. Otros puntos singulares dentro del
programa eran la convocatoria de un referéndum para la modificación del sistema
electoral británico, el establecimiento de cuotas de inmigración o la renovación de
algunos sistemas de Defensa. Durante su gobierno el Reino Unido hizo frente a la
gran crisis global de una forma menos dramática y más exitosa que otros países
desarrollados, y en 2012 todos los índices mostraban evidencias positivas de superación.
Sin embargo dos temas causaron tensiones en la coalición conservadora-liberal.
En primer lugar, se incrementaron las pretensiones del núcleo más duro
euroescéptico del Partido Conservador, que empujaron a Cameron –como 30 años
antes había ocurrido con Margaret Thatcher– hacia posiciones de enfrentamiento
con los socios, demandando el retorno de competencias y la reducción del aporte
británico a la Hacienda comunitaria; a consecuencia de la crisis económica, el crecimiento
dentro de la opinión pública de las tesis euroescépticas hicieron albergar
la idea de un referéndum que revocara la incorporación de Gran Bretaña a la Unión
Europea; mientras que el Partido Liberal y especialmente su líder y vicepresidente del gobierno, Nick Clegg, apoyan la integración de Gran Bretaña en las estructuras
europeas.
En segundo lugar, la voluntad independentista del nacionalismo escocés
ha puesto en cuestión la permanencia del Reino Unido. El parlamento escocés, de
mayoría nacionalista, aprobó la convocatoria de un referéndum por la independencia
y el gobierno de Cameron ha aceptado que se celebre el 18 de septiembre de 2014.
40. Francia: la evolución de la V República.
Francia: el contrapeso de Alemania.
Frente a las dudas británicas, Alemania y Francia han constituido el eje central en
torno al cual se ha constituido la Unión Europea. Después de haberse enfrentado
en tres guerras en el curso de tres generaciones, entre 1870 y 1945, ambos países
han promovido la integración económica como fundamento de la paz duradera.
Francia ha ejercido de socio principal y de contrapeso de una Alemania que, tras la
unificación y el fin de la amenaza soviética, se ha convertido en el actor más importante
en la Unión Europea.
Con un profundo sentido de la gestión pública y el mantenimiento de sólidas
políticas del Estado, Francia ha sabido conjugar de forma eficaz la tradición heredada
de un brillante pasado y la modernidad de la que siempre se ha sentido protagonista.
Con unos dinámicos sectores económicos (un sector primario muy
protegido, un amplio y puntero sector industrial y unos servicios de gran capacidad
y diversificación), Francia se sitúa como la séptima potencia económica mundial
en PIB nominal.
Su política exterior se encuentra plenamente inserta dentro de la Unión Europea y el bloque occidental, aunque los dirigentes franceses hayan hecho
gala de una amplia autonomía, rodeando su ejecución dentro de un ejercicio de proyección
de imagen nacional.
Cuando el socialista François Mitterrand accedió a la presidencia en mayo de
1981 se produjo la mayor transición política desde el nacimiento de la V República
en 1959. Hasta entonces los partidos conservadores y centristas se habían mantenido
en coalición repartiéndose los poderes del Estado; el triunfo del Partido Socialista
al comienzo de la década transformó completamente ese reparto del poder.
Durante
la primera presidencia de Mitterrand se puso a prueba el sistema institucional de la
V República, donde el poder ejecutivo se encuentra dividido entre un poderoso presidente
de la República, que ostenta competencias exclusivas, y un Gobierno responsable
ante la Asamblea legislativa.
Mientras los titulares de las dos máximas
magistraturas pertenecieron al mismo partido o corriente ideológica, no hubo tensiones
significativas, ejerciendo el presidente de la República un poder extensivo
sobre el Gobierno; pero los problemas aparecieron cuando en 1986 se rompió por
primera vez la armonía y el presidente de la República, el socialista Mitterrand, se
encontró con una mayoría parlamentaria y por tanto a un presidente de gobierno
conservadores. Esto obligó a la introducción de nuevos procedimientos de armonización
gubernamental, lo que acabó denominándose “cohabitación”.
Como había hecho tras su primera elección presidencial, inmediatamente después
de conseguir el triunfo electoral para un segundo mandato (mayo de 1988)
Mitterrand disolvió la Asamblea y convocó elecciones legislativas. Respaldado por
los resultados de la reciente convocatoria, el PSF consiguió una mayoría relativa
que, ante la negativa de los comunistas a participar de nuevo en el gobierno, obligó
a la búsqueda de apoyos puntuales a lo largo de toda la legislatura. Este segundo
periodo de gobiernos socialistas se caracterizó por la inestabilidad, sucediéndose
al frente del ejecutivo Michel Rocard, Édith Cresson y Pierre Bérégovoy. Esto hizo
que en las elecciones legislativas de 1993 se produjera un nuevo vuelco político al
imponerse la candidatura de centroderecha de la RPR-UDF, produciéndose la necesidad
de una segunda cohabitación.
La asamblea eligió como presidente del Gobierno
a Édouard Balladur, quien había sido el cerebro de la primera cohabitación
y ahora se encontraba obligado a protagonizarla; el centro de su programa se encontraba
en la liberalización económica, tratando de insertar a Francia en un mercado
internacional cada vez más complejo a nivel productivo y laboral; la formación
técnica, las infraestructuras y la flexibilidad en el empleo fueron los campos fundamentales
de atención.
La buena imagen generada, en la que tuvo un peso destacado
su intransigencia con la corrupción gubernamental, reforzó el apoyo a la
candidatura del centroderecha en las elecciones presidenciales de 1995, personificada
en Jacques Chirac, que acabó imponiéndose sobre la candidatura socialista de
Lionel Jospin.
Tras catorce años de “mitterrandismo” la derecha gaullista volvía al Elíseo, de
la mano de Jacques Chirac, durante 18 años alcalde de París, pero que previamente
había sido en varias ocasiones ministro y durante dos períodos presidente del Gobierno
(1974-1976, 1983-1988).
Su discurso retomaba las bases del gaullismo: frente
a los clichés neoliberales propuso un desarrollo económico vinculado a la justicia
social; en respuesta a las tendencias de reconocimientos identitarios regionales, recuperó
la visión del Estado republicano y la cohesión nacional; en el periodo más
álgido de construcción europea y de fortalecimiento del sistema monetario común,
Chirac recuperó un nacionalismo proyectivo y pidió la permanencia de un franco
fuerte; en una época de importantes recortes internacionales en Defensa, se reanudaron
las pruebas nucleares en los atolones polinésicos de Mururoa y Fangataufa
(finalizados un año después al incorporarse Francia al Tratado de Prohibición Pruebas
Nucleares, CTBT).
Chirac nombró al frente del Gobierno a Alain Juppé, su hombre
de máxima confianza, que le sirvió de correa de transmisión para el ejercicio
efectivo de todo el poder ejecutivo por parte del presidente. De inmediato se puso
en marcha un plan de austeridad económica que llevaba emparejado una reforma
fiscal con incrementos impositivos, una congelación salarial para los funcionarios y
una reforma de la cobertura social.
Estas reformas suscitaron una amplia protesta
social, llegando a convocarse dos huelgas generales. La defensa que hizo Chirac de
estos programas incidieron en su popularidad, pero resultaban imprescindibles para
reducir el déficit y cumplir las exigencias para la incorporación al euro.
Chirac persiguió dos claros objetivos: reincorporar a Francia al liderazgo de la
construcción europea y relanzar una política exterior de relieve e independiente.
El
nacionalismo gaullista se explicitó especialmente en las ambivalentes relaciones
con Estados Unidos; si bien anunció la paulatina incorporación a las estructuras militares
de la OTAN, treinta años después de abandonarlas, también creó un nuevo
eje de cooperación Francia-Alemania-Rusia con cumbres anuales, con el objetivo
de reducir la influencia de Estados Unidos en Europa, cursó varios viajes por
Oriente Medio donde dejó patente su distanciamiento con la conducción estadounidense
del proceso de paz y rechazó vehementemente la impugnación del tratado
sobre antimisiles balísticos (ABM) y el consecuente desarrollo del sistema de defensa
estratégico.
Aunque, sin duda, el más explícito y trascendental rechazo de las
posiciones estadounidenses se produjo con la oposición francesa a la presión de
Washington en Naciones Unidas para conseguir el respaldo a la decisión del gobierno
Bush de atacar Irak en 2003, lo que llegó a provocar duras acusaciones por
ambas partes.
El eje franco-alemán también se resintió de los cambios de orientación
en la política exterior efectuados desde el Elíseo; la sintonía personal entre Chirac
y Kohl distó de ser positiva (siendo más armoniosa con Schröder); el problema de
fondo se encontraba en el cambio de la capacidad de influencia entre ambos países,
cuya dinámica quería revertir Chirac, como se explicitó en su oposición a la solicitud
alemana de mayor número de votos en el Consejo de la UE en consonancia con
su sustancial mayor peso demográfico.
En las elecciones legislativas de junio de 1997 se impuso el Partido Socialista,
debido al liderazgo de Lionel Jospin, que supo utilizar el descontento mayoritario
frente a la gestión neoliberal del anterior gobierno conservador y realizar una labor
pedagógica sobre la necesidad de imprimir un giro social en las políticas económicas
y en el proceso de construcción europea.
De nuevo debió utilizarse la cohabitación
como fórmula de gobierno, ahora con un presidente de la República
conservador y un presidente del Gobierno socialista. El programa propuesto por
Jospin era tan amplio que había conseguido la adhesión no sólo de toda la izquierda
sino también de un centro social que veía con preocupación el crecimiento de la
marginación y el incremento de las diferencias entre las rentas. Por esa razón Jospin
no quiso hacer un gobierno exclusivamente de ministros socialistas, sino que invitó
a participar a un conglomerado muy amplio de partidos y agrupaciones.
Esta pluralidad
carecía, sin embargo, de la cohesión necesaria para operar de forma homogénea,
si bien las medidas más ambiciosas llevaron el marchamo del propio
presidente: reducción del impuesto del IVA, cancelación del programa de privatizaciones,
plan de empleo juvenil y, la más simbólica, la reducción de la jornada laboral
semanal a las 35 horas. Además de la oposición política y empresarial, la
denuncia del crecimiento del gasto público provino de Alemania, donde se temía
que con dicho programa Francia fuera incapaz de prepararse para la implantación
del euro.
La renovación del gobierno germano, con el triunfo de Gerard Schröeder,
y la también coincidente llegada al poder de Tony Blair en Gran Bretaña, acabaron dando en principio la razón a Jospin, a pesar de negar éste su adscripción a la Tercera
Vía y su mantenimiento fiel a la socialdemocracia clásica. Aún más importante, la
aplicación del programa en Francia produjo un sostenido crecimiento de la producción
al 3% anual, la creación de puestos de trabajo y el descenso del desempleo.
Estos éxitos empujaron a Jospin a presentar su candidatura a las elecciones presidenciales
de 2002; pero lejos de plantearse alrededor de la figura de Jospin, las candidaturas
de los distintos grupos de izquierda se multiplicaron, cosechando un
rotundo fracaso.
El primer ministro ni siquiera pasó la primera ronda, siendo superado
por unas décimas por el veterano líder de la extrema derecha, Jean Marie Le
Pen. En la segunda vuelta todos los votos demócratas fueron para Jacques Chirac
(82,2%), siendo elegido de ese modo para un segundo mandato.
Durante el segundo mandato presidencial de Chirac se produjo una renovación
de líderes en la coalición gobernante del centroderecha; los distintos partidos políticos
que la componían, que se habían gestado en las últimas tres décadas, acabaron
fusionándose en una nueva fuerza política, la Unión por un Movimiento Popular
(UMP), que se impuso por mayoría absoluta en las inmediatas elecciones legislativas
de junio de 2002.
Como primer ministro Chirac designó a Jean-Pierre Raffarin,
que introdujo una política económica liberal, reformando el sistema fiscal y de pensiones,
e incrementando la atención sobre la seguridad, uno de los temas estelares
durante la campaña electoral. Sin embargo, fue la política exterior la gran protagonista,
en manos de Chirac.
La oposición de Francia a la guerra de Irak concitó un
enorme apoyo entre todas las tendencias, aunque afectó muy seriamente a las relaciones
con Estados Unidos; más problemática fue la convocatoria de una consulta
plebiscitaria para la aprobación del tratado constitucional europeo, que obtuvo una
trascendental negativa. El fracaso del referéndum conllevó la automática dimisión
de Raffarin, siendo sustituido por Dominique de Villepin (mayo de 2005), que había desempeñado
las carteras de exterior y de seguridad pública.
La profundización de las
medidas liberales –especialmente la presentación de un proyecto de despido libre
para los contratos de menos de dos años, lo que provocó amplias movilizaciones
sindicales– y los disturbios sociales en los suburbios de las grandes ciudades hicieron
caer su popularidad en el momento que contemplaba la posibilidad de presentarse
a las elecciones presidenciales, una vez anunciada la decisión de Chirac de no
volver a encabezar la candidatura del centroderecha.
Frente a la candidatura del primer
ministro, se presentó la de su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que se
acabó imponiendo en la primera vuelta gracias a su popularidad en los medios de
comunicación y su habilidad en las negociaciones partidistas. La renovación interna
del Partido Socialista también produjo una nueva generación de políticos, entre los
que destacó Ségolène Royal, elegida como candidata a las elecciones presidenciales.
La segunda vuelta electoral entre Sarkozy y Royal consiguió movilizar una amplia
participación, imponiéndose definitivamente Sarkozy con un 53,1%.
Habiéndose distanciado ostensiblemente de la figura de Chirac y siendo uno de
los protagonistas de la restructuración política, el programa presidencial de Sarkozy pretendió arrebatar a la élite política tradicional el control de la República, abriéndolo
a nuevas generaciones y modos de ejercer la gestión pública; algo que las bases
tradicionalistas de la UMP nunca le perdonaron.
Contando como primer ministro
con François Fillon, uno de sus más íntimos colaboradores, y una amplia mayoría
en la Asamblea, la gestión de Sarkozy se caracterizó por afrontar reformas de calado
sin rehuir la controversia, desarrollando eficaces ejercicios de negociación política
y presión social. Enarbolando la bandera de un vehemente nacionalismo republicano,
la política exterior de Sarkozy se definió por un explícito giro proatlantista
(integrando a Francia dentro de la estructura militar de la OTAN) y una firme voluntad
de integración europea, apoyando las gestiones alemanas para superar la crisis
tras el fracaso del tratado constitucional comunitario.
La política interior durante su mandato se caracterizó por la puesta en práctica
de políticas liberales que rompían la evolución de las últimas décadas, la reformulación
de las políticas fiscales y la reducción de impuestos en caso de presentarse
como un apoyo a la consecución de vivienda propia; la liberación laboral y la relajación
de la semana laboral de las 35 horas –que era tenida por los poderosos sindicatos
franceses como uno de sus grandes logros– consiguió apoyos y simpatías con
el atractivo de las horas extraordinarias; el aplazamiento de la edad de jubilación de
60 a 62 años se argumentó con base en la mejora de salud de los franceses; con la
reforma universitaria –muy contestada desde las aulas– se buscaba una modernización
de las estructuras académicas y una creciente vinculación entre universidad,
mercado laboral y empresas; la reducción de la dimensión del funcionariado –cuyos
sindicatos llegaron a paralizar el país– perseguía un recorte del gasto público entre
un colectivo con creciente desprestigio social.
Todas estas reformas impopulares,
con un explícito carácter simbólico dentro del espíritu republicano francés, alcanzaron
su punto culminante con la defensa de la discriminación positiva –frente al
concepto supremo de igualdad–; el endurecimiento de la política inmigratoria, llegando
a deportar a ciudadanos europeos; y la defensa de una reducción en la separación
entre Estado e Iglesia.
Las críticas a estas reformas podrían haber sido
silenciadas si en Francia el impacto de la crisis global no hubiese sido tan duro, pero
al final de su presidencia la cifra de demandantes de empleo alcanzaba el máximo
histórico. Todo ello produjo un descenso acuciante de la popularidad de Sarkozy,
que había gozado de un gran respaldo inicial.
En las elecciones presidenciales de mayo de 2012 se impuso el candidato socialista
François Hollande, y al mes siguiente en las elecciones legislativas el Partido
Socialista alcanzó una sobresaliente victoria frente a un centroderecha sin nuevas
personalidades de referencia y de nuevo una extrema derecha con significativo respaldo
electoral (13,6%).
Hollande designó como presidente del gobierno a Jean-
Marc Ayrault, quien desde un inicio sirvió como correa de transmisión de las
políticas generadas desde la Presidencia. Si en un comienzo se pusieron en marcha
políticas de incremento de la presión fiscal y reforzamiento del Estado de bienestar,
desde finales de 2013 Hollande introdujo cambios sustanciales siguiendo el ejemplo alemán; abarató el coste del trabajo mediante la supresión de las cotizaciones empresariales,
anteriormente utilizadas para financiar la política estatal de ayudas familiares.
El objetivo fundamental de dichos cambios era frenar el incrementosostenido del desempleo, que a comienzos de 2014 ya sobrepasaba el 10% del mercado
laboral, con la mayor cifra de parados de la historia.
41. Italia, la interminable crisis de la primera República.
La historia del último cuarto de siglo en Italia se ha basado en el hundimiento, en la
primera mitad de los años noventa, del sistema de partidos surgido con la fundación
de la República, que ha dado paso a un sistema nuevo e inestable, que caracteriza a
la llamada segunda República.
La Constitución de 1947 no ha sido reformada, pero
los partidos de la primera República han desaparecido y los nuevos no han llegado
a asentarse, con lo cual la evolución de la política italiana resulta imprevisible.
Tras la derogación por referéndum de la monarquía, la proclamación de la República
italiana en 1947 fundamentó un sistema político basado en dos grandes premisas:
la centralidad en todas las instancias de poder de la Democracia Cristiana
(DC) y la permanente exclusión de responsabilidad institucional al Partido Comunista
(PCI), que fue el más poderoso de todos los partidos comunistas de Occidente
y durante todo el periodo se mantuvo como segunda fuerza política del país. A pesar
de la inestabilidad gubernamental, la DC supo coaligarse con distintos partidos para,
aun a pesar de los rápidos cambios del ejecutivo, mantener equipos gubernamentales
durante largos ciclos.
Salvo en los primeros años de la República, el PCI nunca entró
a formar parte del gobierno; entre ambas fuerzas se encontraba una gran variedad
de partidos políticos, que en numerosas ocasiones formaron parte de gobiernos de
coalición: socialistas, republicanos, liberales y socialdemócratas.
La hegemonía democristiana,
la fuerte vinculación al bloque occidental, la activa participación en la
construcción europea y un importante desarrollo económico caracterizaron la historia
italiana en las dos primeras décadas de la República.
Durante los años setenta hicieron su aparición grupos extremistas neofascistas
y comunistas, las Brigadas Rojas sobre todo, que desestabilizaron aún más el panorama
político, alcanzando su culminación con el asesinato del líder democratacristiano
Aldo Moro por las Brigadas Rojas en 1978.
Si hasta ese momento los
presidentes del gobierno habían sido siempre democratacristianos, el desgaste, los
escándalos y los casos de corrupción que erosionaron a este partido hicieron que en
los ochenta se viera necesario ampliar el arco de respaldo legislativo (hasta llegar a
la coalición del “pentapartido”), lo que permitió el acceso a la jefatura del gobierno
primero al republicano Giovanni Spadolini y después al socialista Bettino Craxi, que
excepcionalmente mantuvo el cargo durante una legislatura completa (1983-1987).
La transformación del sistema se produjo a comienzos de los años noventa como
resultado, por un lado, de unas investigaciones judiciales que demostraron la enorme corrupción de la vida política italiana, produciendo el hundimiento de los partidos tradicionales, incluido el Partido Socialista, que desapareció, y la Democracia
Cristiana, que se fragmentó; y por otro de la caída del Muro de Berlín, que
aceleró la transformación del Partido Comunista Italiano, que renunció a sus principios
comunistas, ya muy atenuados por su integración en el sistema democrático
y en 1991 pasó a denominarse Partido Democrático de la Izquierda.
Las dificultades
económicas de esos años contribuyeron al descrédito de los partidos y la desaparición de la amenaza comunista privó a la Democracia Cristiana de uno de los elementos
que habían contribuido a cohesionarla durante décadas.
El fiscal de Milán Antonio di Pietro inició en 1992 una investigación que destapó
una extensa red de corrupción que alcanzaba todos los partidos y se encontraba
plenamente institucionalizada; en ella también participaba el mundo empresarial y
financiero, las corporaciones sindicales, las más importantes medios de comunicación
e incluso la Iglesia católica.
La exigencia de honestidad se convirtió en un clamor,
dando lugar a la expresión “manos limpias” como exigencia de una ética
política, y el sistema imperante fue denunciado como una tangentópolis (de tangente,
término que en italiano significa comisión irregular), que se caracterizaba
por la utilización de estructuras del Estado para fines partidistas y personales, la financiación
irregular de los partidos, el sistemático intercambio de influencias y el
nepotismo, las actuaciones irregulares de los servicios de inteligencia, los entramados
conspirativos y los escándalos económicos.
En 1994 dejó de existir la hasta entonces hegemónica Democracia Cristiana,
que se fragmentó en diversos partidos. La reforma electoral llevada a cabo en 1993,
que abandonó el sistema proporcional, favoreció la creación de grandes coaliciones
electorales, en las que los numerosos partidos políticos italianos acabaron incluyéndose,
aunque sin integrarse en entidades permanentes. En las elecciones de
1994 una heterogénea coalición de centro-derecha cuyo componente más destacado
era Forza Italia, un partido improvisado por el magnate de la televisión privada,
Silvio Berlusconi, se impuso a la coalición de izquierda, cuyo principal componente
era el Partido Democrático de la Izquierda.
Pero el gobierno de Berlusconi
apenas pudo mantenerse unos meses hasta que tuvo que dimitir por la pérdida del
apoyo de uno de sus aliados electorales, la Liga Norte. Una nueva consulta electoral
en 1996 dio el triunfo a una coalición de centro-izquierda, el Olivo, que incluía
desde el ex comunista Partido Democrático de la Izquierda hasta sectores procedentes
del ala progresista de la Democracia Cristiana, de la que provenía el propio
líder del Olivo, Romano Prodi. Esta coalición gobernó Italia desde 1996 hasta
2001.
Del derrumbe del fragmentado sistema de partidos anterior había emergido un
nuevo sistema no menos fraccionado. Berlusconi creó su propia plataforma electoral,
Forza Italia, una suerte de partido político lanzado como una marca comercial y gestionado
desde concepciones empresariales.
Sus socios principales fueron la Liga
Norte, liderado por Umberto Bossi, un partido regionalista con discurso xenófobo que proclamaba la voluntad autónoma de la Padania –todo el norte industrial de la península italiana– y Alianza Nacional –a su vez heredera del neofascista Movimiento
Social Italiano–, liderada desde su fundación en 1995 por Gianfranco Fini,
que se ha alejado de sus orígenes postfascistas para poder asimilarse a los partidos
conservadores europeos.
Su antagonista político era la otra gran coalición, el Olivo,
que agrupó desde 1995 a un amplio conjunto de partidos políticos, agrupaciones y
corrientes, incluidos el Partido Democrático de la Izquierda y el Partido Popular Italiano,
una de las escisiones de la antigua Democracia Cristiana. La coalición del
Olivo fue derrotada en las elecciones de 2001, pero triunfó de nuevo en las de 2006,
lo que condujo a un nuevo gobierno de Prodi que duró tan sólo dos años. En 2007
varios componentes de la coalición se integraron en un solo partido, en el que confluyeron
gentes de diferente procedencia ideológica, el Partido Democrático.
Vencedor en las elecciones de 2008, Berlusconi retomó la jefatura de gobierno,
que ya había ejercido en 1994 y desde 2001 a 2006, por lo que puede decirse que ha
sido la figura dominante de la política italiana en la primera década del siglo XXI.
Su
personalismo y su ausencia de escrúpulos ayudaron a perpetuar la característica inestabilidad
política italiana. Dueño de una inmensa fortuna, propietario de la mayor red de televisión privada, protagonista de escándalos de corrupción que le han llevado a una larga sucesión de procesos, de los que ha pretendido salvarse mediante su influencia
política, Berlusconi ha basado su éxito en un discurso populista de gran impacto mediático. Su política económica ha sido liberal: ha reducido la carga fiscal tanto para
empresas como para particulares, ha recortado la dimensión de las administraciones
del Estado y ha impulsado una paulatina desregulación del mercado laboral.
La evolución económica italiana resulta similar a la de los países occidentales,
con una gran reducción de los sectores primarios –que en su conjunto aportan apenas
un 3% del PIB–, un sector industrial, donde junto a la persistencia del prestigio
de las grandes empresas familiares se impone el dinamismo del pequeño empresario,
muy tecnificado y con vocación internacional, aportando un tercio del PIB nacional;
el sector servicios, que suma cerca de un 60%, se ha incrementado
exponencialmente a lo largo de las dos últimas décadas, destacando los componentes
financieros, de transportes y de comunicación. La Gran Recesión impactó fundamentalmente
en este último sector, y la incapacidad de Berlusconi para hacerle
frente condujo a su salida del gobierno.
Había sostenido su popularidad basándose
en el desarrollo económico, y esta se redujo por el incremento del desempleo, la
pérdida de tejido industrial y la crisis financiera.
En el seno de la Unión Europea
creció la preocupación por la gestión de Berlusconi, que se temía abocara a una situación
financiera insostenible a la cuarta potencia económica de la Unión.
En noviembre
de 2011 presentó su dimisión, siendo sustituido por Mario Monti, un
economista sin filiación partidista que gobernó hasta abril de 2013 y cuya política
de austeridad condujo a una mejora de las finanzas del Estado.
Las elecciones de 2013 dieron la victoria al Partido Democrático, por escaso
margen frente a la coalición liderada por Berlusconi, pero los buenos resultados obtenidos por un movimiento antisistema liderado por un cómico, Beppe Grillo, que se negaba a apoyar a ningún gobierno, condujeron a una difícil situación política,
agravada por las disensiones internas en el Partido Democrático. Ello ha conducido
a una solución sorprendente: un gobierno presidido por un miembro del Partido Democrático,
Enrico Letta, pero apoyado por un sector del partido de Berlusconi, que
ha roto con su jefe, a quien al fin le ha llegado una condena judicial en firme.
La inestabilidad parece seguir siendo la característica esencial de la llamada segunda
república, que por otra parte mantiene intacta la estructura constitucional adoptada
en 1947. A comienzos de 2014 Letta fue desplazado de la presidencia del gobierno
por un compañero de partido, Matteo Renzi.
Este periodo marca uno de los momentos más convulsos y transformadores de la historia europea reciente: la transición de la llamada «Primera República» italiana hacia un nuevo orden político, forzado por el colapso de los partidos que habían gobernado el país desde la posguerra.
Aquí tienes un resumen estructurado de las claves que definen esas páginas (368-371) del texto:
1. El fin del equilibrio de la Guerra Fría
Hasta 1989, el sistema italiano se basaba en la «conventio ad excludendum»: un pacto implícito para evitar que el Partido Comunista Italiano (PCI) —el más grande de Occidente— llegara al poder. Esto garantizaba la hegemonía de la Democracia Cristiana (DC) y sus aliados socialistas (PSI).
- Consecuencia: Al caer el Muro de Berlín, el «miedo al comunismo» dejó de ser un pegamento electoral. El PCI se disolvió para refundarse en formaciones socialdemócratas, y la DC perdió su razón de ser como «baluarte» contra el Este.
2. Tangentopoli y la Operación «Mani Pulite»
El detonante final fue un escándalo de corrupción sistémica conocido como Tangentopoli («Ciudad de los Sobornos»).
- El inicio (1992): La detención de Mario Chiesa en Milán reveló una red inmensa de financiación ilegal de partidos a cambio de contratos públicos.
- Mani Pulite (Manos Limpias): El equipo de magistrados, liderado por Antonio Di Pietro, inició una ofensiva judicial que diezmó a la clase política.
- Impacto: Líderes históricos como Giulio Andreotti (DC) y Bettino Craxi (PSI) se vieron cercados por la justicia. Craxi acabó huyendo a Túnez, simbolizando el fin de una era.
3. La desintegración de los partidos tradicionales
En apenas dos años (1992-1994), el mapa político italiano saltó por los aires:
- La Democracia Cristiana (DC): Se fragmentó y desapareció tras casi 50 años de dominio.
- El Partido Socialista (PSI): Se hundió bajo el peso de los escándalos.
- Aparición de nuevos actores: El vacío fue llenado por fuerzas que capitalizaron el descontento:
- Lega Nord: Con un discurso regionalista y anti-Roma.
- Movimiento Social Italiano (MSI): Los herederos del neofascismo que buscaron moderarse bajo la marca Alianza Nacional.
4. El factor Berlusconi y el nacimiento de la «Segunda República»
Ante el caos y el avance de la izquierda (que parecía la única superviviente), surge la figura de Silvio Berlusconi.
- La «bajada al campo» (1994): El magnate de la televisión fundó Forza Italia en pocos meses, utilizando su imperio mediático para presentarse como el «hombre nuevo» y el gestor eficaz frente a los «viejos políticos».
- Nueva Ley Electoral: Se pasó de un sistema puramente proporcional a uno mayoritario (Mattarellum), lo que forzó la creación de grandes coaliciones de centroderecha y centroizquierda, bipolarizando la política italiana.
42. Europa centro-oriental y países nórdicos.
Los países nórdicos Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia mantienen en la actualidad lazos que los han vinculado desde hace siglos. El emblema de los cinco cisnes volando en la misma dirección representa la comunidad legendaria a la que pertenecen, cohesionada en base a razones históricas, religiosas y culturales.
Las banderas de todos estos países presentan la misma composición, basada en la cruz escandinava, con la variación
de los colores que la conforman. Esta comunidad sociocultural se institucionalizó con la creación en 1952 del Consejo Nórdico, una organización interparlamentaria
de cooperación, que en la actualidad está dedicada fundamentalmente al fomento del
intercambio cultural, una vez que sus más importantes cometidos anteriores han sido
eclipsados por la pertenencia de tres de estos países a las instituciones europeas.
La pervivencia de los lazos nórdicos aún se manifiesta más con la enfática identificación
que desde su independencia ha realizado Estonia; dada su continuidad étnico-lingüística
con Finlandia y su vinculación histórica con Suecia y Dinamarca, desde mediados
de los años noventa ha mantenido con estos países la mayor parte de su comercio y
ha acabado integrándose en el grupo nórdico de la Unión Europea.
Entre los miembros que conforman el conjunto de los países nórdicos existen notables
variantes, las más importantes a nivel político se encuentran en sus diferencias
constitucionales y sus regímenes monárquicos (Dinamarca, Noruega y Suecia) o republicanos
(Islandia y Finlandia); de igual forma, existe una ostensible variedad geográfica
y demográfica; en consecuencia, la evolución de los países nórdicos ha estado
sujeta a dinámicas internas que los han diferenciado y caracterizado.
El elemento diferenciador
más influyente en los últimos tiempos ha sido la adscripción de estos países
a la Unión Europea, con la entrada de Dinamarca (1973), Suecia y Finlandia
(1995), mientras Noruega ha visto fracasar en dos ocasiones sendos referendos de
adhesión e Islandia no solicitó formalmente su incorporación hasta 2010. Pero más
allá de estas sustanciales diferencias, hay un elemento común en los países nórdicos
que los caracteriza singularmente frente al resto de los países europeos: sus políticas
sociales, lo que suele denominarse “modelo escandinavo de bienestar”.
El Estado de bienestar, con raíces en el siglo XIX y un incipiente de-sarrollo en el
período de entreguerras, se desarrolló definitivamente en la Europa posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Su primera articulación explícita fue realizada por el gobierno
laborista británico, que desarrolló un modelo de protección social que cubría las necesidades
básicas de los ciudadanos, arrogándose el Estado la responsabilidad de protegerlo
“de la cuna a la sepultura”; aunque inicialmente los campos prioritarios fueron
la salud y el desempleo, posteriormente se amplió su aplicación a otros ámbitos, de
forma muy singular a la educación y la vivienda. El modelo escandinavo de bienestar
parte de estas características comunes, ampliándose la cobertura y sobre todo variando
el sistema de financiación y prestación de servicios respecto al resto del continente.
El Estado de bienestar escandinavo tiene carácter universal e individual, entendido
como un derecho y no como contraprestación contributiva; por tanto el ciudadano
tiene acceso a unas atenciones por parte del sistema, independientemente de su capacidad
contributiva y nivel de renta. En este sentido, el modelo escandinavo es la patentización
del papel del Estado como garante de la redistribución de la riqueza. Para
ello se ha desarrollado un sistema fiscal que cuenta con una amplia base tributaria y
un régimen de impuestos progresivos que genera los recursos para sostener el flujo
de beneficios sociales, lo que en la práctica supone una transferencia de recursos de
las clases más favorecidas hacia las más desprotegidas.
La asimilación del modelo por todas las corrientes políticas ha hecho que se
mantenga un consenso generalizado sobre su sostenimiento, pudiendo discutirse la
ampliación y el nivel de las coberturas, pero no su funcionalidad y por tanto su pervivencia.
A pesar de que desde los años ochenta se han alzado voces en contra que
lo han presentado como interferencia del Estado en el desarrollo económico y, ya
en los noventa, se evidenciaron las consecuencias que tiene para la competitividad
de los bienes el incremento del coste de la producción a consecuencia de la presión
fiscal. Otras críticas se han centrado en señalar el carácter desmovilizador de las
garantías, que desaconsejan el sacrificio, el esfuerzo y la innovación al estar asegurada
la cobertura de las necesidades básicas; sin embargo, los datos evidencian
que estos países poseen los más bajos índices de desempleo y un alto índice de participación
innovadora. Por último, se ha mantenido que el modelo es difícilmente
exportable a otros países, siendo eficiente en los países nórdicos a consecuencia de
su alto nivel de educación general, completado por una estricta ética de origen protestante
que enfatiza el valor del trabajo.
A lo largo de las últimas dos décadas la evolución del modelo se ha hecho patente.
El desarrollo de la economía global y los procesos de deslocalización industrial
han impactado en los países nórdicos de forma directa; el carácter abierto de
sus economías les ha permitido el incremento de las exportaciones y de las inversiones
en el exterior, si bien también ha tenido como efecto el traslado de plantas
de producción hacia otros países con mano de obra cualificada y con menores gastos
sociales. El exitoso modelo sueco de bienestar, que tuvo en el resto de los países
nórdicos una clara proyección, está siendo reconsiderado, matizando las prestaciones, lo que en términos generales resulta ser un recorte de los beneficios anteriormente
otorgados. En Dinamarca se ha desarrollado el concepto de “seguridad flexible”,
que otorga cobertura y beneficios a las circunstancias de cada ciudadano
dependiendo de su edad, nivel de formación y años de trabajo. En Noruega e Islandia
se han recortado de igual forma las prestaciones, al tiempo que se relajaba la
política fiscal tratando de atraer las inversiones exteriores.
Europa centro-oriental.
Tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas impulsó el establecimiento de regímenes comunistas en toda el área de Europa centro-oriental que había caído en su esfera de influencia. En 1955 la alianza
se formalizó mediante la firma del Tratado de Varsovia, que fue suscrito por la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania. En 1961 este último país, que no tenía frontera
con los restantes miembros del tratado, lo abandonó, al haberse alineado con Pekín frente a Moscú en la gran polémica que dividió al mundo comunista. Yugoslavia, el otro estado comunista surgido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial,
rompió muy pronto con Moscú y nunca se adhirió al Pacto de Varsovia.
Los movimientos encaminados a romper con el modelo soviético fueron aplastados mediante la intervención militar soviética en Hungría en 1956, y mediante la intervención militar de diversos miembros del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968.
Pero en 1989, cuando quedó claro que el líder soviético Gorbachov no iba a utilizar la fuerza para mantener los regímenes comunistas europeos enfrentados a protestas populares, estos se vinieron abajo uno tras otro y de forma en general pacífica.
La caída del Muro que dividía a Berlín en noviembre de 1989, como consecuencia de las protestas de la población de la RDA, fue el símbolo de que la división de Europa tocaba a su fin. A partir de entonces los Estados comunistas iniciaron una rápida transición hacia la democracia política y la economía de mercado.
La evolución de los países de Europa Oriental ha presentado características comunes a consecuencia de la similitud de los regímenes políticos y económicos existentes en el anterior bloque del Este. Si la transición política fue acelerada a
consecuencia del rápido proceso de descomposición del mundo soviético, más lentamente se movieron las estructuras económicas y aún más tiempo se demoró la adaptación social a la nueva realidad. Los costos sociales de estas transiciones fueron elevados, en ocasiones condenando a la marginalidad a amplios sectores que, por edad o formación, se vieron relegados dentro del proceso de desarrollo general.
El resultado final de los procesos de transición hacia la democracia estuvo vinculado a la capacidad de consenso generada dentro de la antigua y la nueva clase política, las capacidades de desarrollo mantenidas y el respaldo exterior obtenido. Esto deparó
una amplia variedad de circunstancias nacionales y una evolución interna dispar; pero si el punto de partida era muy semejante –la pertenencia al bloque de países de la esfera soviética–, el destino final también los ha homogeneizado: la inserción de casi todos ellos en la Unión Europea.
En todos estos países se produjeron dos procesos comunes, paralelos y teóricamente antagónicos: por una parte, la utilización de un discurso nacionalista e historicista que recuperara las señas de identidad propias, a través de las cuales se pretendió distanciarse del pasado inmediato y diferenciarse del resto de los países integrantes de la esfera soviética; por otra parte, la proyección de una imagen vehementemente moderna y con voluntad europeísta, que los homologara al resto de los países del continente y mostrara la inequívoca vocación de integrar el nuevo proyecto europeo. Nacionalismo identitario y proyección europea se convirtieron a su vez en las correas de transmisión de una huida de un pasado rechazado y la esperanza en
una garantía de desarrollo para un nuevo futuro.
El nacionalismo condujo a la ruptura pactada de Checoslovaquia, y a la violenta fragmentación de Yugoslavia, con sangrientas
consecuencias.
Desde mediados de los años noventa los países de la recién estrenada Unión Europea lanzaron programas de cooperación para ayudar al desarrollo de sus vecinos orientales. Una década después, el 1 de mayo de 2004, en la mayor ampliación de la historia comunitaria, ingresaron en la UE Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y tres repúblicas bálticas que habían formado parte de la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania.
Posteriormente se incorporaron a la UE Bulgaria y Rumanía en 2007 y Croacia en 2013. Eslovenia y Croacia habían formado parte de la antigua Yugoslavia. Al proceso de transición democrática debió seguirle una rápida adaptación a los criterios comunitarios, lo que fue un desafío y al mismo tiempo una enorme oportunidad de homologación modernizadora.
Las ayudas comunitarias contribuyeron enormemente al avance de infraestructuras, instituciones y programas de desarrollo; al mismo tiempo que la liberación de mercados y el incremento de la productividad insertaba la economía de estos países en el
mercado global.